Por Melissa Paises

La Asamblea Legislativa reformó el presupuesto 2022 para darle un refuerzo a la Fiscalía General de la República (FGR) por $14 millones, de los cuales $10, 934, 995 están destinados para el Centro de Intervención de las Telecomunicaciones y $3, 065,005 para litigios internacionales.

Esto ocurre en momentos en que salvadoreños han perdido la garantía constitucional que prohíbe la intervención de la correspondencia y las telecomunicaciones, y mientras investigadores de distintas entidades internacionales han confirmado el uso del spyware Pegasus para espiar a periodistas y críticos del gobierno.

Además, el fiscal general impuesto, Rodolfo Delgado, ha incumplido la obligación de rendir un informe confidencial anual a la Comisión de Legislación de la Asamblea Legislativa, según lo establece el artículo 48  de la Ley Especial de Intervención de las Telecomunicaciones. En febrero pasado, el diputado de Arena, René Portillo Cuadra, propuso pedir el informe, pero Nuevas Ideas no votó. 

El decreto, aprobado con dispensa de trámite, explica que la Fiscalía adquirirá una plataforma tecnológica de “vanguardia” para obtener información en corto tiempo, única y precisa sobre actividades ilícitas, en el marco del Régimen de Excepción.  

La iniciativa generó cuestionamientos desde la oposición porque podría usarse para espionaje y no para combatir el crimen. 

“Ha quedado demostrado que el Gobierno ha utilizado software de espionaje contra periodistas, opositores y defensores de derechos humanos. Ademas, una Fiscalía que no es independiente, y más bien está alineada al Ejecutivo, podría esperarse que utilice estas herramientas y recursos precisamente con esa finalidad y no con la intención de prevenir el delito y realmente atacar la criminalidad del país”, dijo el diputado de Nuestro Tiempo, John Wright Sol. 

“14 millones para reforzar el Centro de Escuchas Telefónicas, para reforzar la intervención de comunicaciones ¿Las comunicaciones de quién? ¿De los periodistas, de los defensores de derechos humanos? No sean hipócritas”, cuestionó la diputada de Vamos, Claudia Ortíz. 

En declaraciones a periodistas, el diputado del PCN y aliado del oficialismo, Reynaldo Cardoza, dijo que no tiene duda que su teléfono está intervenido, pero aseguró que no le molesta. 

“Si yo, Reynaldo Cardoza, ando hablando cosas indebidas, a mí no me ofende que me intervengan mi teléfono, siempre y cuando sea coherente con la realidad, porque no me van a poner algo que yo no he dicho (…) Sin duda alguna lo tengo intervenido, que no sé para qué lo querrán utilizar, pero tampoco andamos haciendo ni diciendo nada equivocado”, justificó.