Bitácora ambiental

Tala de bosque pone en riesgo el agua de comunidades de Apopa y Nejapa

La Asociación Comunal de Agua Potable denunció la tala ilegal de árboles en el bosque del cantón Joya Galana, en el municipio de Apopa. La presidenta de la asociación aseguró que la deforestación amenaza el debilitado caudal del río Chacalapa, de donde se abastece el sistema de agua que llega a más de 21 comunidades de Apopa y algunas de Nejapa. 

Foto/ Cortesía

Por Marvin Díaz

Por Marvin Díaz

La Asociación Comunal de Agua Potable ARA pidió nuevamente al Juzgado Ambiental de Santa Tecla que decrete medidas para detener la tala de árboles y trabajos de terracería en el bosque del cantón Joya Galana, cercano al redondel integración del municipio de Apopa, una zona de máxima protección ambiental y de recarga acuífera.

Según la asociación, la deforestación pone en riesgo a su sistema de agua que abastece a más de 21 comunidades de Apopa, entre esas el bloque Valle El Ángel, Santa Carlota 1 y 2, Campo de Oro y Pitarrillo 1, 2 y 3 que pertenecen a Nejapa. La presidenta de la asociación, Johana Mejía, dijo que además dan servicio de pipas a la comunidad El Morro, que se quedó sin agua tras secarse una cuenca.

“La deforestación y terracería presumimos que se podrían estar realizando dentro del inmueble de los señores Rodrigo Antonio Martín Méndez y Antonio Alberto Martín Ortiz. También, presumimos que se están realizando sin el permiso del Ministerio de Medio Ambiente (MARN) ante el cambio de uso del suelo o sin el permiso del Ministerio de Agricultura (MAG), por la tala de árboles”, señaló la asociación en la denuncia presentada en el juzgado, el pasado 23 de agosto.

El sistema de agua de la asociación se abastece del río Chacalapa y se encuentra a dos kilómetros de la zona talada. Tiene ocho cajas de captación de agua, pero cuatro ya no funcionan, por la disminución del caudal. “Destruir un bosque es atentar contra la vida de toda la gente”, dijo Mejía.

La líder aseguró que los terrenos deforestados, posteriormente, son usados para parqueo de vehículos y siembra de maíz.

Después de acudir al juzgado, los representantes de las comunidades se reunieron con la alcaldesa de Apopa, Jennifer Juárez, quien se comprometió a enviar al personal del Cuerpo de Agentes Metropolitanos (CAM) para detener las máquinas.  Sin embargo, a través de una transmisión en vivo de Facebook, la asociación denunció que las máquinas seguían destruyendo el bosque.

“Nadie hace nada”

Desde el año pasado, los pobladores han presentado denuncias por la tala, quema de árboles y terracería en la zona de máxima protección del bosque.

El 22 de noviembre de 2021, presentaron dos denuncias en contra de los propietarios de los terrenos: Rodrigo Antonio Martín Méndez y Antonio Alberto Martín Ortiz.

El juzgado decretó medidas cautelares para detener cualquier actividad de deforestación y cambio de uso de suelo en el bosque. Asimismo, solicitó la remoción de la terracería y descapote que había sido colocada en el río.

Según las resoluciones, los propietarios de los terrenos realizaron la tala sin tener los permisos del Medio Ambiente, del Ministerio de Agricultura, la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (OPAMSS) y la alcaldía de Apopa.

El 3 de enero de 2022, el juzgado notificó a Rodrigo Antonio Martín de las medidas cautelares impuestas; mientras que Antonio Alberto Martín fue informado el 8 de abril de 2022. A partir de ese tiempo, ambos tenían un mes para cumplir con las órdenes del juzgado ambiental. 

El pasado 23 de agosto, las comunidades denunciaron ante el Juzgado Ambiental de Santa Tecla la tala de árboles en el bosque del cantón Joya Galana en el municipio de Apopa.

La asociación también ha presentado denuncias ante los ministerios de Medio Ambiente, Agricultura y la Fiscalía General de la República (FGR). Sin embargo, lamentaron que las autoridades se han limitado a realizar inspecciones e informes técnicos.

“En este caso todos se tiran la pelota. Llegó el Ministerio de Agricultura y dijo que no era su competencia y resolvió que no había tala. Llegó el MARN para hacer inspección y hacer sus informes técnicos, y no pasó nada”, dijo la presidenta de la asociación. 

La Unidad de Delitos de Medio Ambiente de la FGR tiene abierta una investigación y ya fueron citadas dos lideresas de la asociación “con el fin de realizar diligencias de investigación que se siguen en las institución”.