Foto/Emerson Flores

Expertos señalan irregularidades en capturas de exfuncionarios del FMLN acusados de corrupción

Diez exfuncionarios de la administración del expresidente Mauricio Funes han sido acusados por la Fiscalía de recibir sobresueldos de la partida secreta. Cinco se encuentran prófugos y otros cinco ya han sido capturados en un procedimiento en el que supuestamente se  irrespetó derechos fundamentales y se violentó garantías constitucionales. Esta situación, según expertos consultados por GatoEncerrado, abre de nuevo el debate de lo peligrosa que puede ser la concentración de poder que exige y avala detenciones que no siguen el debido proceso. Las capturas ocurrieron en un momento en el que el gobierno de Nayib Bukele resta importancia a los señalamientos de corrupción de sus funcionarios y aliados y promueve reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública para evitar rendir cuentas.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Por Karen Moreno

Por Karen Moreno

Cinco exfuncionarios de la primera gestión presidencial del FMLN, del periodo del expresidente Mauricio Funes, fueron capturados este 22 de julio. Las detenciones ocurrieron de forma irregular, en la que agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) supuestamente violaron derechos fundamentales y  no respetaron garantías constitucionales, según analizaron abogados y expertos en transparencia consultados por GatoEncerrado. Los capturados, de acuerdo con explicaciones del fiscal impuesto por el oficialismo, Rodolfo Delgado, son parte de una red de exfuncionarios investigados por recibir sobresueldos y cometer los delitos de lavado de dinero, peculado y enriquecimiento ilícito. La investigación ha sido denominada por la Fiscalía General de la República (FGR) como “Caso desfalco”. 

La primera en ser capturada fue Violeta Menjívar, exministra de Salud, a quien agentes de la Policía llegaron a buscar a su vivienda, alrededor de las 3:00 de la tarde. Su hermana, Zoila Menjívar, denunció en la Subdirección de Investigaciones de la Policía, frente a los medios de comunicación, que Violeta fue detenida sin conocer los delitos imputados y que las autoridades no le permitieron el acompañamiento de un abogado. Fue hasta las 7:00 de la noche cuando, en una conferencia de prensa, las autoridades del gabinete de Seguridad y de la Fiscalía revelaron que fue acusada por recibir un sobresueldo de $177,000. La misma historia se repitió en las capturas de los otros cuatro exfuncionarios detenidos.

De acuerdo con los detalles revelados por la Fiscalía, la ex viceministra de Tecnología, Erlinda Handal Vega, recibió un sobresueldo de $162,000; el exministro de Hacienda, Carlos Cáceres, recibió $210,000; el ex viceministro de Agricultura, Hugo Flores, $174,000; y, finalmente, el ex viceministro de Trabajo Calixto Mejía, $208.000, quien fue llevado a la Subdirección de Investigaciones después de los demás exfuncionarios. 

Calixto Mejía, ex viceministro de Trabajo del gobierno de Mauricio Funes, es trasladado a la Subdirección de Investigaciones de la Policía. Foto/Emerson Flores

El fiscal impuesto señaló que el procedimiento incluye una orden de captura internacional en contra de Salvador Sánchez Cerén, quien recibió un sobresueldo de $530 mil al final de su periodo como vicepresidente en el periodo de Funes y quien luego se convirtió en el presidente del país. También se emitirá una orden de captura en contra del exministro de Obras Públicas, Gerson Martínez (Manuel Orlando Quinteros), quien recibió un sobresueldo de $290 mil; la exministra de Medio Ambiente Lina Pohl, quien recibió $177 mil; y el expresidente de de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (CEPA) José Guillermo López Suárez, quien recibió $565 mil. 

En una entrevista matutina de un medio oficialista, Delgado mencionó que desconoce dónde se encuentra Sánchez Cerén, aunque el presidente Nayib Bukele dijo en su cuenta de Twitter que salió del país “vía frontera terrestre, en diciembre 2020 y jamás regresó” y hasta lo declaró oficialmente como prófugo de la justicia. El fiscal también dijo que el entonces vicepresidente utilizaba a una tercera persona para cobrar el sobresueldo.

El Fiscal impuesto, Rodolfo Delgado, explicó que la investigación en contra de los exfuncionarios del FMLN inició en 2019. Foto/Emerson Flores.

La investigación del caso inició en 2019 por el desfalco al Estado de $350 millones durante la administración de Mauricio Funes, de 2009 a 2014. Los exfuncionarios detenidos y los que tienen orden de captura han sido señalados de ser los destinatarios de una porción de los gastos reservados de la presidencia. La existencia del mecanismo de otorgamiento de remuneración de dinero a funcionarios, por encima de su sueldo, provenientes de la partida secreta fue revelada por el periódico digital El Faro hace ocho años. 

Las detenciones de los exfuncionarios del FMLN fueron realizadas un día después de que la comisión legislativa que investiga sobresueldos citó al ex presidente de Arena Antonio Saca para hablar sobre los sobresueldos que entregó a sus funcionarios durante su administración presidencial. Con sus confesiones, Saca —quien además fue el fundador de Gana, el partido que llevó a la presidencia a Nayib Bukele— ayudó al gobierno de turno a crear su propia lista de corruptos, en un intento por restar importancia a la lista de corruptos emitida por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, compuesta por funcionarios y aliados actuales de la administración Bukele.

Detenciones irregulares

Un par de días antes de la detención de Violeta Menjívar, algunos vecinos mencionaron que agentes policiales colocaron un retén improvisado para preguntar a los residentes y visitantes hacia dónde se dirigían. El vehículo policial en que andaban permaneció en la calle en donde Violeta Menjivar vive.

José González, apoderado legal de Menjívar, llegó una hora a las afueras de la Subirección de Investigaciones de la Policía, después de enterarse de la captura. En el lugar, los agentes de la Policía se limitaron a tomar su tarjeta de abogado, anotar sus datos, pero nunca se le permitió entrar y platicar con su cliente.

“No le han permitido tener a su abogado a la par, que es el derecho constitucional que tienen los capturados. La Constitución de la República lo establece en el artículo 11 y 12, que toda persona se presume inocente hasta que se pruebe lo contrario. También tiene derecho a defensa y audiencia, lo cual no se ha dado”, argumentó González, cuando GatoEncerrado preguntó si podía explicar las “irregularidades en la captura” que estaba denunciando públicamente ante los medios de comunicación.

José González, abogado de Violeta Menjívar, denunció que el procedimiento de captura fue ilegal. Foto/Emerson Flores.

Un abogado penalista consultado por esta revista agregó que el artículo 82 del Código Procesal Penal deja claro que cualquier imputado tiene derecho a “ser informado de manera inmediata y comprensible de las razones de su detención” y “ser asistido y defendido por el abogado que designe o por un defensor público”. El cumplimiento de estas garantías procesales es relevante, porque el artículo 346, numeral 7, de la misma ley, puede declarar la nulidad absoluta del proceso “cuando el acto implique inobservancia de derechos y garantías fundamentales previstas en la Constitución de la República, en el Derecho Internacional vigente y en este Código”. 

“Todos estos vicios y vulneraciones a las garantías y derechos fundamentales de las personas detenidas podrían desembocar en unas medidas sustitutivas a la detención”, explicó el penalista, que pidió no citar su nombre por motivos de seguridad. González, el abogado de Violeta Menjivar, coincidió y dijo que tras lo sucedido podría solicitar la libertad inmediata con medida cautelar. También aseguró que Menjívar no representa peligro de fuga o de obstrucción a la justicia.

Xenia Hernández, directora ejecutiva de la Fundación Democracia, Transparencia y Justicia (DTJ), señaló que las violación de la presunción de inocencia es una práctica usual en El Salvador. Ocurre cada vez que las autoridades exponen públicamente a las personas con el objetivo de humillar, a pesar de que el Estado salvadoreño ha recibido llamados de atención y de que hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el Caso Ruano Torres y Otros vs. El Salvador, por violación a la presunción de inocencia, al del derecho a la defensa y a ser oído con las debidas garantías, entre otros aspectos.

Para Hernández, respetar las garantías mínimas también es importante para que los procesos no tengan mayores connotaciones políticas partidarias, sino que pueda alcanzarse la justicia en estos procesos, cuya objetividad es difícil considerando que Bukele impuso un nuevo fiscal y descabezó la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) a través de su Asamblea Legislativa, que consolidó el golpe de Estado del pasado 1 de mayo. 

La abogada consideró que, cuando un Estado no brinda las garantías constitucionales mínimas para cualquier persona, “están abiertas todas las puertas para detenciones arbitrarias e ilegales”. Insistió en que, si bien el sistema de justicia no ha garantizado el debido proceso para la ciudadanía en el pasado y que la Policía ha abusado de su poder, ahora los riesgos podrían ser mayores, debido al contexto de concentración de poder e instituciones públicas sometidas al capricho del gobierno en turno.

Tanto la representante de DTJ como el abogado penalista señalaron que el Ejecutivo pretende eclipsar la Lista Engel y generar “cortinas de humo” en contra de las administraciones anteriores para crear un “show”, porque este hecho contrasta con la ausencia de una política anticorrupción por parte del Ejecutivo, el debilitamiento del sistema de justicia para favorecer sus propios intereses, el golpe de Estado en mayo, la propuesta de reforma a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP) para intentar inicialmente ocultar las declaraciones públicas de los funcionarios, el cierre de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en El Salvador (Cicíes) que investigaba 12 indicios de corrupción y la estigmatización de los actores que han luchado contra la corrupción, por mencionar algunos ejemplos.

Un pequeño grupo de militantes del FMLN llegó a la subdirección de investigaciones de la Policía para exigir "libertad para los capturados". Foto/Emerson Flores.

Más de GatoEncerrado