Por Beatriz Benítez*

Cuando Bukele llegó a la Presidencia de la República, en 2019, el Instituto de Acceso a la Información Pública comenzó un progresivo deterioro hasta llegar a una situación de total sometimiento a los intereses del gobierno. Si bien esta institución no era ajena a tener comisionados con afinidad al gobierno de turno o que tomaran decisiones polémicas, nunca antes había estado completamente subordinada a las órdenes de Casa Presidencial. 

Desde su creación en febrero de 2013, el IAIP funcionó como una garantía para que la ciudadanía pudiera saber en qué se gastaban los impuestos y pedir cuentas a los gobernantes sobre sus viajes oficiales, patrimonios y la ejecución de proyectos. En 2015, el Instituto sentó un precedente al ordenar que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) hiciera pública las declaraciones patrimoniales de los funcionarios. 

Esa decisión permitió que la ciudadanía pudiera conocer las declaraciones patrimoniales de entrada y salida de los expresidentes Francisco Flores (1999-2004), Antonio Saca (2004-2009) y Mauricio Funes (2009-2014). Así como la declaración de entrada del presidente de ese momento Salvador Sánchez Cerén (2014-2019). 

Por un momento, la transparencia pareció ser la norma en un país con tradición de corrupción. 

Francisco Flores fue acusado de desviar 15 millones de dólares en donaciones de Taiwán destinadas a las víctimas del terremoto de 2001. Aunque fue acusado formalmente, murió impune y bajo arresto domiciliario sin que su juicio concluyera. Antonio Saca sí fue condenado en 2018 a 10 años de prisión por desviar y lavar más de 300 millones de dólares del erario. Mauricio Funes falleció en 2025 en Nicaragua, con condenas pendientes por enriquecimiento ilícito y negociación con pandillas. Salvador Sánchez Cerén, el último presidente del partido de izquierda FMLN, fue acusado de malversación de fondos y actualmente está prófugo de la justicia en Nicaragua.

Cuando este breve momento y primavera de transparencia acabó, Liduvina ya tenía cerca de cinco meses de haber sido nombrada comisionada en representación del sector sindical. 

Su nombramiento fue en febrero de 2019, cuando el entonces presidente Sánchez Cerén la eligió de una terna. Con ella, cuatro de los cinco comisionados habían sido nombrados, pero quedaba pendiente uno para que posteriormente Bukele completara el pleno conformado por cinco comisionados titulares y sus respectivos suplentes. 

El pleno de comisionados en el que trabajaba Liduvina exigió al Ministerio de la Defensa Nacional abrir los archivos militares sobre hechos ocurridos contra estudiantes y personal de la Universidad de El Salvador entre 1970 y 1995, incluyendo el caso del rector Félix Ulloa, padre del actual vicepresidente. 

La respuesta de Bukele a los comisionados fue acusarlos de ser “el último bastión del FMLN”. Irónico, considerando que él mismo había sido miembro de ese partido, que le permitió ser alcalde de un pequeño municipio llamado Nuevo Cuscatlán y después de San Salvador. Tras las acusaciones al pleno de comisionados, el mandatario y el Ministerio de la Defensa desobedecieron la orden de abrir los archivos. El desacato a esa orden dejó en evidencia que Bukele también ha decidido mantener en impunidad las masacres cometidas por el Ejército durante el conflicto armado salvadoreño.

Estas acusaciones públicas del mandatario en contra de los comisiones marcaron el inicio de la persecución, acoso, vigilancia y represalias. 

La primera señal de advertencia que Liduvina interpretó como una clara amenaza fue que las llantas de su vehículo aparecieron pinchadas intencionalmente.

“Comenzaron a pasarnos cosas. Me pincharon las llantas. O sea, horrible, me las habían dejado picadas”, describe para explicar que no le quedaron dudas de que fue un acto intimidatorio y agrega que en esos mismos días, otra comisionada fue perseguida desde un vehículo mientras se desplazaba hacia su casa. 

Luego vinieron los retenes. Dos veces, policías la detuvieron en la carretera durante viajes familiares de fin de semana. “Los policías se querían llevar mi computadora, que siempre cargaba conmigo porque a veces me tocaba revisar resoluciones que debían salir rápido. Entonces, estos policías se querían llevar la computadora, sin ninguna razón y frente a mi familia. Yo les alegaba que no tenían ninguna orden judicial”, recuerda.

Pero lo más inquietante fue descubrir que dentro del Instituto había “orejas”; es decir, informantes del gobierno. Todo lo que pasaba en las oficinas del IAIP, los movimientos de los comisionados, sus conversaciones de pasillo, los casos discutidos, las audiencias celebradas, todo era sabido en Casa Presidencial. 

De acuerdo con Liduvina, así comenzó la estrategia para controlar el IAIP. Luego, llegaron los nuevos comisionados, elegidos para configurar un pleno sometido al gobierno. Un pleno que decidiera, según los intereses de Bukele, qué información debería ser pública y cuál debería permanecer oculta.

“Cuando entra el Gobierno de Bukele, ellos ya tenían claro desde un principio tomar las instituciones públicas. Desde que inician, inician intentando controlar el Instituto de Acceso a la Información Pública”, recuerda.

Los nombramientos de los nuevos comisionados fueron, según Liduvina, mediante “procesos viciados” con el fin de colocar a personas de confianza en esos puestos. En esta ofensiva contra el Instituto, el gobierno también impulsó reformas legales para recortar autonomía al pleno y otorgar mayor control al comisionado presidente. Además, bloqueó el cumplimiento de resoluciones del Instituto. Esto último, al igual que en el caso de la desobediencia del Ministerio de la Defensa, hizo que las instituciones públicas, de forma generalizada, negaran información a los ciudadanos y la ocultaran amparándose en interpretaciones exageradas del artículo 19 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), el cual establece las condiciones para clasificar información como reservada. 

A finales de 2020, Bukele ya había nombrado a tres comisionados para llenar la vacante y sustituir otros dos por renuncia y muerte, asegurándose así la mayoría de los votos. Una de las primeras acciones de este nuevo colegiado fue suspender la grabación de sus sesiones plenarias. Irónicamente, el organismo creado para garantizar el acceso público a la información esencial para la ciudadanía comenzó a ocultar las deliberaciones que fundamentaban sus resoluciones. Así, comenzó a alinearse con la forma de trabajo del gobierno. 

Una vez alineado, no sorprende que otra de las primeras decisiones del pleno haya sido la revocación de una resolución del propio IAIP que exigía hacer públicas las declaraciones patrimoniales de Bukele. Por su lado, Bukele ya había impulsado reformas legales para mantener en secreto sus declaraciones patrimoniales, las de su gabinete y las de exfuncionarios. Eliminó así toda posibilidad para que la ciudadanía pudiera ejercer una fiscalización sobre el presidente y otros funcionarios, lo que impide detectar si se han favorecido de sus cargos públicos para posibles casos de enriquecimiento ilícito.

Mientras estas resoluciones, que favorecieron a Bukele, eran conocidas públicamente, el ambiente en el interior del IAIP se estaba tornando hostil en contra de Liduvina, quien votaba en contra de la mayoría y señalaba el evidente sometimiento del pleno a Casa Presidencial. 

“Yo traté de hacer lo mejor que pude. Tenía una situación de estarme dando duro con los comisionados nombrados por el Ejecutivo. A diario, eran situaciones tirantes. Ellos empezaron a armar situaciones en mi contra, para que yo me desesperara y me fuera. Pero vieron que yo no me iba a ir, aunque sí se me pasó por la mente, porque era una situación hostil y yo había quedado sola prácticamente. Los medios me buscaban y yo daba declaraciones. Eso generaba una polémica interna de dos posiciones, la de los nombrados por el Ejecutivo y la otra que era yo”, detalla. 

Entre las personas nombradas por Bukele está el comisionado presidente Ricardo Gómez, en representación del sector universitario. Gómez fue quien promovió, desde el IAIP, que las declaraciones patrimoniales de Bukele se mantuvieran en secreto. En ese momento, le dijo a GatoEncerrado que no tenía compromisos con el gobierno y que era una “desafortunada coincidencia” que su postura fuera la misma que la de Bukele. 

Roxana Soriano, otra de las personas nombradas por Bukele en representación del sector profesional, ha demostrado una estrecha afinidad con el mandatario. Esta cercanía se evidencia en varios puntos. Primero, fue precandidata a diputada por el partido oficialista Nuevas Ideas. Segundo, está casada con José Fernando Viaud Hidalgo, director suplente de la Autoridad de Aviación Civil (AAC), quien es primo de Michelle Sol, ministra de Vivienda, amiga de Bukele y esposa de Ernesto Castro, presidente de la Asamblea Legislativa controlada por Bukele. En resumen, Soriano es una persona de confianza, cercana a los círculos de poder y con un precedente de militancia en el partido oficialista.

Esta confianza ha sido clave para que el oficialismo la promoviera. Inicialmente, fue comisionada del IAIP, pero luego fue sacada de ese puesto para ser nombrada como presidenta de la Corte de Cuentas de la República (CCR), la entidad encargada de auditar el uso de los impuestos por parte de funcionarios e instituciones. Después fue elegida para presidir el Tribunal Supremo Electoral (TSE), la institución que organizará las elecciones en las que Bukele buscará su segunda reelección.

Cuando Soriano llegó al IAIP, según recuerda Liduvina, asumió la tarea de “sacarla de la jugada”, fabricando casos, promoviendo quejas del personal por supuesto maltrato, presentando demandas ante el tribunal de Ética Gubernamental y la Corte de Cuentas. 

“Tuve contradicciones muy fuertes, sobre todo con esta señora Roxana Soriano. O sea, contradicciones muy fuertes, fortísimas”, describe Liduvina para mostrar cómo estaban de tensas sus relaciones de trabajo desde que llegaron los comisionados nombrados por Bukele. 

“Todo ese ambiente hostil en mi contra era para que yo renunciara. Pero yo no lo hice, sino que me fui hasta que recibí una notificación desde Casa Presidencial que decía que estaba suspendida porque era investigada por la Fiscalía General de la República, por supuestamente filtrar información a periodistas. Yo, que supuestamente era la acusada, no sabía que tenía procesos abiertos, pero Casa Presidencial sí sabía. Pues no sé si era solo para asustarme o realmente querían meterme presa”, dice.

GatoEncerrado buscó una reacción de Soriano ante estos señalamientos. Como actualmente está en el TSE, esta revista se contactó con el equipo de comunicaciones de esa institución para gestionar una breve entrevista, pero desde esa institución respondieron que no era posible gestionar declaraciones porque el tema no tenía relación con el proceso electoral en curso.

Tras la notificación de su suspensión, Liduvina interpuso un recurso de amparo ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, el 29 de abril de 2021. Sin embargo, dos días después, el 1 de mayo, se dio cuenta de que su caso no prosperaría. La recién instalada Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, se estrenó en el poder ordenando la destitución, mediante un proceso irregular, tanto del fiscal general —quien investigaba casos de corrupción gubernamental— como de los magistrados de la Sala Constitucional, quienes servían de contrapeso ante las acciones del gobierno.