Balance 2020

Foto/Emerson Flores

2020: Un año de crisis sin enfoque de género en El Salvador

Karen Moreno

Karen Moreno

Periodista de género y justicia de GatoEncerrado

En mi cobertura periodística en la sección de género de GatoEncerrado este 2020, identifiqué la ausencia de planes específicos para resolver la pandemia de la violencia en el contexto de la emergencia por la COVID-19 y un Isdemu sin un proyecto claro a seguir ni quien lo lidere; un análisis limitado por parte del Gobierno sobre la violencia que sufren las mujeres, reduciéndose a número de asesinatos; falta de acceso a “pronta y cumplida justicia” para víctimas de violencia; y un desfinanciamiento paulatino de partidas que tienen el propósito de promover la igualdad de género a través de los presupuestos de la nación. Sobre estos retrocesos voy a exponer en este análisis del año.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Por Karen Moreno*

El año 2020 sorprendió al mundo con la expansión de la pandemia por la COVID-19, que impactó en distintos ámbitos de las sociedades. Debido a desigualdades estructurales históricas en El Salvador, existen poblaciones vulnerables, entre ellas, las mujeres, niñas y adolescentes. ¿Garantizó el Estado salvadoreño sus derechos esenciales y otorgó importancia debida a sus necesidades específicas? La verdad es que no. Pero eso no es nuevo, es histórico y todo sigue igual.

A los poderes estatales del país les faltó aplicar un factor relevante cuando se debe lidiar con una crisis: el enfoque de género; es decir, identificar las desigualdades, inequidades, construcción de los roles y posición de hombres y mujeres en sociedad, con el propósito de promover transformaciones y la igualdad, según ONU Mujeres. 

Sin esta manera de ver la realidad, las acciones del Estado se centraron en contener la propagación del virus y no en responder oportunamente a las necesidades propias de las mujeres, como sujetos de derechos a los que se tiene que adecuar toda estrategia o acción estatal. El estudio “Respuesta estatal al COVID-19: sin enfoque de género”, elaborado por la Colectiva Feminista para el Desarrollo Local y Women's Link Worldwide, reveló que se omitió “la inclusión de manera específica a las poblaciones de mujeres e interseccionalidad de las discriminaciones”, a partir del análisis de decretos ejecutivos y legislativos orientados a delimitar el ejercicio de los derechos fundamentales de la población durante la emergencia sanitaria.

Derechos sexuales y salud reproductiva 

Este año, según lo menciona el mismo estudio, hubo lineamientos al Ministerio de Salud (Minsal) que dejaban cancelados todos los servicios de salud de atención a mujeres, durante la cuarentena domiciliaria. “Por ejemplo, mamografías, citologías (...), toda la parte de control de embarazos en general. Este país, que se jacta tanto de la maternidad y los embarazos, toda esa política pública se suspendió. No había acceso a atención de mujeres embarazadas, salvo que fuera excepcional”, dijo a GatoEncerrado Angélica Rivas, una de las coordinadoras del estudio. 

El instrumento Lineamientos técnicos para la atención de embarazadas, niñas, niños y adolescentes en el primer nivel de atención y centros de contención durante la pandemia de COVID-19", creado el 30 de abril de 2020, ordenó al personal del Sistema Nacional Integrado de Salud suspender la atención ginecológica y obstetricia. Se mantuvo la atención de emergencias obstétricas y ginecológicas “por demanda espontánea”, aunque no se especificó cuáles. En cifras, hubo una reducción del 50 % de las atenciones ginecológicas de enero a septiembre, en comparación con el mismo período en 2019, según datos gestionados al Minsal para el estudio. Y no fue porque hayan ocurrido menos embarazos, sino por las restricciones debido a la estrategia para enfrentar la pandemia. Información gestionada por la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz (Ormusa) al Minsal, de los 44,793 embarazos reportados de enero a septiembre de 2020, el 22.5 % corresponde a menores de 19 años. 

Así, el Estado salvadoreño ignoró su propio marco legal nacional, al no aplicar el artículo 22 de la Ley Especial Integral para una Vida Libre de Violencia para las Mujeres (Leiv), sobre las responsabilidades del Ministerio de Gobernación en situaciones de riesgo, entre ellas, “atención sanitaria, médica y psicosocial que tome en cuenta el entorno de riesgo de violencia y necesidades específicas de las mujeres”. 

Penalización del aborto

En el tema de la penalización del aborto, este año hubo una oportunidad para discutirlo a partir de la violencia contra las mujeres ocurrida en la cuarentena domiciliaria, pero las autoridades ni siquiera pusieron el tema en la mesa. “Esta situacion de crisis le da información muy relevante a los Estados, en especial al Estado de El Salvador, para que reevalúe su regla de penalización total del aborto. En un contexto como este, en el que la violencia sexual aumentó por el encierro (...), en todos los países se constató un aumento de este tipo de violencia, sobre todo a niñas y adolescentes”, manifestó a GatoEncerrado Sonia Ariza, consultora del Consorcio Latinoamericano Contra el Aborto Inseguro (Clacai).

En un país que condena de manera absoluta el aborto, con casos en los que las sanciones equivalen a las del homicidio agravado, las mujeres tienen dos opciones: recurrir a sistemas clandestinos, que muchas veces son inseguros, o la maternidad obligada para niñas, adolescentes y adultas, lo cual afecta los proyectos de vida individuales y el desarrollo de la sociedad, según Ariza. Para la investigadora, este es un buen momento para revisar esta regla y tratar de avanzar. 

Desde muy temprano, en marzo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó a los Estados considerar esenciales los servicios de salud ligados a los derechos sexuales y reproductivos y que, por tanto, no debían ser restringidos. El Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) publicó en marzo el informe técnico “COVID-19: Un Enfoque de Género”, señaló que “los brotes de enfermedades afectan a las mujeres y los hombres de manera diferente, y las pandemias exacerban las desigualdades existentes”, y que “la salud y los derechos sexuales y reproductivos son un importante problema de salud pública que requiere de atención particular durante las pandemias”.

Violencia sexual en 2020

En cuanto a la violencia sexual, este año fue brutal contra las mujeres durante el encierro por la pandemia. Las acciones en medio de la emergencia sanitaria prácticamente obligaron a las mujeres a estar encerradas con sus agresores. Según el Informe Semestral de Hechos de Violencia Contra las Mujeres de enero a junio 2020 (luego de iniciado el año y la implementación de la cuarentena), hubo 2,491 hechos de violencia sexual, de estos, 1,569 contra menores de 18 años. A partir del encierro obligatorio, las denuncias por este tipo de delito se dispararon de 455 en febrero a 579 en marzo. Los hechos de violencia ocurrieron en su mayoría en los domicilios particulares, al registrarse 1,347, mientras que hubo 574 en espacio abierto, 100 en otros establecimientos comerciales no residenciales y 58 en entornos de atención institucional.

Estos datos son superiores a lo ocurrido el año anterior en el mismo periodo. Según datos gestionados por acceso a la información pública de la Fiscalía General de la República (FGR), de enero a junio de 2019 hubo 507 casos de agresiones sexuales, agresiones sexuales en menor e incapaz y agresiones sexuales en menor e incapaz agravadas, según los artículos 160, 161 y 162 del Código Penal. En 2019 hubo 1,250, un poco menos de la mitad de los ocurridos este año. 

La justicia no fue esencial

La investigadora Rivas también explicó a GatoEncerrado que este año el Estado consideró como servicios esenciales durante la emergencia por COVID-19 distintos rubros, como la industria eléctrica o las empresas de telefonía. “Eran personas que tenían posibilidades de salir a trabajar, pero un empleado que atendía casos de violencia no tenía la misma condición, porque no se consideró un servicio de igual magnitud de vitalidad, cuando si yo no atiendo un caso de violencia a tiempo puede terminar en feminicidio, como claramente vimos”, observó.

El Decreto Legislativo 593, que declaró estado de emergencia por la pandemia el 14 de marzo de 2020, ordenó la suspensión de los términos y plazos legales en procedimientos administrativos y judiciales. Esto implicó que las mujeres y niñas del país no lograran acceder a una pronta y cumplida justicia, en casos regulados por la Ley contra el crimen organizado y de realización compleja y la Leiv, a pesar de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha reiterado “el deber de los Estados de actuar con la debida diligencia requerida, y la obligación de facilitar el acceso a recursos judiciales idóneos y efectivos frente a diversas formas de violencia contra las mujeres”:

GatoEncerrado dio seguimiento a distintos casos de violencia contra las mujeres para evaluar el acceso a la “pronta y cumplida justicia, como reza el lema de la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Hasta el momento, ninguna de esas historias ha terminado o alcanzado un resultado satisfactorio para las víctimas. María de los Ángeles sigue clamando justicia por su hija Fernanda Nájera; un hombre acusado de violar a una niña fue absuelto por deficiencias de la Fiscalía y el abogado que acompaña el caso prepara el recurso de amparo; y Fredy Regalado espera a que el sistema judicial haga justicia por el feminicidio de su hermana Susan Regalado

Puede interesarle:

Caldo de cultivo feminicida

La cuarentena domiciliaria implementada por el Gobierno de Nayib Bukele para contener la propagación del coronavirus propició un caldo de cultivo letal para las mujeres, que se refleja en los distintos tipos de violencia que culminan en feminicidios. Según el informe semestral que destaca lo ocurrido en los meses de la cuarentena domiciliaria, de enero a junio hubo hubo 97 hechos de de violencia feminicida: 26 catalogados como feminicidios, 31 homicidios, 17 feminicidios agravados en grado de tentativa, 17 feminicidios en grado de tentativa, cinco suicidios feminicidas por inducción o ayuda y un suicidio feminicida por inducción o ayuda en grado de tentativa. 

En comparación, el Informe Semestral de Hechos de Violencia Contra las Mujeres en El Salvador de enero a junio de 2019 reveló que hubo 255 hechos de violencia feminicida: 79 catalogados como feminicidios, 80 homicidios, 47 feminicidios tentados, 40 suicidios y 9 muertes maternas. La reducción fue adjudicada al plan Control Territorial, pero esto no puede ser constatado, porque nadie ha tenido acceso a su contenido y nadie puede garantizar que contenga la categoría de análisis que nos ocupa en este texto: el enfoque de género. 

De julio al 24 de noviembre de 2020 hubo 38 feminicidios y suicidios feminicidas, de acuerdo a un monitoreo realizado por Ormusa, de siete medios de comunicación. Según el registro, en 2019, de enero a noviembre, hubo 183.

Bukele afirmó que, desde que asumió el poder, "las mujeres están 61 % más seguras”. Las especialistas en violencia contra mujeres, Graciela Sagastume de la Fiscalía y Silvia Juárez de Ormusa, consultadas por GatoEncerrado, analizaron que en esta afirmación hay imprecisiones. Sagastume explicó que al bajar la cifra de muertes violentas de hombres en el país, también sucede con la de mujeres, por efecto dominó. 

Isdemu invisibilizada 

Este año también se caracterizó por renuncias y movimientos de funcionarios del Gobierno de Nayib Bukele en medio de la crisis, y el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo de la Mujer (Isdemu) no fue la excepción. Según el Diario Oficial publicado el 8 de julio, María Soledad Briones de Zamora renunció a su cargo como presidenta de la junta directiva el 7 de julio. Jessica Sofía Recinos Santillana fue directora ejecutiva al menos hasta agosto, según el Portal de Transparencia y quien a finales del mismo mes apareció con el cargo de subdirectora del Instituto.

El Diario Oficial del 27 de agosto registró que Bukele nombró, a partir de esa fecha, para terminar período legal de funciones que finaliza el 31 de mayo de 2024, con carácter ad honorem, presidenta de la junta directiva” del Isdemu, a la ex ministra de cultura Suecy Callejas, quien renunció a ambos cargos el 17 de noviembre. Actualmente, funge como directora ejecutiva María Lilian López, desde octubre. 

“Si el Isdemu no tiene suficiente presupuesto, el personal idóneo capacitado y no tienen una dirección, una presidenta y una directora ejecutiva comprometidas, y con las suficientes credenciales académicas y de experiencia para estar ahí, no estamos haciendo absolutamente nada como Estado salvadoreño en materia de cumplimiento de la normativa para la igualdad, porque no hay nadie que vigile eso”, concluyó Rivas.  

Según el estudio de la Colectiva Feminista, los decretos emitidos por el Gobierno y la Asamblea Legislativa no visualizaron como relevante el papel del Isdemu, a diferencia del Consejo Nacional de la Niñez y de la Adolescencia (Conna), que sí fue consultado y aparece en dichos instrumentos, mencionó Rivas. 

El Informe sobre el Estado y Situación de la Violencia Contra las Mujeres en El Salvador 2020, del Isdemu, reveló que desde el 1 de marzo y al 30 de junio de 2020, hubo 707 atenciones a mujeres, más del 55.4 % vinculadas a violencia psicológica, seguidas del 17.4 % que fueron atendidas por violencia física (123). La violencia sexual representó el 9.9%  de los casos. Estos números reflejan una disminución del 55.95 % de las atenciones brindadas en el mismo período en 2019.

El informe no explica por qué sucedió esta baja. Para Marcia Aguiluz, abogada de Women's Link, esto indica la falta de canales adecuados para brindar apoyo a las mujeres en situación de emergencia. GatoEncerrado constató, a partir de distintas coberturas durante el período de cuarentena, que mientras las instituciones estatales reflejaban reducciones en las atenciones por violencia, las organizaciones registraron aumentos alarmantes, por lo que consideran que existe subregistros.

Presupuesto sin enfoque de género

José Luis Magaña, investigador de Panorama Económico, insiste en que el presupuesto general de la nación en sí mismo no plantea la posibilidad de reducir la desigualdad, pero que es un reflejo de la planificación. “Al no contar con un programa detallado que nos permita establecer cuáles son las dinámicas, cuáles son las apuestas gubernamentales, cuáles son las políticas públicas, hacer una valoración sobre la efectividad o no del presupuesto se hace difícil”, dijo a GatoEncerrado.

En el proyecto de presupuesto 2020 hubo una variación total de $61,114,414 de variación en programas con sesgo hacia mujeres con respecto al 2019. Durante su ejecución, se recortaron $22,176,357, como modificaciones presupuestarias. Para Magaña, ahí está el reflejo de qué es lo que pasa cuando no se tienen los ingresos que se estiman y las líneas presupuestarias que son sacrificadas. Esto ocurrió en las líneas etiquetadas para mujeres, atención hospitalaria y programas con sesgos de género implícitos, según el Análisis del Presupuesto 2021 con perspectiva de género elaborado por Panorama Económico.

Hay un aumento de $21 millones en el presupuesto etiquetado 2021 con respecto al del 2020. Pero si se compara con el presupuesto votado en 2019, hay cerca de $40 millones de variación a disposición, antes de que este Gobierno asumiera el poder. Esta diferencia es más reveladora cuando se comparan los totales: Los $357 millones etiquetados fueron asignados de más de $6 mil millones del presupuesto nacional 2019, mientras que los $317 millones del presupuesto 2021 han sido distribuidos de un presupuesto de más de $7 mil millones.    

Desfinanciamiento de Ciudad Mujer

Entre los recortes está el que hizo el Gobierno a Ciudad Mujer, con un total recortado de $22,746. Ciudad Mujer es uno de los proyectos más emblemáticos de la gestión anterior. Específicamente, hubo una reducción de $10 mil dólares de $28 mil en el ramo de Agricultura y Ganadería, en comparación con los asignados en 2019 y 2020. Además, se eliminaron las líneas presupuestarias del Ministerio de Trabajo en dos sedes, en Colón y el departamento de Morazán. También abandonó Ciudad Mujer el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional (Insaforp) y, por tanto, la atención designada para capacitar a las mujeres.

Para Rivas, el movimiento realizado por el Órgano Ejecutivo para trasladar Ciudad Mujer de la extinta Secretaría de Inclusión Social al Ministerio de Desarrollo Local, fue positivo, pero que el proyecto ya no juega el mismo papel. “Debería tener una articulación con los gobiernos locales, y ese tendido (...) es una idea muy buena, en materia de política pública, en materia de ordenamiento de la estructura del Estado”, señaló. Lamentó que no se aprovechó durante la crisis sanitaria la base de datos de usuarias de los servicios para la entrega del bono y los paquetes alimenticios. 

Recorte presupuestario para Isdemu 

“Las líneas presupuestarias que están para la atención o promoción de derechos para la mujer sí tienen un recorte de $45 mil dólares en el Isdemu (en comparación con el presupuesto 2020). Aquí hay dos grandes recortes: $250 mil dólares de la línea de vigilancia y promoción de la igualdad y $1011 mil para el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia”, mencionó Magaña.

Asimismo, hay un recorte en el Ministerio de Economía, en la línea presupuestaria para generar estadísticas de género, de $118,953. A pesar de que la generación de estadísticas permiten a los Estados visibilizar la situación de las mujeres, la desigualdad en términos de distribución, tiempos de trabajo y evaluar el desempeño de las políticas que se implementan. 

GatoEncerrado ha analizado que el Gobierno pretende aumentar la inversión social a niveles sin precedentes en 2021, elevando los presupuestos de educación, salud, seguridad y defensa. Según cálculos de Panorama Económico, hay $508.2 millones de ingresos sobreestimados, por lo que será necesario realizar modificaciones en las asignaciones presupuestarias aprobadas.

“Es un presupuesto pensado más para campaña, la campaña electoral de 2021 que como una herramienta de política pública. Todos los aumentos que hay están basados en esta sobreestimación (...) El Estado tiene que jugar un papel fundamental en términos de la redistribución de los recursos, no solo monetarios, también en términos de oportunidades y servicios para generar un piso sobre el cual se va a desarrollar la relación entre hombres y mujeres”, concluyó Magaña.

Ante posibles nuevas restricciones para responder a la pandemia de la COVID-19 o un repunte de contagios, Rivas recomendó al Estado salvadoreño que la situación de violencia generada a partir de la falta de planificación con enfoque de género no se repita y que el Isdemu funcione oportunamente. 

Karen Moreno

Karen Moreno

Periodista de género y justicia de GatoEncerrado

Más de GatoEncerrado