El rol de nuevo ministro del Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), Fernando López, con respecto al desarrollo territorial, estará envuelto en una polémica durante toda su gestión.

Después de unos cinco meses de haber llegado al cargo, diferentes sectores ambientalistas empezaron a advertir sobre los riesgos de otorgar permisos de construcción y otorgamiento de agua para proyectos urbanísticos. Así como ocurre en Valle del Ángel, por el grupo Dueñas. El proyecto atentaría contra los recursos hídricos de las poblaciones locales de Apopa e impactaría negativamente en ese recurso, que es uno de los ejes biodiversos del planeta.

El nuevo MARN, sin embargo, coincide con la estrategia del nuevo gobierno nacional para enfrentar la desaceleración de la economía. Una estrategia enfocada en el desarrollo acelerado de infraestructura y en la atracción de nueva inversión.

Por eso, el papel del Ministerio de Medio Ambiente es fundamental, pues otorga los permisos ambientales y da luz verde al desarrollo de los proyectos de inversión.

Esta situación ha generado una mayor tensión. Por un lado, ambientalistas, ONG’s y organizaciones ambientales han advertido sobre la inconveniencia de estos proyectos y los impactos negativos que pueden generar en regiones con gran biodiversidad, como la de Valle El Ángel, donde nacen gran parte de las reservas de agua de la capital; el cerro Afate del lago de Coatepeque o el de occidente del país.

Por otro lado, si no se dan las licencias, muchas inversiones podrían estar en riesgo en momentos en que es necesario estimular la economía.

El gran reto del gobierno, empresarios y autoridades ambientales está en lograr el equilibrio entre el crecimiento económico y el medio ambiente, con iniciativas de desarrollo sostenible. Esto es una coyuntura cada vez más compleja, por todo lo que está en juego, de uno y otro lado.

El Salvador debería entender que su gran patrimonio está también en la biodiversidad y en el mantenimiento de la vitalidad de sus ecosistemas. Si las consideraciones de estrés económico y la necesidad de generar empleo van a llevar a la destrucción del medio ambiente, a raíz del desarrollo de obras de infraestructura como medida de choque de manera acelerada, vamos a ser testigos de severos impactos sobre el entorno ambiental y enormes conflictos con las comunidades locales que se verán afectadas por estos megaproyectos.

Si bien el país necesita, para su competitividad, una infraestructura adecuada, esta no se puede hacer a cualquier precio y mucho menos comprometiendo el futuro del país y de las generaciones venideras.