Bitácora política

Asamblea quita local a sindicato crítico para dárselo a uno afín al oficialismo

La Asamblea Legislativa desalojó de su local al Sindicato de Trabajadores de la Asamblea Legislativa (Sitral), liderado por Luis Ortega, y se lo entregó al SEAL, un sindicato identificado con el partido Gana y aliado de Nuevas Ideas.

Foto de archivo /  Luis Ortega, secretario general de Sitral, y otros integrantes del sindicato dan una conferencia en la Asamblea.

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Por Melissa Paises

El pasado 6 de enero, agentes de seguridad institucional y guardaespaldas de diputados desalojaron del local al sindicato de trabajadores más antiguo de la Asamblea Legislativa (Sitral) y crítico de la actual legislatura dominada por Nuevas Ideas.

El secretario general del Sitral, Luis Ortega, dijo que el gerente de Operaciones Legislativas, Franklin Nolasco Morales, le llamó por teléfono para notificarle del desalojo, después de las 4 de la tarde, cuando ya se habían retirado de su jornada laboral. Ortega aseguró no hubo justificación ni orden judicial o aviso previo.

El local está ubicado en el segundo nivel del Centro Cívico Cultural Legislativo (CCCL) y les fue asignado en 2017, mediante un acuerdo verbal, según dijo el Sitral.

Una vez quedó libre, el local pasó a manos del Sindicato de Empleados de la Asamblea Legislativa (SEAL), fundado en 2014 por empleados del partido Gana y familiares de la esposa del diputado Guillermo Gallegos, así como por el gerente de Operaciones Legislativas, Franklin Nolasco Morales, quien además es presidente magistrado del Tribunal de Servicio Civil (TSC) nombrado por la Asamblea.

GatoEncerrado llamó por teléfono a Nolasco para preguntarle porqué le quitaron el local a Sitral y se lo entregaron al SEAL o si les asignarán otro espacio; sin embargo, se rehusó a responder. De igual forma, esta revista pidió una explicación a los miembros del SEAL, pero se negaron a dar una postura, porque dijeron que no contaban con la autorización del secretario general, Mauricio Salazar.

El traspaso del local sí fue confirmado por dos integrantes del SEAL, consultados por esta revista, y por un anuncio que enviaron a los correos institucionales de los empleados y que está pegado en las paredes del Palacio Legislativo. En el anuncio invitan a los empleados a afiliarse al SEAL en la dirección del lugar que era del Sitral.

En mayo de 2021, cuando tomó posesión la nueva legislatura, el presidente de la Asamblea, Ernesto Castro, excluyó al Sitral y se reunió con los miembros de SEAL. En esas reuniones, uno de los voceros del SEAL dijo que habían gestionado un local para su sindicato y otro para alcohólicos anónimos. El Sitral cuestionaba los despidos injustificados, incluso realizó una huelga de hambre.

Anuncio del SEAL pegado en una pared de un pasillo de la Asamblea Legislativa.

¿Qué pasó con el equipo del Sitral?

En el local se encontraban computadoras, documentos con información personal de los miembros del SITRAL, equipo y otros materiales que fueron movidos a uno de los pasillos del CCCL.

Ingrid Escobar, secretaria segunda de conflictos, dijo a GatoEncerrado que a raíz del desalojo se extravió dinero de la caja chica del sindicato y otros artículos, por lo que los sindicalistas han decidido no retirar el mobiliario hasta que sea entregado de forma íntegra.

Escobar aseguró que este sindicato, fundado en 2010, nunca había recibido tantas formas de amedrentamiento.

“Habiendo pasados cinco años, habiendo pasado cuatro partidos políticos dirigiendo la Asamblea Legislativa, nunca nos dijeron nada, es más, llegaban a nuestro local, nos enviaban correspondencia al local.  Había un consentimiento verbal de parte de las autoridades y nosotros, y por lo tanto es completamente legal, así lo dice la ley”, dijo.

Actualmente solo dos de los ocho miembros de la junta directiva del Sitral conservan sus empleos dentro del Órgano Legislativo, luego de ser despedidos pese a contar con el fuero sindical establecido en el artículo 47 de la Constitución. En ese entonces, algunos miembros iniciaron un proceso judicial por los despidos, pero hasta este momento no han recibido respuesta. Luis Ortega también denunció que su permiso sindical le ha sido removido.

Según datos del Sitral, antes de que entrara la nueva legislatura el sindicato contaba con 940 afiliados; pero, desde el 1 de mayo de 2021 hasta la fecha, han recibido un aproximado de 220 solicitudes de desafiliación, de las cuales 60 han sido presentadas a partir del desalojo del local.

“Están fortaleciendo un sindicato en detrimento del otro”

La disputa por dicho local empezó en abril de 2022. El Sitral recibió una nota enviada por Nolasco en la que les solicitaba el espacio para alojar a personal de la Red Global de Información Legal (GLIN), ofreciéndoles a cambio un traslado.

El sindicato se negó debido a que el lugar ofrecido se trataba de las ex instalaciones de la Unidad de Gestión Documental, ubicadas en un sótano del CCCL. Ortega aseguró que el lugar no cuenta con las condiciones para alojar a personas y que además presentaba riesgo sísmico, según una inspección realizada por el Ministerio de Trabajo. 

Desde entonces el tema no volvió a tratarse hasta que el desalojo se efectuó el 6 de enero. Ese mismo día, a las 5 de la tarde, Ernesto Castro se reunió con el SEAL para “conversar sobre los derechos de los trabajadores y sobre proyectos futuros que beneficiarán a los empleados legislativos”, según señaló en una publicación en Facebook. “El sector sindical tiene las puertas abiertas en esta administración. Buscamos el mismo objetivo: el bienestar de los trabajadores de la Asamblea Legislativa”, agregó.

Actualmente el Sitral se encuentra preparando una queja que será presentada a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en la que manifiestan que las autoridades de la Asamblea Legislativa buscan favorecer a un sindicato de corte “patronal” a través de la erradicación del Sitral.

“Están fortaleciendo un sindicato en detrimento del otro. Este proceso tarda, quizá dos años o más, pero no importa, un día va a haber respuesta. Ellos creen que el poder es eterno, que la ley no sigue al funcionario aunque deje de ser funcionario, pero igual los va a seguir la ley. Ellos se atienen”, sentenció Ingrid Escobar.