Por Marvin Díaz

El Juzgado de Instrucción de Ahuachapán decidió que los siete defensores del agua de la Hacienda La Labor tienen que volver a someterse a las medidas cautelares de las que se habían librado temporalmente y seguir con el proceso judicial del que habían sido sobreseídos provisionalmente por falta de pruebas. La decisión del juez fue notificada este martes 20 de diciembre, en una audiencia especial, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) insistió en que el caso no debía suspenderse.

Tres de los siete defensores del agua fueron capturados en noviembre de 2021 y los otros cuatro se sometieron voluntariamente al proceso judicial tras ser acusados del delito de ocupación violenta de espacios comunales, habitacionales o de trabajo, luego de protestar en contra de la extracción ilegal de agua que la inmobiliaria Fénix S.A. de C.V. estaba haciendo en un terreno en el que desarrolla un proyecto urbanístico y por el cual la comunidad se estaba quedando sin agua potable. En septiembre de 2022, los siete fueron sobreseídos provisionalmente por el Juzgado de Instrucción de Ahuachapán bajo el argumento de que las pruebas presentadas por la Fiscalía eran insuficientes para realizar un juicio.

La Fiscalía apeló esa decisión ante la Cámara de la Tercera Sección de Occidente, donde expuso que el Juzgado no tomó en cuenta todas las pruebas ni valoró todos los testimonios que presentó en contra de los defensores del agua. Tras esa apelación, el pasado 11 de noviembre, la Cámara ordenó al Juzgado que abriera nuevamente el caso y que considerara una vez más las pruebas de la Fiscalía. Fue por esta orden que el Juzgado realizó una audiencia especial este 20 de diciembre, en la que volvió a imponer las medidas cautelares que habían sido suspendidas a los siete líderes comunitarios, como presentarse a firmar cada 15 días al Centro Judicial Romeo Fortín Magaña, no salir del país y no acercarse a los terrenos de la inmobiliaria Fénix.

En esta nueva audiencia, tanto la Fiscalía como los querellantes de la empresa Fénix solicitaron al juez que mantuviera las restricciones contra Rosa Cinco, David Escalante, Jorge Zúniga, Érika Solozarno, Kevin Menéndez, Mario Cinco y Adonaldo Artero, según explicaron dos abogados de los acusados a GatoEncerrado.

“El sobreseimiento provisional cortó las medidas, pero al reiniciarse el proceso, las medidas vuelven (…) Incluso, déjeme decirle, que la Fiscalía y la querella (de Fénix) solicitó que se mantuvieran las medidas cautelares. Es decir, que no se impusieran medidas más graves”, dijo Ricardo Martínez, uno de los abogados de los acusados, quien explicó que en esta ocasión la Fiscalía no insistió en que los defensores del agua debían guardar prisión.

Esta revista preguntó al fiscal del caso y a dos miembros de la querella de Fénix el por qué solicitaron al juez que mantuviera las medidas contra los defensores del agua. Ninguno quiso explicar y contestar las interrogantes de este medio.

“No estoy autorizado para dar declaraciones. Se mantienen las cosas como estaban antes”, dijo escuetamente el fiscal del caso.

Durante la reanudación del caso, el juez también admitió varias pruebas de la Fiscalía, entre ellas: testimonios de empleados de Fénix y miembros de la Policía Nacional Civil (PNC) y los libros de informes. A juicio de los abogados de los líderes comunitarios, las pruebas admitidas son las mismas que presentó inicialmente la Fiscalía. Es decir, son las mismas por las que el juez consideró que eran insuficientes para enviar el caso a la etapa del juicio.

De acuerdo con los abogados, y a pesar de las pruebas insuficientes, el caso pasará a la etapa de juicio en 2023. 

Cuatro de los siete acusados, que hablaron con GatoEncerrado, lamentaron que nuevamente tengan medidas cautelares en su contra. Señalaron que la decisión del juez fue injusta porque la comunidad estaba defendiendo el derecho al agua. Los líderes dijeron que el proceso judicial los está afectando psicológicamente, pero también en su economía familiar.