La “ideología de género”: uno de los enemigos imaginarios del bukelismo
septiembre 18, 2024
Género
Personas LGBTI temen denunciar violencia en El Salvador para evitar represalias
En El Salvador que está construyendo Nayib Bukele, a fuerza de propaganda y mano dura, hay miedo en algunos sectores de la población y prefieren no contradecir el eslogan de que este es “el país más seguro del hemisferio occidental”. Detrás de esa narrativa hay un subregistro de violencia que se acumula en las sombras, porque muchos temen denunciar. Los policías, amparados en el régimen de excepción, han retomado viejas prácticas de la extinta Guardia Nacional: que capturaba de forma arbitraria, amenazaba y cometía abusos con la naturalidad de lo cotidiano. Frente a esa realidad, algunos optan por bajar la mirada y protegerse en el silencio, como si la discreción fuera una forma de supervivencia. Para las personas LGBTI, la situación es todavía más crítica. Se les señala desde los discursos oficiales y desde la moral conservadora que defiende el bukelismo. Esto provoca que sea peligroso denunciar la violencia, y peor cuando se trata de abusos policiales. La consecuencia de esto es que no hay un registro oficial de la violencia que realmente ocurre en el país en contra de este sector de la población y, por lo tanto, hay impunidad y cada vez menos justicia.
Por GatoEncerrado
Editado por Ezequiel Barrera | Noviembre 20, 2025
Eran las 2:00 de la tarde, de un día de 2024, cuando Javier, después de almorzar en su casa, salió rumbo a su trabajo, igual que cualquier día. Avanzó unos metros, bajo el sol abrasador de San Salvador, hasta que un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil lo detuvieron. No era la primera vez que esto le ocurría desde que inició el régimen de excepción en El Salvador. En ocasiones anteriores, los policías lo habían parado para revisar su DUI (Documento Único de Identidad) y someterlo a un interrogatorio sobre su destino, su oficio y la dirección de su lugar de trabajo. Además, le examinaban los tatuajes en sus brazos y preguntaban si tenía más en otras partes del cuerpo.
Pero esta vez, el comportamiento de los policías fue más violento. A Javier lo empujaron contra una pared, hicieron que separara sus piernas y comenzaron a registrarlo como si tuvieran la certeza de que había cometido un delito por el que debía ser arrestado.
—Levántate la camisa — ordenó uno de los policías.
—Me puedo levantar la camisa hasta acá porque soy una persona transexual y ustedes no pueden registrarme, debe hacerlo una mujer —respondió Javier mientras levantaba su camisa hasta la altura de sus pechos.
—No, el régimen de excepción nos da la atribución para hacer lo que queramos, hasta te podemos desaparecer— contestó el policía, con tono intimidatorio.
Esa respuesta dejó paralizado a Javier. Insistir en su inocencia parecía inútil ante policías que actúan bajo la investidura de “jueces de la calle” —otorgada por el finado director de la Policía, Mauricio Arriaza Chicas—, que los faculta ilegalmente para condenar a ciudadanos sin un juicio de por medio, guiados por su criterio personal y no por una investigación previa que reúna las pruebas suficientes para sustentar un caso y una acusación.
Tras hacerle un registro invasivo, los policías-jueces lo esposaron sin explicaciones y lo amenazaron con llevarlo detenido, repitiendo un gesto que recuerda a los agentes de la vieja Guardia Nacional, aquel aparato represivo de las dictaduras del siglo pasado. En ese momento, el ruido y alboroto de los policías atrajo a los vecinos, quienes fueron saliendo de sus casas para ver qué ocurría. Cuando observaron que los policías estaban decididos a meterlo en la cárcel, intervinieron. Les dijeron que Javier no era ningún delincuente, que sus tatuajes no eran alusivos a pandillas y que, por el contrario, era uno de los líderes comunitarios que trabajaba por fomentar la paz entre los residentes de la zona.
Ante la indignación de los vecinos, los policías se retractaron y decidieron soltar a Javier. Pero la liberación fue apenas un respiro. El acoso y hostigamiento policial no se detuvo ahí.
***
Javier es un hombre transexual y, más allá de su labor como líder comunitario, también es reconocido por su papel como defensor de derechos humanos, en especial de las personas LGBTIQ+. Es director de un colectivo que acompaña y protege a la población transmasculina de El Salvador. Desde ese espacio impulsa acciones para erradicar la discriminación en contra de las personas trans y, en general, de toda la comunidad LGBTIQ+. Se trata de un reto mayúsculo en un país que históricamente ha marginado e invisibilizado a este sector, a veces incluso con el respaldo de los gobiernos de turno.
Así lo explica Amaral Arévalo, investigador postdoctoral en el Programa de Posgrado en Sociología y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Federal Fluminense (PPGSD/UFF). Durante los 20 años que gobernó ARENA (1989 a 2009), su trato con las personas LGBTIQ+ fue de completa invisibilización; es decir, no contaban con ningún tipo de representación ni programas de apoyo por parte del Estado. Con la llegada del FMLN al poder, se comenzó a dar un vistazo a este sector, mediante una representación institucional, aunque eso no bastó y quedaron áreas pendientes por cubrir.
Sin embargo, los pequeños avances que se habían logrado fueron enterrados por Nayib Bukele. Desde su llegada al poder en 2019, el mandatario comenzó a discriminar y vulnerar los derechos de las personas LGBTIQ+. Lo hizo, a pesar de que prometió a este sector, cuando era candidato a la Alcaldía de San Salvador en 2014 y durante su campaña presidencial en 2018, que iba a ser un “heteroaliado” porque quería estar del “lado correcto de la historia y no del lado de los discriminadores”.
A lo largo de su mandato constitucional y luego en el primer año ilegítimo, Bukele desmanteló instituciones que atendían a la población LGBTIQ+, censuró contenidos educativos sobre educación sexual y género, prohibió el lenguaje inclusivo y despidió a 300 empleados del Ministerio de Cultura por promover supuestas agendas opuestas a los valores de las familias tradicionales.
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Pero eso no es todo. Desde marzo de 2022, las personas LGBTIQ+ deben lidiar con otro obstáculo en sus vidas: el régimen de excepción. Esta medida, aprobada tras la masacre de 87 personas cometida por la MS-13 en un solo fin de semana —luego de la ruptura del pacto que sostenían con el Gobierno de Bukele— se transformó rápidamente en una nueva herramienta utilizada por el Estado para discriminar, criminalizar y silenciar a las personas de este sector de la población.
Javier lo ha sufrido directamente por partida doble: por su identidad y orientación sexual, y también por su labor como defensor de derechos humanos.
El colectivo que coordina se vio obligado a dejar de reunirse de forma presencial por el temor generalizado de convertirse en otras víctimas arbitrarias del régimen de excepción.
“Desde que empezó el discurso de odio del mismo Estado hacia los activistas defensores de derechos humanos, empezamos a recibir persecusión. Ya no podíamos reunirnos para nuestras actividades”, aseguró Javier a esta revista.
Esa decisión fue tomada como medida de seguridad e implicó un freno en la influencia del colectivo y también fue un primer paso en el camino hacia la autocensura.
A pesar de cambiar la forma de trabajo para priorizar la seguridad e integridad de los miembros del colectivo, y la suya propia, el acoso y hostigamiento en contra de Javier tampoco se detuvo ahí.
Criminalizado en su propia casa
El día estaba por terminar. Faltaban treinta minutos para la medianoche. Javier se encontraba en casa junto a su pareja y su hijo de 12 años. Su descanso y silencio, de repente, fue interrumpido. Escucharon que estaban golpeando la puerta con violencia. Javier salió para comprobar quién era y, al abrir, se encontró con una decena de policías que insistían en ingresar a su vivienda. La escena parecía como la de una película en la que los policías rodean la casa de un terrorista de los más buscados. Él les preguntó si tenían una orden, pero la respuesta de los agentes fue parecida a la que obtuvo cuando lo interrogaron de camino a su trabajo: “El régimen de excepción nos da la atribución de hacer lo que creamos pertinente”. No existía ninguna orden, tan solo una supuesta denuncia anónima de que él era pandillero.
Los policías ingresaron a la casa con actitud prepotente, según recuerda, metidos en su papel de “jueces de la calle” que deciden cuándo, dónde entrar y quién es culpable, con la única autorización de su propio criterio y prejuicio (en sentido literal: sin una investigación y sin juicio previo).
Obligaron a Javier a quitarse la ropa y quedar únicamente en bóxer, lo tiraron al suelo, lo insultaron y comenzaron a golpearlo con sus botas, a pesar de que en ningún momento opuso resistencia. Todo esto ocurrió frente a su pareja y su hijo, quienes lloraban al ver lo que sucedía.
Otros agentes empezaron a registrar la casa, como si estuvieran convencidos de que hallarían sustancias o cosas ilícitas. Cuando encontraron unas cajas con harina de pan, utilizada por Javier y su pareja para su negocio de postres, le dijeron que escondía droga en su casa, una acusación inventada en el momento. Javier les explicó que solo se trataba de harina. También revisaron informes y listas de los integrantes del colectivo que él dirige, ya que al no contar con una oficina, los guardaba en su casa.
Antes de retirarse, los policías le tomaron fotos a Javier y a su DUI, e incluso quisieron fotografiar a su hijo, pero él se negó rotundamente y les recordó que esa acción era ilegal por tratarse de un menor de edad. Finalmente, a las 3:00 de la madrugada, el grupo de policías se fue de la casa. Javier y su familia fueron incapaces de conciliar el sueño y no tuvieron más opción que limpiar todo el desorden que dejaron.
Esta fue la segunda ocasión cuando Javier se sintió en un estado de completa vulnerabilidad ante los cuerpos de seguridad.
En cualquier otro país donde se respeta el estado de derecho, Javier podría haber denunciado los abusos policiales; pero no en El Salvador bajo la administración autoritaria de Nayib Bukele. Expertos en derechos humanos y leyes señalan que las instituciones están cooptadas por el oficialismo y se vuelve imposible acudir a ellas para exponer este tipo de hechos. Hacerlo sería como si una oveja se entregara a los lobos.
“Si una persona LGTBI no se siente representada, si siente que el estigma social ha aumentado y que existe una desconfianza completa por los cuerpos uniformados, que si vos vas y decís: ‘voy a poner una denuncia’, te pueden agarrar y te van a meter preso, si quieren aumentar el número de ‘presos’ y van a agarrar cualquier tipo de víctima posible para meter y aumentar números. Esa situación es más crítica, porque se puede padecer una revictimización, pero al mismo tiempo una criminalización como parte de las políticas de Estado penal máximo que se están implementando. Eso limita que una persona LGTBI haga una denuncia”, explicó Amaral Arévalo.
Además, por el contexto represivo y de persecución que afecta a las personas de la comunidad LGBTIQ+, los colectivos que defienden los derechos de este sector han disminuido sus funciones. Esto se traduce en el cierre de espacios de denuncia y de acompañamiento.
Lo que no se ha detenido, como demuestra el testimonio de Javier, son los hechos de violencia contra la población LGBTIQ+. De hecho, aunque Nayib Bukele repita que El Salvador es “el país más seguro del hemisferio occidental” —una afirmación ya desmentida por GatoEncerrado—, siguen registrándose homicidios y otros tipos de violencia contra personas de la comunidad y abusos de parte de las autoridades.
La diferencia es que hoy acceder a datos oficiales resulta cada vez más difícil y muchas víctimas —así como sus familiares— temen denunciar estos abusos. Evitan cualquier gesto que pueda contradecir la narrativa de Nayib Bukele sobre la inexistencia de violaciones a derechos humanos.
Temor impide conocer datos reales de homicidios LGBTIQ+
La única forma de conseguir datos de violencia en contra de las personas LGBTI es a través de un subregistro que llevan organizaciones y la prensa. Esto se evidencia en el más reciente informe de la Red Sin Violencia LGBTIQ+, en el que se logró documentar que en El Salvador hubo tres homicidios de personas de la comunidad, ocurridos en 2024. Esto, en realidad, es una estadística extraoficial construida con datos publicados en la prensa nacional y documentados por organizaciones sociales. Los casos podrían ser más, pero las autoridades salvadoreñas han escondido las estadísticas oficiales y para hacerlo se han valido, paradójicamente, de la Ley de Acceso a la Información Pública como su herramienta de censura.
Aunque se trata de una cifra baja, y que representa una reducción del 50 % respecto a los datos de 2023, cuando hubo seis casos, la red advirtió que podría existir un subregistro significativo debido a las múltiples limitaciones que impone el Gobierno de Bukele para acceder a datos oficiales.
En el informe se recalca que desde la implementación del régimen de excepción, en marzo de 2022, incrementaron las dificultades para conocer la cifra real de muertes de personas LGBTIQ+. “La falta de transparencia en la información oficial impide conocer la magnitud de la situación, incluidas las muertes derivadas de abusos de poder”, señaló la Red.
Informe 2024 de la Red Sin Violencia LGBTIQ+
El investigador Amaral Arévalo refuerza este punto al recordar que, en años anteriores, las instituciones públicas le proporcionaban la información que solicitaba para sus estudios sobre homicidios de personas LGBTIQ+ en El Salvador. Desde 2022 eso cambió. La mayoría de la información pasó a estar en reserva y las instituciones comenzaron a negar el acceso a registros oficiales.
“Lo último que yo le logré sacar al Estado fueron datos de muertes del año 2022. Entonces, ¿qué aconteció? Hasta el año 2021, el Estado daba información. O sea, yo le pedía el número de homicidios de personas identificadas como LGBTI, significando gay, lesbiana, personas trans (…) O sea, toda la nomenclatura y el Estado me daba información hasta 2021. En 2022, ya en el marco del régimen de excepción, se colocó que todo homicidio era información reservada”, comentó Arévalo.
Aunque previo al régimen de excepción el Estado brindaba esos datos, la realidad es que el recuento estadístico de homicidios de personas LGBTIQ+ siempre estuvo en disputa. En una de sus investigaciones, Arévalo señala que el sistema de registro fue precario en sus inicios, porque esa labor recayó exclusivamente en las organizaciones LGBTI y no en el Estado.
“Ese recuento se fundamentó, principalmente, en el registro de homicidios ventilados exclusivamente en medios de comunicación escritos hasta el final de la década de 2000, posteriormente bajo un modelo mixto de medios impresos y virtuales, hasta llegar a un registro de reportes de denuncias de personas que conocieron de forma directa o indirecta a las víctimas”, enfatizó Arévalo en su investigación.
Esto se mantuvo así por varios años, sobre todo durante la administración del partido ARENA (1989-2009). Arévalo descubrió, a través de una solicitud de información pública, que fue hasta el año 2006 —durante el último gobierno del partido de derecha— cuando la Fiscalía comenzó a registrar los delitos en contra de las personas LGBTIQ+. A partir de la siguiente década, con el FMLN en el Ejecutivo, se inició un proceso de apertura institucional que permitió a las organizaciones LGBTI sostener un diálogo con el gobierno para mejorar el recuento de los delitos en contra de la comunidad.
Así continuó hasta el 2022, cuando la opacidad volvió a ser la norma. En la actualidad, también se suma la persecución. El ejemplo más reciente es la Ley de Agentes Extranjeros aprobada el pasado mayo por la Asamblea Legislativa de Bukele. Esta legislación impone un impuesto del 30 % sobre todos los fondos provenientes del extranjero, además de establecer desproporcionadas multas o procesos penales para organizaciones de la sociedad civil que, según diversos especialistas, pueden ser catalogadas a discreción como “injerencistas” o con “fines políticos”.
La Red Sin Violencia LGBTI enfatizó que esta normativa ha sido utilizada como “mecanismo de intimidación y persecución hacia quienes defienden derechos humanos, incluyendo personas LGBTIQ+ y sus organizaciones”.
Precisamente, son estas restricciones a la libertad de expresión y la persecución política las que redujeron aún más la documentación y denuncia de violaciones de derechos humanos en su informe.
De hecho, GatoEncerrado buscó la opinión de activistas LGBTIQ+ que en el pasado denunciaron injusticias y vulneraciones contra la comunidad para conocer su punto de vista sobre los datos del informe de la Red Sin Violencia. Sin embargo, en algunos casos no se obtuvo respuesta y, en aquellos en los que sí, las personas dejaron constancia del temor que atraviesan actualmente y prefirieron no dar declaraciones como medida de seguridad ante posibles represalias de parte del gobierno.
DATO
Red Sin Violencia LGBTI
La Red Sin Violencia LGBTIQ+ es una articulación de organizaciones LGBTIQ+ de 10 países de la región. Desde 2016 sostienen el único sistema regional de información sobre homicidios contra personas LGBTIQ+ en América Latina y el Caribe. Documentan estos crímenes desde los territorios, con metodología compartida, acompañamiento comunitario y análisis político. Aplican un proceso riguroso de verificación que incluye monitoreo de medios y redes sociales, testimonios de familiares, amistades y redes comunitarias, análisis de fuentes estatales —en los países donde es posible— y análisis contextual.
Los datos de El Salvador
Según los datos recogidos por la Red Sin Violencia, las víctimas de los tres hechos de violencia letal contra personas LGBTIQ+ en El Salvador, durante 2024, fueron hombres cisgénero: dos de ellos gay y uno bisexual.
Una de las víctimas fue José Antonio Hernández Paz, de 43 años, quien fue asesinado en enero de 2024 por su pareja, José Eduardo Platero Mina. De acuerdo con las investigaciones, Platero golpeó y luego hirió con un arma blanca a Hernández. Posteriormente, arrojó su cuerpo a un barranco cercano a la quebrada Cuesta Los Conacastes, en el cantón El Matazano, en San Juan Opico. El pasado 13 de mayo, el Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a Platero a 17 años de prisión.
Otro caso del que se cuenta con información detallada es el de José Humberto Rivera Revelo, de 48 años, un empresario que fue asesinado el 1 de febrero de 2024 en el interior de una discoteca de su propiedad, ubicada en el Barrio El Calvario de San Vicente. Según informó la Policía Nacional Civil (PNC), el responsable de este delito fue Juan Aldair de Paz, de 18 años, quien tras discutir con Rivera porque este no quiso prestarle dinero, lo amarró de las manos y luego lo asfixió.
En estos dos casos, los agresores fueron las parejas de las víctimas, lo que pone de manifiesto solamente la presencia de violencia en contextos íntimos, aunque puede estar ocurriendo otros tipos de violencia en otros casos que no son registrados debidamente. En el caso del hombre cis bisexual, no se confirmó la relación con el agresor. En todos los casos las autoridades identificaron a los presuntos responsables.
Además de los homicidios, la red identificó al menos dos casos de desapariciones sin información sobre el paradero real de las víctimas. De modo que existe la posibilidad de que estos hechos sean realmente homicidios encubiertos, lo que elevaría la cifra a cinco casos en 2024.
La red también indicó que la mayoría de los homicidios ocurren por violencia por prejuicio; es decir, son casos que evidencian una “forma sistemática de sanción social hacia quienes rompen con las normas de género y sexualidad impuestas”.
Datos regionales
En total, la Red Sin Violencia LGBTIQ+ registró 361 homicidios en 2024 en 10 países de América Latina y el Caribe. Esto equivale a casi un homicidio por día. La lista la encabeza Colombia con 175 muertes, le siguen México y Guatemala con 80 y 36 respectivamente.
Homicidios de personas LGBTIQ+ en la región (2024)
En total, se registraron 361 homicidios de personas LGBTIQ+ en los diez países de América Latina monitoreados por la Red Sin Violencia LGBTI. Esta cifra representa una leve disminución del 0.82% respecto al año 2023, cuando se reportaron 364 casos.
Indicación: Toque o haga clic en los puntos para ver los datos. Utilice los botones de la izquierda para acercar o alejar el mapa. Al navegar por el mapa, encontrará datos en México, República Dominicana, el norte de Centroamérica, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.
Elaborado por GatoEncerrado, con datos de la Red Sin Violencia LGBTIQ+.
La red calificó de preocupante la tendencia creciente en algunos países, como Colombia, que aumentó un 10,06 % respecto a 2023; México, que reportó un incremento del 23 % y República Dominicana que triplicó sus cifras de 2 a 6 casos.
Además, un 29 % del total de los casos —que representan a la mayoría— ocurrieron en espacios públicos, como calles o el transporte público. Los hogares fueron el segundo lugar más frecuente con un 16 % de los registros y, al menos 21 víctimas eran defensoras de derechos humanos, líderes comunitarios o activistas LGBTI+. Esto demuestra que el compromiso político sigue siendo un factor de riesgo, sobre todo en contextos sociales con retrocesos democráticos y persecución.
Casos registrados en los últimos 4 años
Estos son los casos de violencia homicida en contra de personas LGBTIQ+ que la Red Sin Violencia registró en los últimos 4 años, en los diez países monitoreados. En cada tarjeta se puede apreciar la variación correspondiente a los años 2023-2024.
Indicación: Deslice para ver los datos de los demás países.
Colombia
+10,06%
Variación 2023–2024
2021
205
2022
148
2023
159
2024
175
México
+23,08%
Variación 2023–2024
2021
78
2022
85
2023
65
2024
80
Guatemala
-7,69%
Variación 2023–2024
2021
33
2022
29
2023
39
2024
36
Honduras
-37,78%
Variación 2023–2024
2021
29
2022
43
2023
45
2024
28
Ecuador
-22,73%
Variación 2023–2024
2021
2
2022
11
2023
22
2024
17
Perú
-55,56%
Variación 2023–2024
2021
16
2022
11
2023
18
2024
8
República Dominicana
+200%
Variación 2023–2024
2021
6
2022
17
2023
2
2024
6
Bolivia
+100%
Variación 2023–2024
2021
1
2022
0
2023
2
2024
4
Nicaragua
-33,33%
Variación 2023–2024
2021
2
2022
2
2023
6
2024
4
El Salvador
-50%
Variación 2023–2024
2021
7
2022
1
2023
6
2024
3
*Elaboración propia con datos de la Red Sin Violencia LGBTI.
La Red instó a los estados de la región a incorporar enfoques de género y diversidad en las políticas de seguridad ciudadana y prevención de homicidios. También exigió el diseño e implementación de políticas que protejan la vida e integridad de personas LGBTIQ+ defensoras de derechos humanos, así como la creación de sistemas de registro de homicidios por prejuicio con datos desagregados para contar con información más detallada que permita identificar patrones y tendencias. Sugerencias que están alejadas de la postura conservadora que mantiene el Gobierno de Bukele.
Por último, la Red Sin Violencia LGBTIQ+ aseguró que los datos de 2024 evidencian —principalmente en Centroamérica— que la violencia por prejuicio y la exclusión de las personas LGBTIQ+ son “expresiones extremas de sistemas políticos que reproducen jerarquías de género y sexualidad como herramientas de control social. La perpetuación de estos patrones requiere enfrentar no solo la violencia directa, sino también la impunidad, la censura y la instrumentalización política de la moral conservadora como estrategia de acumulación de poder”.
Recomendaciones de la Red Sin Violencia LGBTIQ+
Más censura y exilio para el futuro
15 días después del allanamiento, los policías regresaron a la casa de Javier. Esta vez lo hicieron a las 4:00 de la madrugada y fueron incluso más violentos que la vez anterior. Sin orden alguna que les avalara ingresar a la casa, recurrieron a la fuerza y botaron las dos puertas de la entrada, mientras Javier y su familia dormían. Una vez dentro, abusando de nuevo de su poder, golpearon a Javier. Incluso, lo sacaron de su casa y lo obligaron a permanecer hincado.
—Dejá de andar haciendo lo que andás haciendo, porque eso te tiene aquí —le dijo un policía.
—No ando haciendo nada delictivo —respondió Javier.
—Vos sabrás —concluyó el policía.
Después de ese episodio, Javier se vio obligado a dejar su casa junto a su pareja y su hijo. El régimen de excepción de Nayib Bukele los desplazó forzosamente hacia otro lugar, aunque no se trate de una familia de delincuentes. En el fondo, Javier sabe que el régimen es una herramienta que no está dirigida solo a miembros de pandillas u otros grupos criminales, sino también para perseguir y censurar aquellas voces incómodas para el bukelismo. Asimismo, para reprimir todo aquello que se sale de la postura conservadora del gobierno.
“El régimen de excepción en realidad también es persecución política a defensores de derechos humanos. Es como querernos callar, y si nosotros hacemos lo que el Estado quiere, van a haber muchas vulneraciones a derechos humanos o van a seguir habiendo muchas vulneraciones a derechos humanos, porque ya existen, solo que están silenciosas. Y eso quiere el mismo Estado, silenciarnos, opacarnos, hacer cosas delante de nosotros para que nos amedrentemos y nos alejemos de seguir promoviendo derechos humanos y seguir hablando ante las injusticias sociales que hay”, puntualizó Javier.
El gobierno parece estar logrando ese objetivo, porque el temor se ha esparcido como un virus por la población LGBTIQ+ y por las organizaciones y colectivos que defienden a la comunidad. El silencio es cada vez mayor e incluso ya hay muchas personas que han dejado el país con tal de conservar su libertad y la paz de no ser perseguidas ni capturadas de forma arbitraria, como ha ocurrido en otros casos documentados. Son precisamente esas características del contexto actual las que han provocado que el exilio sea una respuesta para este sector, según Amaral Arévalo.
“Por desgracia, así con el contexto que estamos viviendo, yo veo que de manera general el exilio como respuesta va a ser cada vez mayor. O sea, al cierre de todos esos espacios, al no tener tener financiamiento, al no tener representación ni reconocimiento institucional, nada, entonces ¿qué te queda si no el desarraigo del territorio y el exilio como respuesta? Eso es lo que yo veo si no existe algún cambio radical y seguimos con el mismo patrón con el que hemos venido en los últimos cuatro años”, indicó Arévalo.
El ambiente desfavorable generado por la política del miedo impulsada por el Gobierno de Bukele ha obligado a defensores LGBTIQ+ a la autocensura y al abandono de sus actividades cotidianas. Aun así, Javier insiste en la necesidad de romper el silencio y denunciar las vulneraciones y abusos que enfrenta este sector de la población. Callar, advierte Javier, es dejar el camino libre para que las injusticias aumenten.
“Si nosotros como defensores de derechos humanos no hacemos nada en este país y decidimos huir, ¿quién va a hacer justicia por la gente que no tiene? ¿Quién va a estar al frente de las organizaciones? Porque nosotros somos una organización pequeña, pero quizá el único ‘delito’ que tenemos como defensores de derechos humanos es ser jóvenes y ser parte de la población LGBTI”, lamentó Javier.
Nota del editor: El nombre real de Javier, el lugar de su residencia y el colectivo para el que trabaja se mantiene en confidencialidad para proteger su integridad. Javier compartió su testimonio con GatoEncerrado a inicios de 2025, pero se publica hasta ahora debido a que el medio ha tenido que reorganizarse desde el exilio y eso atrasó la publicación de varias investigaciones y reportajes. Los autores de esta nota tampoco pudieron firmar con su nombre y apellido para evitar que el régimen de Nayib Bukele les persiga.
