Bitácora ambiental

Comisión revierte acuerdo y aumenta a 15 años el permiso de explotación del agua

Los diputados del oficialismo modificaron el artículo 61 del proyecto de ley de agua, que habían aprobado hace 14 días,  con el fin de darle más años a las empresas para lucrarse del agua. Con el cambio, la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA) podrá emitir permisos de hasta por 15 años para la utilización de 1,000 metros cúbicos diarios de agua.  Contrario al discurso de que anteponen los intereses “del pueblo”, este artículo fue modificado en razón de darle seguridad jurídica a los empresarios. Así lo justificó el diputado de Nuevas Ideas, Christian Guevara, quien habló como empresario. 

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Foto/Emerson Flores

Por Marvin Díaz

Por Marvin Díaz

Tomando en cuenta los intereses de la empresa privada, los diputados de Nuevas Ideas, Gana y PCN que integran la comisión ad hoc para el estudio de la Ley General de Recursos Hídricos  decidieron modificar el artículo 61 y aumentar a 15 años el plazo de las autorizaciones “nivel” que permitirá a las empresas extraer hasta mil metros cúbicos diarios con fines comerciales. Este plazo se adapta a la propuesta inicial del gobierno y revierte el acuerdo que había tomado la comisión el 30 de septiembre de que este plazo fuera de 5 años renovables.

En la reunión de este 14 de octubre, sorpresivamente, el jefe de fracción de Nuevas Ideas, Christian Guevara, se puso el saco de empresario y propuso hacer el cambio en el artículo 61 argumentando que el plazo cinco años prorrogables generaba incertidumbre jurídica a los empresarios, ya que los créditos que reciben sobrepasan los 10 años.  

“En virtud de la certeza jurídica de las inversiones, estábamos revisando que un plazo de vigencia (de cinco años) es menor que los plazos de créditos que se les dan a algunas empresas. Yo he sido empresario y los plazos normales de un crédito son entre siete y 12 años (...) Si nosotros diéramos un plazo tan pequeño como habíamos considerado previamente de cinco años, prorrogable a 10. La prórroga, también incluye incertidumbre jurídica”, justificó Guevara en la comisión de este 14 octubre.

No es la primera vez que Nuevas Ideas pone por enfrente la visión empresarial, ya que volúmenes de extracción de agua fueron determinados según los metros cúbicos que consume la industria durante al día. 

Desde que el gobierno presentó la propuesta de ley, diferentes expertos hídricos y organizaciones advirtieron que concederle a un grupo empresarial permisos de 15 y hasta 30 años para explotar un acuífero y no garantizar agua para la población era una forma de privatizar el agua, aunque no se dijera expresamente en el proyecto de ley.  Además, durante el proceso de consulta que realizó la comisión, las universidades solicitaron expresamente que se disminuyera el plazo. 

Fue así como al llegar el momento de discutir el artículo 61 acordaron que la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), entidad rectora del agua,  podía dar dos tipos de autorizaciones - “nivel 1” y “nivel 2”- se darían por un plazo de cinco años.  La autorización “nivel 1” se daría cuando el agua solicitada fuera igual o mayor a los 365,000 metros cúbicos por año, sin exceder los mil metros cúbicos diarios. La “nivel 2'' se daría cuando el caudal requerido sea menor a 365,000 metros cúbicos por año. Para ambos casos, la vigencia de las autorizaciones será de cinco años, pudiendo ser renovadas por igual periodo.

El cambio al plazo de los permisos, según el diputado Christian Guevara,  respondió a las peticiones de las organizaciones sociales, academia y juntas de agua.  Además, dijo que estaban desvirtuando el señalamiento de “una mini-privatización” y de que los diputados respondían a intereses de la empresa privada. Catorce días después, ese discurso cambió.

En el proyecto de ley de agua que mandó el gobierno regulaba que la autorización “nivel 1” se daría cuando los volúmenes de agua fueran igual o mayor de 473, 040 metros cúbicos por año, para un plazo no mayor a 15 años; y en las autorizaciones “nivel 2” cuando el caudal solicitado fuera de 473, 040 metros cúbicos por año o menor, por un plazo de hasta cinco años.

La nueva redacción del artículo 61 básicamente retoma la propuesta del gobierno. “Las autorizaciones nivel 1 serán otorgadas por un plazo de vigencia no mayor de quince años y las autorizaciones del nivel 2 tendrán un plazo de vigencia de hasta cinco años; ambas autorizaciones podrán ser renovadas previo estudio técnico, ordenado y supervisado por la ASA, que compruebe que las condiciones del acuífero no hayan cambiado”, cita el artículo. 

En ese mismo artículo 61, los volúmenes de agua no fueron modificados en la ley. “Las autorizaciones nivel 1 sobre el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos será cuando el volumen solicitado sea igual o mayor de 365,000 metros cúbicos por año, no pudiendo exceder los 1000 metros cúbicos diarios; y podrá emitir autorizaciones nivel 2, cuando el caudal solicitado sea menor a los 365,000 metros cúbicos por año. Para garantizar lo anterior, los autorizados deberán instalar medidores para determinar el consumo de agua”,  dice el artículo.

La propuesta de modificar el artículo 61  surgió en medio de la discusión y aprobación de los artículos del 123 al 133 relacionados con el establecimiento de un Tribunal Sancionador.  En este punto, la diputada de PCN, Rebeca Rodriguez, y la diputada suplente de Gana, Marta Pineda de Navas, solicitaron modificaciones a los artículos 12 y 13 para que este Tribunal Sancionador pase a integrar la ASA. 

Tras esa modificación, Cristian Guevara pidió un cambio en el artículo 61, basándose en el tema de las inversiones de las empresas y los plazos que necesitaban para acceder a créditos.  La propuesta se aprobó con 9 votos de los diputados de Nuevas Ideas, Gana y PCN.

Diputada de NI se negó a responder sobre la modificación

Terminada la reunión de comisión ad hoc, GatoEncerrado intentó entrevistar a la diputada de Nuevas Ideas, Norma Lobos, para conocer el por qué se había retractado de la decisión del 30 de septiembre. Sin embargo, guardó silencio y se fue.

Mientras tanto, la diputada suplente de Gana, Marta Pineda de Navas, reiteró que había acompañado la propuesta de Nuevas Ideas porque las empresas necesitan un plazos para acceder a créditos, algo que no podría conseguirlo en cinco años. 

La diputada del FMLN Dina Argueta criticó la reversión de la decisión en las autorizaciones. Comentó que los diputados que votaron no tomaron en cuenta la petición de los colectivos sociales que pidieron bajar de 15 a 5 años los permisos.

“Hoy se quitaron la careta y comenzaron a mostrar para quien están legislando. No quisieron incorporar el derecho comunitario del agua, no han querido legislar para que las juntas de agua estén incorporadas; pero sí han revisado las decisiones para que las grandes empresas y corporaciones sigan explotando el agua de los salvadoreños”, dijo Argueta en un video que publicó en sus redes sociales.

La comisión ad hoc ignoró las recomendaciones de no autorizar permisos hasta por 15 años, que fue una petición unánime de las universidades, iglesias, juntas comunitarias de agua y organizaciones de la sociedad civil. 

Sin embargo, representantes de las empresas privadas se mostraron satisfechos con los 15 años de autorización que planteaba el gobierno del presidente Bukele. Incluso, la industria de la caña de azúcar, la construcción y las embotelladoras vieron con buenos ojos, ya que el anteproyecto "recogía las necesidades de las empresas". 

Votación sin discusión

Los artículos del 122 al 126 relacionados con el pago de multas y con el establecimiento del  Tribunal Sancionador  fueron aprobados sin mayor discusión y análisis en la comisión ad hoc

Este tribunal fue integrado a la ASA y tendrá dentro de sus atribuciones instruir el procedimiento sancionatorio e imponer las sanciones correspondientes por infracciones a la ley, así como recibir y atender denuncias, investigar los incumplimientos, entre otras funciones.  Los miembros de este organismo serán nombrados por el presidente de la República, según describen las disposiciones aprobadas. 

También fueron aprobados de forma exprés los artículos relacionados con el período de ejercicio del cargo, protesta y toma de posesión, prohibiciones, impedimentos, excusas y recusaciones y causas de cesación de los miembros del Tribunal Sancionador.

Antes de hacer las modificaciones, Christian Guevara comentó que había pasado por correo las propuestas de redacción al técnico. Los diputados oficialistas se limitaban a levantar la mano para la aprobación de los artículos. 

La comisión ad hoc sesionará para el próximo martes 19 de octubre para estudiar los artículos 148 hasta el 164. Los diputados tienen pendiente aprobar los artículos de los cánones, es decir, los pagos que la ASA cobrará por el uso y aprovechamiento del agua.