Franklin Juárez es un salvadoreño que vivió y trabajó, de forma indocumentada, los últimos siete años en Estados Unidos. Fue detenido por las autoridades de migración de ese país y luego de un proceso fue enviado a El Salvador, junto con otras personas que tenían orden de deportación.

“Me dieron una salida voluntaria. Pero por el motivo de la pandemia, todos los vuelos comerciales estaban suspendidos y me mandaron junto con los que venían deportados hacia El Salvador, desde México”, relató a GatoEncerrado.

Una vez en el país, el 16 de abril, las autoridades salvadoreñas lo hicieron firmar una hoja para permanecer en confinamiento sanitario por 30 días, junto con otros 90 deportados, en el Centro de Atención al Migrante de la colonia Quiñónez, conocida también como La Chacra, en San Salvador. 

El 16 de mayo, Juárez cumplió los 30 días en confinamiento. Pero a pesar de haber un acuerdo firmado, las autoridades le impidieron salir del centro de contención. De hecho, este 25 de mayo, con 39 días de cuarentena obligatoria, Juárez seguía recluido, según contó a GatoEncerrado.

“El doctor nos dijo, de su propia boca, que todos estamos bien y él mismo nos hizo firmar la hoja el sábado (16 de mayo) para irnos a casa. Luego dijo que tenían problemas con los transportes, y ahora viene a decir que no es eso, sino que hay infectados, cuando en realidad no hay nadie infectado aquí (en La Chacra)”, aseguró Juárez.

El Centro de Atención al Migrante en La Chacra es el lugar de recepción de deportados que vienen desde México vía terrestre, y de quienes son expulsados, vía aérea, desde Estados Unidos. En el centro de atención, el personal de migración y extranjería proporciona alimentación y normalmente se facilita transporte a los deportados para que regresen a sus viviendas en el país.

El incidente con la UMO

El lunes 18 de mayo, los confinados decidieron salir al patio a exigir respuestas. Para ese entonces, ya tenían 32 días de cuarentena y casi nada de información. Lo único que circulaba por el centro, en forma de rumor, era que en el interior había personas positivas al virus. Pero era difícil confirmarlo, porque nadie tenía acceso a los resultados de las dos pruebas de COVID-19 que les hicieron en el mes.

Juárez aseguró que al ver la exigencia de los deportados, las autoridades a cargo solicitaron la presencia de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UMO) de la Policía Nacional Civil (PNC).

“Salimos al patio para que nos dieran una respuesta. No hicimos ningún desorden, no le faltamos el respeto a nadie. Lo único que buscamos fue una respuesta, porque ya el sábado (16 de mayo) nos hicieron firmar una página donde todos estábamos bien y ya terminamos nuestra cuarentena y teníamos nuestra salida para la casa. Pero llamaron a la UMO”, dijo Juárez.

La intimidante visita de la UMO hizo que los confinados ingresaran de nuevo al recinto. Lo hicieron porque no querían problemas ni que los agentes los golpearan.

Juárez detalló que todos los que están en ese centro de contención son adultos que duermen en habitaciones para 22 personas. Hay dos servicios sanitarios para todos y que, pese a que la alimentación no falta, la comida llega helada, tarde y a veces con aparente suciedad. Eso ha ocasionado problemas estomacales en algunos.

“Dormimos en camarotes, y estamos 22 personas por cuarto. Hay energía eléctrica y agua. Pero medicamentos no hay como para tener una cuarentena como la que estamos. Había algunas personas con diabetes, pero las sacaron porque no había insulina para inyectar”, señaló Juárez.

Retornar en tiempos de pandemia

Juárez también detalló que estuvo detenido un año en migración estadounidense. En los recintos, donde estuvo, las autoridades no dejaban entrar a nadie para evitar la propgación de la COVID-19. Según recuerda Juárez, en esos recintos las autoridades aplicaron protocolos de higiene, por lo que nadie se contagió. Al menos hasta donde Juárez supo.

“Antes de mandarnos para El Salvador nos chequearon para ver que nadie estuviese enfermo. En el avión nos venían cuidando para que nadie de nosotros se contagiara”, relató.

La sección Ojo de Gato, de esta revista, verificó y reveló que autoridades del Gobierno y Migración hacían pasar a salvadoreños deportados como varados en otro país por la pandemia, asegurando que habían repatriado a unas 1,500 personas, cuando en realidad ese discurso era engañoso al utilizar dos definiciones diferentes: deportados y varados que piden ser repatriados.

Ojo de Gato logró corroborar que entre marzo y abril llegaron al país 2,172 deportados, según registros de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME). Entre ellos venía Juárez y parte de los deportados que están en confinamiento en ese centro de contención.

Juárez dijo que tiene voluntad de quedarse en El Salvador y buscar trabajo, pero lamenta que la situación económica va hacia una crisis por la pandemia. Por eso tampoco descarta volver a migrar.