El presidente de la República, Nayib Bukele, ha insistido en que su gobierno no es como “los mismos de siempre”, que su gestión es diferente y que es el mandatario “más cool del mundo”. Pero la realidad es mucho más ruidosa que su discurso público: en temas de género ha seguido con el pensamiento conservador de los gobernantes anteriores y cerró, de una vez y sin rodeos, la posibilidad de elevar a rango constitucional el reconocimiento de derechos de la población LGBTI y la interrupción del embarazo.

El 17 de septiembre, dos días después de que el vicepresidente Félix Ulloa le entregó el borrador de la nueva Constitución de la República, Bukele escribió un mensaje tajante en su cuenta de Facebook: 

“He decidido, para que no quede NINGUNA DUDA, NO PROPONER NINGÚN TIPO DE REFORMA a NINGÚN ARTÍCULO que tenga que ver con el DERECHO A LA VIDA (desde el momento de la concepción), con el matrimonio (manteniendo únicamente el diseño original, UN HOMBRE Y UNA MUJER) o con la eutanasia”. 

Así descartó algunos intentos de propuesta de reforma que habían trabajado distintas organizaciones en las mesas de discusión con el equipo ad hoc, liderado por el vicepresidente Ulloa, y que abrían la puerta para regular estos temas en la legislación secundaria. 

La posición de Bukele se sumó a la que de igual forma adoptaron sus diputados de la nueva Asamblea Legislativa, quienes no le ponen objeciones a sus peticiones y que serán los encargados de avalar este pliego de reformas constitucionales que les envíe.

El presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, adelantó que no estaba a favor del aborto y que mientras sea diputado “no se aprobará ninguna ley que lo despenalice”. Su postura fue respaldada por varios diputados de Nuevas Ideas, quienes argumentaron que están “a favor de la vida”. 

La decisión de Bukele fue aplaudida por la iglesia católica; mientras que las organizaciones feministas y de derechos humanos señalaron que el mandatario se está negando a abrir un debate serio con el fin de reconocer los derechos de las mujeres y de la población LGBTIQ. 

¿Qué decían las reformas?

Las propuestas de reformas constitucionales que habían trabajado las organizaciones en la mesa dogmática -una de las cuatro mesas que conformó el equipo ad hoc para revisar y proponer modificaciones a los artículos de la Constitución- no permitían explícitamente la interrupcion del embarazo ni los matrimonios entre personas del mismo sexo aunque, a criterio de algunos abogados, sí abrían la posibilidad para su regulación en las leyes secundarias. 

La reforma final al artículo 1 de la Constitución que entregó Ulloa a Bukele reconocía “el derecho a la vida tanto del no nacido como de la gestante” y obligaba a que “en caso de colisión de derechos” entre la madre gestante y el no nacido “la ley establecerá lo pertinente”. 

Las organizaciones LGBTI habían solicitado que se reconociera el aborto legal “hasta la semana 12 del embarazo”, con autorización médica en casos excepcionales, lo cual dio pie para hacer ese cambio relacionado con la “colisión de derechos”.

Para las organizaciones, este era un tema  prioritario debido a que desde 1998 hasta 2019 se han contabilizado 181 casos de mujeres que han sido procesadas en el sistema judicial por emergencias obstécrica, según un informe de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto. Esto es así porque El Salvador es uno de los seis países en el mundo que prohíbe la interrupción del embarazo de manera absoluta. 

La Constitución de la República vigente establece en el artículo 1, inciso segundo, que “se reconoce como persona humana a todo ser humano desde el instante de la concepción”.  Este artículo, además de las creencias religiosas, ha sido usado por sectores que se oponen a la interrupción del embarazo aduciendo que “defienden la vida desde el momento de su concepción” y que el aborto es un “asesinato”.

En los últimos 23 años, diputados de izquierda y organizaciones defensoras de derechos de las mujeres han presentado cuatro propuestas a la Asamblea Legislativa con miras a quitar la penalización absoluta del aborto. La última propuesta que entregaron el 28 de septiembre de 2021 fue rechazada por la bancada mayoritaria de Nuevas Ideas. Las organizaciones pedían reformar el artículo 133 del Código Penal para la despenalización del aborto únicamente en tres causales: cuando la vida de la mujer esté en riesgo, cuando la vida del feto sea inviable y cuando el embarazo sea producto de estupro o violación en mujeres y menores de edad.

La propuesta de reforma que dejó el equipo ad hoc, y que fue descartada por Bukele, mantiene el reconocimiento de la persona humana desde la concepción, pero reconoce a su vez el derecho a la vida, tanto del no nacido como de la gestante y, en caso de “colisión de derechos”, la ley establecería lo pertinente.  

En el documento “Exposición de Motivos” el equipo ad hoc justificó que el reconocimiento de la “colisión de derechos” es consecuencia de la “evolución de los derechos fundamentales”, así como de varios tratados y convenios internacionales suscritos por El Salvador. 

El equipo citó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal sobre Derechos Humanos y dos resoluciones de la Sala de lo Constitucional que las organizaciones que defienden la despenalización del aborto han usado en numerosas ocasiones para solicitar al legislativo que elimine la prohibición: las sentencias de inconstitucionalidad 18-98 y 67/2010. 

Tanto el presidente Bukele como la actual Asamblea Legislativa han rehuído de un debate científico y jurídico sobre el aborto. En septiembre de 2018, Bukele dijo a GatoEncerrado que él es una persona que no está de acuerdo con el aborto, pero creía que debía aplicarse cuando la vida de la madre está en riesgo.

La abogada y representante de la organización “De la Mano Contigo”, Bessy Rios, quien formó parte de la mesa dogmática de discusión del equipo ad hoc, se mostró decepcionada por la decisión de Bukele y consideró que “se impuso el conservadurismo y opiniones dogmáticas religiosas”. 

El vicepresidente Félix Ulloa —designado por Bukele para liderar las reformas constitucionales— reconoció ante un medio internacional que el tema de la legalización del aborto no avanza por culpa de sectores conservadores poderosos, sobre todo de la Iglesia Católica en El Salvador.

Bessy Ríos, sin embargo, señaló que el vicepresidente Ulloa se comprometió a defender las propuestas presentadas por las organizaciones. Además, reclamó que el especialista español Cayetano Núñez, consultor del equipo ad hoc, no se reunió con las organizaciones a la hora de la redacción final de las propuestas, solo con la representante jurídica del Arzobispado de San Salvador.

Walter Hernández, miembro de la asociación Entre Amigos, quien llegó a formar parte del equipo ad hoc por invitación de Ríos, admitió que la redacción de las propuestas de reformas no eran explícitas, pero consideró que la acción de Bukele de rechazar las reivindicaciones fue una traición. “Lamentablemente, este señor presidente promete cosas y descaradamente revierte las cosas que él mismo ha planteado”, expresó. 

Para Sara García, representante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Bukele utilizó una vez más el tema del aborto para reafirmar su postura conservadora, ganar simpatía con la población y desviar la atención de otros temas.

Sobre la propuesta de reforma al artículo 1 de la Constitución que se había dejado, los abogados tienen opiniones distintas. 

Gabriela Santos, docente de la licenciatura en Ciencias Jurídicas de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), consideró que la propuesta no resolvería el problema, ya que en caso de “colisión de derechos” mandaba modificar la legislación secundaria. 

A criterio de Jonathan Sisco, abogado especialista en derecho constitucional, la modificación sí era el inicio de la interrupción del embarazo en casos puntuales, pero también dijo que no era necesario cambiar la Constitución, pues la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución 18-98 de 2007, ya había ordenado a la Asamblea Legislativa regular la colisión de derechos entre la madre gestante y el nasciturus. 

Organizaciones LGBTIQ pidieron ampliación de derechos familiares 

En cuanto a los derechos de las personas LGBTIQ, las organizaciones civiles no pidieron incluir el reconocimiento al matrimonio igualitario o entre personas del mismo sexo de manera explícita, pero sí propusieron ampliar los “derechos familiares”, con el propósito de posibilitar reformas a la ley secundaria. El equipo ad hoc retomó la propuesta y agregó al artículo 32 de la Constitución que la familia es la base fundamental de la sociedad “cualquiera que fuera su conformación”, y que “se constituye por el matrimonio o por otros vínculos jurídicos”. 

La justificación del equipo ad hoc para la modificación de este artículo no menciona en específico a la población LGBTI, pero sí reconoce que “no existe un modelo único de familia” y que estas pueden estar conformadas por personas que no sean jurídicamente parientes. El equipo concluyó que la familia va evolucionando y las normas constitucionales no pueden dejar de aceptar las nuevas formas de convivencia familiar. 

La Constitución vigente no prohíbe el matrimonio igualitario, sino el Código de Familia en el artículo 11, que dice: "El matrimonio es la unión legal de un hombre y una mujer". Por tanto, para permitir que hayan uniones de carácter civil o no matrimoniales es necesario reformar el Código de Familia. “Pero, tal como lo hemos visto, la Asamblea Legislativa no es progresista, no está a favor de los derechos de las mujeres y mucho menos de la comunidad LGBTI”, indicó Sisco. 

En el pasado, Bukele ha tenido dos posturas distintas sobre este tema. En 2014 dijo que quería estar del lado correcto de la historia como un “heteroaliado”. En 2018, su discursó cambió y sostuvo que respeta a la población LGBTI, pero creía que “el matrimonio era solamente entre hombre y mujer”.

Mónica Linares, de la organización Aspidh Arcoiris Trans, dijo a GatoEncerrado que en un inicio se sintieron satisfechas, al ser esta la primera vez que el sector trans era tomado en cuenta en una discusión tan importante, pero terminaron defraudadas y utilizadas por el gobierno.

Cambio de nombre: una propuesta ignorada

Otra propuesta discutida en la mesa dogmática, que finalmente quedó invisibilizada, fue la reforma al artículo 36 de la Constitución sobre el derecho al “cambio de nombre de su población no binaria y/o transgénero, en estos casos será la ley secundaria la que regulará esta materia”.

Las organizaciones defensoras de derechos de las poblaciones LGBTIQ han impulsado la Ley de Identidad de Género para las personas trans, la cual ha sido ignorada durante años e incluso archivada por la actual Comisión de la Mujer de la Asamblea Legislativa, liderada por el partido oficialista de Nuevas Ideas. Mónica Linares explicó que el cambio propuesto fue una estrategia que buscaba superar el histórico estancamiento del anteproyecto de ley. 

A pesar de esto, los términos “orientación sexual” e “identidad de género” sí quedaron reconocidos a nivel constitucional en la propuesta de reforma al artículo 3, en el que se definen las causales de discriminación. El equipo ad hoc justificó que se buscó hacer una enumeración de las causas de la discriminación y se reconoció que la población LGBTI está en “desventaja social, desigualdad y marginación”.

Salas cunas y pensiones

Angélica Rivas, representante de la Colectiva Feminista, destacó como positivo establecer en el artículo 34 el Sistema Nacional de Salas Cunas y lugares de cuidado para la niñez. Las salas cunas están contempladas en una ley aprobada a finales de mayo 2018, pero no se ha hecho efectiva aún porque el Ejecutivo pidió prórroga en dos ocasiones. Con la última, entrará en vigencia en enero de 2022. Al hacerse efectivo este servicio, muchas mujeres podrían acceder de manera gratuita a lugares adecuados donde dejar a sus hijos mientras trabajan. 

En tanto, Bessy Ríos destacó como logro la redacción del artículo 70, que garantiza un fondo especial para asegurar el pago de cuotas alimenticias para aquellos que por incumplimiento de los obligados no la reciben oportunamente. “Hay muchas pensiones que no han sido retiradas y la idea es que este dinero sirva con el tema de las salas cunas o para poder ayudar a los niños y niñas que no tienen ayuda económica, porque la PGR tiene un pasivo enorme”, dijo Ríos.

También celebró la inclusión del derecho a la pensión universal y dijo que las pensiones le corresponden tanto a personas en el sector formal como informal, “porque todos y cada uno pagamos impuestos”. 

La sombra de Bukele en el proceso

El involucramiento de algunas organizaciones feministas y defensoras de derechos de personas LGBTI empezó cuando el vicepresidente Ulloa invitó a la abogada y representante de la organización “De la Mano Contigo”, Bessy Ríos, a formar parte de la mesa dogmática, quien fue la encargada de proponer reformas a los artículos del 1 al 70, relacionados a derechos fundamentales, individuales y colectivos. Ríos, a su vez, convocó a Walter Hernández de la asociación Entre Amigos, y a Mónica Linares de Aspidh Arcoiris Trans; ambas organizaciones defensoras de los derechos de la diversidad sexual. 

Ríos explicó que decidió participar en el proceso para no permitir que fuera tan fácil hacer una nueva Constitución más “religiosa”. “Si te vas a hacer un gol, por lo menos (que sea) con defensa y poner portero, no dejarles la cancha libre”, expresó la activista. Hernández añadió que la intención era incidir de alguna manera, porque nunca pensó que “el presidente iba a ser benevolente con este tema, pero sí quería intentarlo”, dijo.

En la mesa dogmática, en la que se discutieron temas de género, también participaron representantes de la iglesia católica y evangélica, así como una integrante del Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (ISDEMU). En representación de la Colectiva Feminista, asistió Angélica Rivas, quien contó a esta revista que la Colectiva Feminista se integró a la mesa luego de presentar, al vicepresidente Ulloa, 855 cartas firmadas por ciudadanas que respaldaban su propuesta para ser tomadas en cuenta en la discusión.

El equipo ad hoc, liderado por Ulloa, ha sido cuestionado por organizaciones defensoras de derechos humanos, tanto a escala nacional como internacional, por ser un “mecanismo fraudulento utilizado por el Ejecutivo para reemplazar la Constitución actual”, tal como explicaron abogados especialistas en derecho constitucional a GatoEncerrado. 

Ríos explicó que desde un inicio estuvo en desacuerdo en cómo se hizo el proceso, pero que la reflexión de su colectivo fue que era mejor estar en la discusión. “Nosotros estuvimos, pues no somos de esa sociedad civil que solo critica de lejos”, mencionó y agregó que al participar se sentían con la solvencia moral de denunciar que sus demandas no fueron incluídas. 

Gabriela Santos, docente de la UCA, sostuvo que el anuncio del presidente Bukele de sacar las reformas fue grave, porque no es su función decidir cómo se va a reformar la Constitución, sino de la Asamblea Legislativa. “Decir:  ‘esto no va’, deja burlado el proceso que ellos mismos han dicho que ha tenido legitimidad y participación”, criticó.

El 16 de septiembre, un día antes de que Bukele rechazara las propuestas, diversas organizaciones hicieron una conferencia para denunciar que el proceso no contó con una consulta amplia para su elaboración.

Karla Guevara, representante jurídica de la Federación LGBTI, un conglomerado de ocho organizaciones, dijo a GatoEncerrado que la Federación no recibió una invitación formal y directa por parte de la vicepresidencia. 

Guevara consideró que las organizaciones que participaron fueron utilizadas y que, desde la toma de posesión del presidente Bukele, ha habido una división entre las organizaciones de la sociedad civil. Además, mencionó que el gobierno no se quiere sentar con todos los sectores ni con las organizaciones críticas, sino sólo con afines. 

A pesar de las discrepancias, Guevara dijo que el movimiento social debe mantenerse unido y fue por eso que en la conferencia, tanto organizaciones participantes y no participantes en la mesa dogmática, se opusieron al resultado final de las propuestas. 

García coincidió en que, si bien a través de la ley secundaria podrían reconocerse derechos, aclaró que las organizaciones buscaban “incidencia” y se limitaron a recoger las firmas.

Una representante de Colectiva Amorales, quien pidió anonimato, dijo a GatoEncerrado que fueron invitadas por una integrante de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, pero criticó que no fueron tomadas en cuenta desde un inicio y calificaron el proceso como arbitrario, por eso es que abandonaron las reuniones.

Ormusa no fue invitada a la mesa dogmática, pero sí recibió una solicitud de la vicepresidencia para enviar sus opiniones. “Solo se nos invitó a un espacio de socialización en el cual se nos invitó a llevar opiniones, pero consideramos que debíamos tener espacios más colectivos de intervención”, dijo Silvia Juárez, coordinadora del Programa para una vida Libre de Violencia de la organización. 

GatoEncerrado también buscó la opinión de Las Dignas, pero la encargada de comunicaciones dijo que no participaron en las mesas y que no podían dar una posición sobre el tema porque no había consenso en la junta directiva. 

Por su parte, Marcela López, representante de Ameyali dijo que ellas no participaron en la mesa dogmática porque no fueron convocadas; sin embargo, reconocen el trabajo que las organizaciones hicieron en la discusión con el equipo ad hoc. “Lo hicieron de buena fe para hacer alguna transformación; sin embargo, creemos que el resultado no fue ni lo que las organizaciones que participaron esperaban ni lo que la población necesita”, dijo. 

Para el abogado Sisco, el equipo ad hoc sorprendió la buena fe de las organizaciones de la sociedad civil: “Tenían la voluntad, confiaron en el proyecto del vicepresidente, pero hay una evidente maniobra política. El presidente (Bukele) ha demostrado su verdadero rostro, no solo conservador, sino reacio a reconocer más derechos y reivindicaciones históricas de muchas organizaciones de sociedad civil”, opinó.

Germán Rivera, presidente del Centro de Estudios Jurídicos, recordó que cuando organizaciones que luchan en favor de la transparencia y contra la corrupción asistieron a una reunión en Casa Presidencial, por invitación del presidente, también hubo debate sobre si fue correcto o no participar. 

Rivera opinó que “si querés un cambio, debes ofrecer algún tipo de propuesta, el punto es si eso se está considerando o no. En un Estado de derecho, con funcionarios maduros y que respetan la interacción con la sociedad civil (...) Tendrían el respeto de al menos discutir por qué no van (las propuestas)”, dijo, haciendo referencia al rechazo unilateral de Bukele a propuestas de las organizaciones.