
Los siete líderes comunitarios de la Hacienda La Labor, en Ahuachapán, que fueron capturados en 2021 tras protestar en contra de la inmobiliaria Fénix S.A. de C.V. por la extracción ilegal de agua, tendrán que enfrentar nuevamente el proceso judicial del que ya habían sido liberados provisionalmente. Así lo decidió la Cámara de la Tercera Sección de Occidente, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) apelara a la resolución que los dejó temporalmente en libertad luego de haber sido acusados del delito de ocupación violenta de espacios comunales, habitacionales o de trabajo.
Rosa Cinco, David Escalante, Jorge Zúniga, Érika Solozarno, Kevin Menéndez, Mario Cinco y Adonaldo Artero, han sido citados para que se sometan una vez más la audiencia preliminar el 20 de diciembre, a las 10:30 de la mañana, en el Juzgado de Instrucción de Ahuachapán, según consta en un citatorio judicial al que obtuvo acceso GatoEncerrado.
El 13 de septiembre de este año, el caso finalizó provisionalmente cuando el juez de Instrucción decidió sobreseer de forma temporal a los líderes comunitarios bajo el argumento de que las pruebas eran insuficientes para que se hiciera un juicio. El juez también otorgó un año al Ministerio Público para que presentara nuevas pruebas. Sin embargo, la Fiscalía apeló la decisión, según explicó a la Cámara, porque el juez no tomó en cuenta varios elementos de prueba y que no se estudió un informe de la Policía Nacional Civil (PNC) ni se valoraron entrevistas que presentaron los fiscales.
Tras la apelación, la Cámara resolvió, en un plazo de dos meses, a favor de la Fiscalía. Ordenó al Juzgado de Instrucción que abriera nuevamente el caso y revocó el sobreseimiento provisional que tenían los defensores del agua, según se detalla en la resolución con número de referencia 614-UDPP-21. El sobreseimiento incluía la suspensión de las medidas cautelares que tenían los líderes comunitarios como ir al Centro Judicial Romeo Fortín Magaña a firmar cada 15 días, no salir del país y no acercarse a los terrenos de la inmobiliaria Fénix.
Uno de los defensores del agua de La Labor dijo GatoEncerrado que se siente sorprendido por la nueva resolución de los magistrados de la Cámara, ya que esta misma instancia concluyó en enero de 2022 que las acusaciones en contra de los imputados no encajaban en el delito por el que eran procesados.
“Nos hemos quedado espantados con la noticia. Nuevamente la zozobra y la intranquilidad llega a nuestras familias pobres. Hay suficientes pruebas que comprueban que en ningún momento se utilizó ningún arma y que no se privó a nadie”, dijo uno de los defensores del agua.
Miguel Ángel Rivas, abogado de los líderes comunitarios, explicó a GatoEncerrado que el 20 de diciembre se realizará una “audiencia especial” donde el juez podrá conocer las pruebas que presentarán la parte fiscal y la defensa de los implicados para evaluar si el caso merece pasar a la etapa de juicio.
“En esa audiencia especial se va a tratar las pruebas que va aportar la Fiscalía y la defensa (…) Obviamente va apertura a juicio, es decir, vamos a ir a vista pública ya el otro año. Es una audiencia especial para discutir qué prueba le va admitir o no a Fiscalía y a la defensa”, explicó Rivas.
Será en la etapa de juicio que se conocerá si los defensores del agua de La Labor son condenados o dejados en libertad, agregó el abogado Miguel Ángel Rivas.
“Sería un juez de sentencia que valore esa conducta y que valore la participación de los imputados en un juicio. Existen dos escenarios: El juez puede ordenar una sentencia condenatoria o una resolución absolutoria”, agregó.
En octubre de 2021, cuando los habitantes de la Hacienda La Labor notaron que el agua que les llegaba a sus viviendas era cada vez menos, investigaron qué estaba ocurrieron y descubrieron que en los terrenos de la inmobiliaria Fénix se estaba extrayendo agua de forma ilegal. Así que siete líderes comunitarios y vecinos protestaron denunciando que la empresa no tenía los permisos correspondientes para extraer el agua en un terreno que será utilizado para construir el proyecto urbanístico Eco Terra Hacienda.
Luego de la protesta, el 26 de octubre de 2021, los apoderados legales de Fénix interpusieron una denuncia en contra de los defensores del agua por supuestamente haber invadido violentamente el terreno de la inmobiliaria y haber agredido a empleados de la empresa. Con la denuncia, la Fiscalía ordenó la captura de los siete defensores del agua, pero la Policía Nacional Civil (PNC) solo logró ubicar y capturar a tres de ellos. Los demás se presentaron voluntariamente al proceso judicial en su contra.
En enero de 2022, la Cámara de la Tercera Sección de Occidente de Ahuachapán concluyó que las acusaciones en contra de Rosa Cinco, Jorge Zuniga y David Escalante —quienes estuvieron detenidos por más de dos meses en centros penales— no encajaban en los delitos que les imputaban, según explicaron los magistrados en su resolución con número de referencia 614.UDPP-21. Por lo que liberaron a los tres y ordenaron que siguieran el proceso judicial en libertad.
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