El 33.3% de la población expresa que debe ser el gobierno quien administre la ley, versus un 15.1% que considera que debe ser administrada por un ente privado. Hay tres propuestas dentro de la Asamblea Legislativa desde hace más de 10 años y su impase es quién será el ente rector
Por Xochitl Acevedo
En la más reciente encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública (IUOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA) se dio a conocer que la población salvadoreña se encuentra a la expectativa de lo que sucederá con la creación de una ley general de agua que lleva más de una década estancada al interior del parlamento salvadoreño.
La consulta que fue realizada con el propósito de conocer las opiniones de los ciudadanos por el tercer año de gobierno del presidente Salvador Sánchez Cerén, no obstante, también se aprovechó para conocer las opiniones respecto a la problemática que vive el país referente al agua.
Según la encuesta, existe un 44.1% de población que considera que el agua en El Salvador es escasa, en comparación solamente un 8.1% que respondió que es abundante, dejando ver que existe un mayor índice de escases del recurso hídrico.
En El Salvador, desde el año 2006 el Foro del Agua presentó la primera propuesta de Ley de Aguas, la cual vino siendo actualizada en 2011 y 2013. Posteriormente el Ministerio de Medio Ambiente presentó al Gobierno de El Salvador, en ese momento al mandato del presidente Mauricio Funes, una propuesta de Ley General de Agua, con la que se pueda regular el servicio del recurso hídrico; y una tercera propuesta entró en escena, la realizada por la empresa privada y que cuenta con el respaldo del partido ARENA. Las tres están estancadas.
El mal uso de los recursos hídricos en el país es un fantasma escurridizo de la fiscalización estatal y de los vacíos legales sobre el uso del agua. Un ejemplo de ello es un caso al que Revista Gato Encerrado tuvo acceso para conocer en el municipio de Ahuachapán, en el que empresas privadas privaron de agua a centenares de familias al acaparar por medio de presas artesanales el agua de los ríos Guayapa, Cuilapa, El Naranjo y El Rosario, para su uso propio.
Esta problemática que va desde hace más de 15 años, es solamente un ejemplo de los muchos casos que el país vive en cuanto a la escases y privatización del agua en el país.
Por otra parte, la IUDOP interrogó sobre qué entidad es la debe de ser la que regule o administre el servicio del agua, en la que un 33.3% respondió que debe de ser el Gobierno Central, un 27.4% una ONG, 15.2% y 15.1% una entidad autónoma y una entidad privada, respectivamente, y solo un 1.4% considera que debe ser otra.
Medios locales recogen que ha sido el ente rector para administrar el cumplimiento de la ley, el tronco que estanca la aprobación. El partido de derecha, Arena, dice que debe ser un ente rector mixto en el que participe privados, ONG y gobierno; pero el Foro del Agua y el Ministerio de Medio Ambiente sostienen que debe ser administrado por el Estado.
De igual forma, la entidad más próxima que es la encargada en solucionar o mediar para una pronta solución es el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) la cual obtuvo una calificación de 6, en una escala de 0 a 10.
Por ello, es que la preocupación crece, ya que ninguna entidad hasta el momento ha sido capaz de lograr que la ley de agua sea aprobada, y cada año la incertidumbre crece por la falta de una base legal que proteja este recurso.
Tanto la población salvadoreña como las organizaciones esperan que se apruebe la ley general de agua, y de esta forma regular el recurso hídrico en el país, el cual se debe considerar como un derecho humano indeleble y sin que se privatice.
