Historiadora. Colaboradora de REDIA El Salvador en Brasil. Con grado y
posgrado en la disciplina histórica por la Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo. Especialista en Historia Social y parte de la
Red estatal de São Paulo. Ha trabajado temas sociales y políticos
sobre BRasil y América Latina. Sus intereses de investigación
incursionan en el estudio del poder, represión y violencia
instucional. Es investigadora vinculada del Centro de Estudios de
América Latina (CEHAL).
Historiadora. Colaboradora de REDIA El Salvador en Brasil. Con grado y
posgrado en la disciplina histórica por la Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo. Especialista en Historia Social y parte de la
Red estatal de São Paulo. Ha trabajado temas sociales y políticos
sobre BRasil y América Latina. Sus intereses de investigación
incursionan en el estudio del poder, represión y violencia
instucional. Es investigadora vinculada del Centro de Estudios de
América Latina (CEHAL).
Brasil se encuentra entre los pocos países del mundo donde su presidente tiene actitudes que buscan negar la gravedad de la COVID-19. En marzo, Jair Messias Bolsonaro dijo, en un discurso ante empresarios en Miami, que “gran parte de lo que hay es más fantasía que realidad. El tema del coronavirus es todo lo que propagan los principales medios de comunicación”. Para Bolsonaro, los medios del mundo mienten sobre la gravedad del nuevo virus.
Al regresar al país, alrededor de 24 personas de la delegación que lo acompañó en ese viaje dieron positivo a la enfermedad, incluidos algunos ministros. Bolsonaro tomó la prueba, sin embargo, se negaba a hablar de los resultados. Fue hasta 60 días después, y con una orden judicial, que se mostraron públicamente. El resultado fue negativo.
El presidente brasileño, en una red nacional, incluso comparó la pandemia con una “gripita o resfriadito insignificante”. Aseguró que por esa razón no era necesario detener la economía nacional. El mandatario se opuso a las medidas de aislamiento social e incluso sugirió que el aislamiento fuera vertical, argumentando que solo los miembros de los grupos de riesgo permanecerían aislados —ancianos, niños, personas convalecientes y aquellas con enfermedades crónicas—. Esta es una medida a la que se oponen los especialistas de todo el mundo. Algunos países optaron por la cuarentena domiciliar obligatoria y autoritaria, otros no. Mientras tanto Bolsonaro considera más importante al sector económico que la salud y vida de miles de brasileños.
Cuando un periodista le preguntó a Bolsonaro sobre el aumento de muertes en Brasil, este respondió: “No soy un empresario de pompas fúnebres”. Días después de este episodio, cuando el país estaba superando a China en número de muertos, el presidente nuevamente desestimó la pregunta de un periodista con desprecio, diciendo: “¿Y a mí qué?”.
Al oponerse al aislamiento social desde el comienzo de la pandemia, Bolsonaro descalificó la gravedad de la enfermedad e invisibilizó la situación. Apoyó los actos de sectores de la clase media, los cuales desfilaron en sus automóviles de lujo exigiendo el fin del aislamiento en todo el país, en las caravanas o “carros de la muerte”, como se les denominó. La postura del líder de Estado contribuye a que las personas no cumplan con las pautas de las agencias de salud. Una vez más va en contra de los modelos y recomendaciones de las agencias nacionales e internacionales.
A diferencia de la mayoría de los países del mundo, el gobierno federal de Brasil no ha diseñado una campaña educativa para que la población se proteja contra el virus. Por lo tanto, hay una fuerte desinformación. Esta es mayor teniendo en cuenta que Brasil es el único país de habla portuguesa en el continente. Mientras que en los países vecinos se educa sobre el lavado de manos, el uso de alcohol en gel, el de portar mascarillas, así como la importancia del distanciamiento físico, entre otras recomendaciones; el gobierno brasileño se encargó de elaborar una campaña similar a la de Italia “Milano non se Ferma” (“Milán no se detiene” o “Milán no para”, en español). Esta se llamó: “Brasil no puede detenerse”. Sin embargo, se le prohibió continuar como una campaña pública.
El caos total en la administración federal del país es notable. Cuando las decisiones cruciales debían provenir del gobierno federal y sus ministerios, se observó que el país estaba de cabeza, ya que se le dejó a los gobiernos de los estados y municipios las principales medidas para la protección de la salud de la población.
El desajuste entre las medidas no contribuye al aislamiento efectivo y este se vuelve más vulnerable ante las presiones económicas y los intereses financieros. Esto se corrobora cuando los gobiernos locales y estatales aflojan medidas de aislamiento. Como ocurrió en la ciudad de Blumenau, en el estado de Santa Catarina, cuando con la reapertura de los centros comerciales, aumentó el número de casos de COVID-19 en un 173 %. O como en la ciudad de São Paulo, en donde la publicidad del alcalde culpa a la población por no adherirse al aislamiento social, a pesar de que no se proporcionó condiciones efectivas para que esto se haga en todos los niveles. Este hecho debilita las medidas de cuarentena.
En medio de la crisis sanitaria, Bolsonaro sigue instigando al retorno a la normalidad y a la reanudación de la economía. El escenario brasileño se ve agravado por el aumento en el número de muertes en áreas periféricas. La llegada del virus a las aldeas indígenas y cárceles demuestra que el país se encamina hacia una situación brumosa e inhumana. El colapso del sistema de salud en varios estados es notorio; algunos ya alcanzan la capacidad del 90 % de las UCI junto a la falta de profesionales de la salud. Otros iniciaron la apertura de tumbas colectivas previendo el panorama. Estas no son más que señales tangibles de cómo avanza la enfermedad en el territorio brasileño.
Los números oficiales no reflejan la realidad. Varias entidades y analistas advierten sobre el subregistro de casos, debido a la falta de pruebas y por los certificados de defunción que notifican de muertes por enfermedad respiratoria aguda y no por COVID-19. La mayoría de muertos son trabajadores, pobres y negros.
La situación que enfrentan miles de brasileños no es la mejor, ya que después de las reformas que tuvieron lugar en los últimos años, principalmente en el mercado laboral, el sector informal aumentó considerablemente. Todo esto contribuye a la precariedad del trabajo y la uberización de los trabajadores. Esta precariedad queda expresada en las 38 millones de personas que pertenecen al sector informal, y que no cuentan con ninguna forma de protección, eximiendo a las empresas de cualquier responsabilidad.
La situación es peor para los más pobres, ya que el Gobierno tardó aproximadamente dos meses en comenzar a pagar la ayuda de emergencia. La demora en el pago y el bajo valor (R$600 reales que son aproximadamente $120 dólares) no satisfacen las necesidades básicas de la mayoría de las familias brasileñas. El resultado es que la población sale a la calle en busca de formas de llevar comida a casa. A esta situación se agrega la formación de líneas kilométricas y aglomeraciones frente a sucursales bancarias, en un intento por recibir ayuda de emergencia. Esta realidad aumenta el riesgo de contagio en los más pobres.
Esta situación demuestra la precariedad de la población y contribuye a que, sin querer, los trabajadores informales y los pequeños comerciantes apoyen la lógica de la política de muerte del Gobierno. Por pura desesperación, los trabajadores aceptan volver al trabajo y su rutina normal, incluso arriesgando su vida.
Por otro lado, los grandes empresarios se mostraron insatisfechos ante el primer signo de empeoramiento de la crisis. El Gobierno puso a disposición de los bancos R$1,2 billones de reales, asignando al pago de la primera cuota de ayuda a los trabajadores una suma de 35,5 millones y, aun así, no se incluyó a todos. El Senado brasileño planea gastar R$154 mil millones de reales para pagar tres meses de ayuda de emergencia. Esta cantidad es equivalente a poco más del 10 % de la cantidad entregada a los propietarios de grandes empresas. Incluso si el monto prometido se gasta en la población, se sabe que aún no satisface las necesidades de la mayoría pobre, mientras que los ricos ya tienen una cama garantizada en hospitales privados.
Mientras el Estado garantiza billones a empresarios, el Sistema Único de Salud (SUS) sucumbe después de años y años de desmantelamiento, y cierres de hospitales públicos. Todo esto debido al intento de privatización, negando a la población el acceso a la salud, que ha sido evidente durante la pandemia. En plena confrontación directa con el coronavirus, los hospitales aún sufren de malversación de fondos, sobreprecio e incluso órdenes que no se entregan cuando se tratan de materiales esenciales para la vida, como los respiradores. Hay casos de sobreprecio de suministros básicos como mascarillas, guantes y equipo de bioprotección, así como su escasez.
El personal de salud no está exento de las injusticias y el olvido por parte del Estado. Son los que se encuentran en la lucha directa contra el virus y carecen de equipos de protección personal. Según el Consejo Federal de Enfermería, Brasil superó a Estados Unidos en el número de enfermeras muertas por COVID-19. Al tener más enfermeras muertas que el país más afectado por la pandemia (Estados Unidos), es posible observar el riesgo al que están expuestos estos profesionales y cómo se descuida su protección.
Brasil, en este momento, es un gran barco que navega en el océano sin rumbo, un barco a punto de hundirse. Es extremadamente urgente que se tomen medidas sanitarias más severas y se garanticen las condiciones económicas para que la población pueda cumplir con el aislamiento, de lo contrario, veremos a miles de brasileños sucumbir ante la enfermedad.
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