Una nota sensacionalista de Diario Extra originó la desinformación de que Costa Rica quiere imitar a Bukele
El periódico Diario Extra de Costa Rica, que tiene un historial por difundir información falsa y “discurso del miedo”, publicó una nota que sacó de contexto las declaraciones del ministro de Seguridad costarricense y le cambió el sentido a la frase para afirmar que sería “genial” que Costa Rica adopte las medidas de seguridad implementadas por El Salvador para enfrentar la situación de inseguridad. Esa nota, con la declaración editada e incompleta, se convirtió en el origen de una cadena de desinformación y en la única fuente de medios de comunicación que difundieron titulares engañosos; entre esos, el oficialista Diario El Salvador. También fue la fuente original del ministro de Defensa salvadoreño, René Merino Monroy, quien aseguró en una entrevista de televisión que el hermano país estaba interesado en imitar a El Salvador. Esta es la reconstrucción y el contexto de cómo una nota con falta de rigor periodístico se convirtió en una fuente de desinformación. Para armar esta verificación, las salas de redacción de los medios Doble Check y GatoEncerrado hicieron una alianza, gracias a la coordinación de la periodista tica María Laura Molina.
Por Ezequiel Barrera y María Laura Molina/Doble Check
El ministro de la Defensa de El Salvador, René Merino Monroy, afirmó el pasado 3 de enero en la entrevista de televisión “Diálogo con Ernesto López” que el ministro de Seguridad de Costa Rica y algunos diputados de ese país “en más de una ocasión han publicado en medios de mucho prestigio que lo que necesitan en Costa Rica para mejorar el nivel de seguridad es el modelo del señor presidente Nayib Bukele”.
Para escuchar las declaraciones, reproduzca este video que ya está configurado desde el minuto 13, donde se refiere al tema.
Para verificar esta afirmación, GatoEncerrado hizo una alianza con los periodistas de Doble Check en Costa Rica —un proyecto de auditoría del discurso público financiado por la Universidad de Costa Rica y que opera como afiliado a las Radioemisoras UCR— con quienes fue posible reconstruir la historia detrás de unas declaraciones del ministro de Seguridad costarricense, Jorge Torres, que fueron manipuladas por el periódico Diario Extra en una nota que sirvió como fuente para otros medios, incluidos los afines al Gobierno de Nayib Bukele. En la cadena de desinformación también aparece el ministro de Defensa salvadoreño, quien presumió en televisión que Costa Rica estaba buscando imitar a El Salvador para superar la situación de inseguridad que está enfrentando.
Esta cadena de noticias engañosas tuvo su origen el 19 de diciembre de 2022. Ese día, el ministro Torres ofreció una conferencia de prensa para informar sobre la incautación de una tonelada de cocaína en la provincia de Limón, al oriente de Costa Rica, y la captura de cinco personas ligadas al transporte de la droga. En sus declaraciones, entre otras cosas, hizo un señalamiento —que más parecía una queja pública— sobre el sistema garantista del Poder Judicial que deja “libres y con tobilleras” a personas que han sido capturadas por presuntamente haber cometido crímenes.
Ante esos señalamientos, un periodista de Diario Extra —un periódico sensacionalista de Costa Rica que cuenta con un historial de condenas por publicar información falsa y difundir, históricamente, “discurso del miedo”— le preguntó al funcionario: “¿Se siente usted desprotegido con las acciones que está tomando el Poder Judicial ante el trabajo de ustedes?”
En parte de su respuesta, el ministro mezcló dos ideas que no logró exponer de forma clara e incluso fueron contradictorias. Por un lado dijo que no quisiera tener un tema de seguridad como en El Salvador, pero por otro dijo que sería “genial” para disminuir la cantidad de homicidios en Costa Rica.
“Hay que hacer un llamado, algo tiene que cambiar. Yo no quiero tener un tema de seguridad como el que tiene el presidente de El Salvador, Bukele; sería genial para bajar el índice de homicidios, pero sí tenemos que estar claros en qué momento de seguridad estamos para poder tomar decisiones”, respondió, literalmente, el ministro Torres.
Con esta declaración contradictoria, ambigua y escueta, el periodista de Diario Extra redactó una nota que fue publicada el 29 de diciembre de 2022 bajo el titular: “Sistema como el de Bukele sería genial para bajar homicidios”.
En la nota, la declaración del ministro Torres aparece recortada y editada. De manera que el sentido de la frase cambia de “Yo no quiero tener un tema de seguridad como el que tiene el presidente de El Salvador, Bukele; sería genial para bajar el índice de homicidios…” a “Un tema de seguridad como el que tiene el presidente (Nayib) Bukele,(sic) sería genial para bajar el índice de homicidios…” El texto publicado omite la parte en la que Torres dijo “Yo no quiero tener…” y esa parte con omisión fue seleccionada para titular la nota que sirvió como fuente para otros medios y las declaraciones del ministro de la Defensa de El Salvador.
Para entender por qué la declaración del ministro Torres fue recortada y editada de esa manera, los periodistas de Doble Check platicaron con el autor de la nota publicada en Diario Extra, Yiren Altamirano, quien además facilitó la grabación íntegra de la conferencia de prensa del 19 de diciembre.
El periodista reconoció que editó la transcripción porque, según interpretó él, Torres afirmó que la política de seguridad salvadoreña sí es beneficiosa para Costa Rica.
“Lo recorté porque entre esos puntos él (Torres) señala que no quiere tener un sistema así, pero ‘sería genial’, como se escucha en el audio. La cuestión es que el ministro afirma que sí es bueno para el país”, justificó Altamirano.
Ante la respuesta escueta del funcionario, el redactor no le pidió aclaraciones adicionales para precisar su opinión sobre la seguridad en El Salvador.
Para obtener esas precisiones y aclaraciones, Doble Check pidió al ministro de Seguridad de Costa Rica que ampliara sus declaraciones, ya que el Ministerio de Seguridad no emitió ninguna aclaración ni solicitó rectificación a Diario Extra. Torres respondió escuetamente a través de un escrito que con sus declaraciones del 19 de diciembre se refería específicamente al “eficaz uso del sistema de contención penitenciario” de El Salvador.
“Lo que he querido decir se asocia con que las políticas de prevención en El Salvador se resumen exclusivamente al encierro de personas con alto perfil delictivo”, respondió.
Agregó que, a su juicio, Costa Rica goza de una de las democracias más consolidadas del mundo, pero que “hemos confundido el cumplimiento de derechos humanos que las personas realmente merecen con el garantismo falso, y eso ocurrió en administraciones pasadas”.
Como sus respuestas seguían siendo ambiguas y no contestaba a por qué califica como “genial” el uso del sistema penitenciario de El Salvador, Doble Check buscó conversar personalmente con el ministro Torres el 25 de enero pasado. En esa ocasión, el funcionario aclaró que no tiene interés en imitar a El Salvador: “No lo quiero”.
“Cuando me refiero a El Salvador, me refiero a las penas y es en lo que estoy luchando ahorita, que las penas se cumplan (…) por narcotráfico, delitos violentos, delitos contra las mujeres y delitos con arma blanca”, dijo.
El ministro también dio su opinión sobre El Salvador en la comisión de Seguridad y Narcotráfico de la Asamblea Legislativa de Costa Rica el 12 de enero. La diputada Alejandra Larios —del Partido Liberación Nacional, la primera fuerza política del país y oposición con mayoría en el Poder Legislativo— le consultó a Torres sobre la cita que Diario Extra le atribuyó a finales de diciembre: “¿Usted piensa que en Costa Rica debemos implementar un sistema como el del presidente Bukele?”.
Torres respondió a la diputada que el periodista de Diario Extra “posiblemente lo malinterpretó”, y agregó que él dijo que “hay que tener mano dura”.
“El único país que ha logrado controlar el índice de homicidios hasta el día de hoy es porque Bukele ha encerrado a esos delincuentes; no hablando de la violación a los derechos humanos para no tener algún conflicto diplomático con El Salvador, pero sí creo que una medida que hemos venido reclamando es que la gente que es condenada cumpla la condena”, afirmó Torres en esa comisión.
Para zanjar el tema, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chaves, dijo el 25 de enero pasado que su gobierno no está interesado en implementar medidas como el régimen de excepción aplicado en El Salvador para enfrentar la crisis de inseguridad. Coincidió, eso sí, con su ministro de Seguridad en las quejas contra el Poder Judicial y el sistema garantista que no tiene un “balance correcto” y deja en libertad “muy rápido” a las personas que son capturadas por presuntamente haber cometido ilícitos.
“En Costa Rica no tenemos ejército, tenemos garantías. En Costa Rica no podemos arrestar a la gente como se hace en Perú y no tenemos la capacidad de declarar un estado de excepción. Y además no estoy claro que los costarricenses queramos vivir en un régimen jurídico político como los salvadoreños. Entonces no digan: ‘Ah, es que queremos vivir como se vive en Suiza, ir a esquiar en la nieve todos los sábados’. No, aquí no hay nieve. Tenemos que arreglar nuestros problemas de acuerdo a nuestra realidad política. Yo soy un ferviente amante de la democracia, la separación de poderes y del diálogo firme y claro. Entonces aquí estoy poniendo el problema como es. Pero no, lo de Bukele se lo voy a quedar debiendo”, dijo Chaves.
Titulares internacionales engañosos
Tras la publicación de la nota de Diario Extra, medios de comunicación internacionales y salvadoreños difundieron la cita editada. Por ejemplo, el periódico oficialista Diario El Salvador difundió una nota titulada “Jerarca de Seguridad de Costa Rica afirma que régimen de excepción, como el implementado por el presidente Bukele, sería ideal para bajar homicidios en ese país”.
El medio Semana, de Colombia, fue más allá y tituló que Costa Rica “podría adoptar modelo de Nayib Bukele” citando únicamente la frase recortada de Diario Extra. El medio Bloomberg Línea incluso aseguró que “Gobierno de Costa Rica quiere implementar sistema de seguridad de Nayib Bukele”, refiriéndose al régimen de excepción que sigue vigente en El Salvador desde marzo de 2022.
Tras esas publicaciones de diferentes medios que solo tenían como fuente a Diario Extra, el ministro de Defensa salvadoreño aprovechó la entrevista de televisión para afirmar que “el ministro de Justicia de Costa Rica” y diputados quieren imitar el modelo de seguridad de Nayib Bukele. El funcionario salvadoreño, por cierto, parece haber confundido el cargo de Jorge Torres con el del ministro de Justicia, a quien Doble Check no le encontró ninguna declaración pública relacionada con emular la política de seguridad de El Salvador.
Por otro lado, es cierto que el diputado del partido de derecha conservadora Nueva República, David Segura, dijo que admira a Bukele “porque defiende los derechos de la gente honrada” y que está de acuerdo con “la mano dura y las acciones fuertes contra los narcos y criminales”, según comentó al medio costarricense NCR Noticias.
Seguridad y violaciones a derechos humanos en El Salvador
A pesar de la insistencia en el discurso público del ministro de Seguridad de Costa Rica, sobre el “encierro de las personas con alto perfil delictivo” y cumplimiento de condenas en El Salvador, los hechos y la evidencia revelan que líderes de pandillas fueron liberados por el mismo Gobierno de Nayib Bukele a pesar de que tenían condenas pendientes por cumplir. Uno de los principales líderes de la Mara Salvatrucha solicitado por Estados Unidos para extraditarlo y procesarlo judicialmente por crímenes en Norteamérica, conocido como “El Crook”, incluso fue escoltado por un funcionario del Gobierno hasta Guatemala para que pudiera huir.
Lo que sí es verdadero en el planteamiento del ministro costarricense es que El Salvador cerró 2022 con la tasa de homicidios más baja de su historia reciente: la Policía Nacional Civil (PNC) registró que la tasa descendió a 8 homicidios por cada 100.000 habitantes. Muy por debajo del violento año 2015, cuando hubo 103 homicidios por cada 100.000 habitantes.
Nayib Bukele y su gabinete sostienen que esa reducción se debe a la implementación de su Plan Control Territorial. Sin embargo, este “plan” de seguridad es confidencial bajo la justificación de que no se puede revelar a las pandillas de El Salvador. Como no existe una versión pública de este plan ni se ha difundido entre los expertos en seguridad, tampoco hay forma de evaluar y dar seguimiento a las medidas.
“La evaluación de la política de seguridad de Bukele, a la luz de algunos de los principios de la seguridad democrática, no resiste el mínimo análisis (…) Predomina la improvisación y la reacción, la opacidad, la centralización y gestión autoritaria de la seguridad, el irrespeto a la ley y al estado de derecho, las violaciones a los derechos humanos y la desinstitucionalización”, advirtió en una columna de opinión Jeannette Aguilar, investigadora en violencia y seguridad de El Salvador.
Aguilar también criticó, en una entrevista para GatoEncerrado, que la política de seguridad de Bukele es “una estrategia publicitaria” con la que el Gobierno “improvisa, oculta información, miente, manipula, ignora los criterios técnicos en la toma de decisiones y decide unilateralmente con base a criterios políticos y no técnicos”.
A falta de una versión pública de ese plan, proyectos de investigación periodística de El Salvador han investigado las razones detrás de la disminución de homicidios y han documentado que el Gobierno de Bukele llegó a acuerdos con las principales pandillas que operan en el país; principalmente la Mara Salvatrucha 13, la más grande de El Salvador.
Uno de los términos en esa negociación fue el cese de los asesinatos a cambio de beneficios penitenciarios para los líderes de las maras que están en prisión. Por ejemplo, que los líderes no tendrían un trato inhumano y que no permitirían su extradición a Estados Unidos.
Aparentemente, ese pacto funcionó desde el inicio de la administración de Bukele en junio de 2019 y hasta marzo de 2022, cuando los pandilleros se sintieron traicionados por el Gobierno y comenzaron a asesinar ciudadanos en diferentes puntos del país. En total, hubo 87 asesinatos reportados por la Policía Nacional Civil (PNC) en el último fin de semana de marzo.
La reacción de Bukele ante esa masacre fue solicitar que la Asamblea Legislativa aprobara de inmediato un régimen de excepción para facilitar a las Fuerzas Armadas y a la Policía las capturas de presuntos pandilleros, sin necesidad de investigación previa y con la capacidad de hacer detenciones por la mera suposición de que las personas sean miembros de grupos criminales o colaboradores.
Cuando el régimen de excepción fue aprobado de forma exprés, comenzaron los operativos policiales y militares, casa por casa, en comunidades pobres y zonas rurales donde agricultores, madres de familia, estudiantes y hasta líderes comunitarios han sido capturados a pesar de que no pertenecen a pandillas. Esos operativos estuvieron acompañados de prácticas violatorias de derechos humanos cometidas por los militares y policías, según Amnistía Internacional. Tal fue el caso de ocho adolescentes que fueron capturados por soldados sin ninguna razón en una zona rural del oriente de El Salvador conocida como “Bajo Lempa”, en noviembre de 2022.
Hasta la fecha, desde que el régimen de excepción está vigente, más de 61.000 personas habían sido capturadas. GatoEncerrado evidenció que la mayoría de detenidos reciben defensa pública de abogados que acumulan hasta 95 expedientes diarios que tienen que llevar al mismo tiempo en las audiencias iniciales. Los centros penitenciarios tenían una capacidad máxima para unas 30.000 personas al inicio del régimen, pero la población carcelaria ya supera las 97.000 personas. Para reducir el hacinamiento carcelario, Bukele anunció que ya está lista la nueva megacárcel con capacidad para 40.000 personas y la bautizó como “La cárcel más grande de América”.
Organismos internacionales como Human Rights Watch y Amnistía Internacional han advertido que hay una “crisis humanitaria” en El Salvador devenida por el régimen de excepción. Medios de comunicación y organizaciones de derechos humanos han evidenciado casos de capturas arbitrarias, torturas cometidas por policías y militares, allanamientos en viviendas sin orden judicial y más de 100 muertes sospechosas en centros penitenciarios.
