Por Michelle Parrillas*

En septiembre del año pasado, Nayib Bukele presidió una ceremonia de graduación de más de 2,000 policías que ascendieron al grado de cabo, que tuvo lugar en el estadio Jorge Mágico Gonzalez. En su discurso, aprovechó para anunciar que el monto que se añadiría al salario de los policías y soldados en 2021 sería de otros $100 y nuevamente especificó que sería para todo el personal operativo y administrativo de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada. En esa ocasión, Bukele aclaró cambió el discurso y aclaró que se trataba de un bono y no de aumento salarial como había prometido antes.

En total, los incentivos que el gobierno de Bukele ha entregado, desde el año pasado, a los policías y soldados constituyen un bono que en 2021 pasó a ser de $200. Un bono es un agregado al salario o incentivo financiero que puede ser temporal o permanente y al no considerarse como parte del salario base de los trabajadores no es influyente en el fondo de pensiones ni en el acceso a créditos hipotecarios o personales. Ya que no es en realidad un aumento salarial, este bono puede ser eliminado en cualquier momento por este o próximos gobiernos.

Dado que los $200 no son realmente un aumento salarial, sino un bono, la narrativa de Bukele encaja en la definición de Engañosa, que es una de las seis categorías bajo las que Ojo De Gato hace verificaciones del discurso público de los funcionarios del Ejecutivo salvadoreño.

¿Por qué es engañoso?

El salario de los miembros de la PNC y la Fuerza Armada permanece sin alteraciones desde hace 14 años, a excepción de dos incrementos en el escalafón en el salario de los policías por la cantidad de $25.44, por lo que tampoco es cierto que los bonos sean el primer aumento salarial para este personal en la última década, como proclama el discurso presidencial. El bono de $100 tampoco es el primer agregado al sueldo del personal de Seguridad Pública y Defensa en los últimos 10 años, ya que se suma al bono trimestral de $400 que ya se otorgaba desde 2015 en el último gobierno del FMLN. 

Los bonos trimestrales fueron parte de las inversiones que se hicieron con los fondos del impuesto CESC (Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia), aprobado por la Asamblea Legislativa en la administración del expresidente Salvador Sánchez Céren y bajo la supervisión de un Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia que fue eliminado por Bukele cuando asumió la presidencia. El impuesto CESC caducó el año pasado, pero el Ejecutivo ha propuesto mantenerlo solo con los ingresos de los grandes contribuyentes, a pesar de que una de sus propuestas de campaña fue eliminar este tributo.

El secretario general del Movimiento de los Trabajadores de la Policía (MTP), Marvin Reyes, agregó que no todo el personal de la PNC está siendo beneficiado con este bono. Reyes afirmó que casi el total del personal supernumerario, asignados por la PNC en instituciones y funcionarios públicos, fueron excluidos del bono de $100 prometido por Bukele para 2020. Entre esos agentes excluidos están los asignados, por convenios, a la Corte Suprema de Justicia (CSJ), a la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), el Instituto Salvadoreño para el desarrollo de la Mujer (ISDEMU), el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia (ISNA) y la Embajada de los Estados Unidos. Reyes señaló que del sector supernumerario de la PNC solo se le entregó el bono de 2020 a la División de Protección a Víctimas y Testigos, pero para 2021 incluso a esta unidad ya no se le tomó en cuenta.

Reyes también aseguró a GatoEncerrado que el aumento salarial a los miembros de la PNC no es algo que se le haya ocurrido a este gobierno, sino que se trata de una iniciativa que su movimiento propuso a Bukele durante su campaña presidencial. “Esto no se lo han sacado de la manga de la camisa, sino que es una petición de los mismos trabajadores organizados de la Policía. A raíz de eso es que reaccionan las autoridades aquí en el país”, señaló Reyes, cuya firma aparece en la propuesta del MTP, entregada a Nayib Bukele el 13 de enero de 2019 en el hotel Sheraton Presidente.

Marvin Reyes también aclaró que en la petición plantearon un aumento salarial, pero el Ejecutivo fue quien decidió que el monto se les añadiera en forma de bono. En la propuesta que el MTP entregó en 2019 también se puede observar que una de las peticiones es el aumento del salario del trabajador policial y otro punto es la promoción de incremento de bonos.

“El problema es que cuando (el dinero) no forma parte del salario base, no se toma en cuenta para una mayor cotización del fondo de pensiones, no se pueden hacer préstamos de mayor cantidad o préstamos hipotecarios para adquirir una vivienda (…) La gente, claro, lo ve con buenos ojos porque es un dinero que le está llegando extra y le ayuda en su economía familiar, pero no le genera estos beneficios a futuro”, indicó el vocero del MTP. 

Las limitaciones del bono

Para los agentes de la PNC que ganan entre $524 y $577 mensuales, el bajo monto de su salario es un obstáculo para acceder a viviendas dignas o al menos en lugares donde no corran peligro por su trabajo. El agente, a quien identificaremos como David Barillas, destacado en la delegación de Zacatecoluca, La Paz,  tiene 26 años de trabajo policiaco y aún no ha podido comprar una casa digna para su familia. 

“Hasta este día no he comprado una vivienda, sino que mi abuela me regaló un terreno para poder construir una casita. Porque me vi en la dificultad de que le aprueban a uno un crédito para la vivienda, pero son en sitios bastante conflictivos y es por esta razón que no me conviene adquirir una vivienda de colonia o digamos algo céntrico, porque el acceso que tenemos es para vivir en colonias marginales”,  explicó Barillas.

El agente Barillas también aseguró que adquirir una vivienda en lugares con alto índice de criminalidad lleva a muchos policías a poner su vida en riesgo. “Por esa razón es que muchos que laboran en la institución han fracasado (han sido asesinados), porque viven con el vecino que es pandillero”, señaló  y agregó  que el crédito hipotecario que puede obtener con su salario es para una vivienda de un costo máximo de $15 mil.

Con 48 años de edad, David Barillas debería estar a pocos años de su jubilación; sin embargo, el agente no planea retirarse pronto, porque considera que el monto de la pensión que le corresponde no le alcanzaría para cubrir las necesidades de su familia. 

“El que gana $700, que es el máximo salario de nosotros el personal básico, le quedan $220. En mi lugar, me quedarían a mí como $190”, calculó el agente, quien es la única persona que trabaja en su familia, conformada por su esposa y sus tres hijos. 

El agente Barillas aseguró que definitivamente preferiría que les aumentaran el salario en lugar de recibir bonos, porque le permitiría adquirir un crédito de vivienda en un sitio seguro y aumentaría el monto de su pensión, lo que no lo obligaría a trabajar después de su edad de jubilación.

La continuidad del bono es inseguro

El bono, que en este 2021 pasó a ser de $200, es indiscutiblemente un “triunfo para la clase trabajadora policial” según el secretario general del MTP. “A nosotros nos parece beneficioso porque mejora la economía del personal policial, solo lo que tendríamos que ver es que estos $200 pasen al salario, ahí nosotros estaríamos satisfechos, porque estaríamos asegurando de aquí a lo que sigue no habrá inseguridad en el pago de este incremento”.

En el presupuesto 2021 está contemplado el bono de $200 para policías y soldados, así como el bono trimestral que con el CESC finalizado pasa a los gastos corrientes del Estado. El presupuesto, sin embargo, presenta una gran sobreestimación de los gastos sobre los ingresos del país, por lo que la continuidad del pago de los bonos no puede asegurarse. 

El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) señala una sobrestimación de $600 millones del presupuesto sobre los ingresos del país, lo que significa que de los $7,453 millones que el gobierno planea gastar en diferentes asignaciones, el Estado solo posee poco más de mil millones. En este sentido, no solo los bonos de los policías y soldados corren riesgo de recorte, sino muchos otros programas sociales. Así lo explicó a GatoEncerrado José Luis Magaña, analista de Panorama Económico.  

Según el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, las tres prioridades en el presupuesto de este año son Salud, Educación y Seguridad. Sin embargo, Magaña señaló que al no tener los ingresos suficientes para cubrir lo planteado en el presupuesto para seguridad y los bonos, el Ejecutivo se verá obligado a recortar fondos de programas de educación y salud.

“No lo digo como una suposición, no estoy hablando acá que tal vez le quitan a Educación o Salud. En el 2020, si vemos en donde se hicieron los ajustes presupuestarios, se le recortaron $39 millones a los hospitales nacionales, $22.5 millones al primer nivel de atención de salud, se le recortó al Observatorio de Amenazas Ambientales y a la línea de Prevención y Mitigación de Desastres, paradójicamente en medio de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal”, señaló el economista.

Magaña aseguró que a pesar de que el pago de bonos a este personal está contemplado en el presupuesto, no existe un fundamento en los ingresos para su financiamiento, por lo que será muy difícil que se logre lo planteado en el presupuesto, a no ser que se recurra al endeudamiento.

Poco después de su publicación y promesa de septiembre de 2019 sobre aumentos salariales a policías y soldados, el presidente Nayib Bukele publicó otro tuit en el que también recalcó que todo eso se haría reduciendo la deuda pública del país. Lo que matemáticamente es imposible y por eso luego admitió que para otorgar el beneficio y realizar otros proyectos sociales, el país había contraído más deuda pública “para pagar la deuda vieja”.