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Exigieron el cese a la política de criminalización, persecución y asesinato de líderes y lideresas que luchan por la defensa de la tierra y los bienes naturales.


Por Alfredo Carías

Organizaciones sociales salvadoreñas y hondureñas se dieron cita en el Primer Encuentro de Articulación Binacional de Solidaridad con Honduras a consecuencia de las constantes violaciones a derechos humanos, el saqueo de los bienes naturales, la criminalización y el asesinato de líderes y lideresas de movimientos y organizaciones populares e indígenas, con el propósito de establecer acciones solidarias que fortalezcan la autodeterminación entre los pueblos y procuren la integración centroamericana desde la defensa de los territorios.

El encuentro tuvo lugar en el emblemático centro de formación “Mártires del Sumpul”, en el municipio de Arcatao, Chalatenango que es otro escenario de la resistencia social durante el conflicto armado salvadoreño y en la actualidad es símbolo de la lucha frente a la exploración y explotación de minería metálica en dicho país.

Criminalización de la protesta social un enemigo común en la región centroamericana

“En Honduras se vive una situación muy difícil de asesinatos cometidos contra defensoras, líderes y lideresas de los movimientos sociales como el caso de Bertha Cáceres, por eso estamos acá, estamos creando un espacio de solidaridad con Honduras. En esta lucha nos estamos sumando las mujeres, hay mucha representatividad de mujeres campesinas, indígenas y garífunas actualmente, no solo es necesario que las mujeres contemos, sino que participemos en la toma de decisiones de importancia para el país”, destacó Karla Zelaya representante de la Plataforma Agraria de Honduras.

 “A raíz de la muerte de la compañera Bertha Cáceres en Honduras nos hemos hecho presente para construir un movimiento de comunicación y lucha frontal en la región centroamericana contra los megaproyectos de muerte como son la Alianza por la Prosperidad, el Triángulo Norte, la minería, entre otros que vienen a socavar los bienes naturales de nuestros pueblos”, señalo Abel Lara, coordinador del Movimiento Popular 12 de octubre (MPR12).

“El río Gualcarque, a unos 200 km al noroeste de Tegucigalpa, está amenazado por un proyecto hidroeléctrico y una explotación minera, es un río sagrado, patrimonio del pueblo Lenca, se considera fundamental para el pueblo Lenca y hondureño, es un genocidio del pueblo Lenca, es un asesinato paulatino que se está haciendo y se va cometer si nos quitan la tierra y el agua, si nos quitan la tierra y el agua, nos quedamos sin nuestros cultivos, también atenta contra nuestra cosmovisión como pueblo Lenca”, aseveró Tomás Gómez, coordinador interino del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras (COPHIN).

Organizaciones populares de Honduras y El Salvador condenaron la intervención del gobierno de los Estados Unidos en lo económico, político, cultural y militar que conlleva a la violación de los derechos humanos de los pueblos en cuestión.

Además exigieron el cese a la política de criminalización, persecución y asesinato de líderes y lideresas que luchan por la defensa de la tierra y los bienes naturales.

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