El Gobierno del presidente Nayib Bukele se ha caracterizado por reaccionar a las coyunturas sin planificación. No se prepara, no estudia consecuencias y toma decisiones sobre la marcha, sin consultar a expertos. Improvisa.

El costo de esa improvisación, como es natural, será alto. Sobre todo para las poblaciones vulnerables de El Salvador, como las mujeres, las niñas y los más pobres. La crisis sanitaria por el COVID-19 ha demostrado esa improvisación, a pesar de la publicidad oficial que intenta dar una percepción distinta. 

Esta crisis sanitaria es el mayor reto que la administración Bukele ha enfrentado en sus primeros 10 meses, sin dejar de lado la crisis por el agua contaminada que la ANDA distribuyó en enero y la del 9 de febrero, cuando el presidente militarizó la Asamblea Legislativa. 

Lo inquietante de la crisis sanitaria es que la propagación mundial del COVID-19 encontró a El Salvador improvisando en el área de salud. GatoEncerrado verificó y reveló que el Gobierno hizo un lanzamiento oficial de un Plan Nacional de Salud que no existía. Desde septiembre de 2019, cuando fue lanzado por el presidente Bukele, el plan estaba reducido a un mensaje comunicacional que formaba parte de una estrategia para mantener la popularidad de la imagen presidencial en redes sociales y otros medios de difusión. Nada más. De hecho, la ahora exministra de Salud, Ana Orellana Bendek, admitió ante GatoEncerrado que el plan aún no estaba listo en marzo de este año.

El 10 de marzo, cuando la llegada del COVID-19 a El Salvador era inminente, el presidente comenzó a liderar una serie de medidas para prevenir la propagación en el país. Eso, sin duda, es plausible. Pero no solo se trata de ordenar medidas, sino de planificar y evitar la improvisación, aún en tiempos de emergencia cuando se debe actuar rápido. 

La falta de planificación hizo que la primera decisión del presidente fuera ordenar al ministro de la Defensa, Francis Merino Monroy, que adecuara una base militar como centro de cuarentena para las personas que ingresaban al país. Es decir, su primer ladrillo para construir el muro de contención anti COVID-19 fue con la ayuda de militares y no con un equipo multidisciplinario conformado por epidemiólogos, infectólogos y otros expertos en el área de salud. 

Cuando la cantidad de personas en cuarentena sobrepasó de inmediato los cálculos previstos, el Gobierno habilitó un albergue en Jiquilisco, Usulután, donde todos fueron mezclados, sin importar edad ni país de procedencia. El manejo de esa situación hizo que el albergue fuera un escenario propicio para la propagación. Lo mismo que en la Villa Olímpica, Ayutuxtepeque. Al menos eso es lo que infectólogos y especialistas del Colegio Médico, consultados por GatoEncerrado, han asegurado. Aunque después fueron reubicados en hoteles y otros centros de contención, con habitaciones privadas, la improvisación y la mezcla de personas no terminó ahí. 

El hospital nacional de neumología “José Antonio Saldaña” fue el primer lugar designado para llevar pacientes confirmados de COVID-19, a pesar de no tener una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Ese hospital, según contaron a GatoEncerrado personas en cuarentena, se convirtió en un foco de infección. En ese lugar fueron mezclados pacientes que eran casos confirmados con personas sanas o que no tenían los resultados de las pruebas.

La improvisación también fue la política cuando el Gobierno ordenó retener a personas que violaran la cuarentena domiciliaria nacional. La Policía Nacional Civil (PNC) comenzó a llevarse a cientos de personas de las calles hacia delegaciones policiales o al Palacio de los Deportes, debido a que no tenía un plan ni lugares designados para llevar a esas personas a cumplir una cuarentena obligatoria. Ante las arbitrariedades, organizaciones de derechos humanos tuvieron que acudir a la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para que mediara sobre la legalidad de las retenciones, que se hacían con un procedimiento más propio de captura que sanitario. La Sala, por su parte, ha exhortado a la Asamblea Legislativa y al Ministerio de Salud para que regulen las detenciones con una ley formal y que cesen las arbitrariedades.

La Sala también aceptó una serie amparos a favor de personas en cuarentena, quienes denunciaron la falta de condiciones dignas en los centros de contención, a los que fueron llevados después de regresar al país. Los casos más preocupantes fueron los de personas que pedían a la Sala su mediación para retomar sus tratamientos médicos interrumpidos por estar en cuarentena y los casos de quienes necesitaban saber los resultados de las pruebas para detectar COVID-19.

Otro de los desaciertos, cometidos por la improvisación, fue la logística de selección y entrega del subsidio de $ 300 a las personas afectadas económicamente por las medidas restrictivas para evitar la propagación del virus. Primero, el presidente no anunció con anticipación que iba a imponer, con el beneplácito de la Asamblea Legislativa, una cuarentena domiciliaria por 30 días (que seguirá prorrogando hasta que la pandemia comience a ceder).

La sorpresiva imposición hizo que las personas más vulnerables, especialmente las mujeres del interior del país, quedaran atrapadas con lo único que andaban puesto y con la ración diaria de comida que lograron conseguir para ese día. Son mujeres que viven el día a día, que comen con su familia lo que ganan a diario vendiendo, trabajando en casas ajenas o cultivando la tierra. No tuvieron margen de preparación y muchas, como lo ha revelado GatoEncerrado, tampoco fueron incluidas entre los beneficiarios del subsidio. Ellas, por supuesto, nunca estuvieron haciendo fila en un supermercado comprando grandes cantidades de papel higiénico o comida. No podían, no tenían dinero. Hasta hoy, la distribución y selección de la entrega del subsidio sigue sin entenderse. Personas que viven en extrema pobreza no han sido beneficiadas y pareciera que, dado el mecanismo usado, nunca lo serán.

Luego, el Gobierno lanzó un sitio web que colapsó, mientras miles de personas necesitaban saber si eran beneficiarios del subsidio. Esa falta información y una ineficiente estrategia de comunicación hizo que cientos de miles de salvadoreños rompieran la cuarentena y llegaran a las escasas 16 oficinas de los Centros de Atención por Demanda (Cenade) para buscar respuestas sobre por qué no eran beneficiarios del subsidio. El presidente, quien había dado la indicación de llegar a los Cenade, no fue capaz de calcular que una multitud le tomaría la palabra y que eso iba a romper todas las medidas para evitar la propagación del virus.

Toda esa falta de planificación tiene consecuencias. Cuando la emergencia pase —esperamos que sea pronto— las personas más vulnerables tendrán que enfrentarse a una desigualdad económica mayor, más hambre y más pobreza.

Nunca es tarde para rectificar, aunque ya hay daños irreversibles. El presidente está a tiempo de rodearse de expertos, repensar los siguientes movimientos y aceptar la crítica de quienes señalan los errores para enmendar. Para que los daños colaterales no sean tan severos, hay que comenzar por reconocer que no pueden haber más fallas.