Bitácora ambiental

Gobierno presenta política ambiental construida sin participación ciudadana

El Ministerio de Medio Ambiente abrió una consulta pública en línea para que la ciudadanía diera sus aportes y observaciones a la propuesta. En el proceso que duró 15 días hábiles solo participó una empleada del MARN. César Artiga, coordinador del Equipo Impulsor del Acuerdo de Escazú, consideró que la consulta se sacó de manera improvisada y se dio muy poco tiempo.

Funcionarios del gobierno, entre ellos el titular del MARN, presentaron la Política Nacional del Medio Ambiente en un salón del Ministerio de Relaciones Exteriores. 

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Por Gloria Olivares

Luego de tres años de gestión, el pasado 24 de mayo el Consejo de Ministros del presidente Bukele aprobó la nueva Política Nacional del Medio Ambiente, que tiene como objetivo incorporar criterios de sostenibilidad en el modelo de desarrollo para enfrentar los desafíos del cambio climático.

La normativa llega cinco años de retrasado. Según el artículo 3 de la Ley de Medio Ambiente, la Política Nacional del Medio Ambiente se actualizará por lo menos cada cinco años; sin embargo, la última política fue aprobada el 30 de mayo de 2012, durante el gobierno del FMLN. Su actualización correspondía en 2017.

Ese mismo artículo indica que la política contempla un conjunto de principios, estrategias y acciones, emitidas por el Consejo de Ministros, y realizada por el Ministerio del Medio Ambiente.

Pero, si bien el MARN es el encargado de realizar la Política Nacional del Medio Ambiente, la ciudadanía también puede pronunciarse. Entre el 21 de febrero al 11 de marzo de 2022, el ministerio desarrolló una consulta pública a través de la página web, de la cual avisó en Facebook. 

En dicha consulta solo participó una empleada del Área de Evaluación y Cumplimiento Ambiental del MARN, según indicó la Unidad de Instrumentos Estratégicos en una respuesta a la solicitud de información que gestionó GatoEncerrado.  La unidad aseguró que la empleada aportó observaciones que consistían en el fortalecimiento de las unidades ambientales, incorporación de buenas prácticas y el fomento de la investigación científica. Agregó que las observaciones fueron revisadas y razonadas por el equipo coordinador de la elaboración de la política.

Muy poco tiempo

A criterio de César Artiga, coordinador del Equipo Impulsor del Acuerdo de Escazú, la consulta se sacó de manera “improvisada” y se dio muy poco tiempo.

Artiga explicó que el proceso de consulta pública es largo porque se requiere convocar a técnicos territoriales para estudiar y analizar el borrador de la Política Nacional. Posteriormente, realizan un proceso de validación de las observaciones con los distintos actores académicos y activistas. 

Así como el  Equipo Impulsor del Acuerdo de Escazú, muchas organizaciones, ciudadanos y colectivos ambientales se quedaron sin participar en este espacio. 

La Ley de Medio Ambiente establece el derecho a la participación, para lo cual las personas deben ser informadas de manera oportuna, clara y suficiente. Esta normativa exige al ministerio promover y fomentar la participación de las comunidades. Según el derecho internacional una consulta pública debe ser previa e informada.

Luego de la presentación de la política y ante falta de espacio para preguntar, GatoEncerrado abordó en el pasillo de Cancillería al ministro de Medio Ambiente y le preguntó con qué sectores había trabajado la política; sin embargo, pese a escuchar la interrogante, no se detuvo y continúo con el celular en el oido. 

Los permisos ambientales

El MARN delimitó como objetivo central de la Política Nacional del Medio Ambiente incorporar criterios de sostenibilidad en el modelo de desarrollo frente a los grandes desafíos climáticos y ambientales. Ese objetivo se pretende alcanzar a través de: la gestión de los recursos hídricos para buscar su seguridad; gestión del riesgo climático y tránsito a una economía baja en carbono; la integración de la biodiversidad en actividades de desarrollo económicos y social y la inducción a una gestión ambiental que propicie la protección y la conservación los recursos naturales.

Fiel a esta visión de incorporar la sostenibilidad en el modelo de desarrollo, Fernando López dijo que el trabajo del Ministerio de Medio Ambiente debe ser transversal: “tiene que ver desde el tema de facilitación de comercio hasta la protección y restauración de nuestros ecosistemas”, sostuvo.

En esa misma lógica, el funcionario argumentó que los permisos ambientales también “garantizan” la conservación y la compensación de los recursos naturales, ya que no solo “no solo se trata de sembrar árboles”.  Sin embargo, el gobierno pidió a la Asamblea disolver el Fondo Ambiental de El Salvador (FONAES) -que se encargaba de los proyectos de compensación ambiental-, y pasó las competencias a la ley del agua.

 “Dar un permiso medioambiente ayuda a conservar los recursos naturales y eso es algo que tenemos que entender. Regularizar, sacar a los proyectos de la clandestinidad. Un permiso medioambiental garantiza la compensación ambiental, garantiza que va a estar regulado con las leyes de vivienda, con las leyes de urbanismo, con las leyes de construcción, de cultura”, justificó.  

López dijo que los gobiernos anteriores pensaron que bloqueando los permisos ambientales estaban ayudando al medio ambiente y “fue todo lo contrario”. Por órdenes del presidente Bukele, el MARN ha agilizado los permisos ambientales a grandes  proyectos que ponen peligro las fuentes de agua de las comunidades, entre esos Valle El Ángel en Apopa, y “Residencial Eco-Terra” en Ahuachapán.

Para César Artiga, la compensación legitima y valida el daño ambiental a cambio de recursos económicos para financiar las instituciones o proyectos del Ejecutivo. 

Por otra parte, Artiga consideró que el objetivo principal de esta política deja algunas dudas porque el gobierno no ha respondido con claridad cuál es el modelo de desarrollo que está en ejecución. Afirmó que en la práctica lo que se está observando es un modelo de desarrollo basado en megaproyectos y extractivismo. 

En este sentido, según Artiga, la Política Nacional del Medio Ambiente vendría a flexibilizar las normativas que existen para legitimar ese modelo de desarrollo en detrimento de los bienes comunes.