15
Áreas naturales en riesgo
En las zonas de interés mineros hay 15 áreas naturales que se convertirían en zonas de sacrificio ambiental. Entre esas hay Áreas Naturales Protegidas, áreas de conservación y sitios Ramsar.
Reportaje
Estas son las áreas naturales en riesgo por el retorno de la minería a El Salvador
Recorrido guiado por las zonas bajo amenaza
Desliza hacia abajo
El retorno de la minería metálica representa una amenaza directa en contra de las principales fuentes de agua de los salvadoreños, especialmente el río Lempa. El riesgo se extiende de forma directa por 15 joyas ecológicas que son refugio de la vida silvestre y que se convertirían en zonas de sacrificio ambiental por estar dentro o en lugares aledaños a nueve distritos mineros. Según los cálculos de Nayib Bukele, en el subsuelo de estas zonas hay oro valorado en $3 billones.
Este reportaje, que sirve también como un recorrido guiado por las zonas de interés minero, incluye mapas, fichas de información, entrevistas, bases de datos, documentos, videos y contexto. Todo esto ayuda a entender, localizar y dimensionar el riesgo en que están 15 áreas naturales.
Bajo la complicidad del Gobierno de Bukele, la industria minera ahora está en posición de regresar al país, a pesar de su historial de contaminación irreversible y criminalización de ambientalistas.
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Si te interesa revisar nuestros mapas para observar cómo las zonas de interés minero amenazan directamente a las Áreas Naturales Protegidas, áreas de conservación y humedales Ramsar, puedes saltar directamente a los mapas e incluso descargarlos gratis.
Para entender los mapas y datos necesitas contexto. Aquí es donde debes comenzar para comprender cómo es que la minería metálica tiene ahora, por ley, la puerta abierta en El Salvador. Además, conocerás los argumentos oficialistas y sin fundamento científico para justificarla.
Aquí conocerás cuáles son las 15 joyas ecológicas que se convertirían en zonas de sacrificio cuando se ejecuten nuevos proyectos mineros. Lee toda la información sobre sus características ambientales y el impacto que quedaría en el país si son contaminadas.
El Gobierno de Bukele asegura que la minería no ha contaminado El Salvador. Pero la evidencia científica, que además hemos corroborado desde el método periodístico, demuestra que hay ríos que siguen contaminados de forma irreversible por las minas del siglo pasado.
Para este reportaje consultamos estudios científicos, informes, bases de datos y entrevistamos a expertos, académicos y líderes comunitarios. Con esas fuentes armamos nuestros mapas, que ahora puedes descargar junto a todos los documentos que compartimos.
El resumen para los lectores con prisa
Resumen en audio IA
Le pedimos a Notebooklm, una herramienta de IA de Google, que hiciera un resumen explicado de nuestro reportaje. No queríamos solo una voz robótica que te leyera, sino algo más elaborado y explicativo. Este fue el resultado de ese experimento con la IA, que puedes escuchar en tu plataforma de podcast favorita. También puedes ingresar a nuestro cuaderno de Notebooklm y preguntarle lo que quieras sobre este reportaje y las fuentes que utillizamos. El chatbot ya tiene cargado toda la documentación y entrevistas que utilizamos para este reportaje.
Resumen en cifras
Los datos clave
Algunas de las cifras más importantes que recoge este reportaje están reunidas aquí. Entre esas destaca el porcentaje del territorio nacional que ha sido identificado como de interés minero y la cantidad de áreas naturales que estarían en riesgo en ese territorio.
Conclusión principal: Pese a la evidencia de contaminación, la advertencia de los académicos y el rechazo de la mayoría de los salvadoreños, el Gobierno de Nayib Bukele impuso el regreso de la minería metálica a El Salvador. Por esa decisión, están en riesgo al menos 15 áreas naturales vitales para la supervivencia y bienestar de los salvadoreños.
9
Distritos mineros
Esas amenazas se relacionan con nueve distritos mineros donde el Estado ha identificado potencial "para extraer oro y otros minerales críticos y estratégicos para la cuarta y quinta revoución industrial".
$3 billones
Valor atribuido
Nayib Bukele llegó a presentar el oro del subsuelo como un “tesoro colocado por Dios” valorado en $3 billones. Esto sin contar la ganancia que podrían dejar otros minerales que podrían extraerse.
26 días
Velocidad política
Desde la primera vez que Bukele habló públicamente de reactivar la minería hasta la aprobación de la ley transcurrieron apenas 26 días, sin debate legislativo, consultas ciudadanas ni análisis técnico suficiente. Siguiendo así el estilo de trabajo de la Asamblea controlada por Bukele.
6 de cada 10
Rechazo ciudadano
La encuesta del Iudop-UCA indicó que seis de cada diez salvadoreños rechazan la minería, mientras nueve de cada diez perciben algún nivel de riesgo asociado a esta industria. El mandatario no quiso escuchar a la mayoría de la población e impuso la reactivación de la minería.
157,000
Firmas entregadas
Entre marzo y mayo de 2025, la iglesia católica y organizaciones sociales entregaron 157,000 firmas de rechazo a la ley minera en la Asamblea Legislativa. Actualmente están engavetadas. Los diputados oficialistas han dejado claro que no se van a retractar y que van a mantener la reactivación de la minería.
59,000
Acción judicial
Otras 59,000 firmas fueron presentadas ante la Sala de lo Constitucional de la CSJ como parte de una demanda de inconstitucionalidad contra la ley. Los magistrados, también sometidos a los intereses de Bukele, no han dado seguimiento al recurso de inconstitucionalidad.
8 %
Territorio bajo interés minero
Las zonas de interés minero abarcan el 8 % del territorio nacional. Exactamente, según datos del MINEC, son 1,681.8 km², distribuidos en nueve distritos donde hay áreas naturales que deberían gozar de protección.
1.5 millones
Personas ligadas al Lempa
El regreso de la minería supone la amenaza de fuentes de agua, principalmente el río Lempa. Este río es clave porque de él dependen 1.5 millones de personas en el Área Metropolitana de San Salvador, además de la agricultura y las comunidades que se abastecen a lo largo de su recorrido por todo El Salvador.
34 %
Electricidad asociada
La cuenca del Lempa también resulta estratégica porque genera alrededor del 34 % de la energía eléctrica del país, según datos de la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa.
197 / 43
Fragilidad institucional
De las 197 Áreas Naturales Protegidas registradas en El Salvador, solo 43 cuentan con planes de manejo, restauración, investigación y monitoreo, según datos de GAIA El Salvador.
Breve cronología del marco legal para la reactivación de la minería
17 may. 2021
El Gobierno de Nayib Bukele hizo que El Salvador se uniera al Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible (IGF).
26 oct. 2021
La Asamblea Legislativa, dominada por el partido oficialista Nuevas Ideas, creó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM).
27 nov. 2024
Bukele expresó públicamente por primera vez su intención de anular la prohibición minera vigente desde 2017.
23 dic. 2024
La Asamblea Legislativa aprobó la Ley General de Minería Metálica en vísperas de Navidad.
29 ene. 2026
El Gobierno firmó un acuerdo con Estados Unidos para facilitar, entre otras cosas, inversión en exploración y exportación de minerales críticos y tierras raras.
Resumen elaborado por GatoEncerrado.News, con apoyo de la IA para el montaje.
Contexto
El mito de la minería responsable
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La ley de minería no fue pedida por la población. De hecho, la rechazó. Fue un capricho del Gobierno de Bukele y estos fueron los argumentos para intentar justificar la imposición de una industria con historial de contaminación en uno de los países más vulnerables ante la crisis climática.
Nayib Bukele impulsó la reactivación de la minería metálica en El Salvador a pesar de que la mayoría de salvadoreños estuvo en desacuerdo. La primera vez que el mandatario expresó públicamente su intención de anular la prohibición minera, que existía desde 2017 y que calificó de “¡absurda!”, fue el 27 de noviembre de 2024, a través de sus redes sociales. Antes de eso, ambientalistas ya habían advertido, desde 2021, que el gobierno tenía acercamientos privados y silenciosos con la industria minera y que se evidenció cuando el país se unió al Foro Intergubernamental sobre Minería (IGF).
En ese mismo año, la Asamblea Legislativa, controlada por el partido oficialista Nuevas Ideas, creó la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas (DGEHM). Esto preparó el camino para el retorno de la minería.
Para justificar la reactivación de la minería metálica, Bukele comenzó con un argumento religioso. Lo que, en realidad, es ya una jugada predecible para un político que recurre con frecuencia a la fe y a la religión como parte de su estrategia comunicacional, consciente de gobernar un país donde 9 de cada 10 ciudadanos dicen creer en Dios.
Según la lógica de Bukele, el oro en el subsuelo salvadoreño no es solo el resultado de un largo proceso geológico, sino que la mano providencial de Dios lo “colocó como un gigantesco tesoro bajo nuestros pies” para ser “aprovechado de manera responsable y llevar desarrollo económico”.
De acuerdo con su relato, el país está predestinado a sacar ese oro y generar riqueza. Sin embargo, los hechos y la evidencia científica señalan que El Salvador es geográficamente pequeño, densamente poblado y que ostenta el deshonroso título de ser el segundo país más deforestado y con mayor degradación ambiental de América Latina, sólo superado por Haití. Esto significa, según fuentes académicas, que extraer el oro supone un alto riesgo para el medio ambiente y la vida humana.
En contraste con el argumento religioso de Bukele, la iglesia católica y diversos sectores de las iglesias evangélicas han señalado que están en contra del regreso de la minería por razones teológicas tan básicas como que “los cristianos están llamados a ser mayordomos de la creación” y que eso implica proteger el medio ambiente, no destruirlo. De manera que el argumento religioso ni siquiera tuvo cabida entre muchos de los líderes religiosos del país.
El 2 de diciembre de 2024, Bukele aprovechó su aparición pública en la inauguración del Periférico Gerardo Barrios en San Miguel para insistir en la reactivación de la minería. En su discurso, reiteró que era “absurdo” y una “tontería” que El Salvador fuera el único país del mundo en prohibir la minería metálica, sobre todo porque existe un tesoro en oro que está en el subsuelo junto a minerales críticos que se cotizan caro por ser indispensables para la cuarta y quinta revolución industrial. Entre estos está el litio, que es considerado el “oro blanco” debido a sus propiedades únicas para almacenar energía y se usa para la fabricación de las baterías que utilizan los celulares, vehículos eléctricos y otros aparatos tecnológicos.
En su discurso también acusó a la prensa europea, a diplomáticos y a los gobiernos del mundo de oponerse a la minería en El Salvador. Según él, se oponen porque tienen el interés de mantener precios altos de los metales y evitar la posible competencia que surgiría si El Salvador se lanzara al mercado del oro.
En los días siguientes a ese discurso, el mandatario siguió utilizando sus redes sociales para intentar justificar el retorno de la minería metálica, así como también se activó la red de youtubers propagandistas y opinadores pro gobierno que inundaron las redes sociales con la misma narrativa del presidente.
Desde la primera vez que Bukele habló públicamente sobre su intención de reactivar la minería hasta su aprobación pasaron apenas 26 días. En ese breve periodo de tiempo, no hubo debate legislativo ni análisis técnico, no se hicieron consultas ciudadanas, tampoco se escuchó a organizaciones, ambientalistas ni académicos que históricamente han señalado los peligros de la minería. Solo se impuso, luego de cortas reuniones televisadas de diputados oficialistas con funcionarios de gobierno, en las que se repetía el discurso de Bukele. Fue exactamente en la víspera de la navidad, el 23 de diciembre de 2024, cuando los diputados del partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados aprobaron la Ley General de Minería Metálica.
Ley General de la Minería Metálica
Esta ley permite, entre otras cosas, que el Estado ya no prohíba la actividad minera, incluso lo faculta para que participe en la minería de forma directa o en alianza con sociedades, incluidas las de economía mixta, sin necesidad de que las concesiones pasen por la Asamblea. Así como también establece que la aprobación de los proyectos mineros estará a cargo de la DGEHM y que la remediación de los daños provocados será una tarea del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
La ley también prohíbe, en sus artículos 11 y 17, todas las actividades del ciclo minero en áreas protegidas, en zonas de recarga acuífera y sitios dedicados a las actividades forestales. Es decir, no se podrá realizar reconocimiento superficial, prospección, exploración, explotación ni extracción de minerales en esos lugares. Aunque, como lo ha documentado GatoEncerrado, una cosa es lo que dicen las leyes que protegen al medio ambiente y otra es la práctica actual de las instituciones públicas bajo el Gobierno de Bukele, quienes cuentan ya con un amplio historial de ir reformando o modificando las normativas para que distintos proyectos obtengan los permisos necesarios.
El 29 de enero de 2026, el Gobierno de Bukele firmó un acuerdo “sobre comercio recíproco” con Estados Unidos, en el que para facilitar la inversión de empresas estadounidenses en las actividades de exploración, así como de exportación, de minerales críticos y tierras raras. Este acuerdo también revela que, dada la reactivación de la minería metálica, Estados Unidos tiene interés en extender su industria minera a El Salvador.
Tras la imposición de la ley de minería, diversos sectores —incluyendo académicos, ambientalistas, lideresas comunitarias e iglesias— coinciden y siguen señalando que las condiciones de El Salvador hacen inviable la minería desde un punto de vista científico. Advierten que esta actividad representa un grave riesgo de depredación ambiental, poniendo en peligro la vida de los salvadoreños.
La población también se pronunció en contra del regreso de la minería, como quedó consignado en distintas encuestas ciudadanas independientes que se hicieron. En la encuesta realizada por el Instituto Universitario de Opinión Pública de la Universidad Centroamericana (Iodop), una de las casa encuestadoras más prestigiosas del país, quedó claro que 6 de cada 10 salvadoreños rechaza la minería y que 9 de cada 10 advierte algún nivel de riesgo asociado a esta industria.
Parte de ese rechazo fue demostrado por distintos sectores de la sociedad, principalmente juventudes, quienes se organizaron a inicios de 2025 para protestar y realizar plantones frente a la Biblioteca Nacional de El Salvador (BINAES). En ese espacio también se recolectaron firmas con el fin de solicitar a la Asamblea Legislativa la derogación de la nueva ley minera.
Entre marzo y mayo de 2025, la iglesia católica, así como organizaciones sociales y comunitarias, entregaron a los diputados 157,000 firmas de rechazo a la ley minera. Otras 59,000 fueron presentadas ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), como parte de una demanda de inconstitucionalidad de la ley, por considerar que vulnera principios constitucionales como el derecho a un medio ambiente sano y la participación ciudadana.
“Hasta la fecha, la Sala no ha respondido a nuestra demanda. De hecho, un año después presentamos un nuevo escrito señalando la falta de respuesta. No nos extraña, ya que la Sala se ha convertido en una entidad totalmente doblegada al Ejecutivo”, lamentó Jonathan Sisco de Cristosal, quien explicó a GatoEncerrado que derogar este tipo de leyes será imposible mientras los poderes del Estado sigan sometidos a las órdenes de Bukele.
A pesar del rechazo de diversos sectores y de la mayoría de la población, Bukele no se retractó. Al contrario, siguió justificando la aprobación de la ley. En enero de 2025, argumentó que quienes se oponen es porque difunden una “mentira apocalíptica” sobre los impactos ambientales de la minería en El Salvador.
Incluso, pese a la evidencia de contaminación irreversible en ríos como el de San Sebastián, La Unión, donde una mina operó durante gran parte del siglo pasado, Bukele rechazó que la minería sea la fuente de la contaminación. Afirmó que el problema no radica en la actividad minera, sino en las heces, la basura y los desperdicios tóxicos que empresas vierten sobre los ríos.
Bukele argumentó que los avances tecnológicos actuales permiten una “minería responsable”. Incluso fue más allá. Aseguró que las ganancias generadas por la minería proporcionarían a su gobierno los fondos necesarios para realizar la limpieza de los ríos, proyectos de reforestación y, en general, la mejora del medio ambiente. En otras palabras, ofreció al país mejorar las condiciones del medio ambiente con las ganancias de una industria con el historial manchado de contaminación irreversible.
El engañoso discurso sobre la contaminación de la minería
El 1 de diciembre de 2024, Nayib Bukele reconoció públicamente que las “extracciones mineras del pasado” habían causado daños ambientales y que fue nociva por la contaminación de mercurio en el país. Acusó a los gobiernos anteriores de haber vendido el país a las empresas mineras para generar riqueza al mismo tiempo que contaminación. Y aseguró que bajo su administración, no dejaría que la industria de la minería hiciera lo que hizo en el pasado.
Un mes después de la aprobación de la ley, Bukele cambió su discurso y rechazó que la minería haya contaminado alguna vez en El Salvador. Aseguró en una conferencia de prensa que la contaminación en los ríos no era por la minería sino por las heces fecales, los lixiviados de la basura, los pesticidas y los desechos de las fábricas, hospitales y proyectos inmobiliarios.
Esto es engañoso.
Una muestra de ello es lo ocurrido en el río San Sebastián, La Unión. Está contaminado por el drenaje ácido que dejó la mina, luego de la extracción de oro que ocurrió durante décadas. El río ya no tiene vida acuática y las comunidades cercanas no pueden utilizar el agua para nada. Es de color rojizo y tiene un olor pestilente.
El profesor de la Universidad de Aarhus, Dinamarca, Vladimir Pacheco Cueva, quien se especializa en investigar los impactos socioeconómicos de la extracción de recursos en América Latina, reconoce los avances tecnológicos de la industria minera, pero advierte que estos todavía son insuficientes para hacer una “minería limpia” y evitar desastres socioambientales, por eso es categórico al señalar que la minería no es viable en El Salvador.
“El país es pequeño, tiene escasez de agua y no tiene un marco legal moderno (…) El beneficio público es muy poco y el riesgo bastante alto, entonces yo creo que la minería en El Salvador no es viable”, dijo a esta revista, cuando la ley de minería recién había sido aprobada.
Pacheco Cueva explicó que en la minería, la separación de metales requiere un altísimo costo hídrico que El Salvador no puede sostener. Para que este costo se entienda, lo ilustró así: “Para hacer un anillo se debe usar agua equivalente a dos piscinas olímpicas”.
El investigador Andrés McKinley agregó que el agua es uno de los puntos más críticos por los que la minería no debería estar de regreso en el país. “Porque compite directamente con las comunidades por el acceso al agua, esto es un problema en países como El Salvador por el estrés hídrico que vive”, dijo a GatoEncerrado, días después de que la ley fue aprobada.
En contraste con los argumentos de Bukele sobre una “minería responsable”, los investigadores Pacheco Cueva y McKinley coinciden en que hay evidencia científica suficiente y antecedentes verídicos para señalar que la minería es una de las industrias que inevitablemente afecta al medio ambiente. De su actividad se deriva la deforestación de los bosques, degradación de los suelos, contaminación de las fuentes de agua. Además, utiliza sustancias altamente tóxicas, como el cianuro para separar el mineral de la roca. En varios países de América Latina, estos proyectos suelen iniciar como explotaciones subterráneas y posteriormente se transforman en minas a cielo abierto, una modalidad que ha dejado graves impactos socioambientales.
Áreas en riesgo
El mapa de la amenaza minera en El Salvador
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Una aproximación al inventario de los bienes naturales, la vida silvestre y las joyas ecológicas que la minería pone en riesgo y las convertiría en zonas de sacrificio ambiental.
Tras la aprobación e imposición del regreso de la minería a El Salvador, están en riesgo al menos quince zonas de protección ambiental, de conservación y sitios Ramsar (humedales con importancia internacional por su riqueza biológica y porque de ellos dependen algunos ecosistemas). En estas zonas hay nueve Áreas Naturales Protegidas (ANP), que tienen esta categoría precisamente para garantizar su preservación por ser hábitat de diferentes especies de fauna y flora, incluyendo algunas que están clasificadas como especies amenazadas o en peligro de extinción.
Tras analizar informes, verificar datos, estudiar mapas, entrevistar expertos y platicar con líderes y lideresas comunitarias, así como visitar algunos de estos lugares, GatoEncerrado detectó que los nueve distritos mineros en El Salvador —zonas donde se ha identificado que puede extraerse oro y otros minerales críticos— están ubicados dentro o en las inmediaciones de áreas ambientalmente protegidas. El riesgo es que de ejecutarse proyectos mineros, estas áreas se convertirían en zonas de sacrificio ambiental.
Estos nueve distritos mineros fueron identificados en un estudio que realizó el Ministerio de Economía (Minec) en 2011. Se trata de lugares donde funcionaron 24 minas que eran propiedad de seis empresas que hicieron exploración e identificaron oro, plata, hierro, plomo, zinc y cobre, antes de 2006. Una de las consultoras de ese estudio del Minec dijo a GatoEncerrado que les tomó un año elaborarlo y que la gran conclusión fue que las condiciones de vulnerabilidad de El Salvador representaban una barrera para la actividad minera. Este estudio y su evidencia científica fue tomado en cuenta para que en 2017 la Asamblea Legislativa de ese momento prohibiera la minería metálica en el país.
“Lo que a nosotros nos llevó un año de trabajo en la evaluación ambiental estratégica, esta nueva Asamblea Legislativa (en 2024) lo discutió en pocas horas”, lamentó la consultora, en referencia a la ley que permite de nuevo la minería.
Un estudio más reciente, publicado en octubre de 2025 por la Asociación Centroamérica Centro Humboldt, detalla que en el país también existen al menos 36 lotes concesionados para la exploración de minerales y que todos representan riesgos climáticos.
Solo los nueve distritos mineros, identificados en el estudio del Minec, abarcan el 8 % del territorio nacional. En términos más exactos, esto equivale a 1,681.8 km². Para dimensionar estas extensiones de tierra, hay que intentar imaginar que equivalen a más de mil veces la superficie del Parque Bicentenario, ubicado en el área natural protegida El Espino–Bosque Los Pericos, en San Salvador. Aunque la actividad minera no se desarrolle en todo este territorio, sí representa un riesgo significativo de contaminación, que eventualmente podría salir de esas zonas y afectar directamente a la población salvadoreña, según señalaron todas las fuentes consultadas para este reportaje.
Estas zonas están distribuidas desde Metapán hasta Santa Rosa de Lima, pasando por Jocoro, Yamabal, Chapeltique, San Isidro, El Paisnal, Chalatenango y Jutiapa.
La directora ejecutiva de la Asociación GAIA El Salvador, Berta Medrano, dijo a GatoEncerrado que las áreas naturales con categoría de “protegidas” o que tienen importancia ambiental en realidad están “totalmente desprotegidas” porque los gobiernos anteriores y el actual han incumplido con su tarea de crear reglamentos específicos para garantizar la protección. Agregó que la situación se vuelve más grave con la aprobación de la nueva ley de minería metálica.
“El riesgo es claro. Se va a permitir proyectos de exploración y explotación minera en sitios de conservación, corredores biológicos, reserva de biosfera o áreas naturales protegidas, así como otros proyectos extractivos”, lamentó.
Medrano explicó que la situación es compleja porque el país está sometido a un debilitamiento democrático en el que ya no existe la independencia de la Asamblea Legislativa ni del poder judicial, sino que estos poderes del Estado están sometidos a las órdenes de Nayib Bukele. Ahora, basta una simple orden desde Casa Presidencial para que los diputados oficialistas modifiquen la Ley de Áreas Naturales Protegidas y la Ley de Medio Ambiente con el fin de ajustarse a los intereses de la industria minera.
Una de las cosas que más preocupa a Medrano es que ya pasaron 20 años desde la aprobación de la Ley de Áreas Naturales y todos los gobiernos de turno, no solo el de Bukele, incumplieron con su tarea de impulsar un reglamento para operativizar la ley. De manera que, en el escenario actual, donde las zonas de interés minero están dentro de áreas protegidas o colindan con ellas, no hay un marco legal completo que realmente las proteja. Tampoco lo tienen las reservas de biosfera, áreas de conservación y sitios reconocidos internacionalmente como Ramsar.
No solo eso, de las 197 Áreas Naturales Protegidas en el país, solo 43 disponen de planes de manejo, programas de restauración, investigación y monitoreo. Además, el 80 % de las áreas de conservación, reserva de biosfera, sitios ramsar y corredores biológicos están en terrenos privados, según un estudio de GAIA y Friedrich Ebert Stiftung, lo que en la práctica traslada el cuidado a los dueños mientras el Estado abandona su responsabilidad. Los dueños, incluso, podrían ser empresas que contaminan el medio ambiente, aprovechándose de la falta de reglamento o de no ser vigilados diligentemente.
Todo esto se suma a que el Gobierno de Bukele impulsó, desde 2019, una política de agilización de permisos ambientales para la construcción de proyectos urbanísticos y turísticos en zonas donde las empresas no podían intervenir por restricciones y límites ambientales. Esta política incluye la modificación de directrices, zonificaciones y normativas para que se ajusten a los proyectos de las empresas que solicitan los permisos. Esto, como ya ha documentado GatoEncerrado, ha vulnerado y destruido zonas que eran protegidas. El mismo gobierno ha impulsado proyectos en los que se modifican las políticas ambientales para permitir construcciones que terminan depredando manglares, bosques y fuentes de agua que eran protegidas, además de desplazar forzosamente a comunidades empobrecidas. Ejemplo de esto son los casos del Aeropuerto de El Pacífico y la construcción del nuevo Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO).
El biólogo y máster en manejo y conservación de bosques tropicales, Julio Aguilera Ortega, dijo a GatoEncerrado que todos estos territorios de importancia ambiental que están ubicados dentro o en zonas colindantes de los distritos y concesiones mineras son clave para la conservación y cumplen con funciones ecológicas esenciales que brindan beneficios directos a los salvadoreños. Entre esos beneficios están la regulación del clima, protegen los suelos, reducen el riesgo de deslizamientos y fortalecen la capacidad del país para enfrentar tormentas y huracanes.
También son fundamentales para las comunidades, ya que funcionan como fuentes de alimento y abastecimiento de agua para las poblaciones cercanas. Según el biólogo Aguilera, el 38 % del territorio nacional está cubierto por bosques secundarios; es decir, la cobertura forestal volvió a crecer o aún se está regenerando después de la intervención humana. Son muy pocas las áreas que mantienen su cobertura vegetal intacta, como Montecristo y San Diego y San Felipe Las Barras.
“Si ingresan proyectos mineros habrá más presión a los pocos bosques que tenemos. La pérdida de especies y la defaunación será muchísima mayor”, lamentó.
Una lideresa de la Asociación de Desarrollo Económico Social Santa Marta (ADES) agregó que, en Cabañas, la preocupación es que la posible reactivación de la mina “El Dorado” vendría a contaminar los ríos Copinolapa y Titihuapa, que son esenciales para las comunidades aledañas y la agricultura de la zona. Pedro Cabezas, de la Alianza Centroamericana Frente a la Minería (ACAFREMIN), señaló que en Cabañas también hay riesgo de que se reactive la mina Santa Rita y otras que están cerca de áreas protegidas.
“Hay proyectos mineros que por sí en sus concesión original colindan con áreas protegidas, con cuerpos de agua y biosfera que son reservas naturales del país. Es casi seguro que si estos proyectos se desarrollan eventualmente van a afectar esas áreas, y no solo dentro de lo que estamos viendo, sino que el potencial de expansión que tiene ese proyecto”, dijo Cabezas a GatoEncerrado.
Las 15 zonas de sacrificio ambiental
En la porción del territorio nacional (8 %) que abarcan las zonas de interés minero hay al menos 15 joyas ecológicas que se convertirían en zonas de sacrificio ambiental si se ejecutan proyectos en esas ubicaciones. Entre esas hay 12 Áreas Naturales Protegidas, además de áreas de conservación y sitios Ramsar.
LAS 15 JOYAS ECOLÓGICAS EN RIESGO
Este es el listado de 15 joyas ecológicas de El Salvador que están bajo amenaza directa por el retorno de la minería metálica. En el caso de que los proyectos mineros inicien, estos lugares se convertirían en zonas de sacrificio.
Indicación: Para acceder a la información sobre las característas de estas zonas, qué tipo área son, el año de su declatoria como ANP y cuál es su amenaza, solo presiona sobre los nombres.
01
PARQUE NACIONAL MONTECRISTO
Metapán, Santa Ana
Amenaza: Minas El Casimiro, San Juan, El Tajado y el Zapote.
Características: Montaña vital con bosque nebuloso y santuario ecológico para aves, reptiles y mamíferos, como pumas, tigrillos y ocelotes. Su prinicpal río es el San José y posee más de 30 nacimientos de agua que abastecen a Metapán.
02
SAN DIEGO Y SAN FELIPE LAS BARRAS
Santa Ana
Amenaza: Próximo al Distrito Minero de Metapán.
Características: Posee la mayor extensión de bosque seco tropical del país. Se caracteriza por perder sus hojas durante la estación seca para conservar la humedad. Su conservación es vital para la biodiversidad de las tierras bajas.
03
COMPLEJO LAGUNAR GÜIJA
Metapán, Santa Ana
Amenaza: Proyecto transfronterizo "Era Dorada", de la minera Aura Minerals, en Asunción Mita, Guatemala.
Características: Principal regulador hídrico del curso alto del Río Lempa. Humedal de importancia internacional. Este humedal incluye el Área Natural Protegida San Diego-San Felipe Las Barras, un complejo lagunar y las áreas inundables a su alrededor; abarca las lagunas de Metapán, Clara, Verde, Teconalá y el lago de Güija. Este último sirve como fuente de sustento para comunidades pesqueras.
04
CERRÓN GRANDE
Cabañas, Chalatenango, Cuscatlán, San Salvador
Amenaza: Los distritos mineros de El Paisnal, Potonico-Cancaste y Jutiapa.
Características: El núcleo del humedal está constituido por un embalse que representa el mayor cuerpo de agua dulce del país y está situado en el tramo medio del río Lempa. Representa un hábitat crucial para miles de aves acuáticas migratorias, que lo utilizan como parada durante las dos épocas de paso o como área de estadía durante el invierno.
05
ALTO LEMPA
Zona centro-norte
Amenaza: Se ubica dentro del sector minero de Potonico-Cancaste.
Características: El área cuenta con una diversidad de ecosistemas, como bosques secundarios, ríos y tierras destinadas a la agricultura. En esta región habita fauna silvestre y se han registrado especies de flora en peligro y amenaza de extinción. Además, por esta zona pasa la cuenca del río Lempa, la principal columna hídrica del país, que abastece a más de 1.5 millones de salvadoreños, solo en la zona metropolitana del Gran San Salvador.
06
PIEDRAS TONTAS
El Paisnal
Amenaza: El distrito minero de El Paisnal, donde se ubica la abandonada mina Modesto.
Características: Ayuda a conservar fragmentos de bosque seco y proteger microcuencas.
07-13
CABAÑAS Y ÁREAS PERIFÉRICAS
Cabañas / Cuscatlán / San Salvador
Amenaza: Distrito minero de El Paisnal y Jutiapa.
Características:Estas áreas permiten la conectividad biológica con remanentes boscosos del norte del país. Proveen servicios ecosistémicos esenciales, como la regulación hídrica y el hábitat para fauna de transición entre ambientes agrícolas y naturales. Son parte del Bosque de Cinquera, un ecosistema clave dentro de los Bosques Secos del Pacífico de Centroamérica. Conformadas en su mayoría por vegetación secundaria latifoliada, surgida tras el abandono agrícola ocurrido durante el conflicto armado salvadoreño (1980–1992). Este ecosistema alberga aproximadamente 236 especies de anfibios, reptiles, aves y mamíferos, entre ellas, especies en peligro o amenazadas de extinción. Forman parte del Bosque de Cinquera y alberga fauna diversa.
14
NAHUATERIQUE
La Unión, San Miguel y Morazán
Amenaza: Ubicada dentro del proyecto El Potosí.
Características: Es un territorio de gran extensión compartido por 31 municipios. Cuenta con bosques de pino, arbustos, matorrales, mosaicos de pastos, granos básicos y cultivos de café. En Nahuaterique se han identificado 49 especies consideradas de preocupación especial, ya que están reportadas a nivel nacional como amenazadas o en peligro de extinción.
15
GOLFO DE FONSECA
La Unión, Morazán y San Miguel
Amenaza: Se ubica dentro en los distritos mineros del Yamabal-El Hormiguero, Jocoro y Santa Rosa de Lima. Dentro de estos están las minas Zonas de Barrio, El Hormiguero, Gigante, Montecristo, el Divisadero, Los Encuentros, Tabanco, Loma Larga, San Pedro, Montemayor, Lola, Las Piñas, San Sebastián y Pavón-Flamenco.
Características: Ecosistemas de manglares y costa. La minería en la cuenca alta vertería tóxicos hacia el océano.
La principal amenaza, entre estas 15 joyas ecológicas, la tiene el área de conservación del Alto Lempa, ya que este río es la columna vertebral hídrica de El Salvador, de la que dependen 1.5 millones de personas en el Área Metropolitana de San Salvador, genera el 34 % de la energía eléctrica, según la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). Además, es indispensable para la agricultura y para lograr la soberanía alimentaria. El potencial minero de Chalatenango (entre Potonico y Cancasque) se ubica directamente sobre la cuenca del Lempa y el sitio Ramsar Cerrón Grande.
Ileana Verali, del Movimiento de Mujeres Transfronterizas, dijo a GatoEncerrado que ven con preocupación que el río Lempa se está secando año con año y que está expuesto a contaminación. Esto ocurre, según detalló, por varias razones que los tres gobiernos del norte centroamericano no resuelven. Una de esas razones es la minería.
“Vemos que el río Lempa está decreciendo. Se está haciendo pequeño y más pequeño, y no debemos dejar que eso pase por el bienestar y la salud de nuestros hijos, nietos y de todos en la comunidad. Porque todos necesitamos agua y si se acaba el río Lempa se acaba la vida, se acaba todo. El Lempa son 422 kilómetros de vida”, advirtió.
El Lempa enfrenta múltiples amenazas en puntos donde hay distritos mineros en El Salvador, pero también por la minería en Guatemala. Un ejemplo de ello es el distrito minero de Metapán, en Santa Ana. Este se encuentra dentro del Área Natural Protegida del parque Montecristo y colinda con los bosques San Diego y San Felipe de Las Barras, sectores que integran la Reserva de Biosfera El Trifinio.
Este territorio es parte de la mayor zona productora de agua que abastece a poblaciones de municipios cercanos al área natural. Así lo describió Héctor Aguirre, gerente de la Mancomunidad Trinacional Fronteriza Río Lempa, una organización que lleva más de 15 años trabajando en la región del Trifinio.
En esta misma zona está el bosque nebuloso de Montecristo, desde donde el paisaje desciende hasta el bosque seco de San Diego y San Felipe de Las Barras, para luego alcanzar el lago de Güija, un humedal compartido entre El Salvador y Guatemala, reconocido internacionalmente como Sitio Ramsar. Es aquí, en el norte del país, donde el río Lempa inicia su recorrido hasta llegar al sur, a la costa salvadoreña, en el océano pacífico.
Estas zonas de alto valor ambiental se encuentran ahora bajo la amenaza minera por partida doble. Por un lado Guatemala y por otro El Salvador. Aguirre explicó que el lago de Güija, que es parte del sitio Ramsar Complejo Güija, está en riesgo directo por la amenaza de contaminación desde Guatemala con el proyecto Era Dorada —antes conocido como Cerro Blanco—, una mina subterránea de oro y plata situada en el municipio de Jutiapa, en Asunción Mita, Guatemala, y que se encuentra a 18 kilómetros de Metapán, en Santa Ana.
Ambientalistas y habitantes advierten que las primeras consecuencias de la actividad extractiva de Guatemala, a la que potencialmente se añadirían proyectos mineros en El Salvador, podrían observarse en las aguas del lago de Güija, un humedal que además de ser importante para el río Lempa también lo es para las comunidades aledañas que dependen de la pesca.
“Si dañan el Güija no vamos a tener donde pescar. Eso afectará a las familias y las comunidades que dependemos del lago”, dijo Armando Antonio Castro, pescador y presidente de la ADESCO Belén Guijat.
Otra de las zonas más destacadas de amenaza es el Bosque de Cinquera, ubicado entre Cabañas y Cuscatlán. Aquí, la minería del distrito minero de Jutiapa también representa un riesgo. Este bosque tiene 5,320 hectáreas y es hábitat de la delicada ranita de cristal, un anfibio que solo sobrevive en aguas puras, según explicó a GatoEncerrado la guarda recursos Raquel Rivera, de la Asociación de Reconstrucción y Desarrollo Municipal (ARDM), quien lleva casi dos décadas cuidando el bosque.
Jaime Hernández, otro guarda recurso de ARDM, contó a esta revista que Cinquera también funciona como un sitio de investigación científica para biólogos, agrónomos e ingenieros nacionales y extranjeros. En 2010, investigadores de Cataluña hicieron un monitoreo en el área natural y determinaron que cada hectárea de bosque generaba 84.5 toneladas de oxígeno al año para la comunidad y el país.
“En Cinquera tenemos más de 5,000 hectáreas de bosque. Si lo multiplicamos por las 84.5 toneladas, este bosque le está dando al país y a la región casi 500,000 toneladas de oxígeno por año”, explicó Hernández.
Toneladas de oxígeno por año es lo que aporta el bosque de Cinquera a El Salvador.
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Cinquera es, además, una de las 20 áreas de importancia para la aves que fueron identificadas por la asociación global de conservación de aves BirdLife International. Estos sitios son lugares estratégicos para la observación científica y refugio para especies que están en peligro y amenaza de extinción, según explicó a esta revista el biólogo y especialista en avifauna, Néstor Herrera.
Asimismo, entre estas zonas de sacrificio ambiental destacan áreas de conservación en el oriente del país, como Nahuaterique y Golfo de Fonseca que están asediados por cuatro potenciales mineros que son: Chapeltique, Jocoro, Yamabal y Santa Rosa de Lima, ubicados en los departamentos de San Miguel, Morazán y La Unión.
Los mapas de la amenaza minera
Aquí puedes ver los mapas de los nueve distritos mineros identificados por el mismo Ministerio de Economía. Pero también podrás ver cómo estos distritos están dentro o en zonas colindantes de Áreas Naturales Protegidas, áreas de conservación y cuencas. Para elaborar estos mapas, tomamos la información del Ministerio de Economía y la comparamos con bases de datos y mapas del Visualizador de Información Geográfica para la Evaluación y Análisis Ambiental (VIGEAA) del MARN.
Nota: Ten en cuenta que este visor de mapas fue creado para navegar por la vista previa de los mapas, por lo que la calidad está optimizada para que sean ligeros y carguen incluso con una débil conexión a internet. Si quieres observar con detalle y acceder a los mapas de más alta calidad, puedes descargarlos en versión PDF. En celulares, la calidad de los mapas en el visor puede ser mejor si usas tu móvil en horizontal.
Mapas: Heriberto M.
Evidencia
El fantasma de la minería pasada
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Las minas abandonadas y la contaminación irreversible que quedó en El Salvador.
A pesar de que la narrativa de Bukele es que la contaminación de ríos no se debe a las minas que operaron en el pasado, hay suficiente evidencia que lo contradice. El caso más emblemático de contaminación irreversible es el de la Mina San Sebastián, ubicada en Santa Rosa de Lima, La Unión.
Administrada por empresas como Commerce Group Corporation, su legado es el drenaje ácido de mina, un fenómeno que ocurre cuando las rocas con minerales sulfurados de hierro entran en contacto con el agua y el aire. Hoy, el río San Sebastián es de color amarillento-cobrizo, apesta y no tiene vida acuática. Sus aguas y los pozos cercanos contienen 14 metales pesados, incluyendo cianuro, plomo, arsénico y mercurio. Como resultado, el 80 % de las familias de la zona deben comprar agua para sobrevivir. Pese al desastre ecológico, en febrero de 2025 se reiniciaron obras de terracería en este lugar bajo custodia militar.
El impacto de la minería no solo es ambiental y de contaminación, como en San Sebastián. También hay impunidad y secretismo oficial. Los contenedores con cianuro y sulfato ferroso que fueron abandonados en la mina San Sebastián tuvieron que ser retirados en 2018 por orden judicial, pero el Ministerio de Medio Ambiente incumplió esa orden hasta febrero de 2025.
Hoy, la ubicación de estos tóxicos es secreta, clasificada como información reservada hasta julio de 2028. Además, la Dirección de Minas ha reservado toda la información sobre permisos, exploración y explotación minera por siete años, hasta febrero de 2032, lo que significa que los nuevos proyectos operarán bajo total opacidad.
Sobre la contaminación que quedó en San Sebastián, el investigador Vladimir Pacheco Cueva dijo que las comunidades aledañas simplemente no pueden consumir ni utilizar el agua del río.
“Lo ocurrido es que los minerales se volvieron ácidos. Luego se acumularon y se hicieron un riachuelo que llegó al río San Sebastián. La acidez hizo que el río sea inhabitable y que se destruyera cualquier tipo de vida acuática que vivía ahí, por lo menos en unos 10 kilómetros”, explicó Pacheco.
Otro ejemplo en el que se puede observar evidencia de contaminación e impunidad se halla en el caso de la Mina El Dorado, en San Isidro, Cabañas. Este proyecto, que fue operado por Pacific Rim/Oceana Gold y hoy en la mira de Titan Resources Ltd (que busca asociarse con el Gobierno de Bukele), fue denunciado públicamente por el elevado consumo de agua. En su momento, se estimó que necesitaría 1.8 mil millones de litros de agua en un lapso de seis años, lo que representaba una competencia directa por el recurso hídrico con las comunidades, en un país ya afectado por el estrés hídrico.
Pero el caso es más grave y va más allá de esa cantidad de agua y de la contaminación de pozos locales. El conflicto socioambiental escaló hasta el asesinato de cinco ambientalistas y líderes comunitarios que se opusieron y que denunciaron la contaminación. Sus crímenes ocurrieron en 2009 y sus casos aún siguen impunes.
Nota del editor: Para conocer qué acciones tomará el Ministerio de Medio Ambiente en las zonas donde existen proyectos mineros, GatoEncerrado solicitó declaraciones al ministro Fernando López Larreynaga, con el fin de que explicara cómo garantizará la protección ambiental en las áreas protegidas, de conservación y los sitios Ramsar. Sin embargo, al cierre de este reportaje no se obtuvo respuesta del funcionario ni de su gerente de comunicaciones. Lo mismo ocurrió con el director general de Energía, Hidrocarburos y Minas, Daniel Álvarez, a quien también se le solicitó información sobre los permisos de exploración y explotación minera.
Biblioteca
Descarga algunos de los documentos públicos que consultamos para este reportaje y otros que organizaciones y fuentes compartieron con GatoEncerrado para que estén al alcance de nuestros lectores. También puedes interactuar aquí con el chatbot de nuestro cuaderno en Notebooklm. En ese cuaderno, no solo podrás preguntarle cualquier cosa sobre nuestro reportaje y las fuentes que documentales que hemos utilizado, sino también podrás crear tus propios resúmenes en audio y video. Además de hacerte infografías del tema.
- 📄 Fichas de áreas de conservación
- 📄 Informe final MINERIA Y AREAS NATURALES PROTEGIDAS MINEC
- 📄 Acuerdo entre El Salvador y Estados Unidos sobre comercio recíproco
- 📄 Decreto de ANP Piedras Tontas
- 📄 Estrategias para la Defensa del Medioambiente
- 📄 Ley de áreas naturales protegidas - L-579
- 📄 Análisis de las Concesiones Mineras en El Salvador - ACCH
- 📄 Evaluación Ambiental Estratégica
- 📄 Aves del Área Natural Montaña de Cinquera, departamento
- 📄 Hacia la Restauración y Reforestación de ecosistemas y paisajes
- 📄 Áreas Naturales Protegidas
- 📄 Anuario Estadístico 2019 MARN
- 📄 Plan de Manejo del Parque Nacional Montecristo 2003-2007
- 📄 Estudio Cinquera - Dominio de Tierra
- 📄 Plan de vigilancia Área Protegida Trinacional Montecristo - Comisión Plan Trifinio
- 📄 Informe Pesca
- 📄 Inventario Nacional de Bosque 2017-18
- 📄 PDLS Área de Conservación Nahuaterique
- 📄 Evaluación Ecológica Rápida del Área Protegida Trinacional Montecristo
- 📄 Identificación de Sitios Prioritarios para la Conservación en el Área Natural Protegida Colima, Cuscatlán
- 📄 PDLS Área de Conservación Golfo de Fonseca.pdf
- 📄 Quinto Informe Nacional para el Convenio sobre la Biodiversidad Biológica - GOB
- 📄 Racionalización del Sistema de Áreas Naturales Protegidas
- 📄 Integración de la Información Existente - Fichas de Áreas de Conservación
- 📄 Estudio de la Composición y Estructura de la Herpetofauna - Cinquera
- 📄 La Defensa del bosque Cinquera
- 📄 Fauna y Flora en el Golfo de Fonseca
- 📄 Estado actual de las Áreas Naturales - GAIA
- 📄 Diagnóstico del Parque Nacional Montecristo
- 📄 Conservación de los Ecosistemas Terrestres y Acuáticos del Río Lempa
- 📄 Propuesta de un Sistema de Monitoreo de Especies Indicadoras de Herpetofauna - UES, Montecristo
- 📄 Ley de prohibición de la minería 2017 (derogada)
- 📄 Ley de Minería Metálica - 23-12-2024 (Vigente)
- 📄 Gestión y Manejo de Áreas Naturales Protegidas - Informe GAIA
- 📄 Estrategia ANP Corredor Biológico
- 📄 Actualización Áreas Naturales Protegidas - GAIA
- 📄 Informe final Minería y Áreas Naturales Protegidas
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