Por Beatriz Benítez

Ampliar el trabajo de la UNIDEHC no fue solo la respuesta a la coyuntura del país. Para Ivania se convirtió en una urgencia personal. Una labor en la que tuvo que involucrarse a fondo, a pesar de estar en una etapa de su vida que requería toda su atención. 

En noviembre de 2020 había dado a luz a su primer hijo, por lo que estaba de licencia y dedicándose a tiempo completo a la maternidad. Pero esa pausa fue apenas un breve paréntesis. En febrero de 2021, cuando su bebé cumplía tres meses, la Policía capturó a su hermano Ever Stanley Henríquez Cruz. La Fiscalía lo había marcado como uno de los implicados en el “Caso Monarca”. 

En ese momento, el instinto de abogada la hizo ponerse en pie y liderar la defensa legal de su hermano. Suspendió la lactancia de golpe y dejó a su niño al cuidado de la abuela. Era un asunto que no podía postergar y, como defensora, sintió que debía ponerse en primera fila de la batalla legal. 

“Ahí tuve que hacer sacrificios, como los primeros meses que hubiera querido dedicarle a mi hijo. Le quité la lactancia materna y lo dejé a cargo de mi madre. Yo, en ese momento, dije que tenía que asumir la defensa legal de mi hermano. Recuerdo que en ese tiempo estaban desarticulados los partidos políticos y las organizaciones también, y Bukele estaba en su máxima popularidad”.

En esa época, El Salvador comenzaba una caída libre hacia el cierre del espacio cívico y democrático. Los partidos políticos tradicionales habían perdido las elecciones legislativas y municipales, como consecuencia del rechazo ciudadano a su historial de corrupción. Mientras ese viejo poder político se derrumbaba, Bukele y su partido Nuevas Ideas estaban conquistando la opinión pública, bajo la promesa de una refundación nacional. Al mismo tiempo, las organizaciones de la sociedad civil empezaban a chocar contra muros burocráticos, bloqueos sistemáticos y el desprestigio que difundía el gobierno. 

En medio de ese momento político, Ivania se levantó para coordinar la defensa legal de su hermano. Pero en el camino, asegura, se encontró con que no se trataba de un caso aislado, sino de un patrón de persecución política.

“Para mí, ese Caso Monarca, en el que se fue en cuenta mi hermano, fue como una venganza política (del Gobierno de Bukele) en contra de exfuncionarios del FMLN”, señala Ivania.

La respuesta de Ivania ante los casos de presos políticos, en coherencia con su trayectoria, fue unirse a compañeros de su equipo y de otras organizaciones sociales para cofundar el Comité de Familiares de Presos Políticos de El Salvador (Cofappes). Como vocera de ese comité, denunció las irregularidades del “Caso Monarca” y de otros casos que consideraba como persecución política.

El Caso Monarca fue un proceso de investigación, según la versión oficial de la Fiscalía, contra la corrupción municipal en Zacatecoluca, La Paz. Pero Ivania y organizaciones de sociedad civil afirman que la acusación en tribunales se sostuvo sobre la ilegalidad institucionalizada, con detenciones arbitrarias y un uso de la prisión preventiva diseñada para castigar a los detenidos sin antes haber sido condenados. 

El ensañamiento fue tal que la propia Corte Suprema, a solicitud de Cofappes, tuvo que abrir una investigación disciplinaria en contra de la jueza que llevaba el caso por “mantener en prisión ilegal” a los procesados que tenían medidas sustitutivas a la prisión.

El hermano de Ivania, quien había sido el cuarto regidor de la alcaldía de Zacatecoluca, pasó 23 meses en prisión, hacinado entre reos comunes y pandilleros, bajo un régimen de aislamiento que la familia denuncia como tortura médica y psicológica. Perdió casi dos años de su vida en prisión hasta que los jueces lo liberaron en un proceso separado y con una fianza de $25,000. 

La libertad de su hermano no trajo la paz para Ivania, sino el chantaje. Tan pronto como salió de la cárcel, Ivania recibió una amenaza anónima para que dejara de hacer su trabajo en defensa de las comunidades en procesos de desalojos, de los presos políticos, de los inocentes capturados bajo el régimen de excepción y de la denuncia de la corrupción gubernamental. 

“‘Bueno, ya sacamos a tu hermano y ahora te quedas callada’, así decía esa amenaza que me llegó. Me querían chantajear. Entonces, le dije a mi hermano que se tenía que ir del país y él se fue al exilio. Y yo le dije: ‘Yo estoy en una posición en la que ya no puedo dar marcha atrás’. Aunque saqué a mi hermano, yo no quise dejar la lucha porque ya estaba muy involucrada y no podía dejar solas a las madres y mujeres que pedían apoyo legal afuera de las cárceles”. 

Esas madres y mujeres, a las que se refiere Ivania, son las que conoció cuando ella misma iba a las cárceles a dejarle paquetes de comida y utensilios de higiéne personal a su hermano. Mientras hacía largas filas para entregar los paquetes, platicaba con esposas, hijas y madres de hombres pobres e inocentes capturados bajo el régimen de excepción. Junto con ellas, también era denigrada por los custodios que las maltrataban y las insultaban acusándolas, sin pruebas, de ser familiares de pandilleros y, por lo tanto, que no merecían respeto. 

“Los custodios te discriminan, te preguntan: ‘¿La mujer de qué pandillero sos?’. Afuera de los centros penales vivís mucho estigma. Y yo cada vez me iba como envolviendo en esa situación. Y yo decía: ‘No solo nosotros somos víctimas, sino que hay mucha gente que está en esta situación’. Y, entonces, aunque mi hermano salió libre, yo no me quise salir del país”.

Cuando el hermano de Ivania se exilió, la familia ya estaba fragmentada. Antes de Ever Stanley, dos hermanas ya se habían exiliado en Madrid, España, tras observar que vehículos las seguían o que permanecían afuera de sus casas. 

“Cuando ya me convertí en figura pública, luego de denunciar los casos de presos políticos, vinieron las consecuencias. Vimos vigilancia estatal, que en ese momento no la podíamos denunciar. Yo solamente comencé a documentar la vigilancia de los vehículos, la de mi casa, la de mis hermanos y mis hermanas. Ellas, mis hermanas, no aguantaron la presión. Es que ellas nunca han andado en cuestiones políticas. Así que no aguantaron la presión y en el 2022 decidieron irse del país”, explica.

Dos años después, en mayo de 2024, el exilio alcanzó a su padre. Ese mes, la narrativa oficial se tejió alrededor de un supuesto atentado con explosivos, supuestamente coordinado por la oposición, para sabotear la segunda investidura presidencial de Bukele. El desenlace del caso fue la captura de un grupo de veteranos de guerra, hombres de edad avanzada y cuerpos enfermos, a quienes la Fiscalía todavía no les ha probado contundentemente ninguna conspiración terrorista.

El padre de Ivania, aunque ajeno a ese grupo de veteranos detenidos, leyó en el caso una señal definitiva para irse del país. Concluyó que la persecución política era un hecho en contra de excombatientes, como él, y que quedarse era un riesgo. Así que, tras ordenar sus asuntos, también se marchó.

“Mi papá fue veterano, fue excombatiente. Entonces él decide irse porque estaba viendo que la situación estaba cada vez peor”, recuerda.

En San Salvador, la labor de Ivania en la UNIDEHC persistió, pero bajo un acoso policial que cada día se volvía más intenso. Los agentes ya ni se esforzaban en ocultarse mientras hacían la vigilancia. Inicialmente, se quedaban cerca de las oficinas y de las casas de Ivania y sus compañeros. Luego, les daban seguimiento en vehículos. Después, instalaron retenes frente a las oficinas y las viviendas, donde los registraban. Cada vez que la organización convocaba una actividad, la Policía también aparecía para exigir documentos, una situación que Ivania señala como intimidación diseñada para sembrar el miedo.

Para salvaguardar la información de los casos y seguir un protocolo de seguridad ante el constante acoso policial, Ivania y su equipo decidió instalar cámaras de seguridad. Con esto, explica, se estaban preparando para posibles capturas.

“Desde 2021, yo tenía conocimiento sobre un listado de posibles capturas. Eran 62 personas en aquel tiempo, la mayoría funcionarios (de los gobiernos del FMLN). A esa lista, según fuimos conociendo, se fueron sumando periodistas, sindicalistas y gente que asistía a las marchas. También tuvimos conocimiento de que la Fiscalía y la Policía elaboraron unas fichas de estas personas, yo incluida, que se actualizaban con información nuestra de lo que denunciábamos públicamente en redes, en conferencias y en las marchas. Así que cada vez estábamos en una línea bien frágil y nosotros nos preguntábamos: ‘¿Cuándo va a llegar nuestro turno de ser capturados?’”. 

Tal y como lo suponían, ese día de las capturas y allanamientos llegó. Fue el 25 de febrero de 2025. Desde Bilbao, Ivania pudo ver en tiempo real lo que transmitían las cámaras de seguridad instaladas en las oficinas y en su casa.

Fue esa noche cuando pudo observar, en la pantalla de su celular, a los policías forzando la puerta de su casa y entrando con armas de fuego apuntando al rostro de su madre. Con impotencia, vio cuando se llevaron detenido a su compañero Fidel Zavala, quien había denunciado las torturas en las cárceles y la responsabilidad del director general de Centros Penales, Osiris Luna. 

En medio del dolor, el único consuelo fue que su hijo se encontraba fuera de El Salvador y por eso no tuvo que ver la brutalidad con que los policías irrumpieron en la casa. 

“Por suerte, porque yo también he denunciado que nadie me iba a revertir el trauma que le iban a dejar a mi hijo, porque a esa hora, ese día, era muy seguro que mi niño estuviera al cuidado de mi mamá en la casa. O sea, fue gracias a Dios que el niño había salido. La única fue mi mamá, que me tocó sacarla después”.