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Reformas judiciales amedrentan, criminalizan y censuran a la prensa que informa sobre las pandillas

La Mesa de Protección a Periodistas denunció una nueva amenaza al ejercicio periodístico a través de las reformas al Código Penal y a la ley de proscripción de maras y pandillas para prohibir y sancionar hasta con15 años de prisión a quienes difundan mensajes o comunicados relacionados con las pandillas. Amnistía Internacional también manifestó preocupación por la vaguedad de las reformas y la intensión de controlar la narrativa pública y censurar la prensa.

Foto/Archivo/Emerson Flores

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Por Karen Moreno

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Nuevas Ideas y los diputados aliados en la Asamblea Legislativa avalaron reformas judiciales que a juicio de organizaciones de derechos humanos y de la principal asociación de periodistas de El Salvador pretenden amedrentar, criminalizar, censurar y hasta llevar a la cárcel a periodistas y cualquier persona que informe del fenómeno de las pandillas.

“Estas reformas mordazas son una nueva herramienta para criminalizar el trabajo periodístico, una alarmante tendencia que APES ha venido señalando desde hace meses”, sostuvo en un comunicado de prensa la Asociación de Periodistas de El Salvador, tras la aprobación exprés de las reformas al Código Penal y a la ley de proscripción de maras y pandillas durante, la sesión plenaria ordinaria 51, del 5 de abril. 

La postura fue reiterada y respaldada en una conferencia de prensa de la Mesa de Protección a Periodistas, conformada por la APES, la Colectiva de Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información, la Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas” (UCA), la Asociación de Radios (ARPAS), la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad) y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH), aunque esta última ha estado ausente en los pronunciamientos. 

Las reformas penales, avaladas sin ningún análisis, imponen de 10 hasta 15 años de cárcel a quienes elaboren grafitis y difundan mensajes de pandillas. En la reforma a la ley de proscripción de maras y pandillas expresamente se prohíbe a los medios de comunicación transmitir mensajes o comunicados presuntamente originados por pandillas bajo el argumento que generan zozobra y pánico en la población.

Al estar bajo un sistema judicial controlado el poder Ejecutivo y en un contexto de régimen de excepción donde el presidente Nayib Bukele, sus funcionarios y diputados oficialistas han relacionado a defensores de derechos humanos, organizaciones internacionales y medios como “socios de pandillas”, el presidente de la APES, César Castro Fagoaga, dijo que preocupa la arbitrariedad con la que puedan ser aplicadas estas reformas.

“El papel no importa si los que van a aplicar justicia violan sistemáticamente las leyes, sumado a la falta de garantías constitucionales, es una grave preocupación para cualquiera que hacemos y ejercemos periodismo en El Salvador ¿Cuál es el límite? ¿Quién va a determinar si una comunicación o una publicación está haciendo apología o está contraviniendo la ley? ¿La Fiscalía que responde al oficialismo, la Policía que responde al oficialismo? ¿Los militares sin poder de raciocinio? ¿quién determina?”, cuestionó el presidente de APES.

Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, también manifestó preocupación ante las reformas “no sólo por su vaguedad, sino porque estaría buscando amedrentar con penas de prisión a quienes con valentía y rigor informan a la población sobre el lamentable fenómeno de las pandillas en el país”.

Agregó que lejos de luchar contra la apología criminal, esta reforma pareciera querer controlar la narrativa pública y censurar la prensa. “El Estado salvadoreño en su conjunto debe garantizar el derecho de las personas a informar y a ser informadas”, pidió.

Fagoaga sostuvo que el trabajo periodístico es fundamental para entender el problema de las pandillas. Desde el periodismo también se ha revelado las negociaciones que han tenido con los gobiernos de Arena y el FMLN, así como con el gobierno del presidente Bukele.

“No podemos pensar que al no mencionarlas (a las pandillas) estas van a desaparecer. Y, por muy estúpido que suene, es peligroso, porque lo que está detrás es un intento por coartar la liberad de expresión. Y este caso, las reformas aprobadas no solo atañan a medios de comunicación, sino a cualquier persona que haga referencia a eso”, dijo Fagoaga.

Serafín Valencia, representante de la UCA en la mesa, mencionó que el Órgano Judicial ya había censurado a dos medios de comunicación y ordenó bajar de sus sitios web publicaciones periodísticas, en relación a una nota de GatoEncerrado que reveló que el fiscal general impuesto Rodolfo Delgado incumplía el requisito de moralidad notoria para asumir el cargo de fiscal General de la República, debido a que tenía un proceso de violencia intrafamiliar abierto.  

“Ese fue un primer paso. Lo que hoy se realiza es un escalón más en ese ascenso por violentar este derecho a la libertad de prensa, que es la garantía también para otro derecho fundamental: El derecho a la información”, señaló Valencia. “Probablemente, el siguiente paso sea empezar a coartar la libertad de expresión, que no solamente compete a los periodistas, sino a la población en general”, agregó el representante de la academia.

Mónica Rodríguez, representante de la Colectiva de Periodistas, Comunicadoras y Trabajadoras de la Información, señaló la escalada de agresiones contra periodistas de 65 en 2018 a 219 en 2021. 

Las agresiones a mujeres periodistas también han subido.  “Hay un aumento del 165 % de agresiones contra las mujeres periodistas. Solo para el 2021 se registraron 69 casos hasta noviembre; mientras que en 2020 hubo 26. En lo que va del 2022 van 15 mujeres agredidas, principalmente por restricción al ejercicio periodístico y acoso digital”, informó Rodríguez