Nunca la Asamblea Legislativa hizo tanto daño como la gestión 2021-2023 que recién terminó. El saldo de la primera legislatura dominada por el bukelismo es tan nefasto que hasta es difícil determinar cuáles acciones y omisiones fueron las más perjudiciales para la democracia, los derechos humanos y la vida de la gente. Aún así, hice el ejercicio de establecer un ranking de las diez medidas más nocivas, a las que irónicamente he llamado “perlas legislativas” de los diputados y diputadas del partido Nuevas Ideas (NI) y sus aliados. 

Esta lista de “perlas”, enumeradas en orden cronológico, incluye varias medidas concretas, otras que constituyen acciones continuadas a lo largo del período legislativo y algunas que son omisiones. Insisto en que éstas no son todas las maldades de la bancada oficialista y sus secuaces, sino las más graves y por las que algún día, tarde o temprano, sus hechores tendrán que rendir cuentas ante el país y la historia.

Perla No. 1: El golpe al Poder Judicial. El 1 de mayo de 2021, en su primera sesión plenaria, la bancada cian y sus aliados destituyeron de manera fulminante al fiscal general Raúl Melara y a los magistrados constitucionalistas Aldo Cáder, Carlos Sergio Avilés, Carlos Sánchez Escobar, Marina de Torrento y Óscar Armando Pineda Navas, éste último era presidente de la Sala de lo Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia. La destitución fue arbitraria e ilegal porque no había una justificación válida y se realizó sin seguir el procedimiento debido. 

Melara investigaba, entre otras cosas, las negociaciones de Nayib Bukele con las maras y varios actos de corrupción del gobierno que habían sido presentados por la fugaz Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (CICIES); mientras que los magistrados de la Sala habían puesto paro a algunos abusos del Ejecutivo. 

El nuevo fiscal Rodolfo Delgado suspendió de inmediato las investigaciones de Melara y se sometió a los designios de Casa Presidencial; y los nuevos magistrados Nahún Martínez, Luis Suárez, José Angel Pérez, Elsy Dueñas y Oscar López Jerez emitieron -cuatro meses después de su nombramiento- una resolución que permitió a Bukele buscar la reelección, a pesar de estar prohibida en varios artículos de la Constitución de la República. 

Una investigación de la revista digital Gato Encerrado, en alianza con Factum, reveló después que los magistrados destituidos fueron amenazados y obligados a “renunciar”. Uno de ellos, incluso, fue chantajeado con dejar morir a su hija que estaba internada por COVID en un hospital público. Según la referida investigación periodística, el responsable de esa operación de matonería política fue Conan Castro, secretario jurídico de Bukele. 

El golpe al poder judicial se completó el 1 de septiembre de 2021 con una reforma a la Ley de la Carrera Judicial que obligó a retirarse a todos los jueces mayores de 60 años y a quienes tuvieran más de 30 años de servicio, sustituyendo de un solo tajo un tercio de los jueces y juezas del país. La mayoría de los nuevos “aplicadores de justicia” se caracteriza por resolver conforme a los deseos del oficialismo. 

Un ejemplo emblemático es Mirtala Portillo, la nueva jueza del caso de la Masacre de El Mozote, quien se ha dedicado a dilatar, manipular y autosabotear el juicio contra los ex militares responsables de la peor masacre perpetrada por el ejército gubernamental durante la guerra civil. Otro es María Elizabeth Amaya, la jueza de instrucción de Sensuntepeque que mandó a juicio a los ambientalistas de Santa Marta y ADES sin que existan pruebas reales sobre los supuestos delitos y la participación de los acusados en su cometimiento.

Con la toma de la Fiscalía y el sistema judicial, el bukelismo completó el control de todo el aparato estatal y así desapareció la independencia judicial, la separación de poderes y los contrapesos necesarios en un sistema democrático. El 22 diciembre de 2021 los diputados cian reeligieron a Rodolfo Delgado como Fiscal General. 

Perla No. 2: La “Ley Alabí”. El 5 de mayo de 2021 la bancada oficialista y sus cómplices aprobaron una de las normativas más perjudiciales para el acceso a la información pública, la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción. Se trata de la Ley para el Uso de Productos para Tratamientos Médicos en Situaciones Excepcionales de Salud Pública Ocasionados por la Pandemia de COVID-19, presentada por el ministro de Salud Pública, Francisco Alabí.

Esta ley impidió conocer detalles del manejo de millonarios fondos públicos durante la pandemia y blindó a los funcionarios estatales ante posibles demandas por corrupción. La normativa, además, violenta el derecho a la salud de la población porque no permite proceder legalmente en casos de mala praxis médica. 

La aprobación de la “Ley Alabí” y la destitución del fiscal Melara fueron los principales puntos de discordia entre la secretaría general de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el gobierno de Bukele que provocaron el cierre de la CICIES el 5 de junio de 2021.

El manto de opacidad e impunidad de la “Ley Alabí” se completó con una nueva ley de compras estatales y otras normativas que menoscaban la transparencia. A esto se suman las reservas de información ilegales, la cooptación del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) y el uso del Fondos de Protección y Mitigación de Desastres (FOPROMID) y del presupuesto del Organismos de Inteligencia del Estado (OIE) como nuevas “partidas secretas” donde se esconde el uso discrecional de cientos de millones de dólares cada año.

Perla No. 3: El archivo de varios proyectos de ley presentados por organizaciones de la sociedad civil. El 14 de mayo la bancada cian y sus secuaces enviaron al archivo decenas de piezas de correspondencia presentadas por organizaciones sociales durante legislaturas anteriores. La mezquina decisión respondía al guion propagandístico de “borrón y cuenta nueva” diseñado en Casa Presidencial.

Entre las piezas tiradas al basurero legislativo habían propuestas de ley de agua, soberanía alimentaria, prohibición de agrotóxicos, identidad de género, protección a periodistas, publicidad estatal, despenalización del aborto, protección de defensores y defensoras de derechos humanos, medidas tributarias progresivas, acciones integrales para la seguridad pública y otras que fueron desechadas sin siquiera ser revisadas. 

También fueron archivadas propuestas de reforma constitucional, entre éstas una que reconocía el derecho humano al agua y a la alimentación. El argumento falaz de los diputados bukelistas era que éstas y otras propuestas no respondían a las demandas y aspiraciones de la población, sino a los intereses de “los mismos de siempre”. 

Los diputados oficialistas no apoyaron ni una sola propuesta de la sociedad civil durante toda su gestión, no introdujeron ninguna iniciativa propia y rechazaron cualquier propuesta de la oposición. Esta obcecada actitud oficialista se evidenció claramente el 23 de febrero de este año cuando el presidente legislativo Ernesto Castro votó contra la introducción de una propuesta de reforma a la Ley de Lotificaciones y Parcelaciones.

La reforma, impulsada por Comunidades de Fe Organizadas en Acción (COFOA), fue presentada por la diputada opositora Claudia Ortiz. Cuando la legisladora del partido VAMOS preguntó a Castro la razón de su rechazo a la iniciativa, éste le respondió furioso: “No estoy de acuerdo en nada que usted proponga”. Todas las medidas aprobadas por Ernesto Castro y compañía fueron elaboradas en Casa Presidencial.

Perla No. 4: La Ley del Bitcoin. El 8 de junio los diputados de NI y sus aliados aprobaron una ley para implementar el Bitcoin como “moneda de curso legal” en el país. La normativa fue avalada sin ningún debate técnico, sin consultar a la ciudadanía y de manera exprés en un proceso legislativo que duró pocas horas.

Un reportaje de El Faro reveló que la decisión de aprobar la referida ley fue tomada en una reunión virtual que sostuvieron dos hermanos de Bukele y un par de funcionarios de Casa Presidencial con “evangelistas criptomonederos”. Según el semanario digital, la iniciativa se conoció primero en Miami y después en San Salvador. 

El Bitcoin -en realidad- no es una moneda, sino un activo digital que está prohibido o estrictamente regulado en los demás países del mundo debido a los riesgos de la alta volatilidad y fluctuación extrema de su valor, el peligro de ser utilizado para cometer delitos financieros y el costo energético de la “criptominería”. 

Como justificación de la medida, el gobierno prometió inclusión financiera, atracción de inversiones y desarrollo tecnológico. Sin embargo, hasta ahora ninguna de esas promesas se ha cumplido y más del 70% de la población consultada en las encuestas sigue rechazando su implementación. Para realizar las transacciones con la criptomoneda el gobierno creó la billetera digital “Chivo Wallet”, sobre la cual pronto aparecieron cientos de denuncias de robo de datos, usurpación de identidad y fraudes.

Para completar o corregir la plana, la bancada gobiernista aprobó, en enero de 2023, una Ley de Emisión de Activos Digitales. 

Perla No. 5: Ley privatizadora del agua y otras normativas anti-ambientales. El 22 de diciembre de 2021 los diputados bukelistas aprobaron la Ley de Recursos Hídricos que no incorporó las propuestas de las organizaciones ambientalistas, iglesias y universidades; pero sí las demandas del sector privado, entre éstas, las concesiones por 15 años o más para las empresas que se lucran con el agua. Aunque menciona conceptos como derecho al agua o protección de cuencas, el enfoque de la ley no es consecuente con tales principios rectores.

Organizaciones sociales señalan que hasta ahora esta ley no ha servido para llevar agua suficiente y de calidad a las comunidades urbanas y rurales que aún no la tienen, sino para asegurar y agilizar la explotación comercial del vital líquido, especialmente para la industria de bebidas y las compañías constructoras. 

A la aprobación de la Ley de Recursos Hídricos se suman otras normativas que tienen un claro sesgo antiecológico. Una de éstas es la eliminación de varios requisitos ambientales y sanitarios para las industrias y las construcciones aprobada el 15 de julio, mediante la derogación y modificación de varios artículos del Código de Salud. La modificación se hizo alegando que existía dualidad con disposiciones de otras leyes. 

Dicha reforma genera una desprotección de los ecosistemas y de la salud de la gente. Su aprobación es consecuente con la narrativa gubernamental de hacer más expeditos los permisos a proyectos urbanísticos y evitar que la protección del medioambiente se convierta en un “obstáculo para el desarrollo”, argumento falaz con el que se justifica también decisiones como la no ratificación del Acuerdo de Escazú. 

Otra acción todavía más tenebrosa es la incorporación de la minería metálica en la nueva Ley de Creación de la Dirección General de Energía, Hidrocarburos y Minas, aprobada de manera sorpresiva el 8 de noviembre de 2021. Como derogar la ley que prohíbe la minería de metales sería demasiado escándalo, los diputados oficialistas la incluyeron silenciosamente en una ley paralela. En mayo del mismo año Bukele incorporó a El Salvador al “Foro Intergubernamental sobre Minería, Minerales, Metales y Desarrollo Sostenible”.

La minería metálica sería el acabose ambiental del país, sobre todo por el uso intensivo del agua, la utilización de químicos mortales como cianuro, la generación de drenaje ácido y otros daños irreversibles. En medio de denuncias de la posible reactivación de proyectos mineros, el 11 de enero de 2023 fueron capturados los líderes comunitarios de Cabañas que tuvieron un rol protagónico en el logro de la ley prohibitiva de la minería y siguen siendo actores claves en la lucha por el agua y los ecosistemas amenazados por proyectos extractivistas.

Finalmente, una medida anti-ambiental es también la Ley de Expropiación para Obras Municipales, conocida como “Ley de Desalojos”, aprobada el 24 de noviembre de 2021, una semana después de creada la Dirección de Obras Municipales (DOM). Esta normativa ha permitido realizar desalojos de comunidades y familias en lugares donde ahora se realizan proyectos turísticos, residenciales o de infraestructura vial que destruyen ecosistemas y contaminan el medioambiente.

Perla No. 6: “Los martes de endeudamiento”. Desde que asumieron y durante toda su gestión, los diputados oficialistas aprobaron préstamos internacionales, emisión de bonos y deuda de corto plazo con la banca local (LETES y CETES) en forma desmedida. Varios préstamos no estaban plenamente justificados, otros no decían claramente el destino de los fondos, algunos han sido “deuda para pagar deuda” y muchos fueron contratados a altas tasas de interés. 

Durante la campaña electoral Bukele popularizó la frase “el dinero alcanza cuando nadie roba”; sin embargo, su gobierno es el que más ha endeudado al país. Economistas señalan que toda la deuda aprobada  por el oficialismo ronda los 10,000 millones de dólares, con lo cual el total de la deuda pública del país ronda los 30,000 millones de dólares, sin incluir la deuda previsional. En total, la deuda pública del país casi llega al 90 % del Producto Interno Bruto, según el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI). 

Es muy reprobable que, a pesar de tener la correlación legislativa suficiente para resolver la crisis de las finanzas públicas mediante la desprivatización del sistema de pensiones y la implementación de una reforma fiscal progresiva “donde paguen más quienes tienen más”, el oficialismo opte por una irresponsable política de endeudamiento excesivo que compromete seriamente a las actuales y futuras generaciones que serán obligadas a pagar dicha deuda.

Perla No. 7: El régimen de excepción. A finales de marzo de 2022 las maras asesinaron a 87 personas en sólo tres días. La matanza se dio tras una supuesta ruptura de sus acuerdos con el gobierno de Bukele; y la respuesta estatal fue la instalación de un régimen de excepción para combatir a las pandillas. 

En la madrugada del 27 de marzo la bancada oficialista y sus aliados aprobaron suspender la inviolabilidad de las telecomunicaciones y el derecho de defensa, ampliar los plazos procesales y -en un primer momento- restringir las libertades de organización y movilización. Desde entonces, la medida se ha prorrogado en forma continua cada mes, 25 veces. A estas alturas ya no es realmente un régimen de excepción, sino un estado permanente de suspensión de derechos constitucionales para toda la población.

A dos años de su implementación, el régimen de excepción arroja un balance dividido: por un lado, hay una notable reducción del accionar de las maras, valorado positivamente por la gente; pero por otro, esto ha sido a un altísimo costo en materia democrática y de derechos humanos. Según el Socorro Jurídico Humanitario (SJH), de los más de 70,000 mil personas detenidas como miembros o colaboradores de pandillas, al menos 20,000 no tienen ningún vínculo con esos grupos criminales y son inocentes de los delitos imputados. El propio gobierno dice haber liberado a unos 7,000 detenidos porque “no les comprobó nada”. 

A esto se suma la muerte de unas 250 personas en las cárceles o en centros hospitalarios luego de ser vapuleados por policías o custodios de los centros penitenciarios. El SJH y Cristosal consideran que el número de asesinados en las cárceles de Bukele podría superar las 500 personas. Las disposiciones del régimen de excepción también han sido aplicadas a casos no relacionados con pandillas, como el de los ambientalistas antimineros que pasaron ocho meses encarcelados en condiciones infrahumanas, sin comunicarse con el abogado defensor y sin recibir visitas de sus familiares.

Contradiciendo la “guerra contra las maras”, en pleno régimen de excepción se ha conocido que el gobierno favoreció a cabecillas pandilleriles, liberándolos ilegalmente o negando su extradición hacia Estados Unidos. Esto hace pensar a algunos analistas que la ofensiva estatal se enfoca solo contra la base de las maras y no toca a las estructuras de mando. Caso sonado es el de Élmer Canales Rivera, alias Crook, quien fue sacado de la cárcel de Zacatecoluca, alojado en un apartamento de lujo en San Salvador y luego llevado a Guatemala para que escapara.

Juristas y expertos en seguridad consideran innecesario suspender derechos a toda la población para combatir a las maras. Sostienen que la persecución contra estos grupos criminales puede hacerse con el marco legal existente, el cual incluye -además de todo el marco penal y procesal penal- una ley que proscribe a las pandillas y una sentencia de la Sala de lo Constitucional que las declara grupos terroristas. 

Y ciertamente, a la luz de los hechos, es evidente que la suspensión de derechos constitucionales no fue para combatir a las maras o -al menos- no sólo para eso. Dos aspectos centrales saltan a la vista: uno es el régimen de excepción como mecanismo de control social y para infundir temor a la población; y por otro, como estrategia electoral para asegurar la reelección inconstitucional de Bukele el pasado 4 de febrero con una abrumadora mayoría. 

Perla No. 8: Los presupuestos desfinanciados, intransparentes y alejados de las necesidades de la gente. Los presupuestos estatales de 2023 y 2024 aprobados por la bancada oficialista se caracterizaron por mantener la constante de endeudamiento para suplir el déficit de ingresos y la ausencia de mecanismos de rendición de cuentas. Pero el rasgo distintivo más nefasto fue el divorcio con las demandas de la gente y las necesidades del país.

Lo anterior se expresa claramente en la eliminación de programas de atención a sectores sociales vulnerables y la reducción de fondos para salud pública y educación, incluida la Universidad de El Salvador (UES); mientras tanto, se aumentaron los presupuestos para la Fuerza Armada, propaganda gubernamental y otros gastos no sustanciales. 

La distancia entre el interés común y las prioridades del gobierno también se ejemplifica en que el presupuesto de 2023 incorporó 4.5 millones de dólares para “revisar y actualizar” la ley que prohíbe la minería, cuando lo que el país requiere es mantener la prohibición de esta nociva industria extractiva, proteger el medioambiente y revertir el grave deterioro ecológico, sobre todo de los bienes hídricos. El presupuesto refleja las intenciones de reactivar proyectos mineros frente a la necesidad de evitar el desastre nacional que éstos provocarían.

Perla No. 9: La profundización de la regresividad tributaria y la reprivatización de las pensiones. En vez de desmontar el esquema tributario regresivo vigente desde los gobiernos de ARENA, el bukelismo lo ha profundizado aprobando exenciones fiscales para grandes empresas. Una de éstas es la exoneración de impuestos y del pago por uso del espectro radioeléctrico para servicio de internet satelital, aprobada el 13 de julio de 2022. Una de las posibles beneficiadas de esta medida es la empresa Starlink, del magnate ultraderechista estadounidense Elon Musk.

En los fallidos intentos gubernamentales de atraer inversiones, la bancada cian también ha exonerado a otras empresas tecnológicas y ejecutoras de megaproyectos. Además, ante la desesperación por la falta de liquidez, el 21 de marzo de este año el bukelismo aprobó exenciones para los depósitos bancarios y movimientos de capitales internacionales con el objetivo de hacer llegar dinero a los bancos para que éstos le sigan prestando. 

Mientras se niega a aprobar impuestos directos al patrimonio de los más ricos y de las grandes empresas, a las grandes transferencias financieras y a los bienes y servicios de lujo, el oficialismo mantiene el IVA a los alimentos, medicinas e insumos agrícolas y otros impuestos al consumo que agravan el alto costo de la vida, especialmente para los sectores populares y capas medias que se van empobreciendo aceleradamente. 

En el mismo sentido, los diputados oficialistas se negaron a renacionalizar la pensiones y traicionaron su promesa de crear un nuevo sistema previsional justo y sostenible. Lo que hicieron -siguiendo órdenes de Casa Presidencial- fue “reprivatizarlo” con una espuria Ley Integral del Sistema de Pensiones, aprobada el 20 de diciembre de 2022, la cual perpetúa el obsceno negocio de las AFPs en vez de revertirlo.

Perla No. 10: La reforma constitucional para institucionalizar la dictadura. Para reeditar su hazaña antidemocrática y terminar como iniciaron, los diputados cian y compañía reformaron la Constitución de la República en su última sesión plenaria del pasado 29 de abril. Modificaron el Artículo 248 para que una sola legislatura pueda hacer cambios constitucionales y así dejarle la mesa servida a la nueva gestión parlamentaria para que ésta realice la tarea de adecuar el marco constitucional a la dictadura que iniciará formalmente el 1 de junio próximo.

La reforma es totalmente inconstitucional y, por tanto, lo serán también las que apruebe la nueva legislatura. En noviembre de 2017 la Sala de lo Constitucional estableció que las reformas constitucionales deben ser aprobadas con elecciones legislativas de por medio, a fin de generar debate sobre las propuestas y que el electorado se exprese a favor o en contras de éstas, votando o no por los diputados que las promueven. En tal sentido, cualquier reforma debió aprobarse antes de los comicios del pasado 4 de febrero.

Desde luego que a esta lista de barbaridades se podrían sumar muchas más acciones y omisiones de la  tristemente célebre bancada cian, muchas de las cuales representan incumplimiento de promesas, como la de transparentar su gestión y eliminarse el fuero legislativo. 

También hay intentos fallidos de aprobar normativas nefastas como la Ley de Agentes Extranjeros, cuyos objetivos eran restringir la cooperación internacional solidaria y amordazar a las organizaciones sociales del país. Esta ley planteaba un impuesto del 30 % a las donaciones desde el extranjero y sanciones arbitrarias, discrecionales y desproporcionadas contra las organizaciones nacionales, incluidas multas de hasta 250,000 dólares, penas de 3 a 5 años de cárcel y cancelación de personerías jurídicas.

Sin embargo, lo más grave de estos diputados y diputadas canallas es su rol central en la consolidación del régimen autoritario, intransparente y populista de Bukele y sus hermanos. Sin la bancada cian y sus cómplices, el clan familiar gobernante no habría podido desmantelar la democracia ni encaminar al país hacia una nueva dictadura; por tanto, el juicio de la historia los consignará como responsables directos de la grave regresión nacional y del oscuro camino que el país ha empezado a transitar.