Por Carolina Amaya

José Luis Magaña, economista de Panorama Económico, dijo a esta revista que los presupuestos reflejan las prioridades de los gobiernos. Sobre todo, de un gobierno que no tiene plan general de gobierno.

“El Observatorio se había posicionado como un referente regional en términos de monitoreo. Creo que ha sido una de las buenas medidas que se pudieron haber agregado y que era necesario darle continuidad. Porque esto te permite dar alertas tempranas ante cualquier amenaza de riesgo. Por ejemplo, cuando vienen las lluvias podríamos tener alertas para preparar en los territorios más vulnerables algunas medidas de mitigación, evacuación y prevención. Y para eso es importante tener actualizado este Observatorio”, agregó Magaña.

Actualmente, en la región latinoamericana ocurren con más frecuencia los recortes presupuestarios a las instituciones gubernamentales encargadas de proteger el medio ambiente, según explicó Astrid Puentes, abogada especialista en justicia climática y derechos humanos, coordinadora ejecutiva de la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA). 

“Son decisiones bastante equivocadas porque si hay algo que necesitamos hoy para lograr que nuestros países avancen, tengan mayor riqueza y un desarrollo diferente, es que podamos proteger a la naturaleza; podamos tener espacios de control de la naturaleza. Obviamente esto no ayuda si se siguen bajando los presupuestos”, explicó Puentes en una sesión del Ciclo de Actualización para Periodistas (CAP).

Para la especialista, la actual crisis climática evidencia los resultados y pérdidas económicas ocasionadas por la destrucción ambiental. Por eso, para alcanzar la soñada justicia y gobernanza climática recomienda que “las instituciones gubernamentales sean transparentes; que en realidad velen por el interés público; que haya rendición de cuentas; que haya Estado de Derecho; información y participación respecto a la crisis climática, responsables y soluciones. También, implica que haya financiamiento suficiente, eficiente y adecuado, y esto, obviamente exige que haya responsabilidad empresarial”, explicó. 

Como ejemplo de esas pérdidas económicas por los daños ambientales, el Estado salvadoreño asumirá el costo de $5,044,200 para la construcción de obras tratamiento de drenaje de ácido y aguas residuales para reducir la contaminación que dejó la mina del río San Sebastián, en La Unión; además, $5,152,200 para el retiro de desechos de plomo y saneamiento en el cantón Sitio del Niño, de San Juan Opico, La Libertad, por la contaminación que dejó la exfábrica de baterías Record.

Privatización de ganancias y socialización de daños

Han pasado 25 años desde que la exfábrica de Baterías de El Salvador S.A de C.V., se instaló en el cantón Sitio del Niño. Sus operaciones contaminaron la zona y el caso se convirtió en el ejemplo por excelencia de corrupción e impunidad en temas ambientales: al ser un daño socioambiental resultado de la negligencia de la institucionalidad del Estado salvadoreño, según una sentencia de 2011 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). El MARN fue condenado a asumir los costos económicos del saneamiento ambiental en la zona.

El magistrado de la Cámara Ambiental, Samuel Lizama, explicó a GatoEncerrado que el hecho de que el Estado asuma los costos por la contaminación ambiental generada por privados se conoce en derecho ambiental como la socialización de la responsabilidad ambiental. 

El siguiente paso, según el magistrado, debería de ser la persecución jurídica de parte del Estado “ejerciendo acciones civiles, acciones penales, para poder exigirles la restauración. O exigirles mediante una acción civil lo que se llama: repetir lo pagado. O sea, que cuando el Estado ya pagó o ya restauró el daño con dinero de la colectividad, entonces, el Estado tiene derecho a exigirle a los que causaron el daño que le devuelva ese dinero que el Estado gastó, que la sociedad gastó. Esa parte es la que no se está haciendo en este caso o en otros que han dejado pasivos ambientales muy significativos”.

Para la economista de ICEFI, la situación reafirma la necesidad de fortalecer la regulación e institucionalidad ambiental en el país, para que no sea el Estado el que deba asumir esos costos. “Si nos regimos por las buenas prácticas a nivel internacional, las dos empresas que realizaron sus actividades en estos sitios (Record y la mina de San Sebastián) son las que debieron haber asumido los costos de remediación y recuperación del entorno natural en esos dos sitios. Nuevamente, es un caso claro de cómo los costos se socializan pero las ganancias fueron privadas”, añadió Molina.

El año pasado murió de leucemia, una enfermedad asociada a la contaminación por plomo, Mario Blanco, quien fue el presidente del comité ambiental en Sitio del Niño. “Es ilógico que quiénes se han lucrado y se siguen lucrando, porque siguen vendiendo esas baterías en todo el país, se hayan quedado impunes y la población esté sufriendo todavía de tener ahí los desechos tóxicos que ni el Estado se quiere hacer cargo de sacarlos”, lamentó el abogado de Tutela Legal “María Julia Hernández”, Alejandro Díaz, quien ha sido querellante en el caso.

GatoEncerrado buscó al ministro de Medio Ambiente para preguntarle si el actual gobierno ya comenzó a realizar acciones para exigir el saneamiento del lugar, a diferencia del FMLN que nunca hizo esfuerzos reales para que la empresa pagara por el daño ambiental. El ministro justificó, escuetamente, que la exigencia del pago del saneamiento es algo que aún no se ha hecho por situaciones que se salen de su control, como que algunos de los acusados aún no han sido capturados y ni siquiera están en el país.

“Con el tema de la Record nosotros fuimos categóricos en que nosotros no queremos, y tampoco es ético, que el pueblo salvadoreño pague esa cantidad de dinero. Ustedes son un medio que habla un montón de la ética. Con el tema, (hay) gente que está perseguida de la familia Lacayo, son más personas, no solo son ellos, y están protegidos no sé por quiénes, la verdad. Ellos tienen difusión roja de Interpol. Nosotros estamos trabajando de cerca con todas las autoridades (…) Si la Interpol no los halla, cree que los voy a hallar yo, o sea”, dijo el ministro.

El 24 de septiembre de 2007, el cierre abrupto de la exfábrica le dio poder a los socios y accionistas de Baterías de El Salvador, S.A. de C.V. para evadir la justicia bajo el argumento de que el Estado salvadoreño expropió su negocio y realizó proceso penales ilegales, violando el Tratado de Libre Comercio de Centroamérica, según reveló una investigación periodística nominada al Pulitzer, realizada por Chris Hamby para Buzz Feed en 2016.

La investigación también detalla que los socios de la Record usaron un sistema conocido como arbitraje de diferencias Estado-inversor (ISDS, por sus siglas en inglés), para amenazar al Estado con una demanda internacional por 70 millones de dólares. Eso frenó toda acción penal en contra de la familia Lacayo y otros implicados.

Para finales de 2007, la Record ya había vendido su inventario a la sociedad Diparvel S.A. de C.V., incluyendo los centros de servicios: Centro de Mayoreo Soyapango; Centro de Servicios 27 Avenida Sur, Soyapango; San Miguel, Santa Elena; Merliot; Constitución; Escalón y 29 Calle Poniente, por un valor de $439,284.95 más IVA, según detalla una pericia contable presentada al Tribunal Primero de Sentencia, de San Salvador. 

Hasta la fecha, lo único que se llevó a cabo fue un juicio en contra de los ingenieros que trabajaban en la planta y una difusión roja de Interpol para capturar a la última junta directiva de la sociedad, según explicó el abogado Díaz, de Tutela Legal.

“Hubo complicidad de Fiscalía y otras instituciones para que los dueños de la empresa no respondieran por los daños. Hasta se dejó que salieran del país antes del juicio. Y se dejó también que movieran los bienes con los que podían responder de alguna forma por los daños. Dentro del juicio, cuando se buscaron los bienes para algún tipo de responsabilidad no se encontró nada, porque tuvieron el tiempo de trasladarlo. Eso ha sido parte de la impunidad, porque nunca quisieron responder por los daños a los niños, al medioambiente, a los extrabajadores y eso ha quedado así”, criticó Díaz.

Lo único que los gobiernos de Arena, FMLN y de Nayib Bukele han hecho es limitarse a procesos administrativos, que no tienen consecuencias penales, en contra de los socios y accionistas, encaminados al retiro de ceniza y escoria de plomo, saneamiento ambiental y un servicio de salud para los habitantes afectados. Informes del MARN detallan que en los primeros meses después del cierre, la sociedad respondió con algunas actividades mínimas de mantenimiento de la exfábrica. Luego, la mayor parte de los implicados se fueron del país.

En el expediente de medidas cautelares de la Cámara Ambiental, con referencia 03-2019-MC-Amb, se encuentra el informe de movimientos migratorios hecho por la Dirección de Migración y Extranjería. En el documento se revela que algunos de los socios o accionistas como el exministro de Economía, Miguel Ernesto Lacayo Arguello; Karla Mercedes Lacayo Arguello y María del Carmen Pascual Domenech, ingresaron libremente al país en 2019.

El mismo expediente tiene informes del Registro Nacional de Personas Naturales que indican que otros socios o accionistas han muerto: José Francisco Ronald Lacayo Pérez, María Mercerdes Argüello Escolán, Jaime Vicente Pascual Portet, Miguel Salvador Pascual Merlos. 

Otros, incluyendo los que tienen difusión roja de la Interpol, han sido ubicados en Miami, Florida, Estados Unidos, pero el acuerdo de extradición con ese país no incluye delitos ambientales por eso no fueron extraditados, explicó el abogado de Tutela Legal.

Como cumplimiento de las medidas cautelares giradas el 5 de julio de 2019 por la Cámara Ambiental, el 17 de octubre de 2019, Medio Ambiente emitió el Acuerdo No. 366, que promueve un nuevo proceso administrativo en contra de la sociedad, socios y accionistas de Baterías de El Salvador, S.A. de C.V. Ese documento, sin embargo, ha sido declarado en reserva por el Ministerio de Medio Ambiente.