Derechos humanos
Expulsadas
El exilio de cuatro mujeres que denunciaron los abusos del Gobierno de Bukele
Liduvina
Ingrid
Mónica
Ivania
Por Beatriz Benítez
Edición: Ezequiel Barrera
Con apoyo de Metzi Rosales
Mayo 11, 2026
Liduvina Escobar salió de El Salvador con lo que pudo meter en una sola maleta. Se fue de forma preventiva, pero esa salida se volvió definitiva. Ingrid Escobar salió con su hija e hija con lo que andaban puesto y con la ropa necesaria que pudieron meter en sus maletas. Mónica Rodríguez se despidió de su mamá y encargó sus queridos gatos y gallinas a sus amigos. Ivania Cruz estaba en España, en un viaje de trabajo, cuando observó, a través de las cámaras de su casa, cómo la Policía allanaba su vivienda y la buscaba para capturarla. Así que se quedó en Europa, donde buscó refugio.
Ninguna de las cuatro quería irse de El Salvador, pero tuvieron que hacerlo para protegerse y escapar de la ira y persecución política del Gobierno de Nayib Bukele, conocido internacionalmente por ser intolerante a la crítica, al disenso, al periodismo y a los defensores de derechos humanos.
En El Salvador, defender derechos humanos, exigir transparencia o simplemente disentir con la narrativa oficial se ha convertido en un riesgo que ha llevado a la cárcel o al exilio a cientos de personas. La organización Cristosal ha documentado al menos 245 casos de persecución política entre 2019 y 2025, durante la administración de Nayib Bukele, quien el 1 de mayo de 2021 consolidó el control de los tres poderes del Estado. En esa fecha, con la Asamblea Legislativa controlada por su partido Nuevas Ideas, descabezó el sistema judicial. Sus diputados destituyeron a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que le hacían contrapeso, y también expulsaron al fiscal general, que tenía investigaciones en curso por la corrupción del gobierno. En su lugar, el oficialismo impuso magistrados afines al bukelismo y a un fiscal alineado con los intereses del mandatario.
Desde ese momento, comenzó un éxodo de magistrados, de funcionarios que no estaban dispuestos a alinearse con los intereses de Bukele, académicos, periodistas, ambientalistas, defensores y de voces críticas. El éxodo se hizo especialmente visible entre mayo y junio de 2025, pero sus raíces son anteriores.
Bertha Deleón es uno de los primeros rostros visibles del exilió ante la persecución y acoso judicial. Se fue del país en agosto de 2021 con su hija hacia Estados Unidos. Cuatro meses después, obtuvo el estatus de refugiada en México.
Sumado al exilio ligado al golpe judicial, que provocó el inicio de la cacería del Gobierno de Bukele en contra de los disidentes, vino el régimen de excepción. Desde marzo de 2022, El Salvador vive bajo un régimen prorrogado mes a mes que suspendió garantías constitucionales básicas —como el derecho a conocer las razones de una detención, contar con defensa legal, ser presentado ante un juez en 72 horas— y que hasta mayo de 2026 había resultado en más de 91 mil 650 capturas supuestamente vinculadas a pandillas. Aunque, en la práctica, también hay casos documentados de capturas arbitrarias en contra de personas inocentes y personas que el gobierno considera incómodas.
En ese clima, el arresto de Ruth Eleonora López, abogada y jefa de la unidad anticorrupción de Cristosal, envió un mensaje que Liduvina, Ingrid, Mónica e Ivania entendieron igual: la represión puede alcanzar a cualquiera, en cualquier momento.
A la captura de Ruth se sumaron, en mayo de 2025, los arrestos de otras personas defensoras, la represión de una manifestación de cooperativistas y la aprobación de la Ley de Agentes Extranjeros, un mecanismo que la sociedad civil interpreta como un instrumento directo de silenciamiento.
Debido a toda esa situación, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) registró la salida del país de 43 periodistas solo entre enero y el 9 de junio de ese año, la mayoría durante mayo.
En tanto, el gobierno salvadoreño ha negado ante audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que haya persecución contra defensores o detenciones arbitrarias.
A pesar de la postura oficial, Liduvina, Ingrid, Mónica e Ivania son parte del éxodo de personas que fueron expulsadas por hacer su trabajo y su compromiso con los derechos humanos. Hoy viven en Estados Unidos, México, Guatemala y España. Desde esos países, donde han encontrado refugio, enfrentan el dolor del desarraigo, la desintegración familiar y el limbo legal. Y ninguna se arrepiente.
Estas son sus historias.
Liduvina Escobar,
Comisionada de transparencia
Liduvina Escobar se tomó en serio su trabajo como comisionada de transparencia en el Instituto de Acceso a la Información (IAIP). Acompañó resoluciones para que el Ministerio de la Defensa abriera archivos militares sobre crímenes cometidos por el Ejército en el conflicto armado. Además, procuró que las instituciones hicieran pública la información de interés para la ciudadanía. Eso incomodó al gobierno, que prefiere moverse entre las sombras, ocultar información y aborrece la rendición de cuentas. En respuesta a su trabajo vino Nayib Bukele y la acusó públicamente de ser parte del “último bastión del FMLN”, luego el acoso policial se volvió insoportable y finalmente el mandatario la destituyó de su cargo.
Ingrid Escobar,
Directora del Socorro Jurídico
Desde que Ingrid Escobar comenzó a exigir justicia en medio del régimen de excepción, por los sindicalistas y personas inocentes detenidas arbitrariamente y torturadas, tenía la sospecha de que iba a ser la siguiente en la lista de las detenciones del Gobierno de Bukele. El acoso policial, los seguimientos y vigilancia eran tan intensos que decidió desplazarse internamente, con un diagnóstico de cáncer. El sábado 7 de junio de 2025, un amigo y dos periodistas le advirtieron que tenían información de su inevitable captura. Le aconsejaron que se fuera de inmediato del país. Así que tomó a sus dos hijos y se marchó.
Mónica Rodríguez,
Periodista
La periodista comunitaria Mónica Rodríguez tuvo que irse a Guatemala para refugiarse. Luego de una larga trayectoria denunciando los impactos de la minería metálica, la corrupción gubernamental y las violaciones a derechos humanos, su vivienda fue allanada por la Policía y la Fiscalía. Los agentes confiscaron sus herramientas de trabajo, como computadoras, discos duros y celulares. Después, tuvo que escapar porque agentes la comenzaron a buscar por haber grabado a la Policía Militar y a la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) cuando reprimió a mujeres, niños y niñas de una comunidad empobrecida.
Ivania Cruz,
Defensora de derechos humanos
Ivania fue perseguida por el Gobierno de Bukele hasta en el exilio
Mientras Ivania Cruz denunciaba en Europa los atropellos del régimen salvadoreño, su casa y sus oficinas fueron allanadas en San Salvador. Su colega Fidel Zavala junto a una veintena de líderes comunitarios fueron capturados y ella tuvo que quedarse en un exilio forzado. Por si no fuera suficiente, el gobierno de Bukele activó a la Interpol para cazarla en España y meterla en el calabozo.
Los hechos y datos clave
*Este reportaje ha sido producido en el marco de la beca de producción periodística de DW Akademie y el Instiuto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) y se enmarca en el proyecto global “Space for Freedom”, que a su vez forma parte de la iniciativa Hanna Arendt, promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.
