El régimen de excepción, la principal apuesta del Gobierno para combatir la pandemia, no solo fue poco efectivo en evitar los contagios de COVID-19, también dejó violaciones a derechos humanos, constatadas por la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos e investigadas por la Fiscalía y la Inspectoría General de Seguridad Pública.
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