
La periodista comunitaria Mónica Rodríguez tuvo que irse a Guatemala para refugiarse. Luego de una larga trayectoria denunciando los impactos de la minería metálica, la corrupción gubernamental y las violaciones a derechos humanos, su vivienda fue allanada por la Policía y la Fiscalía. Los agentes confiscaron sus herramientas de trabajo, como computadoras, discos duros y celulares. Después, tuvo que escapar porque agentes la comenzaron a buscar por haber grabado a la Policía Militar y a la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO) cuando reprimió a mujeres, niños y niñas de una comunidad empobrecida.
Editado por Ezequiel Barrera | Mayo 19, 2026
Cuando Mónica Rodríguez tomó la decisión de irse del país, para escapar de la cacería política de Nayib Bukele, su hermana se enfadó. “Buscá otra cosa para trabajar. Mejor poné un negocio”, reclamó, como quien busca, desde su resignación, una alternativa para vivir en paz en un país donde los poderosos aborrecen a los periodistas.
Mónica, quien aprendió a leer a su hermana después de toda la vida juntas, sabe que ese reclamo fue en realidad la expresión del dolor que le causaba esta separación. “No me lo decía enojada, sino como: ‘Puchica, yo no quiero que te vayas’”.
Su hermana, además, la hizo tía de una niña que adora. Así que para Mónica esta separación le dolió el doble. “Ya fue el cumpleaños de mi sobrina. Yo solo pude mandarle algo para que le compraran alguna piñata. Y pues sí, me duele. Ya empezó el kinder y yo no estoy presente en esos momentos. La quiero como si fuera mi hija”, lamenta.
Si esa separación dolió, tener que dejar atrás a su mamá fue peor. De hecho, ni siquiera tuvo el valor para decirle con detalles que este viaje a Guatemala era definitivo, que no era de trabajo ni para algún reportaje. Era un escape. Un viaje con boleto de ida, pero sin regreso.
Lo único que pudo decirle, y que se sintió como una mentira piadosa y necesaria para no alterar los nervios de su mamá hipertensa, es que no se preocupara, que regresaría pronto.
“Fue bien difícil el último día que vi a mi mamá. Fue bien feo, porque mi mamá hasta me abrazó y se puso a llorar. Y yo le dije: ‘Tranquila, si ya vamos a regresar’. Es una frase como trillada, pero fue para darle un poco de tranquilidad. Pero, sí, duele. Yo esos días andaba llorando por todos lados”.
Al marcharse de El Salvador, Mónica y su pareja Steve Magaña encontraron apoyo en una organización guatemalteca que les concedió un lugar dónde vivir por un tiempo hasta que encontraron una casa para mudarse.
Mónica vive hoy en una pequeña casa alquilada en la Ciudad de Guatemala, junto a Steve. Aunque la considera acogedora, bonita y un refugio, todavía no termina de sentirla como su hogar. Para que lo fuera, necesitaría tener cerca a su mamá, a su hermana y a su sobrina. Además, el lugar parece vacío, porque ya no puede escuchar el ronroneo de los seis gatos que había adoptado como parte de su familia, tampoco puede ver a sus conejos saltando y jugando, mientras su gallina picoteaba el suelo de tierra en el patio trasero.
“Me dio una gran tristeza dejar a mis pobres mascotas. Porque uno por algo se responsabiliza de los animales. Y hasta en eso hay que ser coherentes. Si defendemos la vida, también la de los animales. Yo quería traer a los gatos, pero tenía que pedir permiso y hacer trámites en el Ministerio de Agricultura. Pero ya no tenía tiempo, debía salir rápido de El Salvador. Así que se tuvieron que regalar a personas que los cuidan, porque mi mamá no los podía recibir. Ella ya tenía un gato y un perro. Lo triste es que se me murió uno de los gatos”.
Su madre, aunque no pudo albergar a las mascotas, sí recibió los libros de Mónica. “Guardé todos mis libros en unas cajas de plástico y mi mamá los guardó. Me los quisiera traer a esta casa, que es bonita y tenemos dónde dormir, pero le falta mis mascotas y mis libros para que se sienta como un hogar”.
Mónica cruzó, por primera vez, la frontera en la madrugada del 23 de mayo de 2025. Se fue con la idea de regresar pronto. Y lo hizo, pero solo para dejar sus cosas en orden y luego irse de nuevo en diciembre de ese mismo año. Esa vez, su partida fue indefinida. Ya no era un viaje ligero. Sentía que en su espalda cargaba el peso acumulado de un año de estrés y la incertidumbre de que el Gobierno de Bukele podría materializar, en cualquier momento, la amenaza de su captura.
El incidente que la dejó en alerta, el que se convirtió en la mecha que encendió el año de angustia y que finalmente detonó la decisión de escapar hacia Guatemala, ocurrió en noviembre de 2024.
Unos policiales llegaron a la casa de al lado, la de su suegro, con el pretexto de indagar una denuncia anónima que hablaba de “gritos y de indicios de violencia intrafamiliar”. El suegro desmintió la farsa de inmediato, pero los policías no se fueron. Sino que mostraron interés en la pareja de la casa contigua, la de Mónica y Steve. Querían información.
El suegro les explicó que Steve era su hijo y que Mónica era su nuera. Les dejó claro que tampoco había indicio alguno de “violencia intrafamiliar”. Con esa información, los uniformados tocaron la puerta de la joven pareja. Steve los atendió y repitió que en su casa tampoco había violencia.
Aunque los agentes se limitaron a preguntas secas desde el umbral, sin atreverse a cruzar la línea de la puerta, a Mónica le parecieron extrañas las miradas curiosas de los policías hacia el interior de la vivienda. Como si buscaban algo que no era evidente. A pesar de sus sospechas, Mónica no le tomó demasiada importancia a este incidente.
Un mes después, a las 8:30 de la noche del 4 de diciembre, Mónica y Steve estaban esperando un pedido de pupusas para cenar. Así que cuando tocaron a su puerta, Steve se apresuró a abrir, pensando que su comida había llegado. Pero lo que vio fue a cinco policías.
Los agentes le explicaron que tenían una orden para realizar un allanamiento en la casa. Expusieron que este procedimiento era parte de las diligencias de una investigación por un supuesto caso de estafa.
“Cuando dijeron que tenían esa orden de allanamiento, el estómago se me hizo chiquito. Yo pregunté: ‘Bueno, ¿y de parte de quién viene la denuncia por estafa? Porque aquí alguien nos tiene que haber denunciado. O sea, ¿cuál es la información?’. Y el policía me respondió que no me podía decir porque la investigación tenía reserva total”.
Mónica relata que junto a Steve estaban sorprendidos y confundidos. Se preguntaban a qué se referían con “estafa” y quién podría ser la persona que se sentía estafada. Con la conciencia tranquila, estaban seguros de que se trataba de una enorme equivocación o de una situación malintencionada en su contra por la labor periodística de Mónica y Steve en la Radio Bálsamo.
“El policía que nos leyó la orden parece que no era muy listo para leer. La cosa es que su lectura fue poco clara. Steve lo que medio puedo ver en ese documento, así de reojo, es que sí había una firma y él cree que era la firma de algún juez, pero ellos no nos mostraron la orden. Solo nos dijeron que era por el delito de estafa. Y yo, en mi cabeza, me preguntaba: ¿A quién habré estafado, Dios mío? Pero no es posible, yo no ando haciendo esas cosas”.
La pareja, sin poder hacer nada para impedir el allanamiento, abrió la puerta y dejó pasar a los policías y una fiscal con el rostro cubierto. En ese momento, Mónica tomó su teléfono y escribió en un grupo de la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES).
“Les escribí: ‘Tengo a la Policía en mi casa. Por favor, atentos’. Steve, por su lado, escribió a la gente de Acua (la organización de la que es parte la radio comunitaria para la que trabajaban)”.
Cuando la fiscal entró en la casa, Mónica levantó su teléfono con la intención de grabar todo el procedimiento.
—Bueno, voy a proceder al allanamiento —dijo la fiscal.
—Sí, pero la voy a grabar —replicó Mónica, con el instinto de periodista que registra todo. Cuando iba a presionar el botón de grabar, observó que los ojos de la fiscal se abrían con la expresión de una persona que se enoja de inmediato y fácilmente.
—Si usted me graba, me la voy a llevar detenida. Por favor, cálmese y me entrega ese teléfono —exigió.
—Pero es que esto que nos están haciendo es arbitrario —soltó Mónica al mismo tiempo que los policías la rodeaban junto a Steve.
—Siéntese señora —ordenó la fiscal, mientras señalaba la cama.
—Miren, lo que yo sí quisiera saber —recuerda Mónica que preguntó, sentada sobre la cama y “con la cabeza supercaliente”— ¿Contra quién viene la orden?
Los policías solo se miraron entre sí.
—Contra la casa —dijo uno de los policías, con el desdén de alguien que se burla por la pregunta que le han hecho.
—Pues sí, obviamente que en la casa van a hacer el allanamiento, pero yo pregunto: ¿Contra quién viene esa orden? ¿Contra Steve, contra mi persona, contra los dos?
Los policías no le respondieron.
—Vaya, ¿quién va a presenciar el allanamiento? —preguntó uno de los policías, dirigiendo la mirada hacia los dos.
—Yo —respondió Mónica—, no vaya a ser que me vayan a implantar algo ahí, debajo de algún libro. No quiero que me vayan a meter droga o cosas así.
—Bueno —dijo Steve, mientras dejaba caer su espalda sobre la cama—. Voy a enviar la invitación a todos mis amigos para que vengan a mi primer allanamiento —bromeó, como para aligerar el ambiente.
Mónica soltó una carcajada y los policías relajaron un poco su actitud rígida mientras hurgaban en el cajón de la ropa íntima. Luego, encontraron unas cartulinas con dibujos y conceptos sobre derechos de las personas trans.
—¿De qué es esto? —preguntó la fiscal, con un tono serio.
—Ah, es que además de periodista, también soy defensora de derechos humanos. Y recientemente di un taller sobre derechos y ahí surgió el tema matrimonio igualitario.
—¿Qué es eso del matrimonio igualitario? —exigió saber la fiscal, como si esa indagación del concepto era parte del allanamiento.
—El matrimonio igualitario es cuando dos personas del mismo sexo se casan —explicó Mónica, con la paciencia de una maestra con vocación.
Luego, la fiscal inspeccionó unos contratos de tarjetas de crédito y después le pidió las tarjetas a Steve. También, tomó unas memorias USB, tres discos duros, las dos computadoras que había en la casa y exigió que Mónica y Steve entregaran sus teléfonos celulares.
—Todo este material nos vamos a llevar —dijo la fiscal.
Uno de los policías escribió el acta del allanamiento y la leyó, con la descripción de todo lo que se llevaban.
—¿Están de acuerdo con lo que dice el acta? —preguntó el policía.
—Pues sí, ni modo. No podemos hacer nada.
—Miren, si ustedes no deben nada, no se preocupen. No va a haber ningún problema —dijo otro policía—. Y tienen que comprender que uno de policía solo sigue órdenes. A veces a nosotros no nos dicen para qué venimos a los allanamientos. La orden solo es que debemos acompañar a los fiscales.
—Pues sí, está bien, comprendemos. Pero no deja de asustarnos. Sobre todo porque estamos en régimen de excepción y tantas arbitrariedades que se han cometido —señaló Mónica.
—Sí, pero como le digo, solo cumplimos órdenes. Bueno, ya está todo y nos vamos.
—Gracias por el allanamiento —bromeó Mónica, mientras le daba la mano a los policías y se despedía de ellos.
Al salir, los agentes se subieron en un pick up blanco, doble cabina, que no tenía distintivos de la Policía y se fueron.
Cuando Mónica vio que se marcharon, respiró como si la presión en el pecho por fin había cedido. Al salir de la casa, se enteró de que afuera estaban congregados compañeros de la radio, representantes de la Asociación de Radiodifusión Participativa de El Salvador (ARPAS) y los abogados enviados por la APES, Oswaldo Feusier y Emperatriz López.
“Cuando estábamos adentro, mientras se realizaba el allanamiento, desconocíamos que afuera ya había gente, apoyándonos. Hasta Alejandro Henríquez estaba. Quizá él, como es abogado, se movió para ver qué podía hacer”, dice Mónica.
El abogado Feusier se le acercó a Mónica y le explicó que la APES lo había envió, suponiendo que iban a ser capturados, así que llevaba listos los poderes para que Mónica y Steve los firmaran.
“Qué terrible que nos hubieran detenido, pero no pasó”, dice Mónica, aliviada.
#ALERTA| La periodista @MonikR84 habla sobre el registro efectuado la noche del miércoles 5 por agentes de la @PNCSV, en el que incautaron dispositivos tecnológicos que contenían información personal e institucional de Bálsamo Radio TV y @ACUAelsalvador. pic.twitter.com/PV4tkFTqTs
— Red Informativa de Arpas (@arpassv) December 5, 2024
Al día siguiente, la APES activó un protocolo de seguridad para trasladar a Mónica y Steve a otra casa. También hizo una conferencia de prensa para denunciar públicamente que el allanamiento fue irregular.
“El 17 de diciembre, fuimos con los abogados a la Fiscalía para preguntar por qué se hizo ese allanamiento. Queríamos mostrar que nosotros estábamos dando la cara y queríamos explicaciones. Un fiscal de turno que nos atendió nos dijo que lo único que podía hacer era agendar una cita para que llegaramos en otra fecha y que ahí respondieran nuestras preguntas. Ese fiscal dijo que le pareció extraño que no nos detuvieron”, explica Mónica.
La cita quedó programada para el 19 de diciembre. Ese día, una fiscal atendió a Mónica, a Steve y a los abogados. Les dijo que comprendía que tenían derecho a obtener información, pero que no podía decir nada porque la investigación estaba en curso, que tenía reserva total y ellos eran “sujetos de interés”.
“Ese mismo día, nosotros presentamos documentación de arraigo de cada uno, para demostrar el apoyo que teníamos de parte de organizaciones. Además, presentamos nuestros títulos y todos los documentos que nos acreditaban como periodistas”, recuerda.
Con el apoyo de la APES, también enviaron una carta al comisionado presidencial de derechos humanos, Andrés Guzmán Caballero, expresando su preocupación por la situación y solicitando su ayuda para esclarecer los hechos.
Este comisionado, quien públicamente siempre negó el acoso a periodistas de parte del Gobierno de Bukele, prometió ayudar, pero renunció a su cargo.
Asimismo, acudieron a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH). Esta institución coordinó una reunión con los fiscales del caso, quienes siguieron sin dar explicaciones a los abogados de Mónica y Steve.
Tocaron las puertas de diferentes instituciones públicas para obtener respuestas y claridad sobre su caso, pero hasta el cierre de esta nota, Mónica y Steve siguen sin saber por qué las autoridades allanaron su casa y cuál es el origen de esa investigación en su contra por una supuesta estafa. Tampoco les han devuelto sus computadoras, celulares, memorias USB, discos duros y tarjetas de crédito.
Mónica y sus abogados se han aventurado a crear hipótesis sobre por qué los están investigando. Pero ninguna tiene relación, ni remotamente con estafa, sino con su labor como periodista. Y, en el caso de Steve, por su labor como activista digital que cuestiona al gobierno.
“Son muchas cosas que hicimos en la cobertura periodística que pudo habernos expuesto. Por ejemplo, desde la radio (Bálsamo) hicimos mucha cobertura sobre la minería y su impacto en el medio ambiente. O el tema de los presos políticos y le dimos seguimiento a las denuncias por violaciones a los derechos humanos. Aún después del allanamiento, seguimos haciendo coberturas sobre desalojos de tierras a comunidades, como la de la Cooperativa El Bosque”.
Desde su trabajo como periodista de la Radio Bálsamo y corresponsal de la Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica (ALER), Mónica estuvo cerca de distintas comunidades y pudo conocer sus principales necesidades y problemáticas. Una de esas fue la comunidad de la Cooperativa El Bosque.
Los líderes de esa comunidad le habían comentado, dos años atrás, que estaban siendo amenazados por un proceso de desalojo de sus tierras. Le explicaron que eran los legítimos dueños de las tierras en las que vivían y cultivaban, pero que en los últimos años fueron víctimas de un proceso fraudulento en su contra para arrebatarles las tierras.
En mayo de 2025, ese proceso de desalojo estaba por materializarse. Un juez había ordenado que las 300 familias de la comunidad El Bosque tenían que abandonar sus tierras, cultivos y casas a más tardar el 22 de mayo. De esa manera, la Sociedad Proyectos e Inversiones (PROYIN S.A. de C.V.) tomaría posesión de las tierras, a través de su representante legal, Luis Alonso Palomo Urbina.
Cuando la fecha límite se acercaba, la comunidad decidió tomar medidas para evitar el desalojo. Después de no ser escuchados en los tribunales, denunciaron públicamente la orden judicial de desalojo, argumentando que era injusto y que no tenían a dónde ir. Mónica se mantuvo cerca del caso, dando seguimiento a las denuncias de la comunidad e informando en la radio y en las redes sociales.
Como último recurso, la comunidad decidió salir a la calle, el 12 de mayo de 2025, para realizar una manifestación pacífica, con el objetivo de llamar la atención de Bukele y pedir su intervención en el caso. Los habitantes sabían que en El Salvador ya no existe la división de poderes y que una orden del mandatario bastaba para que las instituciones públicas se movieran en la dirección que se les indicaba. Por eso, en su situación, llamar la atención del gobernante era una esperanza.
Desde temprano, ese día, Mónica recibió videos de los habitantes de la comunidad cuando iban hacia la manifestación. En esos videos se observaba que la Policía había detenido los vehículos en los que viajaban, les ponían multas y no los dejaban seguir.
Pero eso no detuvo a la comunidad. Como ya no podían ir en vehículos, desde los niños y niñas hasta las personas adultas mayores caminaron por cuatro kilómetros hacia la carretera que conduce al Puerto de La Libertad.
Cuando llegaron, los habitantes de la comunidad El Bosque extendieron pancartas en las que pedían explícitamente la intervención de Bukele para detener el desalojo. Eligieron ese lugar para la manifestación pacífica porque era estratégico, cerca de la residencial Los Sueños, donde el mandatario vive. Era, según la comunidad, una acción pública que no podía pasar desapercibida.
Mónica y Steve llegaron temprano para documentar la manifestación pacífica. Ahí observaron cómo la gente llevó comida y se pasó el día cantando y exigiendo justicia para evitar el desalojo. Juntos, desde los más pequeños hasta las personas mayores, alzaron la voz para soltar consignas, canciones y exigencias públicas con el fin de ser escuchados y así conservar sus tierras y viviendas.
Durante todo ese día, los policías pidieron a los líderes comunitarios que desmontaran la manifestación y despejaran el lugar, pero la gente insistió en quedarse. Decían que no estaban dispuestos a resignarse.
Los agentes también exigieron que cuatro líderes de la comunidad los acompañaran aparte, a la estación policial, bajo la excusa de “platicar”. Pero la comunidad respondió con firmeza, unida en una sola voz: “O vamos todos o no va nadie”.
La comunidad objetó ante los policías que no era necesario llevarlos a otro lugar si la intención era “solo platicar”. Los habitantes sospechaban que la Policía, en realidad, tenía la intención de capturar a sus líderes por dirigir la manifestación pacífica.
Cuando se hizo de noche, algunos de los habitantes dijeron que no podían regresar a pie, bajo la oscuridad, por los mismos cuatro kilómetros que habían caminado para llegar hasta la manifestación con niños, niñas y personas adultas mayores. Traer vehículos para trasladar a la gente no era una opción. La Policía había dejado claro que no permitiría más vehículos.
Así que el acuerdo fue hacer una vigilia para continuar, también por la noche, en la manifestación pacífica.
Pero, a eso de las 8:30 de la noche, la situación se volvió más tensa. Ante la mirada de la comunidad y de los periodistas —incluida Mónica— comenzó a formarse un escuadrón de la Policía Militar y otro de la Unidad del Mantenimiento del Orden (UMO).
La presencia de los “policías militares” desconcertó a la comunidad. En la práctica, el rol de estos militares ha sido brindar seguridad en la Casa Presidencial y apoyar a la seguridad personal del presidente. Su lugar no es en la calle reprimiendo protestas. De hecho, según expertos en derechos humanos y constitucionalistas, esta Policía Militar ni siquiera debería existir actualmente, ya que mantenerla activa es una violación a la Constitución y a los Acuerdos de Paz de 1992.
Sin embargo, esa noche ahí estaban los agentes, dejando claro que la manifestación pacífica de los habitantes de El Bosque logró llamar la atención de Bukele. Pero en vez de escucharlos, el mandatario envío a la Policía Militar para reprimirlos.
Así que, de pronto, la carretera al Puerto de La Libertad se convirtió en una zona donde parecía que se estaba librando una guerra. De un lado, estaban los policías de la UMO y los militares con sus armas de fuego, escudos y macanas. Del otro, estaban las madres de familia con sus hijos, también los adultos mayores y demás habitantes de la comunidad con carteles que decían: “Nos están quitando nuestros hogares”.
Al ver la brutalidad e intimidación de la Policía y los militares en contra de personas adultas mayores y los niños y niñas, Mónica comenzó a transmitir en vivo en las redes sociales de la radio.
“Cuando aparecieron los de la UMO fue una cosa sorprendente. Una cosa que no se podía creer. Por un momento me paralicé. Vi cuando agarraron a la fuerza a Alejandro Henríquez y a una señora que tenía como un mantel en la cabeza. Y vi cuando la gente comenzó a quejarse de lo que estaban haciendo los agentes de la UMO. Cuando la gente se quejó, soltaron a quienes habían agarrado. Pero a don Ángel (José Ángel Pérez, pastor y presidente de la Cooperativa El Bosque), no lo quisieron soltar. Su hermano estaba agarrado del brazo de don Ángel y suplicaba: ‘No, por favor, no se lo lleven’. A mí se me hizo un nudo en la garganta y en ese momento solo transmití, no dije nada. No sabía qué decir. Reaccioné hasta después y seguí explicando lo que estaba pasando y diciendo: ‘Este es el verdadero rostro de Bukele’”, recuerda.
Mónica relata que en ese momento quiso hacer más, pero se limitó a transmitir lo que estaba ocurriendo, para que el público conociera cómo la Policía de Bukele estaba reprimiendo a los habitantes de una comunidad empobrecida que se manifestó pacíficamente para evitar el desalojo de sus tierras.
“Yo recuerdo eso y siento tanta impotencia. Toda la gente ahí llorando. No estaban haciendo absolutamente nada malo y había hasta niños. Yo hubiera querido hacer más que un video, pero era imposible con tantos policías, con esa gran cantidad de policías. Capaz que si hacía algo, me pegaban o me llevaban detenida también. Lo único que consuela es que la transmisión ha sido la evidencia para desmentir a las autoridades que acusaron a don Ángel y a Alejandro de desórdenes públicos y resistencia al arresto”, explica Mónica.
Al final, los policías se llevaron detenido al pastor Ángel Pérez y la Policía Militar hizo retroceder a toda la gente que estaba en la manifestación. Los arrinconaron contra la pared, mientras las mujeres madres abrazaban y lloraban con sus niños.
Cuando Mónica vio que los policías se llevaban al pastor, gritó: “¿Para dónde lo llevan?”. Pero no le respondieron. Uno de los policías sacó su teléfono y le tomó fotografías a Mónica.
Mientras tanto, luego de ser arrinconada contra el paredón a un costado de la carretera, la gente comenzó a dispersarse. Prefirieron emprender el regreso a pie y desandar los cuatro kilómetros que habían caminado, en vez de quedarse a esperar que la Policía desatara capturas arbitrarias en contra de mujeres o personas adultas mayores que se manifestaron junto a sus hijos.
Mónica también regresó a su casa y lo primero que hizo fue enviar el video completo de la transmisión a Forbidden Stories, una organización internacional que apoya a periodistas bajo amenaza y resguarda su información. La idea, según Mónica, es que en caso de asesinato de periodistas, captura o confiscación de equipos, la organización se encarga de que el trabajo periodístico sobreviva y se haga público.
Al día siguiente, por la mañana, Mónica se enteró de que Alejandro Henríquez fue capturado en la entrada de su oficina, en las instalaciones del Foro del Agua.
“Cuando me dijeron que capturaron a Alejandro se me hizo chiquito el estómago. No lo podía creer. Yo empecé a ver por la ventana de la radio para revisar si no había policías que nos quisieran llevar por haber transmitido la represión policial en contra de la comunidad. Es que, bueno, esa semana fue terrible, sobre todo con los tuits del presidente”.
Bajo el pretexto de los incidentes ocurridos aquella noche del 12 de mayo, Bukele utilizó su cuenta de Twitter para arremeter en contra de las organizaciones de la sociedad civil. Sin presentar evidencia alguna, el mandatario las señaló de manipular a los habitantes de la comunidad El Bosque para que se manifestaran en las cercanías de su residencia.
Como respuesta directa —o un acto de represalia en contra de las organizaciones de sociedad civil, a quienes considera sus enemigos políticos por señalar la corrupción gubernamental y violaciones a derechos—, Bukele ordenó a su Asamblea Legislativa que aprobara la Ley de Agentes Extranjeros. En la práctica, esta ley ha servido para neutralizar a organizaciones de sociedad civil, controlarlas a través de un registro que examina cada proyecto que ejecutan, las obliga a pagar un impuesto del 30 % por cada donación que reciben de la filantropía internacional y, en el peor de los casos, criminaliza su labor y a quienes las dirigen.
Los días siguientes a la represión de la manifestación pacífica, Mónica vivió días de incertidumbre. Algunos líderes de El Bosque le dijeron que policías llegaban de civil preguntando por los líderes de la comunidad y también por los periodistas que cubrieron la protesta. Así que Mónica sentía que la Policía llegaría por ella en cualquier momento.
El 19 de mayo, cinco días después de la manifestación reprimida, una fuente con acceso a información gubernamental le dijo a Mónica que su fotografía, la de Steve y otros periodistas que cubrieron la manifestación fue compartida en una reunión del Ministerio de Seguridad. Esa fuente le dijo, con tono de urgencia: “Mónica, tiene que tomar medidas de seguridad y desaparecer del foco”.
Saberse perfilada y buscada por las autoridades debido a su cobertura periodística, sumado a la extraña investigación y allanamiento por el supuesto caso de estafa, hizo que Mónica decidiera meter sus cosas en una maleta y se desplazara hacia el oriente del país, junto a su pareja.
El 23 de mayo, para ponerse a salvo, cruzó a Guatemala. Pero tuvo que regresar, seis meses después, para dejar sus cosas en orden, encargar sus mascotas a personas de confianza y despedirse de su familia. En diciembre de 2025 se mudó, de forma indefinida, a la casa que alquila en Ciudad de Guatemala.
“En este momento no hemos solicitado el refugio oficialmente. Hicimos una cita, pero por varias razones no pudimos ir y estamos a la espera de asesoría legal. Porque, de todas formas, nosotros sí vemos la necesidad de regresar a El Salvador. Sabemos que hay riesgos, pero tendríamos que regresar si mi mamá llegara a enfermar o si le pasa algo al papá de Steve”.
*Con apoyo de Metzi Rosales.
Este reportaje ha sido producido en el marco de la beca de producción periodística de DW Akademie y el Instiuto de Prensa y Libertad de Expresión (IPLEX) y se enmarca en el proyecto global “Space for Freedom”, que a su vez forma parte de la iniciativa Hanna Arendt, promovida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania.