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En el mismo laboratorio privado, una prueba de antígeno puede costar US$57 (Q450) y una prueba molecular (PCR) US$200 (Q1,600). Otro laboratorio la ofrece a Q325 (US$40) la de antígeno y US$120 (Q950) la molecular. Y, aunque el Estado las ofrece de forma gratuita, el tiempo de espera es mayor. La poca oferta y la alta demanda regulan los precios de las pruebas en Guatemala. El mercado manda y el Estado no se da abasto.
La pandemia de la COVID-19 deja en evidencia, una vez más, que los guatemaltecos tienen un limitado acceso a los medicamentos. También ha puesto bajo el foco el sistema que permite que sea de esa manera: no garantiza el abastecimiento en los hospitales públicos y no regula los precios ni el sistema oligopólico del mercado. Ganan unos pocos, mientras que las personas que no pueden pagar -la mayoría- se endeudan o esperan un milagro.
En Honduras, la pobreza se extiende a nivel nacional, a 6 de cada 10 habitantes, pero impacta más duramente a las mujeres, que sufren la desigualdad doblemente, por la injusta distribución de la riqueza en el país, la cual se concentra en unas pocas manos, y por el sistema patriarcal que hace que las mujeres participen menos que los hombres de esa riqueza.
La falta de promoción de los servicios de salud mental, los tiempos de espera en el área de Psicología de los hospitales y una pobre cultura de autocuidado levantan muros para quienes requieren apoyo ante una crisis.
Hospitales públicos en deterioro y sin medicamentos se esconden bajo el discurso oficial de la salud gratuita en el segundo país más pobre de Latinoamérica.
En este especial, cinco medios de cinco países diferentes de la región, que participan de la red Otras Miradas, le toman la temperatura a la situación del acceso a la salud en Centroamérica. Y es en este punto de partida donde empieza el dilema: ¿qué entendemos por acceso y en qué nos debemos fijar?
Te explicamos con ilustraciones el caso de Coatepeque, donde una empresa tiene privilegios fiscales, mientras una comunidad tiene dificultades para obtener agua.
Te explicamos qué son los incentivos fiscales y quiénes son los únicos beneficiados.
Históricamente, la isla ha sido deseada y peleada por los colonos que viven en la comunidad San Rafael Tasajera y la familia Closa. Por un lado, los colonos defienden que la isla es su hogar y que no están dispuestos a ser desalojados con todo y su proyecto de turismo mochilero. Por el otro, la familia Closa, que forma parte de la élite económica del país que ha desarrollado hoteles en la playa Costa del Sol, asegura que el terreno que le pertenece debe ser desalojado por los colonos para luego construir un megaproyecto turístico denominado “El Cancún de El Salvador”, que incluye hoteles, bares, restaurantes y centros comerciales. La familia Closa cuenta con el respaldo del gobierno del presidente Nayib Bukele.
GatoLab es una inciativa de formación de periodistas para ayudarles a estimular su pensamiento crítico y habilidades para ejercer con independencia el periodismo.
La covid-19 frenó el trabajo de organizaciones ambientalistas en el río Sapo, en El Salvador, dedicadas a conocer la zona a través de investigación científica y actividades como un inventario de flora y fauna y patrullajes contra la caza y la tala ilegal. Su ausencia no es el único riesgo que corre el área natural: en el lapso de dos años, el Juzgado Ambiental de San Miguel ha ordenado la revocatoria de dos hidroeléctricas, una sobre el río Sapo y otra planificada en uno de sus afluentes.
Esta nota recoge la información resumida sobre los casos que el Gobierno va confirmando en el país.
En el año de la pandemia por COVID-19 y tras haber recibido más de 3 mil millones de dólares para atender la emergencia, ha decidido clasificar como secreto hasta septiembre de 2021 cualquier borrador de un Plan Nacional de Salud que todavía no existe.