Esta semana la Policía capturó a 12 de sus miembros por diferentes delitos ligados a corrupción. En esta nota, GatoEncerrado explica uno de esos casos: la jefa del jurídico de solvencias policiales pedía sobornos para supuestamente eliminar los antecedentes del sistema informático de la Policía.


Por GatoEncerrado

Reina Isabel Acosta no andaba con rodeos para pedir dinero a cambio de limpiar antecedentes en el departamento jurídico de las oficinas de la Unidad de Registro y Antecedentes Policiales, ubicadas en la colonia Flor Blanca de San Salvador. Su puesto en esas oficinas, hasta el 25 de julio de este año, era "jefa del jurídico de solvencias policiales", según una investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) iniciada por, al menos, dos denuncias sobre los sobornos que Acosta pedía. Uno de esos casos es el de una mujer a la que Acosta le cobró $640 para limpiarle dos veces su solvencia. La otra denuncia es la de un hombre que en vez de pagarle $300 de soborno se fue a la Fiscalía a denunciar.

El primer caso comienza cuando una mujer, que buscaba empleo, llegó a las oficinas para solicitar su solvencia. Según su testimonio, necesitaba la solvencia como un requisito para ser contratada por un patrono. Después de hacer el trámite se enteró de que en el sistema informático de la Policía Nacional Civil (PNC) le aparecía un antecedente. Así que buscó al abogado Edgardo Molina Morales para que le ayudara a limpiar el antecedente de forma legal, siguiendo el debido proceso. El abogado Molina Morales le dijo que no se preocupara, que eso tenía una solución económica. La llevó de nuevo a las oficinas de solvencias y le presentó a la jefa Acosta. En las oficinas, Acosta también le dijo que su problema tenía arreglo. Le aseguró que todo era legal, aunque en realidad se trataba de una estafa.

—Si usted me paga $600, me comprometo a que en 24 horas su problema está solucionado—le dijo Acosta.

—Sí, se los pagaré, prestaré ese dinero. Me interesa tener limpia mi solvencia para que me den algún trabajo—respondió la mujer y luego salió de las oficinas a prestar el dinero. 

Al regresar con el dinero, Acosta le entregó una solvencia limpia. Luego compartió la mitad de los $600 con el abogado Molina Morales.

Tres meses después, la mujer regresó a las oficinas para solicitar una nueva solvencia, con el fin de buscar otra oportunidad de empleo. Tras realizar el trámite, se enteró que en el sistema informático de la Policía persistía el antecedente por el que había pagado $600 a Acosta. Así que subió hasta el segundo nivel de esas oficinas y reclamó a Acosta.

—¿Qué pasó aquí? ¿por qué sigue apareciendo el antecedente?— reclamó la mujer.

—Sí, es que tiene que pagarme otros $300 para entregarle otra solvencia limpia— respondió Acosta.

—¡Eso no puede ser justo! ¡ya pagué demasiado!— gritó la mujer.

—Cálmese por favor.  ¿No ve que pueden escuchar este escándalo las demás personas de esta oficina?

—¡No importa, esto es injusto!

—Hagamos una cosa, sí. Le voy a dar este número de teléfono y arreglemos así.

La mujer anotó el número telefónico personal de Acosta y salió de las oficinas. Escribió a través de la red social de mensajería whatsapp y luego llegaron al acuerdo de que la mujer tenía que pagar $40 para una nueva solvencia limpia, según el registro de los mensajes que la Fiscalía rastreó.

Después de recibir la nueva solvencia, la mujer comentó lo ocurrido con otro abogado, quien le dijo que todo eso había sido ilegal desde el inicio. Le aconsejó denunciar lo sucedido en la Fiscalía.

Caso 2: El intento de soborno

El segundo caso inició el 28 de abril de este año, cuando un salvadoreño residente en Estados Unidos vino al país para crear una empresa. Entre los requisitos para registrar su nueva empresa estaba entregar una solvencia policial, así que fue hasta las oficinas para solicitarla. Cuando se la entregaron notó que tenía un antecedente por disparos al aire con arma de fuego. Ver el antecedente en la solvencia, según la denuncia que hizo, le extrañó porque un juez lo había dejado libre de cargos en 2015.

Tras su reclamo, le indicaron que subiera al segundo nivel a buscar a la jefa del jurídico. Subió y se sentó a un lado del escritorio de Acosta para explicarle su problema. Acosta lo escuchó, pero luego le dijo que su problema era más grande de lo pensaba.

—Según el sistema, usted no solo tiene el antecedente por los disparos con arma de fuego. También aparece como miembro activo de una pandilla—dijo Acosta.

—Eso no puede ser cierto. No estoy vinculado, ni nunca he estado vinculado con las pandillas— respondió.

—No se preocupe. Esto se arregla fácil. Págueme $300 en efectivo y yo me comprometo a entregarle en 24 horas una solvencia limpia del antecedente.

—Déjeme consultarle a mi abogado.

—Nada de abogados. Lo que pasa es que un abogado le va a cobrar el doble de lo que yo por arreglarle este problema.

—Igual, quiero llamar a mi abogado.

El hombre salió y llamó a su abogado, quien le sugirió ir a denunciar lo ocurrido. Así que lo hizo. Primero fue a la Policía, donde el Oficial de Información de la Policía, Ciro Antonio Barrera Solórzano, le dijo que ya tenía conocimiento de otros cuatro casos similares. Luego fue a la Fiscalía a denunciar y finalmente denunció lo ocurrido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Captura, fusiles y documentos

El miércoles 30 de agosto la Fiscalía informó que ordenó la captura de Acosta y del abogado Molina Morales, acusados de cohecho, estafa y falsedad material. A Acosta la capturaron en la Unidad de Medio Ambiente de la Policía, donde había sido removida tras un proceso disciplinario que enfrentaba por las mismas acusaciones.

En su casa, donde vivía con un hijo procreado con el jefe de Relaciones Internacionales de la Policía, comisionado Rolando Elías Julián Belloso, los fiscales encontraron tres fusiles y documentos en blanco con un sello de la Secretaría General de la Fiscalía y firmas, supuestamente falsificadas de la Secretaría General de la FGR.

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