Bitácora Política

Nuevas Ideas detuvo las reformas a la LAIP dos horas antes de cerrar la plenaria

El pasado 31 de enero, la  Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa aprobó un dictamen favorable con reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública, después de escuchar la opinión del presidente del Instituto de Acceso a la Información y de su gerente legal. Se preveía que fuera ratificado por el pleno en la sesión plenaria del día siguiente; sin embargo, Nuevas Ideas lo retiró a última hora sin dar explicaciones.  Las reformas se suman a una serie de retrocesos en transparencia y acceso a la información durante la gestión del presidente Bukele. 

Marcela Pineda, diputada de Nuevas Ideas y presidenta de la Comisión de Legislación. Foto de la Asamblea

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Por Marcela Benítez

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Dos horas con 23 minutos antes de que finalizara la sesión plenaria, la diputada de Nuevas Ideas, Marcela Pineda, pidió un cambio en la agenda. Esta vez no fue para solicitar una aprobación con dispensa de trámite, como usualmente lo hace la “Nueva” Asamblea, sino para retirar el dictamen 27 de las reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), que facultan a las instituciones a poner en reserva la información pública. 

El proyecto de reformas fue presentado por el ministro de gobernación Juan Carlos Bidegain Hananía el 13 de julio de 2021. Después de más de seis meses en espera,  la Comisión de Legislación, presidida por Pineda, retomó el tema el lunes 31 de enero. El mismo día avaló las reformas que van encaminadas a ampliar los plazos de respuesta a las solicitudes de información, la elección de comisionados, darle más facultades al presidente del Instituto de Acceso a la Información (IAIP) y permitir que las instituciones del Estado oculten la información oficiosa; es decir, aquella información que debe de estar a disposición de los ciudadanos en los portales de transparencia, sin necesidad de que la pidan. 

A pesar de que las reformas son consideradas como un retroceso y bloqueo al derecho de acceso a la información, el presidente del IAIP Ricardo José Gómez, y la gerente legal Gabriela Castillo, respaldaron los cambios a la normativa. 

“Hemos analizado las mismas y lejos de que se considere que esto limita o lesiona el derecho a la información y la protección a datos personales; al contrario, creemos que armoniza de una forma adecuada los procedimientos que como Instituto llevamos, precisamente para el tema que nos compete”, dijo el presidente del IAIP en la Comisión de Legislación, previo a que se aprobara el dictamen.

Una de las modificaciones más controversiales es que se  deja a criterio de las instituciones que clasifiquen como reservada toda la información oficiosa que está contemplada en el capítulo I del título II de la LAIP. A partir del artículo 10 al 18, establece los tipos de información que las instituciones, incluida la Asamblea Legislativa, Presidencia de la República, Corte Suprema de Justicia y alcaldías, deben de poner a disposición del público. 

Esta información oficiosa abarca desde el organigrama de cada institución, presupuestos, currículos de los funcionarios públicos, hasta los viajes, viáticos, salarios y listado de asesores. Es por medio de la información oficiosa que muchos casos de corrupción han sido descubiertos. 

Más cambios

Otra de las reformas pretendía darle mayores atribuciones al presidente del IAIP. Liduvina Escobar,  comisionada suspendida por el presidente Nayib Bukele, dijo que al darle más atribuciones al presidente se anula la capacidad de participación del resto de comisionados. “Eso hace  perder la lógica y el sustento que es una institución que no es presidencialista, sino que es una institución que responde a esa diversidad de sectores”, sostuvo Escobar.

Las reformas también modificarán el procedimiento de elección de comisionados. Los sectores propondrán al presidente de la República dos candidatos, ya no tres, como dice la ley actual. Los plazos de convocatoria y de elección serán establecidos vía reglamento por la Presidencia de la República, dándole la facultad al Ejecutivo de crear un marco normativo que le permita nombrar comisionados de forma exprés y sin un aviso previo a la ciudadanía.

La justificación del gobierno y de Nuevas Ideas para reformar la LAIP es que se pretende homologar los plazos con la Ley de Procedimientos Administrativos, lo cual implica que el plazo de respuesta se ampliará de 10 a 20 días. 

Wilson Sandoval, abogado del Centro de Asesoría Legal AntiCorrupción de Funde, consideró que la iniciativa por homologar los plazos es una excusa y vulnera los derechos de la ciudadanía. 

“No agilizan, sino que entorpecen, puesto que dilatan el procedimiento. No abona a que se garantice el derecho a una buena administración pública, que debería considerar la opinión de la ciudadanía antes de tomar este tipo de decisiones”, manifestó el abogado.

Las reformas también contemplan que en el caso de los recursos de apelación, que se presentan en el IAIP contra las instituciones por negar información, se podrá “prescindir de la audiencia si con la mera aplicación del derecho y con lo que obre en el expediente pueda decidirse sobre la naturaleza de la información”. Al prescindir de una audiencia, se le quita a la ciudadanía un espacio de defensa respecto a los conflictos que desee redimir frente al Instituto.

En medio de la alerta que despertaron estas reformas, a las 5:30 de la tarde este dictamen fue retirado del pleno legislativo y regresó a la Comisión de Legislación para su estudio.  Investigaciones periodísticas revelaron que esto fue debido a desacuerdos entre el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, junto a otros diputados, y el secretario jurídico de Presidencia, Connan Castro.

Nuevas Ideas no dio explicaciones. El diputado de Gana y aliado del oficialismo, Guillermo Gallegos, dijo que desconocía las razones y especuló que posiblemente se harán cambios.