Editorial

La Ley de Agua no puede ser otro decreto inconsulto y arrebatado

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Por GatoEncerrado

Por GatoEncerrado

El país ha esperado más de 15 años para normar la explotación, distribución y uso del agua, que es el bien más preciado para los humanos. La aprobación ya no puede dilatarse, porque este es un tema urgente y necesario, sobre todo para los más desfavorecidos. Por eso es plausible que el presidente Nayib Bukele haya anunciado, desde su cuenta en Twitter, que la aprobación de esta ley va en serio. Pero al mismo tiempo es preocupante que estemos ante una nueva escena del mismo guion dictado por la presidencia de la República para que la “nueva Asamblea” apruebe otra ley sin consultar a expertos, a representantes de la sociedad civil, sin generar las condiciones de un verdadero debate y basarse solamente en los designios del mandatario a ojos cerrados y oídos sordos.

Antes de que terminara la anterior legislatura, GatoEncerrado documentó cómo se fue concibiendo la necesidad de incluir el derecho humano al agua en la Constitución de la República y en una legislación que tomara en cuenta la crisis hídrica y las expectativas de garantizar el recurso a todos los sectores, en especial a los que históricamente han tenido menos acceso al agua para satisfacer sus necesidades básicas.

La pelea por aprobar esta ley la han dado, principalmente, varias organizaciones no gubernamentales y algunas universidades; esas a las que ahora el presidente Bukele considera parte del “aparato ideológico”, que no se dedican a aplaudirle cada tuit, son estigmatizadas y, en algunos casos, hasta atacadas directamente en cadenas nacionales de radio y televisión. 

La necesidad de una Ley de Agua también ha sido bandera de campañas políticas que, por supuesto, se diluyó en la dinámica de apuestas de cada periodo legislativo.

Los constructores, los dueños de la agroindustria cañera y de alimentos tenían fuerzas políticas a su favor que empujaban para garantizar el acceso al agua en sus millonarios negocios, mientras que algunos sectores de la población tenían que sobrevivir con el agua lluvia que recolectaban y sin ninguna representación real en la Asamblea Legislativa. Actualmente, los interesados en mantener sus grandes negocios, con el agua, tienen línea directa con el presidente Bukele, no así el movimiento social que la semana pasada fue repelido por agentes de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) mientras marchaban pacíficamente para que la “nueva Asamblea” retome la discusión de la ley.  

Esta “nueva Asamblea” ya acumuló varias decepciones en tan solo un mes y medio de gestión. La primera fue que sin ningún decoro tiró a la basura algunos de los avances que habían conseguido las anteriores legislaturas, uno de esos fue el avance en la discusión de la Ley de Agua. La medida de limpiar la mesa sin considerar que muchos de los expedientes tenían un trabajo de años de organismos de la sociedad civil, que habían empujado diversas iniciativas para que se escucharan sus demandas o peticiones de reformas, fue irresponsable.

La segunda es que los diputados oficialistas de Nuevas Ideas han demostrado, de sobra, que no tienen la autorización o capacidad de razonar, poner una cuota de reflexión, análisis, debate técnico y especializado para aprobar una ley suficientemente discutida para el bien del país. Por el contrario, están dispuestos a decir “sí” y “amén” a cualquier cosa que venga del presidente Bukele y convertir en ley los designios del mandatario.

La última prueba de su disposición a la pleitesía y su vocación de autómatas fue durante el madrugón del 9 de junio, cuando recetaron la obligación de asumir como moneda de curso legal el bitcóin; un proyecto del que, como ya es costumbre, el gobierno no ha mostrado un plan detallado con objetivos, actores involucrados, efectos esperados a partir de su entrada en vigencia en septiembre. Esa Ley Bitcóin saltó como sorpresa de la piñata en la que se ha convertido la administración de los fondos públicos.

Los desmanes y la improvisación en el tema del agua, en todo caso, no serían nuevos. El gobierno ha dicho oficialmente que preparó un Plan Nacional de Agua, pero en realidad solo era un calendario de perforación de pozos, luego hubo una crisis de contaminación en enero de 2020 que llevó a la interpelación del presidente de la Administradora Nacional de Agua (ANDA), Frederick Benítez, y la entonces ministra de Salud, Ana Orellana. Meses después, el presidente lo removió del cargo y lo premió con la nueva plaza de “Comisionado Presidencial para el Agua”. La semana pasada, en la publicación del Diario Oficial del 1 de junio, se conoció que Benítez renunció y que el gobierno derogó el decreto que creó dicho cargo.

La inversión de medidas improvisadas sale caro al país, pero lo más grave es que está haciendo que retrocedamos en el tiempo, que volvamos a la época donde los actores políticos no podían sentarse en una mesa y escuchar las ideas de sus adversarios y conciliar posturas.  

Ante esos antecedentes de la “nueva Asamblea” y del gobierno de Bukele es válido preguntar: ¿A quiénes va a responder este nuevo proyecto de Ley de Agua? En los guiones narrados que siempre llevan escritos los diputados de Nuevas Ideas es previsible saber que se escuchará mucho la palabra pueblo, como parte de la demagogia que se desparrama cada martes desde los curules y las cuentas oficiales de los diputados en sus redes sociales. El jefe de la bancada del partido oficialista, Christian Guevara, ya adelantó esa narrativa y dijo, citando un tuit de GatoEncerrado, que el agua no será privatizada. Eso suena a frase seductora de campaña, pero las urnas están lejos y ahora lo que interesa son los detalles de ese anteproyecto.

La deuda por tener una Ley de Agua es histórica. En eso todos estamos de acuerdo, pero no significa que por ello hay que aceptar un documento confeccionado por la maquila de leyes en la que se ha convertido Casa Presidencial y se haga un simulacro de discusión para aprobarlo de forma exprés. El mandatario anunció que esta semana llegará un nuevo proyecto de Ley de Agua y se atrevió a ponerle una fecha límite de 90 días para que se apruebe el decreto que aún es desconocido por los actores involucrados en la larga discusión. Si ya esperamos más de 15 años para tener la ley, como sociedad salvadoreña podemos esperamos a tener un verdadero debate que incluya a los diferentes sectores y que al menos tome más de los diez minutos que duró la última reunión de la Comisión de Medio Ambiente que preside la diputada Sandra Martínez, y así garantizar que no salga otra ley arrebatada, mal cocida, que cause indigestión.