Bitácora género

Kenia recupera su libertad tras nueve años de estar en prisión por una emergencia obstétrica

Tras nueve años de estar en prisión y de apelaciones, juez otorga el beneficio penitenciario de libertad condicional a Kenia, una mujer que en 2014 sufrió una emergencia obstétrica pero que el sistema judicial salvadoreño la condenó a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado.

Organizaciones feministas le dan la bienvenida a Kenia tras 9 años de estar en prisión acusada por homicidio agravado. Foto/Yoshi García

Por Gabriela Méndez

Por Gabriela Méndez

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria de Cojutepeque concedió, el 17 de enero, el beneficio penitenciario de libertad condicional a Kenia, una mujer que en 2014 fue condenada a 30 años de prisión tras haber sido acusada de cometer homicidio agravado, luego de una emergencia obstétrica.

El 31 de agosto de 2020, después de apelaciones a la sentencia, Kenia recibió una conmutación de la pena; es decir, su pena fue cambiada y de 30 años se redujo a 10, los cuales cumpliría este 2022. Pero, en una audiencia de revisión de la pena se le dio el beneficio penitenciario que permite la libertad anticipada de la persona condenada.

“Hoy celebramos su libertad y seguimos luchando para que la justicia sea vida”, expresó Morena Herrera, directora de la Agrupación Ciudadana Por la Despenalización Del Aborto.

Extracto de la resolución donde se otorga el beneficio penitenciario de la libertad condicional a Kenia.

Herrera aseguró que la libertad de las mujeres que sufren emergencias obstétricas, pero que son acusadas por homicidio agravado, es el resultado de engorrosas gestiones, debido a que las instituciones aplican criterios confusos que dificulta la liberación de las mujeres: “En la Corte Suprema de Justicia se aprueban las conmutaciones de pena (cambio de pena) pero en el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública se aplican diferentes criterios”, agregó.

Según la Agrupación Ciudadana, desde diciembre pasado, Kenia es la cuarta mujer que ha sido liberada de las 17 salvadoreñas que fueron condenadas “injustamente por sufrir emergencias de salud durante sus embarazos”. Esta misma organización informó que en El Salvador ya van más de 60 mujeres liberadas tras haber sido detenidas por una emergencia obstétrica. La organización comenzó a trabajar jurídicamente en 17 casos de mujeres que se encontraban injustamente en prisión porque la Fiscalía calificó sus emergencias obstétricas como homicidio agravado. 

La abogada internacional de derechos humanos y directora ejecutiva del Women’s Equality Center, Paula Avila Guillén, dijo a GatoEncerrado que estas condenas son injustas porque se les niega un juicio imparcial y “porque en todos los casos de las mujeres, desde el momento que llegan al hospital y existe la sospecha de aborto son asumidas culpables y eso va en contra del principio de presunción de inocencia”.

Las mujeres son criminalizadas bajo  un mismo patrón

La abogada especialista en derechos humanos aseguró que el caso de Kenia es “como muchos casos”, siguen un patrón sistemático de persecución a mujeres que son pobres y han sufrido emergencias obstétricas.

“De todos los casos que he conocido en El Salvador desde el 2014, no he conocido un caso de una mujer condenada que siquiera reciba un ingreso medio o medio alto, jamás. Todas las mujeres estaban en situaciones de extrema vulnerabilidad. La gran mayoría habían sido víctimas de violación o no tenían una pareja estable”, añadió la abogada.

Kenia, encaja en ese perfil. Es una joven de una zona rural y vivía junto a su padre, un anciano. En 2013, mientras Kenia cursaba su primer año de bachillerato fue agredida sexualmente y quedó embarazada como producto de esa violación. Meses después, ya en 2014, mientras Kenia se encontraba sola en un granero ubicado al lado de su casa, sufrió una emergencia obstétrica. 

Cuando el padre de Kenia llegó al granero, la encontró desangrada y decidió buscar ayuda llamando al número de emergencias. Pero Kenia no recibió la ayuda que necesitaba, cuando agentes de la Policía Nacional Civil llegaron al granero, la arrestaron a pesar de su condición de salud.

En ese mismo año, 2014, Kenia fue condenada a 30 años de prisión por el delito de homicidio agravado.

Las emergencias obstétricas y su criminalización

El Salvador es uno de los países más estrictos en el tema del aborto, lo prohíbe en todas las circustancias, incluso si la vida de la mujer está en peligro.

Con la propuesta de reforma a la Constitución se abrió una “esperanza” para las mujeres. El vicepresidente, Félix Ulloa, entregó el pasado 15 de septiembre de 2021 al presidente de la República, Nayib Bukele, una propuesta de reforma en la que se mantenía el reconocimiento de la persona humana desde la concepción. Pero, también reconocía el derecho a la vida de la gestante y, en caso de “colisión de derechos”, establecía que sería la ley quien decidiría lo pertinente. Esa propuesta  fue rechazada por Bukele tajante e inmediatamente.  

Desde 1998 hasta 2019 se han contabilizado 181 casos de mujeres que han sido procesadas en el sistema judicial por emergencias obstétricas, según un informe de la Agrupación Ciudadana.

La activista por los derechos de las mujeres, Morena Herrera, dijo a GatoEncerrado que estas mujeres lo que realmente sufren es violencia de Estado y que “sus encarcelamientos son absolutamente injustos”. Agregó que las mujeres son condenadas por indicios y no por pruebas directas. Según Herrera, las mujeres que sufren emergencias obstétricas y enfrentan juicios por homicidio agravado tienen una defensa “poco eficaz y poco efectiva”. 

La activista también señaló que otros de los grandes problemas para estas mujeres es que en cada audiencia se les cambia de defensor público y esto influye para que puedan ser condenadas fácilmente.

Desde 2009 hasta la fecha, han sido liberadas 61 mujeres. Esto, gracias al trabajo realizado por la Agrupación Ciudadana, Colectiva Feminista y otras organizaciones feministas que luchan por los derechos de las mujeres.

Según información brindada por la Agrupación, la libertad de estas mujeres se ha obtenido por indultos; es decir el perdón que se otorga a una persona que ha sido condenada, cambio de pena, revisión de sentencia, beneficio penitenciario, absolución y sobreseimiento que suspende un proceso judicial.

A pesar de que en 2020 el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas (ONU) exigió al Estado salvadoreño la liberación de las mujeres criminalizadas tras sufrir emergencias obstétricas, en el país todavía hay mujeres que se encuentran en la cárcel.

Guillén dijo a GatoEncerrado que mientras no existan cambios de políticas públicas por parte de la Fiscalía General de la República para no perseguir estos casos e investigarlos con perspectiva de género “muchas de estas situaciones (criminalizaciones) se van a seguir presentando”.

Un Estado que violenta a las mujeres

El Salvador es reconocido internacionalmente por ser un país donde constantemente se violentan los derechos de las mujeres.

En noviembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) declaró que el Estado salvadoreño es culpable por la violación a los derechos de Manuela, la mujer que murió esposada a una cama de un hospital tras una emergencia obstétrica.

Herrera comentó a GatoEncerrado que el caso de Manuela influye en los casos de las mujeres que aún siguen encarceladas debido a que en la sentencia de la CorteIDH se reconoce como un problema la criminilización de las emergencias obstétricas, ya que surgen en el contexto de la criminalización absoluta del aborto.

“Como Agrupación Ciudadada por la Despenalizacion del aborto, se esperaría que este gobierno actual cumpla la sentencia de la CorteIDH en el caso Manuela”, dijo un representante de la organización.

Pero el caso de Manuela no es el único, recientemente se dio a conocer que el Estado salvadoreño enfrentará un juicio ante la CorteIDH por violentar los derechos humanos de Beatriz, una mujer que sufrió una emergencia obstétrica que ponía su vida en peligro y no tuvo una inmediata interrupción de su embarazo debido a que la legislación de El Salvador castiga severamente este procedimiento.

La directora de Ipas Centroamérica y México María Antonieta Alcalde, aseguró que la prohibición total del aborto en El Salvador sigue cobrando vidas o sigue poniendo injustamente a las mujeres en la cárcel.

Ante los casos de violaciones a los derechos humanos de las mujeres en El Salvador, ni Nayib Bukele ni sus funcionarios han reaccionado. Hasta hoy no hay un compromiso real del gobierno para ponerle fin a la criminalización de las mujeres” expresó un miembro de la Agrupación Ciudadana.