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El fiscal General de la República aseguró que en las administraciones pasadas no se podían presentar demandas civiles en contra de quienes atentaban contra el medio ambiente. Aseguró que las demandas contra el alcalde de San Francisco Meléndez que taló árboles de zona protegida, es el inicio de una persecución que iniciará en 2017 contra quienes depreden ilegalmente el medio ambiente salvadoreños.
Por Redacción Gato Encerrado
La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado ya un plan para investigar crímenes y delitos en contra del medio ambiente en El Salvador. El Fiscal general, Douglas Meléndez aseguró que existían indicaciones para que no se acusaran ni presentaran demandas civiles en contra de quienes cometían delitos ambientales.
“El tema de medio ambiente lo vamos a revertir. No ha sido manejado bien en la Fiscalía. Había instrucciones de no presentar demandas civiles por daños y perjuicios en este país. Nosotros llegamos y presentamos una en contra del ingenio La Magdalena, contra el alcalde de San Francisco Menéndez pero anteriormente no se estaba presentando demandas civiles por daños en el Juzgado Ambiental”, dijo Douglas Meléndez.
En marzo de 2015, miembros de la Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) en conjunto con pobladores de zonas aledañas a la parte sur del departamento de Ahuachapán, al occidente salvadoreño, denunciaron a Narciso Ramírez, alcalde municipio de San Francisco Menéndez, a quien señalaban de ejecutar una tala indiscriminada de árboles para cultivar caña de azúcar en el Zanjón El Chino, un territorio declarado como área natural protegida de la zona.
Por este caso, la FGR interpuso una demanda en contra del edil perteneciente al partido GANA, asegurando que un peritaje realizado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) determinó que Martínez realizó la tala de árboles en un promedio de 30 a 40 manzanas de bosque declarado protegido en noviembre de 2008 por medio de un decreto legislativo.
El Juzgado Ambiental de San Salvador, por cierto, el único existente en el país cuando se ha establecido que deben existir tres, admitió la demanda el 27 de octubre del presente año. La demanda es de tipo civil, es decir, no implica cárcel pero si es encontrado culpable, el edil deberá pagar $182 mil dólares, monto destinado al costo de la reparación del daño ambiental.
Asimismo, organismos ambientales nacionales e internacionales ha puesto el dedo en la llaga de casos contra el medio ambiente como los permisos de Industrias La Constancia para explotar el acuífero de Nejapa, los asesinatos de ambientalitas que se oponían a la minería metálica en el norte del departamento de Cabañas, presuntamente a manos de la transnacional minera Pacific Rim/Oceana Gold que recientemente perdió el litigio en contra del Estado salvadoreño por permisos de explotación y exploración minera, entre otros casos.
Otro de los casos que está en la memoria de la opinión pública es la contaminación que causó la fábrica de Baterías Récord en el cantón Sitio del Niño de San Juan Opico, La Libertad. En septiembre de 2007 el Gobierno salvadoreño ordenó el cierre de la fábrica. La intoxicación causó afectaciones en más de 100 personas, 63 de ellas, niños con problemas de salud.
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) falló a favor de la familia Lacayo a la que pertenece el exministro de Economía, Miguel Lacayo, dueño de dicha fábrica.
El 11 de marzo de 2015, la CSJ emitió una resolución que obliga tanto a la Alcaldía de San Juan Opico, como al MARN, a retirar la escoria de contaminación de la zona y de la fábrica. Al interior de la fábrica aún se encuentran entre 33 mil y 50 mil toneladas métricas de plomo y depósitos conteniendo arsénico, selenio, ácido sulfúrico, y otros elementos tóxicos tanto para el medio ambiente, como para la salud de los habitantes cercanos.
El costo de deshacerse de dichos tóxicos ronda los $4 mil millones de dólares, dinero que debe salir de las arcas del Estado, y no de los bolsillos de la familia de Miguel Lacayo.
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No obstante y sobre este caso, el pasado 8 de noviembre la Sala de lo Penal de la CSJ, anuló el juicio que obligaba al MARN y a la alcaldía de San Juan Opico a pagar por el retiro de los tóxicos, debido a que la FGR y acusadores particulares apelaron la resolución de la sentencia que beneficiaba a los Lacayo.
Los fiscales argumentaron con base al “error de prohibición” o que los peritos que los acusados trajeron para instalar la planta, no conocían los efectos o el impacto que la industria produciría en el ambiente por lo que los magistrados de la Sala de lo Penal decidieron anular la sentencia.
Asimismo, los acusadores sostuvieron que los dueños de la empresa se encuentran prófugos en los Estados Unidos, por lo que han solicitado a la FGR que active el proceso de extradición en vista de que este caso pasó de lo ambiental a lo penal tras la anulación del anterior proceso.
Ante la tumultuosa cantidad de denuncias y señalamientos, es que la FGR y su titular han asegurado que a partir de 2017 iniciará procesos y persecuciones relacionadas con el tema mediomabiental del país, por lo que se dispondrá de fiscales encargados para iniciar los procesos judiciales correspondientes.
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