Ya existe una Comisión Nacional de Búsqueda que cuenta solo con un decreto Ejecutivo. La Asociación Pro-Búsqueda pide a la Asamblea Legislativa, otorgar poder y respaldo de ley a esta comisión que en 11 años ha resuelto 57 casos.
Por Mario Beltrán
“Hija, hace aproximadamente 16 años sucedió una tragedia debido a una guerra civil que había en mi país, El Salvador. Cuando esto sucedió, tú tenías once meses…tu madre y yo te cuidábamos mucho, desde ese día, 6 de noviembre de 1981, hemos sufrido mucho por esta tragedia…era de madrugada y la casa donde estábamos la rodeó el ejército y gritaban salgan mujeres, ustedes son las mujeres de estos guerrilleros. Vi a mi esposa sacarte de una hamaca y salir sin decirme nada. También, otra madre tomó a sus hijos. Alfredo y yo permanecimos dentro de la casa. Recuerdo que pasaron como cinco minutos: con Alfredo decíamos que se nos llegó el día, nunca creí que iba a salir de allí con vida. Salí, vi por última vez a mi esposa…todo era muy difícil…” Este es el fragmento de una carta que el padre de Magaly le escribiese posterior a la guerra civil que vivió El Salvador en la década de 1980.
En ese escenario, Magaly fue adoptada por una madre soltera de Bélgica, quien al saber que aparentemente la niña había quedado huérfana, decidió adoptarla el 28 de noviembre de 1981. 17 años más tardes, en 1998, se enteraba que los padres biológicos de Magaly estaban vivos. “Ese 3 de junio de 1998, a través de una llamada telefónica, Pro-Búsqueda nos informaba que la familia de Magaly estaba viva y buscaba tener contacto con ella” cuenta la madre europea de Magaly.
A través de una prueba de ADN, se corroboró uno de los datos más impresionantes en la vida de Magaly, sus padres a quienes creía muertos en El Salvador, estaban vivos, y por ende, el reencuentro no se hizo esperar. El 27 de junio de 1999, Magaly viajó desde Bélgica, dejando por un momento a su familia europea, para encontrar la última pieza del rompecabezas de su vida, el abrazo fraterno con sus progenitores.
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La Asociación Pro-Búsqueda de Niñas y Niños desaparecidos durante el conflicto armado salvadoreño, introdujo una pieza de correspondencia ante la Asamblea Legislativa para presentar un anteproyecto de ley que respalde desde la perspectiva legislativa a la “Comisión Nacional de Búsqueda de Niños y Niñas desaparecidos durante el conflicto armado interno” cuyo fin es la localización de la niñez desaparecida en dichas instancias.
El Salvador ya cuenta con el decreto Ejecutivo número 45 aprobado el 5 de octubre de 2004, que ha dado vida a una Comisión Nacional de Búsqueda que si bien ha resuelto algunos casos de niñez proveniente del conflicto armado salvadoreño, esta instancia no se apega a los criterios que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció a El Salvador, y cuya competencia fue aceptada por el país en junio de 1995.
“Como fracción del FMLN estamos apoyando a la Asociación Pro-Búsqueda para que se continuen los logros y beneficios para las familias y la niñez que desapareció en la guerra interna” expresó Yohalmo Cabrera, diputado del FMLN.
Por su parte Eduardo García, director de Pro-Búsqueda, considera que el solicitar que la comisión de búsqueda trabaje no solo desde decreto Ejecutivo, sino con respaldo Legislativo, es una deuda del Estado de El Salvador con la niñez desaparecida y sus familias. “A partir de la sentencia de las hermanitas Serrano Cruz, donde se ordenaba crear una comisión de búsqueda como sentencia de la CIDH, es que el país cuenta con esta comisión de búsqueda, sin embargo, no cumple los criterios establecidos por CIDH, y es necesario que cuente con el respaldo de una ley, y que no solo tenga el respaldo de los gobiernos en turno, y dependa de ello” dijo García.
El caso de las hermanas Serrano Cruz es emblemático en la problemática de la niñez desaparecida durante la guerra interna salvadoreña de 1980. De acuerdo con información de Pro-Búsqueda, en marzo de 1993, la señora Victoria Cruz acompañada del Padre Jon de Cortina, denunció en el Juzgado de Primera Instancia de Chalatenango la desaparición de sus hijas Ernestina y Erlinda, de siete y tres años, ocurrida el día 2 de junio de 1982, a manos de miembros del Ejército salvadoreño, que impulsó una campaña militar al norte del departamento de Chalatenango denominada “Operación Limpieza” y conocida por la población como “guinda de mayo”.
El proceso penal fue archivado en varias oportunidades, por lo que en 1999, la Asociación Pro-Búsqueda y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) demandaron al Estado salvadoreño ante la CIDH, que en su informe de fondo emitido en marzo de 2003, estableció la responsabilidad del Estado Salvadoreño en la desaparición forzada de ambas niñas.
En 21 años de Pro-Búsqueda, esta organización ha resuelto 263 casos de 955 denuncias, mientras que en 11 años, la Comisión Nacional de Búsqueda ha resuelto 57 casos
“Son cientos de niños que continúan desaparecidos, y una ley que contribuya al resarcimiento de las familias que sufrieron desaparición forzada, caería muy bien en este momento, dada la situación que tiene el país actualmente en desapariciones” agregó García.
La función de la Comisión Nacional de Búsqueda es únicamente la localización de niñez desaparecida durante el conflicto interno salvadoreño, no así la investigación que es responsabilidad del Órgano Judicial y la Fiscalía General de la República (FGR).
De aprobarse por los diputados este anteproyecto de ley, la Comisión Nacional de Búsqueda seguiría trabajando de la misma forma en temas administrativos, pero con el poder y respaldo de una ley que agilice y haga más eficiente su labor, además de no depender únicamente de la voluntad de los gobiernos de turno para que historias como la de Magaly, puedan tener el final feliz que las familias que perdieron a sus hijos en la guerra, puedan volver a abrazarles.
