En su intervención de 10 minutos en la Asamblea General de la ONU, Nayib Bukele aseguró que su gobierno no encarcela a la oposición, no censura opiniones, no confisca bienes de quienes piensan diferente y no arresta a las personas por expresar sus ideas. Repitió una vez más que El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental y mencionó que todas las personas tienen cabida en el país. Sin embargo, cada una de esas afirmaciones son engañosas y falsas. Aquí te compartimos siete afirmaciones verificadas por GatoEncerrado.
Octubre 4, 2024
Nayib Bukele aprovechó su participación en el primer día de debates de la 79° Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), el pasado 24 de septiembre, para insistir en su narrativa de que El Salvador “renació” bajo su mandato, mientras que el resto del mundo se volvió menos libre y más inseguro. Para sostener ese discurso propagandístico, Bukele recurrió a siete afirmaciones falsas y engañosas.
Durante los 10 minutos de su discurso, se jactó de que el país ya no es la “capital de los homicidios”; pero omitió mencionar que para lograrlo, su Policía ha realizado operativos en los que ha capturando y encarcelando a pandilleros junto a inocentes, según el Socorro Jurídico Humanitario (SJH). Esta organización estima que las capturas arbitrarias ascienden a más de 25 mil personas inocentes que están en prisión injustamente. Asimismo, el mandatario presumió que en El Salvador “todos tienen cabida”, pero no dijo que su Gobierno central y los gobiernos locales dirigidos por su partido han desalojado a cientos de vendedores de diferentes centros históricos y zonas turísticas del país, dejándolos sin la posibilidad de trabajar y llevar comida a sus hogares.
Además de estas declaraciones engañosas, Ojo De Gato, la sección de verificación de GatoEncerrado, también analizó otras cinco afirmaciones en el discurso de la ONU y concluyó, basado en datos y hechos, que las siete afirmaciones encajan en las definiciones de Falsas y Engañosas.
Un año antes, en la 78° Asamblea General de la ONU, Bukele dijo que un 60 % de los salvadoreños en el exterior tenía planes para regresar al país. Pero esa afirmación era engañosa: el porcentaje que mencionó, recogido en la “Encuesta de población salvadoreña en Estados Unidos” y publicada en 2022 por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y el Banco Central de Reserva de El Salvador (BCR), correspondía a las personas que tenían intención de regresar, pero en realidad solo el 18.7 % tenía planes para volver al país.
La contraparte es que miles de personas no ven su futuro en el país. De hecho, según el “Segundo informe diagnóstico sobre características y causas de la migración salvadoreña”, publicado por la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “María Julia Hernández” y el Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador (COFAMIDE), tan solo en los primeros seis meses de 2023, el número de salvadoreños que pidió asilo político a nivel mundial (142,469) estuvo cerca del total que solicitó asilo en todo 2022 (148,758).
Además, según datos del Instituto Universitario de Opinión Pública (IUDOP) de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), el porcentaje de personas que desean migrar aumentó del 21.4 % en 2022 al 24.8 % en 2023.
Esto significa que a pesar de la reducción de homicidios y los aires de cambio que pregona Bukele, la cifra de personas en Estados Unidos con planes de volver sigue siendo baja, mientras que la cifra de personas que buscan salir de El Salvador y hacer su vida en otro país ha aumentado.
Durante el transcurso del año, Bukele ha repetido en múltiples ocasiones que El Salvador es “el país más seguro del hemisferio occidental”. Esta frase la ha publicado en sus redes sociales, la ha mencionado en diferentes intervenciones públicas y su discurso en la Asamblea de la ONU no fue la excepción. GatoEncerrado ya había desmentido esta afirmación y concluido que el mandatario hace un análisis simplista que reduce el tema de la seguridad pública solamente a la violencia homicida.
Esto quiere decir que la reducción de homicidios en los últimos años no debe ser el único parámetro para determinar si El Salvador es el país más seguro del hemisferio occidental. Expertos en seguridad señalan que la seguridad pública debe analizarse desde una perspectiva más amplia, que incluya otras formas y modalidades de violencia, como la violencia feminicida o de género, el crimen organizado, las desapariciones y también la delincuencia común. Precisamente por esa razón, El Salvador se ubica en el puesto 107 de los países más seguros del mundo según el Índice Global de Paz elaborado por el Instituto de Economía y Paz (IEP), publicado en junio de 2024.
Según este índice, hay más de 25 países en el hemisferio occidental que presentan mayor grado de seguridad que El Salvador. El país ni siquiera entra en los primeros 25 puestos.
Aunque Bukele sea un mandatario —que se mantiene en el poder de forma inconstitucional— popular y con alto grado de aceptación por la población salvadoreña, no todas sus decisiones han sido valoradas de manera positiva ni han contado con el apoyo total de sus simpatizantes. Como ejemplo, en junio de 2021 fue aprobada por la Asamblea Legislativa la ley Bitcoin, que convirtió esta criptomoneda en una divisa de curso legal en El Salvador desde el 7 de septiembre de ese mismo año. Una semana después, en la marcha del 15 de septiembre, miles de personas se manifestaron en contra de diversas medidas implementadas por Bukele, pero con especial énfasis en la decisión de adoptar la volátil moneda como divisa de curso legal en el país.
Hasta la fecha, esa sigue siendo una de las manifestaciones más grandes en contra del Gobierno de Bukele desde su llegada al poder en 2019. Se estima que marcharon un aproximado de 15,000 personas para expresar su descontento, tal como lo documentó GatoEncerrado en 2021.
Tres años después de la adopción del Bitcoin, poco se habla y poco se utiliza la criptomoneda en transacciones diarias. Una encuesta del IUDOP reveló que en 2023 el 85 % de las personas aseguraron no haber utilizado Bitcoin para comprar o pagar algo durante ese año. El pasado 26 de junio, la misma casa de estudios dio a conocer que el 13.9 % de las personas encuestadas consideran que el activo digital les ha ayudado poco en su situación económica familiar, mientras que el 66.6 % dijo que no le ha ayudado en nada.
Desde el segundo año de su único mandato constitucional, Bukele demostró que no tendría problema en arrestar a quienes representaran un problema para sus intereses. En junio de 2021 —un mes después de que la bancada de Nuevas Ideas en la Asamblea Legislativa diera el golpe al Poder Judicial y tras sustituir a los magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), además de colocar un fiscal afín al bukelismo— la Policía Nacional Civil (PNC) capturó al exalcalde de San Salvador por el partido Arena, Ernesto Muyshondt, quien se autodenominó como el “primer preso político de la era Bukele”
Muyshondt fue capturado por los delitos de fraude electoral y asociaciones ilícitas, debido a supuestas negociaciones con pandillas. El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador impuso arresto domiciliario contra Muyshondt, pero la Fiscalía General de la República (FGR) lo acusó de los delitos de apropiación indebida de retenciones o apropiaciones tributarias y de incumplimiento de deberes, por lo que fue puesto en detención provisional.
En junio de 2023, según el Código Procesal Penal, Muyshondt debió ser puesto en libertad porque ya habían transcurrido 24 meses desde que inició el proceso en su contra sin ser condenado. 40 meses después, el exalcalde continúa detenido en un proceso en el que también ha denunciado torturas y malos tratos que han deteriorado su salud mental y física.
En julio de 2021, un mes después de la captura de Ernesto Muyshondt, fueron detenidos cinco exfuncionarios del primer gobierno del FMLN. GatoEncerrado consultó en su momento a diversos expertos sobre estas capturas, quienes señalaron irregularidades en el proceso.
Dos meses después fue capturado el exministro de Seguridad del Gobierno de Salvador Sánchez Cerén, Mauricio Landaverde, quien pasó varios meses en prisión a pesar de que el Tribunal Quinto de Sentencia le otorgó en diciembre de 2023 la medida sustitutiva de arresto domiciliario.
Otro ejemplo de presos políticos son los 11 excombatientes y veteranos de la Alianza Nacional El Salvador en Paz, quienes fueron capturados previo a la investidura inconstitucional de Nayib Bukele el pasado 1 de junio de 2024. Estas personas, según la Policía, fueron detenidas por planificar atentados con explosivos para el día de la toma de posesión.
Esta noche hemos capturado a 7 dirigentes de veteranos de guerra, por planificar atentados con explosivos en varios puntos del país para el próximo 01 de junio.
— PNC El Salvador (@PNCSV) May 31, 2024
Estaban agrupados en la llamada "Brigada de Insurrección Salvadoreña" y sus objetivos eran detonar gasolineras,… pic.twitter.com/3t2t6r1Hyj
Dos de los detenidos en ese caso son Atilio Montalvo, economista, exlíder guerrillero y miembro de la Comisión Negociadora de los Acuerdos de Paz; y José Santos Melara, líder de la Alianza. Ambos padecen enfermedades y, según la Unidad de Defensa de Derechos Humanos y Comunitarios de El Salvador (UNIDEHC), no han recibido la atención médica adecuada para garantizar que su salud no se deteriore mientras guardan prisión.
#Comunicado. #PresosPolíticos. ⛔️#UNIDEHC y @Bloque_RP Informamos. 🧐✍️
— UNIDEHC EL SALVADOR (@Unidehc) September 6, 2024
📝 Sobre el caso de los lideres sociales y veteranos de la Alianza Nacional El Salvador en Paz. #VulneracióndeDerechosHumanos. pic.twitter.com/Zpw8eGJTSm
El 11 de enero de 2023, seis veteranos y líderes ambientalistas en la lucha contra la minería en El Salvador fueron capturados y acusados de cometer un supuesto asesinato durante el conflicto armado, en la década de 1980. Videlina Morales, presidenta de la Asociación de Desarrollo Económico Social “Santa Marta” (ADES), considera que se trató de una captura injusta, ilegal y evidencia de que en el país hay persecución política.
#SolidaridadConLos5 | Esperamos que esta manipulación del sistema judicial termine pronto y que en la vista pública prevalezca la legalidad y la justicia, y nuestros líderes comunitarios sean absueltos de los cargos imputados de manera injusta e ilegal. #ComunidadSantaMarta.. pic.twitter.com/JvYUlgDhEw
— Comunidad Santa Marta (@CSantaMarta1987) September 17, 2024
El primo del exalcalde Muyshondt, Alejandro Muyshondt, también fue capturado en agosto de 2023. Alejandro era asesor de seguridad nacional de Nayib Bukele y uno de los ejecutores del espionaje contra periodistas de medios independientes. Fue acusado de revelación de documentos secretos por parte de un empleado oficial. En sus redes sociales, denunció supuestos casos de corrupción y vínculos de funcionarios de alto nivel de Bukele con el narcotŕafico.
Alejandro Muyshondt murió, en circunstancias irregulares, en el Hospital Nacional Saldaña seis meses después de su captura. Según la versión oficial murió por un edema pulmonar, pero la Revista Factum reveló que murió por un cáncer gástrico, contaminado por bacterias intrahospitalarias y después de haber sido sometido a cuatro cirugías cerebrales. Tras su muerte han salido a la luz las grabaciones que hizo cuando planeó, con funcionarios y hermanos de Bukele, ataques a medios de comunicación, periodistas y boicot de las elecciones para asegurar el triunfo de Nuevas Ideas.
Sobre la libertad de expresión, Bukele omitió ante el mundo y el resto de mandatarios en la Asamblea General de la ONU que bajo su administración las instituciones públicas han decidido bloquear en las redes sociales a todas las voces críticas, principalmente a periodistas y medios de comunicación independientes que señalan y evidencian la corrupción de su gobierno.
De acuerdo con una nota de La Prensa Gráfica, un aproximado de 5,000 perfiles de TikTok, X (antes Twitter), Facebook e Instagram son los que han sido bloqueados en las redes sociales de las instituciones públicas e incluso en las cuentas oficiales del mismo Bukele. Entre ellos el editor general y el gerente de GatoEncerrado.
De hecho, el editor general y dos periodistas de GatoEncerrado también fueron espiados con el software espía Pegasus en 2020 y 2021, tras haber revelado casos de corrupción, según confirmó un análisis forense informático que la Universidad de Toronto realizó en los teléfonos de los periodistas.
A finales de mayo, la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) presentó los datos que había registrado entre enero y abril de 2024 en su plataforma de monitoreo de agresiones al espacio cívico. De los 31 casos denunciados, el 61,3 % corresponden a vulneraciones a la libertad de expresión. El grupo más afectado son los periodistas, mientras que los principales agresores son los funcionarios públicos.
Esto reafirma que el Gobierno de Bukele mantiene una narrativa de ataque en contra de la prensa independiente. De hecho, según el ranking de libertad de prensa elaborado por Reporteros Sin Fronteras, El Salvador se ubica en la posición 133 de 180 con una puntuación de 44,01.
Sobre la propiedad privada, en noviembre de 2021, la Asamblea Legislativa, dominada por el partido Nuevas Ideas, aprobó con 62 votos a favor la Ley de Dominio Eminente de Inmuebles para Obras Municipales. Con esta ley, la Dirección de Obras Municipales (DOM) —que en aquel momento tenía pocos días de haber sido creada— tendría la facultad de expropiar propiedades de los dueños con los que no fuera posible llegar a un acuerdo.
La ley establece en su primer artículo que “los propietarios o poseedores de inmuebles, que se consideren de interés público, podrán ser privados de sus derechos de propiedad o intereses patrimoniales legítimos, previa declaración de utilidad pública o de interés social y con una justa indemnización”.
En julio de 2023, la DOM se valió de esta ley para expropiar un inmueble y comenzar a construir una planta de tratamiento de aguas residuales en el caserío El Mozote, lugar de una de las masacres más horribles en la historia de El Salvador y Latinoamérica. De hecho, quien era dueño del inmueble es hijo de una víctima de la masacre; pero el Estado, en lugar de protegerlo, le arrebató su propiedad.
En noviembre de 2023, representantes de la Asociación de Derechos Humanos Tutela Legal “Dra. María Julia Hernández”, Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES) y la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote (APDHEM) denunciaron este caso y dijeron que el Gobierno de Bukele había realizado el proceso de expropiación de manera ilegal e inconsulta, lo que deriva en una violación de las medidas de reparación que ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 2012.
La fuga de Élmer Canales, alias “Crook” —uno de los máximos líderes de la Mara Salvatrucha (MS13)— con ayuda de funcionarios del actual Gobierno de Bukele es un ejemplo claro de que el mandatario llegó a mentir a la ONU. Sus funcionarios han priorizado ayudar a un delincuente a eludir la justicia. Estados Unidos había solicitado la extradición de 14 cabecillas de la Mara Salvatrucha, pero cuatro de ellos salieron de la cárcel en diferentes fechas, entre julio de 2021 y enero de 2022, a pesar de tener cargos pendientes y condenas de 30, 40 y hasta 60 años de prisión, tal como lo reveló una investigación de La Prensa Gráfica e Insight Crime.
Tras las revelaciones de estos casos, el Gobierno de Bukele intentó recapturar al “Crook”, pero para hacerlo se enredó con contactos que supuestamente tienen vínculos con el narcotráfico en México. El jefe de la División Élite Contra el Crimen Organizado de la Policía, Raúl Eduardo Reyes Escuintla, se involucró durante varios meses de 2023 con coyotes y un líder pandillero prófugo para que negociara con el Cártel Jalisco Nueva Generación la recaptura de “Crook”.
Decenas de vendedores que han sido desalojados de sus puestos en el Centro Histórico de San Salvador y en zonas turísticas del país no comparten la opinión de Bukele. De hecho, manifiestan que el mandatario inconstitucional ya no les quiere ver por las calles porque esa zona será entregada a inversionistas extranjeros.
Cientos de personas desalojadas también han expresado su descontento porque el Gobierno de Bukele no les brinda alternativas para continuar con sus ventas, que en la mayoría de los casos representaban la única fuente de ingresos para estas familias. GatoEncerrado documentó los casos de tres vendedores que tenían sus puestos en el edificio Santa Fe, ubicado en la sexta avenida sur, y que tuvieron que desalojar.
Además, para las personas que se dedican a las ventas ambulantes en ese sector existe un peligro que les acecha a diario y por el que temen: el Cuerpo de Agentes Metropolitano (CAM). Desde hace algunos meses, los agentes del CAM persiguen con mayor insistencia y sin piedad a todas aquellas personas que se ubican con su mercadería en las aceras de los alrededores del corazón de San Salvador. Cuando alguien grita “ahí viene el CAM”, los vendedores recogen su venta lo más rápido posible para evitar que les sea arrebatada y pierdan su inversión, como si vender ropa o artículos domésticos en la calle fuera una actividad criminal.
En El Salvador tampoco tiene cabida la población LGBTIQ+, a quienes el Gobierno de Bukele se ha encargado de invisibilizar, censurar, discriminar y expulsar. Esto no siempre fue así. Cuando era candidato para la Alcaldía de San Salvador, Bukele se declaró “heteroaliado”, pero una vez en el poder comenzó una persecución contra lo que denomina despectivamente como “ideología de género”.
Desde su llegada a la Presidencia de la República, sus acciones discriminatorias solo han ido en aumento. Eliminó oficinas destinadas a la atención de la población LGBTIQ+, censuró obras de teatro y libros de texto en el sistema educativo que enseñaban sobre igualdad de género y sexualidad, retiró contenido multimedia sobre educación sexual que se transmitió en el canal estatal, despidió a 300 empleados del Ministerio de Cultura por promover supuestas agendas contrarias a los “valores de las familias tradicionales” y ordenó a las Unidades de Salud sacar de circulación las guías educativas sobre enfermedades de transmisión sexual y cualquier material que hiciera alusión a la diversidad sexual.
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Para cerrar su discurso, y como ya es habitual cada vez que sube a una tarima, Bukele aprovechó para “evangelizar” a sus seguidores y a los demás mandatarios de las naciones miembro de la ONU.
En su discurso-evangelización-propaganda, Bukele se encargó de dar una especie de profecía y aseguró que “no podemos prevenir los tiempos oscuros que se avecinan (en el mundo), pero lo que sí podemos hacer es convertirnos en un pequeño refugio ante la tormenta que se aproxima y mantener la esperanza (…) Tal vez sea demasiado tarde para evitar los tiempos oscuros que enfrenta nuestro mundo hoy, pero no es demasiado tarde para construir un arca y capear la tormenta”, expresó el mandatario y cerró su participación pidiendo que Dios bendiga a la humanidad.