María Teresa, Carmen Vásquez, Cinthia Rodríguez, Alba Santos… son las 17 mujeres que están cumpliendo condenas entre 12 y 40 años acusadas de aborto, homicidio agravado u homicidio imprudente, y que según investigaciones internacionales no deberían estar en la cárcel.
(10 noviembre, 2014) Anestesiada sobre una fría camilla de hospital, Cristina Quintanilla veía borroso a los hombres de azul negro que tenía enfrente, cosa curiosa porque se supone que deberían estar con ella los doctores con gabacha blanca. Luego de interrogarla, la espetaron hasta el alma cuando le dijeron sin amabilidades:
—A partir de este momento queda detenida por matar a su hijo.
Recién cumplía 18 años de edad y ya se enfrentaba a un proceso judicial. Horas anteriores se había desmayado. Sus padres, alertados por el ruido en su casa de paredes frágiles, como muchas casas de familias en pobreza, la encontraron cubierta de sangre en el suelo del baño. Pensaron que se moría. Así que decidieron llamar a la policía para que la llevara a un centro asistencial. Ya en el hospital confirmaron que el embarazo había sido interrumpido. Y entonces la denunciaron por provocarse un aborto.
La esposaron a la camilla y permaneció allí tres largos días. Luego comenzó su calvario cuando fue llevada al calabozo de un puesto policial y después trasladada a Cárcel de Mujeres en Ilopango. Un año después fue informada de su condena en un proceso que luego se demostraría lleno de irregularidades, en el que los peritos de Medicina Legal no lograron determinar que la muerte del feto fuese provocada. Comenzó acusada de homicidio imprudente, penado con hasta cinco años de prisión, pero las cosas cambiaron para mal y salió de la sala condenada por homicidio agravado y una pena de 30 años.
—Del hospital pasé a la cárcel, enferma, sin cuidados, deprimida… Acababa de perder a mi hijo y además me estaban condenando por eso— reclama.
Cristina no es la única, de hecho su historia es calcada entre 2000 y 2011 cuando fueron procesadas 129 mujeres por aborto, homicidio agravado u homicidio imprudente. 49 fueron condenadas, según una investigación de la Agrupación para la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico titulada “Del hospital a la cárcel”.
En 2013, el abogado Dennis Muñoz expresó a El País de España que “la falta de una definición legal de lo que es exactamente interrupción del embarazo y la durísima legislación hace que se produzcan situaciones dantescas. Cristina tuvo una complicación obstétrica y aún así fue condenada. Y además a una pena severa, injusta, desproporcionada; como se determinó después”. Este mismo abogado también ha llevado el caso de María Teresa Rivera, una de las 17 mujeres por las que la Agrupación por la Despenalización del Aborto ha pedido el indulto.
María Teresa era una trabajadora de la maquila textil que lleva cerca de tres años años en la cárcel, condenada por homicidio agravado. Su familia la llevó al hospital tras encontrarla desmayada y cubierta de sangre en su casa. En su declaración judicial relató que no sabía que estaba embarazada. Siempre tuvo menstruaciones irregulares, y aunque hacía tres meses que no sangraba no se alarmó. Los médicos no determinaron cuántas semanas de embarazo tenía, aunque el juez aceptó el testimonio de su jefa de la fábrica, que relató que en enero de 2011 la mujer le había contado que sospechaba que podía estar encinta. El episodio de la sangre en el baño fue 11 meses después de esa fecha.
De las misma forma que Cristina, a María Teresa se la llevaron del hospital a la cárcel. Ahora, es una de las 17 que espera el indulto por el que la Agrupación y el Colectivo Feminista está luchando. El indulto es una gracia por la que se puede remitir total o parcialmente o se conmuta una pena.
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| Parte de la camaña |
De los demás casos, se pide el indulto para estas 17 mujeres porque quedó en evidencia que no se les garantizó la presunción de inocencia ni un juicio justo, dado que la Fiscalía no presentó testigos, ni prueba directa de que estas mujeres hubieran tenido intención, ni realizado ningún acto que condujera al aborto. Por su falta de recursos económicos no tuvieron una defensa apropiada que demostrara su inocencia. Así lo confirman investigaciones que fueron entregadas a los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y a diputados de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos y de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa.
Dichos Informes forenses fueron elaborados por las doctoras Christine Curry y Jodi Abbott que desde Universidades en Estados Unidos analizaron los expedientes y enviaron sus valoraciones y recomendaciones. A las que esta revista tuvo acceso y entre las que destacan: “Las mujeres pobres, especialmente aquellas que podrían estar desnutridas o anémicas, tienen embarazos de alto riesgo, por definición, y son especialmente propensas a sufrir de un parto prematuro o complicaciones fetales” y añaden: “En nuestra opinión como expertas, los escenarios médicos descritos justifican una revisión cuidadosa caso por caso. A menudo hay numerosos escenarios médicos posibles que determinan una muerte fetal o neonatal sin homicidio”.
Un estudio similar realizado por el médico forense Gregory J. Davis, experto en patología y toxicología en la Corte Federal de los Estados Unidos, afirma que los informes forenses del Instituto de Medicina Legal que aseguran que las criaturas nacieron vivas, basándose en la realización de la prueba denominada “docimasia hidrostática” no son concluyentes pues: “El hecho de que los pulmones flotaban en la autopsia ni prueba ni refuta la hipótesis de que el bebé hubiera nacido con vida. Desde hace más de un siglo, esta prueba, se considera no confiable”. De igual forma se explica que “un parto precipitado, asociado con la forma de agarrar al bebé mientras es expulsado por el canal vaginal, puede causar múltiples lesiones en el parto, como las sufridas por el bebé de la señora Alba por lo que no son diagnóstico de infanticidio.”
Por su parte, Amnistía Internacional apoya la exigencia del indulto para las 17 al Estado salvadoreño, que por cierto es uno de los nueve países en el mundo que tienen una prohibición absoluta del aborto, según lo expresó su secretario general, Salil Shetty. En el caso de El Salvador desde 1998 el aborto está prohibido aun si el embarazo pone en peligro la vida de la mujer.
La iglesia evangélica Protestante de El Salvador (IEPES) también acompaña la exigencia del indulto diciendo: “exigimos respuesta efectiva frente a las solicitudes de indulto para 17 mujeres que fueran presentadas junto con la Procuraduría de Derechos Humanos de la República y organizaciones de la sociedad civil. Mujeres que han sido condenadas hasta 40 años por aborto debido a prejuicios de autoridades de salud y gracias a la legislación obsoleta”.
Para Morena Herrera, presidenta de la Agrupación por la Despenalización del Aborto “el sistema judicial viola los derechos de las mujeres tratándolas como criminales e imponiéndoles penas de hasta 30 y 40 años de prisión sin exhaustivas investigaciones científicas, utilizando dudosos informes forenses”.
—Entonces ¿usted cree que la Fiscalía, jueces y el sistema judicial oprime a las mujeres salvadoreñas en pleno siglo XXI?— preguntamos a Morena.
—Sí, todo el sistema judicial porque los jueces hacen sentencias en base a prejuicios. Los jueces dicen: “ella, como es la madre, tuvo que hacer todo para salvar al niño”, aunque se estuviera muriendo. El prejuicio es que por ser mujeres y madres, tendrían que haberlo hecho. Pero no solo el sistema judicial, también el sistema de Salud, porque es desde los hospitales públicos donde salen las denuncias. También de la Policía y de Medicina Legal. Y también la sociedad es prejuiciosa.
Ante esto, el director del Instituto de Medicina Legal, Miguel Fortín, afirma que “ninguna está presa por aborto”. Y que por las declaraciones de Morena Herrera, en base al estudio del forense Gergory, él podría considerar una demanda.
Por su lado, las asociaciones Sí a la Vida y Vida SV aseguran que la campaña del Colectivo Feminista y la Agrupación por la Despenalización del Aborto “Indulto para las 17” es una “manipulación”, en donde están “usando a las mujeres que han sido condenadas” para legalizar el aborto en el país.
“Si logran el indulto para estas mujeres, no solo estarían logrando que se legalice el aborto, que es el fin de la campaña, sino que, además, estarían legalizando el infanticidio porque esto no tiene nada que ver con el aborto”, explicó Regina de Cardenal, presidenta de Sí a la Vida. Por su lado, Sara Larín, presidenta de Vida SV, opina que los promotores de la campaña han “tergiversado” los casos de las 17 mujeres.
Lo cierto es que entre la exigencia del indulto y el silencio del Estado salvadoreño, la investigación “El hospital a la cárcel” también revela que el perfil de todas las mujeres procesadas y condenadas tiene en común que son de pocos recursos económicos, bajo nivel de escolaridad, la mayoría solteras, jóvenes y las que trabajan son empleadas domésticas, vendedoras informales y obreras agrícolas. Y están cumpliendo entre 12 y 40 años de condena sin derecho a apelar su caso.
Cristina Quintanilla, la joven de la historia con que comenzó esta nota, salió libre después de cuatro años tras las rejas, porque la justicia admitió que cometió un error y conmutó su pena reduciéndola a tres años. Aunque en realidad, cabe subrayarlo una vez más, salió en cuatro. Cristina fue madre a las 16 años, y cuando fue condenada tuvo que dejar a su hijo en casa, como se lo dijo a María Sahuquillo, periodista de El País:
—He salido del penal, estoy contenta, pero me perdí cuatro años de la vida de mi hijo, su primer día de escuela. Eso el Gobierno no me lo va a devolver.
Y no solo eso, el gobierno tampoco le ha dado ayuda o alguna oportunidad laboral, la sacó de Cárcel de Mujeres y se olvidó de ella.
[Fin de la nota]
