Por Karen Moreno

La nueva jueza asignada al caso El Mozote y sitios aledaños, Mirtala Teresa Portillo de Cruz, negó el acceso a los medios de comunicación a la sala de audiencias del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, en el departamento de Morazán. La decisión fue tomada por la juzgadora a pesar de que el proceso es público y sin reserva desde que se reabrió en 2016.

El juzgado impidió el ingreso de la prensa supuestamente “para evitar la revictimización” de los primeros cinco testigos que fueron convocados este 31 de octubre a las 9:30 a.m., según explicó a GatoEncerrado la comunicadora de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Mirna Sánchez.

En tanto, la secretaría del juzgado no respondió cuando esta revista le consultó cuáles eran los motivos de no permitir el ingreso de los medios. Mientras que el personal de seguridad del centro judicial se limitó a contestar que era una orden.

Sánchez aseguró que las víctimas solicitaron la ausencia de periodistas en la sala. Contrario a esa versión, Leonel Claros, representante de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote, dijo que no tenía conocimiento de que las víctimas hubieran pedido declarar sin la presencia de la prensa.

David Morales, abogado de la organización Cristosal y querellante del caso, explicó que no existían razones legales para tomar dicha decisión.

“La publicidad de los juicios penales es una garantía para las partes, tanto para los imputados como para las víctimas. Además, el caso es de interés para toda la sociedad salvadoreña y la comunidad internacional porque, como declaró el juez anterior, es un crimen de lesa humanidad”, opinó Morales. Agregó que, en todo caso, la solicitud debió realizarse frente a todas las partes.

La presidenta de la Asociación de Periodistas de El Salvador (Apes), Angélica Cárcamo, escribió en su cuenta de Twitter que el Centro de Monitoreo de la asociación está dándole seguimiento al caso.

La  jueza Portillo relevó al juez anterior Jorge Guzmán el 29 de septiembre de 2021, luego de que la Asamblea Legislativa, controlada por el partido de Nayib Bukele, aprobó un decreto que cesó automáticamente a jueces, magistrados y empleados judiciales con más de 60 años o 30 años de carrera. El mismo decreto dio el aval a la Corte Suprema, impuesta por el oficialismo, para nombrar a funcionarios sin pasar un proceso de selección. 

Portillo, además de no permitir el acceso a la prensa, ha decidido utilizar el Código Procesal Penal de 1973 y no la normativa vigente. Los abogados esperan que este cambio en las reglas no repercuta en las víctimas.