Enviado especial: Marvin Díaz

San José, Costa Rica – Ambientalistas de la región centroamericana exigieron, a los Estados responsables de la crisis climática en el mundo, flexibilizar los criterios de financiamiento para la adaptación de los países afectados por los efectos del cambio climático. También, pidieron a los gobiernos de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, que generen políticas dirigidas a la protección de defensores ambientales criminalizados por defender los bienes naturales. 

Las 109 organizaciones de los países que participaron en el “Foro Centroamérica Vulnerable, ¡Unida por la Vida!”, señalaron que el Fondo Verde del Clima (FVC), fondos creados para el cambio climático, son desembolsados de manera lenta para la región, imposibilitando que los Estados en vía de desarrollo adopten medidas para combatir la crisis climática.

“En varios de nuestro países es difícil, en algunos casos imposible, poder conseguir (financiamiento). Eso dificulta enfrentar el cambio climático” dijo Víctor Campos, delegado de Nicaragua, del Centro Humboldt. 

El 19 de octubre de 2018, la junta directiva del FVC aprobó $73 millones para proyectos de adaptación y mitigación al cambio climático en Centroamérica y el Caribe. En total fueron tres proyectos aprobados: Guatemala, con $22 millones; El Salvador, $35.8 millones y $15.5 millones para todos los países de Centroamérica más República Dominicana, según una publicación del periódico digital de Costa Rica Ojo al Clima. 

Defensores ambientales en riesgo

Las organizaciones de Centroamérica también demandaron a los gobiernos la creación de políticas públicas para los defensores ambientales en los territorios. Los protectores de los recursos naturales, según dijo la delegación de El Salvador, sufren criminalización, persecución y desplazamiento forzado por mega proyectos empresariales en los territorios. 

“Estamos viendo en Guatemala el despojo de territorio indígena por un proyecto de represa. Estamos viendo en Honduras la represión, la criminalización, los crímenes por mega proyectos como la minería. Por ejemplo, también en Nicaragua la represión por el hecho de no estar de acuerdo. Estos escenarios se van a agudizar en los próximos años”, expuso Carolina Amaya, en representación de El Salvador. 

Los Estados de la región niegan, según comentó la ambientalista, la situación de violencia a la que son sometidos los defensores ambientales en sus países. En ese sentido, las delegaciones de Centroamérica exigieron a sus gobiernos crear políticas públicas para la defensa y protección de defensores de El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Costa Rica. 

“Cada país, en el marco de sus políticas públicas, debe contar con un marco jurídico que proteja y que defienda y que asegure el libre ejercicio de los derechos de los defensores ambientales”, dijo Amaya.

En septiembre 2018, organizaciones de derechos humanos en El Salvador presentaron ante la Asamblea Legislativa un ante proyecto de ley para el “Reconocimiento y Protección Integral de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y para la garantía del Derecho a Defender Derechos Humanos”. Amaya criticó que los diputados salvadoreños todavía no han discutido esa propuesta de ley.

“En la discusión no se ha avanzado y eso es una evidencia del poco interés que tienen. La agenda de sustentabilidad está ausente en la políticas de Estado”, dijo Amaya.

Demandas de los países

Los países de Centroamérica presentaron demandas ambientales en el encuentro mundial de la PreCOP25, que es la antesala a la Conferencia de las Partes (COP) de Naciones Unidas contra el cambio climático, a realizarse en diciembre en la ciudad de Chile (COP25).

La región exige a los Estados la implementación de políticas enfocadas en acciones climáticas, seguridad alimentaria, seguridad de agua para las poblaciones y la  problemática del corredor seco. Además, demanda proyectos de energías renovables, descentralizadas y sistemas fiscales para que las instituciones públicas inviertan en la reducción de la vulnerabilidad y protección social de los colectivos excluidos.