Bitácora

Cristosal: Pandillas causaron 69.8 % de los casos de desplazamiento forzado atendidos hasta la fecha

Cristosal atendió a cientos de salvadoreños que sufrieron desplazamiento forzado interno desde la aprobación del régimen de excepción, la mayoría por el acoso de las pandillas. 

 

El desplazamiento forzado es un fenómeno que sigue afectando a las familias salvadoreñas. Fotografía / Archivo
Por Karen Moreno

Por Karen Moreno

La organización defensora de derechos humanos Cristosal atendió a 460 salvadoreños que fueron víctimas de desplazamiento forzado interno, entre enero y el 17 de octubre de 2022. Del total de casos, 69.8 % tuvo que huir de sus hogares debido a la violencia ocasionada por las pandillas, pese a la implementación del régimen de excepción desde el 27 de marzo. 

En segundo lugar, la organización registró que un 11.9 % de los casos de desplazamiento fueron provocados por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), mientras que un 7.5 % lo causaron individuos particulares y 10.8 % otros. 

En comparación, el año pasado Cristosal atendió 552 víctimas de desplazamiento forzado. Del total, el 76.7% de los casos fueron provocados por las pandillas, es decir, persiste una tendencia similar. En un 13 % de los casos, individuos particulares fueron los victimarios, personas desconocidas (o que las víctimas no revelaron su identidad por temor) en un 7.5 % de los casos y en 1.9% por agentes policiales. Esto quiere decir que la Policía se convirtió en el segundo victimario y causante del desplazamiento forzado de salvadoreños desde la aprobación del régimen de excepción. 

Rina Montti, directora de Investigaciones de Cristosal, dijo a GatoEncerrado que debe considerarse que, aunque las personas fueron atendidas durante el régimen, no todos los hechos ocurrieron en ese período. Sin embargo, muchos casos sí ocurrieron en el régimen o  volvieron a activarse en ese tiempo, lo que revela que persiste el control por parte de las pandillas en las comunidades.

Montti informó que, desde el 27 de marzo al 18 de octubre de 2022, Cristosal atendió 293 personas víctimas de desplazamiento forzado. La mayoría son mujeres en un 59.4 % y 41.3 % son hombres. De acuerdo a la investigadora, esta situación afecta de manera diferenciada a las mujeres, quienes deben lidiar con las agresiones de pandillas, empleados públicos y además cargar con las tareas de cuidado de niñez, adolescencia y personas adultas mayores.

Montti explicó que algunos miembros de estos grupos creían que las víctimas habían interpuesto una denuncia y, en venganza, las sacaron de sus comunidades. Otras familias tuvieron que huir de sus hogares ante la imposibilidad de pagar las extorsiones acumuladas de meses. 

La investigadora también detectó que miembros de la Policía acosan y amenazan con detención a las personas para presionarlas a que revelen la ubicación de pandilleros de la comunidad. Ante la imposibilidad de brindar la información, las víctimas prefieren irse de la zona. En otros casos, los agentes policiales aprovecharon el régimen de excepción para amenazar con capturar ilegalmente por cuestiones de herencia o de otra índole contra familiares o ex parejas.

En ese sentido, Montti concluyó que esta situación ha provocado impunidad porque la Policía no tiene ningún tipo de control u observancia.  

“El desplazamiento forzado interno genera en estas familias un grave impacto en sus vidas, limitando no solo la libertad de circulación y de libre elección de sus residencias, sino también sus derechos a la integridad física, psicológica y sexual”, detalló Cristosal en el informe presentado este 19 de octubre, titulado “Violaciones a los derechos humanos durante el régimen de excepción en El Salvador”. 

Violación al debido proceso

En la presentación del informe, el jefe de la Unidad de Justicia Transicional de Cristosal,  David Morales también dijo que los jueces y juezas especializadas en crimen organizado, que reciben los casos de personas acusadas de agrupaciones ilícitas durante el régimen, están violentando deliberadamente el derecho a la defensa y también el ejercicio de defensa de imputados que no están presentes durante la audiencia o que la modalidad de la misma es virtual, con los micrófonos apagados para que las personas procesadas no puedan tomar la palabra. 

“Los primeros meses (de la implementación del régimen) las personas denunciaban abusos durante la privación de libertad”, añadió Morales.

Morales también criticó que los jueces generen “en automático” la detención provisional contra las personas que son presentadas. 

El pasado 18 de octubre de este año, el director de Centros Penales. Osiris Luna. dijo en un programa de entrevistas que “la institucionalidad funciona y la liberación de personas no vinculadas a pandillas lo demuestra”.

Zaira Navas, jefa jurídica en seguridad de Cristosal, calificó como una “falacia” la afirmación de Luna. “En este momento, el sistema penal que han elaborado y están aplicando no permite que ninguna persona sea absuelta o sobreseída, sino que la única medida que se puede imponer es la detención administrativa o una medida sustitutiva a la detención provisional”, explicó a GatoEncerrado.

También criticó que no hay criterio uniforme de jueces para darle a unas personas la medida sustitutiva y a otras no. “Esas personas tienen que esperar a que el juicio termine. Es una falacia, una mentira. No están libres. Deben presentarse cada 15 días”, explicó a esta revista. La defensora de derechos humanos además aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) “está pidiendo ampliación de la fase instrucción, o sea que las personas detenidas en abril se les extenderá el plazo y van a estar detenidas un año”. 

Finalmente, los defensores de derechos humanos recordaron que el próximo 25 de octubre a las 9 de la mañana habrá una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos relacionada a la situación de las personas privadas de libertad durante el régimen de excepción. Participarán nueve organizaciones de sociedad civil y Navas dijo que esperan que la representación del Estado también participe, porque su negativa a presentarse “no solo revela opacidad, sino incumplimiento grave a las obligaciones internacionales y traerá consecuencia posibilidad de demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, agregó. 



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