Cámara Ambiental gira medidas cautelares al gobierno y municipalidades para restaurar el río Grande
La Cámara ordena al ministro Fernando López, en un término de dos meses, crear un plan de restauración conjunto con el Comité Interinstitucional Nacional de Cuencas Hidrográficas (CINACH). El ministro también deberá presentar dicho plan en una audiencia especial pública el próximo 9 de enero de 2020.
Por Carolina Amaya
La Cámara Ambiental de Segunda Instancia de San Salvador giró, el 1 de noviembre, medidas cautelares para restaurar el río Grande, al oriente del país, por la contaminación que tiene. En el documento, los magistrados exigieron 10 medidas que ponen a trabajar tanto a ministerios como alcaldías y autónomas.
La primera medida es que el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Fernando López, en su calidad de presidente del Comité Interinstitucional Nacional de Cuencas Hidrográficas (CINACH), se reúna varias veces con los titulares del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), Ministerio de Salud (Minsal), Ministerio de Obras Públicas (MOP), Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial (MIGODT), la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA), la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) y la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador (COMURES). Esto con el propósito de hacer, en un plazo máximo de dos meses, un diagnóstico y un Plan de Restauración Ambiental de la Cuenca Hidrográfica.
Una vez diseñado el plan, el ministro López deberá hacer una explicación oral en una audiencia especial programada para las 10:00 a.m. del 9 de enero de 2020, en el Juzgado Ambiental de San Miguel, que es el centro judicial más cercano al ecosistema en cuestión.
El titular del MARN también debe enviar un informe que detalle si los planes de manejo de desechos sólidos de las municipalidades que conforman la hidrocuenca tienen los respectivos permisos ambientales.
A la ministra de Salud, Ana Orellana Bendek, la Cámara le da ha dado un plazo de 20 días hábiles para rendir un informe sobre las condiciones de saneamiento básico y ambiental de las comunidades que se ubican en el cantón Salinas de Usulután y de los asentamientos humanos en la zona de influencia del río Grande.
Los magistrados también ordenan al titular del MOP, Edgar Romeo, iniciar en 15 días después de notificado, las obras de mejoramiento de la calle de acceso a la cuenca, ubicada en la zona de la comunidad El Encanto, del cantón Puerto Parada, Usulután. Esta medida es para agilizar la limpieza y remoción de residuos acumulados en ese lugar.
Las medidas incluyen a 46 municipalidades que tienen influencia en la cuenca, y que pertenecen a los departamentos de Morazán, La Unión, San Miguel y Usulután. Cada alcaldía deberá hacer un informe del sistema de recolección de desechos sólidos y después hacer una ordenanza municipal encaminada a la protección del río Grande, para la que deben coordinarse con COMURES.
La Cámara también le ordena a los diputados de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto de la Asamblea Legislativa que aumenten la partida de financiamiento del tratamiento de aguas residuales a nivel nacional para los años 2020 y 2021. Así como crear una partida para financiar la restauración de cuencas hidrográficas del país.
En la medidas cautelares, se le ordena a la directora ejecutiva del Centro Nacional de Registros (RNPN), Tanya Cortez, realice un análisis cartográfico del río Grande de San Miguel, en el que identifique las alteraciones del cauce.
La Cámara inició de oficio una investigación sobre la contaminación del afluente, luego de la publicación de dos periodistas de El Diario de Hoy, en la que se conoció que desde hace 16 años se encuentran unas doscientas toneladas de basura acumuladas principalmente en la zona de la comunidad El Encanto.