El Salvador amaneció el 7 de septiembre con el bitcoin como nueva moneda de curso legal obligatorio y con el reciente pase libre para la reelección y consolidación de una nueva dictadura en manos del presidente Nayib Bukele gracias a los abogados que usurpan la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Pero el país también despertó con una multitudinaria protesta contra la entrada en vigencia de la Ley Bitcoin, las reformas a la Ley de la Carrera Judicial que destituyen automáticamente a los servidores judiciales mayores de 60 años o con 30 años de servicio y la reelección presidencial continua.

Tanto la Ley Bitcoin como el decreto que jubila obligatoriamente a los empleados judiciales fueron aprobados con dispensa de trámite, al estilo de la Asamblea Legislativa dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, que ha dejado en el olvido el debate parlamentario. Siguiendo órdenes del Ejecutivo, la Sala impuesta también emitió un documento que va en contra de al menos cuatro artículos de la Constitución de la República que prohíben la reelección presidencial.

En la mañana del 7 de septiembre hubo dos marchas organizadas por sectores diferentes, una de jueces contra la intromisión del Ejecutivo y su Asamblea en la independencia judicial y la otra en contra de la Ley Bitcoin. Ambas se encontraron, coincidentemente, frente a las instalaciones de la Asamblea Legislativa para entregar piezas de correspondencia en las que exigían la reconsideración o derogación de las decisiones. La marcha protagonizada por los jueces salió desde la Plaza Divino Salvador del Mundo y la de organizaciones civiles en contra de Ley Bitcoin salió desde la Plaza Morazán.

El irrespeto que hace el Ejecutivo a la legislación en el país es tal que el presidente Bukele anunció que su Gobierno compró 400 bitcoins antes de la entrada en vigencia de la Ley Bitcoin que él mismo confeccionó con sus hermanos, a un precio de alrededor de $28.4 millones de los recursos públicos que no estaban destinados para ello. El criptoactivo es tan volátil que su valor fue disminuyendo el 7 de septiembre, tanto que el país perdió en un solo día $2.4 millones. El uso de la aplicación móvil “Chivo Wallet” tampoco resultó como se esperaba: a pesar de que anunció que podría usarse a partir de las 00:00 horas, hasta la publicación de esta nota los usuarios no podía descargarla o meter sus datos. 

“Este día entró en vigencia la libertad financiera (…) Porque por años excluyeron a más del 70 % de la población del sistema financiero y hacia ella va dirigida (…) Esa población que ha venido a manifestarse no suman ni 30 personas, y 20 eran fotógrafos”, mintió la diputada de Nuevas Ideas Dania González, durante la sesión plenaria. Mientras tanto, la población protestaba.

“El pueblo no tiene la capacidad de jugar e invertir. Ese es un tema de millonarios que están acostumbrados a jugar y, ahora, hacer del país un casino”, expresó un vendedor de pan que aprovechó la marcha para ofrecer su pan. Su venta iba rotulada con el símbolo contra la Ley Bitcoin.

Aunque el miedo dominó a los operadores del sistema judicial después del golpe de Estado el 1 de mayo, cuando ocurrió la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional y el fiscal general de la República; este 7 de septiembre los jueces y magistrados salieron a las calles para manifestar su descontento con la invasión al Órgano Judicial y la concentración del poder.

Al final del día, después de dificultades que enfrentaron los jueces y organizaciones civiles para introducir la pieza de correspondencia para derogar la Ley Bitcoin y para las reformas a la Ley de la Carrera Judicial, la Asamblea Legislativa las rechazó en la sesión plenaria.