Por Marvin Díaz

No es la primera vez que Nuevas Ideas pone por enfrente la visión empresarial, ya que volúmenes de extracción de agua fueron determinados según los metros cúbicos que consume la industria durante al día. 

Desde que el gobierno presentó la propuesta de ley, diferentes expertos hídricos y organizaciones advirtieron que concederle a un grupo empresarial permisos de 15 y hasta 30 años para explotar un acuífero y no garantizar agua para la población era una forma de privatizar el agua, aunque no se dijera expresamente en el proyecto de ley.  Además, durante el proceso de consulta que realizó la comisión, las universidades solicitaron expresamente que se disminuyera el plazo. 

Fue así como al llegar el momento de discutir el artículo 61 acordaron que la Autoridad Salvadoreña del Agua (ASA), entidad rectora del agua,  podía dar dos tipos de autorizaciones – “nivel 1” y “nivel 2”- se darían por un plazo de cinco años.  La autorización “nivel 1” se daría cuando el agua solicitada fuera igual o mayor a los 365,000 metros cúbicos por año, sin exceder los mil metros cúbicos diarios. La “nivel 2” se daría cuando el caudal requerido sea menor a 365,000 metros cúbicos por año. Para ambos casos, la vigencia de las autorizaciones será de cinco años, pudiendo ser renovadas por igual periodo.

El cambio al plazo de los permisos, según el diputado Christian Guevara,  respondió a las peticiones de las organizaciones sociales, academia y juntas de agua.  Además, dijo que estaban desvirtuando el señalamiento de “una mini-privatización” y de que los diputados respondían a intereses de la empresa privada. Catorce días después, ese discurso cambió.

En el proyecto de ley de agua que mandó el gobierno regulaba que la autorización “nivel 1” se daría cuando los volúmenes de agua fueran igual o mayor de 473, 040 metros cúbicos por año, para un plazo no mayor a 15 años; y en las autorizaciones “nivel 2” cuando el caudal solicitado fuera de 473, 040 metros cúbicos por año o menor, por un plazo de hasta cinco años.

La nueva redacción del artículo 61 básicamente retoma la propuesta del gobierno. “Las autorizaciones nivel 1 serán otorgadas por un plazo de vigencia no mayor de quince años y las autorizaciones del nivel 2 tendrán un plazo de vigencia de hasta cinco años; ambas autorizaciones podrán ser renovadas previo estudio técnico, ordenado y supervisado por la ASA, que compruebe que las condiciones del acuífero no hayan cambiado”, cita el artículo. 

En ese mismo artículo 61, los volúmenes de agua no fueron modificados en la ley. “Las autorizaciones nivel 1 sobre el uso y aprovechamiento de los recursos hídricos será cuando el volumen solicitado sea igual o mayor de 365,000 metros cúbicos por año, no pudiendo exceder los 1000 metros cúbicos diarios; y podrá emitir autorizaciones nivel 2, cuando el caudal solicitado sea menor a los 365,000 metros cúbicos por año. Para garantizar lo anterior, los autorizados deberán instalar medidores para determinar el consumo de agua”,  dice el artículo.

La propuesta de modificar el artículo 61  surgió en medio de la discusión y aprobación de los artículos del 123 al 133 relacionados con el establecimiento de un Tribunal Sancionador.  En este punto, la diputada de PCN, Rebeca Rodriguez, y la diputada suplente de Gana, Marta Pineda de Navas, solicitaron modificaciones a los artículos 12 y 13 para que este Tribunal Sancionador pase a integrar la ASA. 

Tras esa modificación, Cristian Guevara pidió un cambio en el artículo 61, basándose en el tema de las inversiones de las empresas y los plazos que necesitaban para acceder a créditos.  La propuesta se aprobó con 9 votos de los diputados de Nuevas Ideas, Gana y PCN.

Diputada de NI se negó a responder sobre la modificación

Terminada la reunión de comisión ad hoc, GatoEncerrado intentó entrevistar a la diputada de Nuevas Ideas, Norma Lobos, para conocer el por qué se había retractado de la decisión del 30 de septiembre. Sin embargo, guardó silencio y se fue.