Esta es una breve reseña de los casos en que el fiscal general de la República, Luis Martínez, se ha visto envuelto en escándalos o ha sido denunciado por no superar la impunidad en algunos casos.
Por GatoEncerrado
El Fiscal General de la República, Luis Martínez, ha sido señalado en varias ocasiones por diferentes casos en los que incluso sus denunciantes, es decir organizaciones sociales, lo han calificado de “favorecer a quienes debería investigar”.
Escándalos
Caso Flores-Taiwan
Uno de los casos que ha tenido relevancia pública es el del expresidente Francisco Flores acusado de corrupción por, en sencillas palabras, no explicar el paradero de varios millones de dólares donados por China-Taiwan para ayudar a los damnificados de los terremotos en el año 2001, ayuda que nunca llegó a sus destinatarios.
Investigaciones periodísticas revelaron que Luis Martínez y el expresidente Francisco Flores “sostuvieron vínculos laborales desde 1995. Años en los que Martínez escrituró varias ventas de inmuebles del expresidente. En 1999 y 2004 presentó en nombre de Flores las declaraciones de patrimonio que le exigía la Sección de Probidad de la Corte Suprema. Tras la salida de Flores de la Presidencia, Martínez administró una empresa junto a la exprimera dama, Lourdes de Flores, e hizo trabajos notariales para una inmobiliaria vinculada a los hijos del exmandatario”.
Organizaciones sociales y querellantes en el caso, como la Iniciativa Social para la Democracia (ISD), han denunciado que la fiscalía no ha sustentado el caso con una investigación real que presente pruebas contundentes para que Flores se enfrente a la justicia, lejos de eso lo ha favorecido al evitar incluir el delito de lavado de dinero en su acusación.
Es más, ISD ha denunciado públicamente en repetidas ocasiones que su personal ha sido perseguido y hasta fotografiado por personas desconocidas con fines aún misteriosos. Incluso han recibido correos electrónicos anónimos con amenazas de muerte pidiéndoles que dejen de inmiscuirse en el caso Flores.
Amenaza de la fiscalía contra medio digital
El jefe de la Unidad de Investigaciones Financieras de la Fiscalía, Tovías Menjívar, advirtió al periódico digital La Página, por órdenes del fiscal general, que de seguir publicando información de “carácter confidencial” relacionada al caso Flores, podrían procesarlos legalmente.
La Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) y la PDDHH se pronunciaron afirmando que esta advertencia de la Fiscalía era un “atentado contra la libertad de expresión”.
Los vuelos del fiscal en aviones de un empresario al que debía investigar
En otro escándalo, la fiscalía, dirigida por Luis Martínez, debía resolver dos demandas contra el empresario Enrique Rais, directivo de la empresa MIDES (la procesadora más grande de basura en El Salvador), por $25 millones. Fue en ese tiempo, entre 2013 y 2014, que el fiscal viajó 13 veces al exterior en aviones privados de otra empresa de Rais. Incluso para la navidad de 2013 hizo un viaje de vacaciones utilizando uno de los jets de Rais.
El caso contra Rais no prosperó, y ante la captura (cuya orden fue girada por el fiscal) de Mario Calderón, el abogado de los demantes de Rais, se presentó en el Tribunal de Ética Gubernamental (TEG) una denuncia contra el fiscal Martínez por “perseguir y capturar a calderón en un acto claro de favorecer a Rais”.
Casos en impunidad
Impunidad en casos contra LGBTI
Las organizaciones que luchan por los derechos humanos de la diversidad sexual han acudido constantemente a la fiscalía exigiendo a Luis Martínez que no deje en la impunidad los casos de asesinatos y que han sido denominados como “crímenes de odio”, que se registran desde 1998. Han subrayado la necesidad de que la fiscalía no “discrimine solo porque se trata de mujeres trans”. En lo que va del año han sido asesinadas 12 mujeres trans.
Han denunciado incluso que la fiscalía, en conjunto con la Policía Nacional Civil (PNC), han vinculado con narcotráfico a mujeres trans asesinadas sin antes haber realizado una investigación.
A la denuncia de impunidad, en estos casos, se ha sumado la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDDHH).
Impunidad en caso de ambientalistas
Luego de 6 años sin llevar ante la justicia al autor intelectual del crimen de 4 ambientalistas que luchaban contra la minería en Cabañas, el Movimiento Anti-Minero ha acudido ya dos veces a la fiscalía para solicitar que agilice una investigación real. Las organizaciones sospechan que Rodrigo Chávez, procesado por asesinar y desmembrar el cuerpo de una persona, sea posiblemente el autor intelectual de los homicidios de los ambientalistas ya que él era el vicepresidente de la empresa minera Pacific Rim (hoy Oceana Gold) cuando sucedieron los asesinatos.
