El Salvador se negó a firmar y ratificar el Acuerdo de Escazú. En teoría, ese acuerdo, que entra en vigencia este 22 de abril, garantiza que los gobiernos de la región transparenten toda la información en materia ambiental, permitan que los ciudadanos puedan participar en la toma de decisiones relacionadas con la protección de recursos naturales y que se proteja y no criminalice a defensores ambientales.
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