El analista político y economista, César Villalona, conversó con la Revista Gato Encerrado sobre las medidas que la actual Sala de lo Constitucional ha tomado, y que según su criterio, van encaminadas a quebrar las finanzas públicas. Menciona los tipos de fallo que han tomado para beneficiar al partido Arena y a los empresarios.
Por Mario Beltrán
Usted ha mencionado en más de alguna ocasión que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha intentado hacer quebrar las finanzas del gobierno del presidente Cerén ¿A qué atribuye esa intención de la Sala?
La Sala de lo Constitucional es un instrumento de los grupos oligárquicos y de la Embajada Americana. Ellos responden a esos sectores. Belarmino Jaime era abogado del expresidente Alfredo Cristiani, en el Banco Cuscatlán, Rodolfo González viene de la Universidad Centroamericana (UCA), enemigo del FMLN; Sidney Blanco También, y Florentín Meléndez cuando estuvo en la Organización de los Estados Americanos (OEA), tomó una actitud de confrontación con el gobierno de Venezuela. Ahí estaba claro para quién trabaja.
La oligarquía, el partido Arena y Estados Unidos, se dieron cuenta que con la derrota de Arena al perder el Órgano Ejecutivo, y perdieron la Asamblea porque surgió el partido GANA, y Arena perdió las alianzas con los otros partidos de derecha PDC, y PCN, el único método o instrumento para frenar al Ejecutivo y Legislativo, era la Sala de lo Constitucional, que comenzó emitiendo algunos fallos para hacerse simpática, y luego arremetió con un montón de fallos que favorecen al partido Arena desde el 2011. La Sala es hoy un instrumento para frenar las finanzas públicas y quebrar al gobierno.
¿Cuáles son las evidencias que sugieren que la Sala desea afectar al gobierno?
Ha empezado por afectar el programa de Salud pública porque declararon inconstitucional la compra directa de medicinas. En dos ejes, Arena necesita que el gobierno fracase, y para ello necesita que fracase en la Seguridad, en Salud, y en Economía porque el gobierno ya no podrá invertir
más dinero en programas sociales y mejorar la vida de la gente, y de paso empiezan a atacar el sistema de transporte público Sitramss. Entonces la Sala lo ve articulado, es decir, asesinatos, extorciones, mano criminal, etcétera. Ese es el plan de Arena sin tanta vuelta.
La Sala no está detrás del crimen, aunque no depura a los jueces. La Corte Suprema y la Fiscalía tienen una culpa en la criminalidad.
Y en el caso de las finanzas públicas ¿Qué medidas ha tomado la Sala para quebrar al gobierno?
-En el 2011, la Asamblea Legislativa durante el gobierno del expresidente Mauricio Funes, aprobó un impuesto del 1% a las ventas brutas de las empresas que declaran pérdidas durante más de dos años y no cierran. Hay una serie de empresas grandes que siempre declaran pérdidas y no cierran, y se consideran. El ministro de Hacienda, Carlos Cáceres, dijo que hay dos empresas telefónicas que se declararon en quiebra el año pasado. Una está pidiendo una devolución de renta de $2 millones, y la otra de $3 millones. Él no tiene facultad para decir nombres porque no se habla de que estén en mora, sino que declaran pérdidas y no cierran. Eso quiere decir que hacen trampa, son evasoras porque tienen doble contabilidad; algunas son transnacionales, y otras son salvadoreñas.
Una empresa que dura más de dos años con pérdidas cierra al tercer año, y acá hay algunas que tienen más de diez años en quiebra y no han cerrado. Lo que se aprobó para que ordenaran sus finanzas, un impuesto de 1% a las ventas. Si declara pérdida cobra por ventas, y las ventas son más altas que las ganancias porque las ganancias es el 1% y sobre la ganancia es 25%, hasta $50 mil y $30 mil sobre el excedente. Ese impuesto comenzó a funcionar en 2012, y a mediados de 2013 la Sala lo declaró inconstitucional. El gobierno perdió un aproximado de $60 millones de dólares por año que no recaudó. Muchas empresas tuvieron que ponerse a cuentas porque era mejor declarar una ganancia mínima y pagar menos si declara pérdida.
-En segundo lugar en octubre de 2014 se aprobó un impuesto parecido pero sobre el 1% de los activos, y de nuevo la Sala lo declaró inconstitucional, ya van dos. El gobierno perseguía que esas empresas ordenaran sus finanzas. Imagínate una empresa que gana $40 millones y declara pérdidas, y tiene venta de $300 millones, es mejor que declare ganancia por $5 millones porque así paga menos que si declara ventas por los $300 millones, entonces algunos comenzaron a declarar un poco de ganancia y pagaron, y el gobierno recaudó algo de dinero.
-Y la tercera jugada fue la Amnistía fiscal. Hay un grupo de empresas en el país que le deben dinero al gobierno. El actual presidente sometió a la Asamblea un proyecto de ley de amnistía fiscal para que pagaran, y les iba a perdonar multas e intereses si pagaban en un mes el 100%, el 90% si pagaban en dos meses, etc. Se logró recaudar cerca de $25 millones.
La Sala volvió a declarar inconstitucional el decreto de amnistía fiscal, y les dificultó pagar a las empresas. A partir de ahí, el presidente ordenó a Hacienda publicar la lista de empresas deudoras al aprobar una reforma al Código Tributario que daba permiso de hacerlo. Lo hace cuando la empresa es detectada como evasora, y ésta puede apelar, pero si se ratifica la multa, se puede volver a publicar, y por último puede acudir a la Sala de lo Contencioso administrativo, y si ahí se ratifica que debe pagar, se vuelve a publicar.
El gobierno publicó lista de empresas a las que multó en las tres fases, y por lo tanto no hizo nada ilegal. Lo hizo con el propósito para que les dé vergüenza y paguen, así como esas empresa publican los nombres de sus deudores. Lo ideal no es publicar listas, sino que paguen.
La Sala ya admitió una demanda contra esa reforma del Código Tributario que permite publicar empresas deudoras
¿A quién le convenía declarar inconstitucional este impuesto?
La gente del partido Arena, y los empresarios de la ANEP, buscan abogados con prestanombres, y sometió un recurso de inconstitucionalidad. El recurso decía que había una doble tributación porque además del impuesto sobre la renta, tenían que pagar impuesto sobre las ventas, y eso es falso porque si declara ganancia, paga la renta, y si declara pérdidas paga por las ventas, no puede pagar los dos. Una empresa no puede declarar ganancia y pagar renta y pérdida al mismo tiempo, es absurdo, no había doble tributación. Eso estaba dirigido a afectar las finanzas del gobierno.
En estos casos aparece cualquier abogado, como el de la demanda en contra publicar nombres que apareció un exmilitar vinculado al partido Arena. Eso es muy sencillo, puede ser cualquier ciudadano que a pedido de la derecha y de los empresarios, ponga la demanda, de manera que viene de ellos, y la fracción de Arena en la Asamblea Legislativa no aprobó la reforma al Código Tributario, ni la amnistía fiscal.
Con base en los recursos que la Sala ha admitido ¿podrían haber más acciones que frenen la recaudación fiscal del Estado, y este pueda quebrar?
Hay otra reforma al Código que la Sala puede declarar inconstitucional, y es la que obliga a las empresas de un mismo dueño, cuando se vendan entre ellos, a venderse a precio de mercado, porque hay empresas de un mismo dueño que hacen parecer a una con más ganancia y a otra con menos, y nivelar la ganancia a $150 mil dólares para pagar solo $25 mil, porque el excedente debe pagar $30 mil dólares. Por ejemplo una droguería que gana $200 mil dólares, y tiene una farmacia que gana $100 mil, transfiere $50 mil a la farmacia para que cada una gane $150 mil y paguen $25 mil dólares, porque si la droguería aparece con doscientos, sobre eso, paga treinta mil.
La reforma al Código permite que el Estado controle esa operación para que se vendan a precio de mercado. Ese precio entre empresas de un mismo dueño se llama precio de transferencia.
La otra reforma al Código, le permite al Estado controlar las operaciones electrónicas que hacen en el exterior las empresas que es un mecanismo de evasión de impuesto, al igual que los precios de transferencia, y para controlar la evasión, el gobierno busca controlar los precios de transferencia y las transacciones electrónicas, y publicar deudores.
La Sala aún no declara inconstitucional estas reformas, pero ha admitido el recurso.
¿Entonces la Sala actúa de mala fe?
Sí. Eso es para que el gobierno se vea afectado, protege a los evasores, y si el gobierno tiene menos dinero, hay menos medicina en hospitales, menos para Seguridad Pública, con el fin de que el gobierno fracase y gane Arena las elecciones.
¿Nadie en El Salvador puede pedirle cuentas a la Sala sobre sus decretos?
La Sala se puede destituir si aparecen 56 votos en la Asamblea, pero no se puede porque Arena tiene 35 diputados y no va a dar los votos. La Sala no tiene contrapeso. La Asamblea únicamente podría destituir a los magistrados, pero no anular una decisión porque sus fallos son de obligatorio cumplimiento.
¿Qué gana la Sala con beneficiar a Arena?
Porque ellos son de derecha. Es cuestión política. Es como que yo fuera de la Sala, siendo militante del FMLN, y no voy a “joder” al gobierno. El gobierno tiene las manos atadas.
Había una institución que podía intervenir cuando había crisis entre los Estados que era la Corte Centroamericana, pero la Sala anuló las competencias de esa Corte en El Salvador. Es una aberración jurídica que tenemos en el país porque es la sustitución de la Fuerza Armada como poder totalitario durante 60 años, por una Sala de lo Constitucional que está por encima de todos los poderes del Estado. No tiene el poder de asesinar como lo hacía la Fuerza Armada, pero crea muchos problemas de gobernabilidad.
