Bitácora

CIDH cuestiona labor del Estado Salvadoreño ante desapariciones forzadas

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) conoció en una audiencia pública la situación de las desapariciones de personas en El Salvador. Luego de un resumen sobre el marco legal y las estadísticas de desaparecidos, una comisionada y la presidenta de la CIDH cuestionaron al Estado sobre sus mecanismos de prevención para erradicar el problema, una de ellas catalogó la respuesta del Estado salvadoreño como “reactiva” y no proactiva. 

 

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Manifestación por las víctimas desaparecidas. Foto/Archivo GatoEncerrado

Por Mónica Campos

Por Mónica Campos

El Estado salvadoreño fue interpelado sobre su labor para dar atención y respuesta a las víctimas de desapariciones en una audiencia pública realizada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sobre todo porque aún sigue sin cumplir todas las recomendaciones que realizó la CIDH al Estado tras su visita in loco a finales de 2019.

“Quiero preguntar al Estado si pudieran darnos detalles sobre su trabajo proactivo para minimizar las desapariciones”, dijo la comisionada de la CIDH, Margarrette May Macaulay, a los representantes del Estado salvadoreño, luego de que brindaran su exposición sobre la respuesta estatal ante las desapariciones de personas en una audiencia pública solicitada por 15 organizaciones defensoras de derechos humanos. 

Macaulay dijo que el tema de desapariciones en El Salvador le parecía un tema recurrente cada año y que siempre le preocupa que el Estado parece concentrarse en acciones reactivas y no preventivas. Minutos antes, la representación del Estado, compuesta por empleados del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), la Fiscalía General de la República (FGR) y el Ministerio de Relaciones Exteriores presentó sus alegatos en los que destacaron diferentes acciones como respuesta estatal. 

Elmer Castro, representante del Ministerio de Justicia, enlistó algunas acciones en las que destacó la implementación del proyecto “Fortalecimiento institucional en el caso de desapariciones relacionadas con el crimen organizado para reducir la impunidad en El Salvador”. El funcionario apuntó que el plan tiene un carácter interinstitucional porque incluye a la FGR y a la Corte Suprema de Justicia (CSJ). “Con este plan se ha logrado superar el vacío normativo que no permitía la actuación articulada de las instituciones frente a las desapariciones”, dijo Castro. 

Castro mencionó también un marco normativo construído en 2018, el Protocolo de Acción Urgente (PAU). Aseguró que el protocolo no propone un tiempo de espera para iniciar la búsqueda de los desaparecidos y que este exige que se dé un trato con enfoque de género a mujeres y niñas víctimas de desaparición. El funcionario mencionó también la construcción de un banco genético con apoyo de la cooperación internacional y reformas a los delitos relacionados con desapariciones perpetradas por particulares y desapariciones forzadas. 

La respuesta del Estado salvadoreño contrastó con las declaraciones de la organizaciones demandantes, quienes en sus alegatos pintaron un panorama difícil para las víctimas de desapariciones. Zaira Navas, de Cristosal, abrió la audiencia diciendo que en El Salvador faltan mecanismos eficaces que garanticen la búsqueda de personas desaparecidas. Además apuntó que “se ha documentado que también son agentes estatales” quienes desaparecen personas. Sobre esta declaración específica la representación del Estado guardó silencio. 

Sonia Rubio, de la Fundación para el Debido Proceso, destacó la existencia de una práctica fiscal y policial de esperar 72 horas antes de buscar a una persona desaparecida. Rubio describió esta práctica como contradictoria contra los protocolos de búsqueda establecidos. 

Las organizaciones recalcaron que el Estado ha sido poco transparente en el tema de desapariciones y pusieron como ejemplo la reserva total en el caso de Chalchuapa, donde se encontró más de una decena de cuerpos enterrados en la casa de un ex agente policial. Además expusieron que ese caso destapó un peregrinaje de familiares que recorren por escenas policiales con la esperanza de encontrar entre los exhumados a sus seres queridos. 

Sobre este caso, el funcionario de Justicia respondió que: “desde el Ministerio de Justicia se hizo un equipo que aseguró el apoyo y acompañamiento psicosocial y espiritual a los familiares de las víctimas”. Sin embargo, uno de los familiares de las víctimas de Chalchuapa contó a GatoEncerrado que el trato que le dieron no fue el adecuado pues pasó más de 52 días sin información en el IML. 

 

Piden a El Salvador ratificar convenios

Ante los alegatos de las organizaciones y del Estado, la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, hizo también un cuestionamiento. La presidenta preguntó al Estado por qué no se habían acatado algunas de las recomendaciones de un informe que la CIDH emitió a El Salvador en diciembre de 2019 donde se plantean acciones para contrarrestar los “altos niveles de violencia”. 

“A la luz de las recomendaciones de la visita in loco de la CIDH, ¿en qué trámite está la ratificación de la convención internacional de desaparición forzada en El Salvador?, preguntó la presidenta y continuó: “También quisiera saber dónde están los obstáculos en lo del banco genético (...) Sería importante saber por qué no se ha podido avanzar más, si es un tema de recursos, entendemos que el Estado quiere avanzar pero no logra avanzar”, dijo la presidenta.

En la audiencia participó también la presidenta del Comité Contra la Desaparición Forzada, Carmen Rosa Villa, quien exhortó a El Salvador a firmar la Convención Internacional contra las Desapariciones Forzadas. La convención entró en vigencia en 2010 y 64 estados son parte de ella, sin embargo, El Salvador aún no la ha ratificado. El documento plantea lineamientos preventivos y apoyo internacional en materia de desapariciones, según explicó Rosa Villa. “El comité ofrece su pleno apoyo al Estado salvadoreño y esperamos que El Salvador pueda pronto ratificar la convención”, concluyó. 

La presidenta Urrejola preguntó si hay una instancia que propicie el diálogo entre el Estado, los familiares de los desaparecidos y las organizaciones de sociedad civil. El mismo cuestionamiento lo hizo Johana Ramírez, del Servicio Social Pasionista, quien además ha planteado la desconexión del Estado y las organizaciones sociales en otros temas, como en el de desplazamiento forzado interno, donde también está involucrado el Ministerio de Justicia. “Pareciera que tenemos que llegar a estas instancias para entablar un diálogo”, dijo la defensora de derechos humanos. Sobre esto, el representante del Ministerio de Justicia informó que se está trabajando en una mesa de diálogo desde el mismo ministerio.