Ambientalistas señalan que gobiernos centroamericanos favorecen a mineras y criminalizan a activistas

En el V Encuentro Regional Contra la Minería los defensores medioambientales comparten sus experiencias en la lucha contra la minería metálica que realizan en Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. La criminalización de ambientalistas es un eje temático de La Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN).

Por Marvin Díaz

La Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN) desarrolla el quinto encuentro regional para discutir la situación actual de la industria minera en Guatemala, Honduras, Nicaragua y El Salvador. Los gobiernos, según señalaron los representantes de las organizaciones, criminalizan a los defensores ambientales que se oponen a los proyectos extractivistas y favorecen a las empresas mineras con el otorgamiento de concesiones de exploración y explotación.

Pedro Cabeza, coordinador de ACAFREMIN, explicó que el propósito del evento es discutir la criminalización que enfrentan los defensores ambientales y organizaciones por parte de los gobiernos en la región centroamericana. Asimismo, en el evento pretenden analizar el accionar de los gobiernos frente a los proyectos mineros y los impactos ambientales que genera la industria.

“En los últimos tres años ha habido un incremento a la criminalización de los defensores ambientales y organizaciones”, dijo Pedro Cabeza a GatoEncerrado.

Los defensores ambientales consideran que los gobiernos de sus países benefician los proyectos mineros, brindando concesiones para ejecutar trabajos en zonas de conservación natural.

Desde que asumió la presidencia Nayib Bukele en El Salvador, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN) ha otorgado permisos ambientales a diversas empresas, según sostienen los ambientalistas en el país. Ante eso, temen que el nuevo gobierno otorgue permisos de exploración minera, a pesar de que existe la Ley de Prohibición de Minería Metálica, aprobada por la Asamblea Legislativa en 2017. También, los ambientalistas están preocupados por intentos de reforma a la normativa para abrir las puertas a las empresas mineras.

En el encuentro, la delegación de Honduras señaló un alza en los casos de violencia en el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández en contra de comunidades indígenas y campesinas, tras oponerse a las industrias hidroeléctricas y la minería.

Durante el gobierno del presidente Jimmy Morales en Guatemala, según los ambientalistas guatemaltecos, hubo prioridad en el fomento de la inversión en minería, afectando los ecosistemas de las comunidades y el medio ambiente. En la actualidad, los ambientalistas temen que el presidente electo Alejandro Giammattei siga el modelo extractivista del gobierno pasado.

Hazel Torres, oficial de minería de Centro Humboldt en Nicaragua, explicó a GatoEncerrado que la crisis política del país ha contribuido a la evolución  de las concesiones a la industria minera en departamentos vulnerables. Sostuvo que el gobierno de Daniel Ortega criminaliza a defensores de comunidades que se oponen a trabajos extractivistas.

"Nos encontramos en un Estado concesionario, donde el gobierno promueve la minería con el objetivo, según sus planteamientos, de la promoción económica de los territorios, pero esta va de la mano con la criminalización de los derechos humanos de los pobladores", dijo la oficial a esta revista.

En la actividad, que se realiza en el municipio de Ataco, Ahuachapán, los asistentes compartirán experiencias de la minería en Perú y Haití. Los ambientalistas de estos países expondrán las luchas, políticas, conflictos sociales y ambientales provocados por la industria.        

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