Imagen/Leonel Pacas

Exfuncionarios del FMLN pagaron préstamos de forma exprés y tienen excedentes injustificados, según Fiscalía

Fuentes cercanas al caso contra los exfuncionarios del FMLN explicaron a GatoEncerrado las principales acusaciones que la Fiscalía ha llevado a los tribunales, tales como pagos exprés de préstamos, inmuebles sin registros ante las autoridades competentes y transacciones inusuales desde el extranjero.

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Por Karen Moreno

Por Karen Moreno

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Exfuncionarios de la primera gestión presidencial del FMLN, durante la administración del expresidente Mauricio Funes, obtuvieron ingresos de origen desconocido, hicieron pagos de manera exprés de préstamos y créditos en el sistema financiero, así como transacciones “inusuales” a nivel internacional y movimientos “sospechosos” para la adquisición de inmuebles. Así lo documentó la Fiscalía General de la República (FGR), según fuentes cercanas al caso consultadas por GatoEncerrado

El pasado 28 de julio, el juez interino Carlos Iraheta, del Juzgado Segundo de Paz de San Salvador, decretó prisión provisional para cinco de los diez acusados de la gestión presidencial del período de 2009 a 2014, mientras el caso continúa en la etapa de instrucción. El juez dijo que existen elementos suficientes para considerar que los funcionarios cometieron los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de dinero y activos, después de revisar más de 200 documentos recopilados por la Fiscalía. Los otros cinco imputados restantes son prófugos y buscados por la Interpol.

La Fiscalía determinó de manera preliminar que los diez exempleados públicos tienen ingresos no justificados en el sistema financiero, a través de la revisión de diferentes registros públicos y entidades financieras en las cuales figuraron como titulares. 

DATO

Los que tienen más excedentes

Carlos Cáceres

Exministro de Hacienda

$ 0 mil

Salvador Sánchez Cerén

Ex vicepresidente de la República

$ 0 mil

Según datos de la Fiscalía

Al menos cuatro de los acusados pagaron de manera inexplicable préstamos y créditos de bancos con varios años de anticipación y dos de los acusados tienen resultado negativo en el total no justificado, debido a fluctuación de dinero sin bancarizar, según mencionaron a GatoEncerrado fuentes relacionadas al “caso desfalco”. Abogados defensores de los procesados y expertos consultados por esta revista argumentaron que los sobresueldos no están regulados en la legislación actual.

Los hechos fueron conocidos por la Fiscalía en 2019, cuando un exfuncionario de alto rango solicitó el criterio de oportunidad y poner a disposición los recibos originales en los que se evidenció el mecanismo de entrega de los “complementos de sueldos”, como el gobierno del FMLN le denominaba al dinero en efectivo repartido entre funcionarios de la Presidencia y de otras instituciones del Estado. La misma institución ha admitido en sus acusaciones que, de no haber obtenido la acusación del criteriado, “los hechos ilícitos continuarían ocultos en el tiempo y en completa impunidad”. 

Además del exfuncionario que solicitó ser criteriado, la Fiscalía cuenta con otro más para respaldar su acusación. Para protegerlos, solicitó en la sede judicial que el caso sea tratado bajo una declaratoria de reserva parcial o confidencialidad, específicamente en cuanto a las actas de entrevistas y resolución judicial de otorgamiento de criterio de oportunidad.

El primer funcionario que la Fiscalía logró establecer que recibió sobresueldos fue Carlos Cáceres, el 12 de enero de este año, cuando un perito sometió a análisis el primer y único recibo con fecha de julio de 2009 que el exministro de Hacienda decidió firmar y que calzó con trámites relacionados con el documento de identidad. El siguiente que se constató fue el del exministro de Obras Públicas, Manuel Quinteros, mejor conocido como Gerson Martínez, el 28 de enero. La Fiscalía asegura que verificó la participación de los ocho restantes después del 1 de mayo de este año, cuando la nueva Asamblea Legislativa (subordinada al presidente Nayib Bukele) destituyó al entonces fiscal general de la República, Raúl Melara, e impuso a Rodolfo Delgado en un proceso irregular, quien no solo tiene conflictos de interés por estar relacionado a funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, sino que además enfrenta un proceso abierto por violencia intrafamiliar, tal como reveló esta revista.

El último funcionario que la institución comprobó como beneficiario de los sobresueldos fue el entonces presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (Cepa) y posteriormente nombrado ministro de Agricultura y Ganadería, José Gullermo Belarmino, el 2 de julio de este año. Tan solo 20 días después, cinco de los imputados fueron capturados en procedimientos marcados por violaciones a sus derechos humanos, según expertos consultados por GatoEncerrado. Entre esas violaciones, según expusieron, está la detención a manera de redada sin explicar los supuestos delitos cometidos, evitar que lograran acceder a un abogado en la sede policial y ser expuestos públicamente en una conferencia de prensa.

Cuando el proceso judicial contra los exfuncionarios del primer gobierno del FMLN inició, de manera paralela  una comisión especial de la Asamblea Legislativa fue creada para supuestamente investigar el otorgamiento de sobresueldos provenientes de los gastos reservados de la presidencia entre 1989 y 2019. Eso a pesar de que años atrás, las investigaciones del periódico El Faro y la Fiscalía han revelado la mayoría de la información que ha surgido en las sesiones de esa comisión. En una de esas reuniones, el 21 de julio de este año, compareció el expresidente Elías Antonio Saca y los nombres que desde antaño habían sido revelados, fueron utilizados por la narrativa oficial del gobierno de Nayib Bukele para crear "La verdadera lista de corruptos", con la que el gobierno intentó desmeritar la Lista Engel, que ha surgió del Departamento de Estado de Estados Unidos y que señala por actos de corrupción a funcionarios del gobierno actual y sus aliados.

En esa comisión especial también fue citado el expresidente Alfredo Cristiani, quien fungió desde el 1 de junio de 1989 hasta el 1 de junio de 1994, y se limitó a repetir: "todo lo que hicimos en nuestro gobierno, tanto en manera de autorizar o de recibir, fue lícito". Hasta el momento, la Fiscalía no ha acusado a exfuncionarios de los gobiernos de Arena por la repartición de fondos de la partida secreta, pero el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro entregó una propuesta de reforma al Código Penal a la Asamblea este 27 de julio, para que los delitos de corrupción no prescriban y que, incluso, la persecución sea retroactiva para investigar a funcionarios de los últimos 30 años, lo cual ha sido criticado por juristas ya que el proyecto contradice el artículo 15 y 21 de la Constitución. 

Mientras la Fiscalía investiga los indicios de corrupción de la administración del expresidente Funes y la comisión especial entrevista a exfuncionarios de Arena por recibir sobresueldos, el fiscal general de la República impuesto por Bukele ha restado importancia a la Lista Engel diciendo que “la existencia o no de listas (de corruptos) en este momento me tiene sin cuidado". La bancada del partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados, además, han concedido amnistía a casos de corrupción y mala praxis cometidos durante la pandemia por COVID-19, a través de la “Ley Alabí”, llamada así por los usuarios de redes sociales. El gobierno también ha debilitado el Instituto de Acceso a la Información Pública y esta revista publicó que en el actual gobierno de Bukele existen funcionarios ad honorem que la administración se niega a transparentar

En relación al proceso penal actual en contra de los 10 exfuncionarios del FMLN, se desconoce si la Fiscalía investiga a otros exfuncionarios de la administración del expresidente Funes. Sobre la acusación, esta revista recopiló algunos detalles relevantes que ha documentado la Fiscalía y que ayudan a entender cómo se repartió el dinero de fondos reservados y el patrimonio de los imputados. 

Los montos sospechosos

Indicación: Toque el botón "ver ficha" para habilitar la información de cada exfuncionario con los montos y transacciones sospechosas detectadas por la Fiscalía.

Carlos Cáceres

Off

Gerson Martínez

Off

Salvador Sánchez Cerén

Off

Erlinda Handal Vega

Off

Calixto Mejía

Off

Hugo Flores Hidalgo

Off

Lina Pohl

Off

Manuel Melgar

Off

Violeta Menjívar

Off

José Belarmino

Off

¿Mecanismo legal?

De acuerdo con la Fiscalía, los diez exfuncionarios acusados fueron beneficiados con sobresueldos de la partida secreta, que eran retirados en la secretaría adjunta de la secretaría privada de la Presidencia. Según esta versión de la Fiscalía, estos fondos no fueron bancarizados ni declarados ante ninguna entidad responsable de fiscalizarlos, por instrucciones del Ejecutivo. 

La fiscal del caso expresó el 27 de julio que, como ya se determinó en la investigación del caso “Saqueo Público” con el proceso contra el expresidente Funes, de ese dinero los exfuncionarios recibieron los fondos, y que esa es una modalidad de lavado de dinero. “La otra modalidad es el verbo rector, ocultamiento; es decir, ocultar todas esas acciones de origen ilícito. Ellos recibieron esas cantidades mensuales al margen de la ley, porque no provenían de su salario nominal (...) Tenían instrucciones de mantenerlo oculto, es decir, que no se supiera por parte de las autoridades que ellos recibían esos dineros”, señaló la fiscal.

Algunos analistas políticos y abogados, sin embargo, ven fallas en la acusación de Fiscalía. Tras los señalamientos de esas supuestas fallas, exfuncionarios, exdiputados y dirigentes del FMLN se concentraron frente al Centro Judicial "Isidro Menéndez" con simpatizantes del partido para mostrar su desaprobación al proceso. El exdiputado Shafick Handal dijo a GatoEncerrado que “el tema de los sobresueldos, que puede parecer incómodo para mucha gente, resulta que es legal”. Agregó que los gobiernos del FMLN tuvieron que asumir el costo político de “decir a tales puestos es mejor tenerles tal y tal salario” e incluso valoró que “los salarios son bien bajos”. Consideró que la acusación de lavado de dinero no tiene base jurídica “a menos que este fuera un 'narcoestado' y todo el dinero que entra a las arcas del Estado fuera producto del narco”.

Óscar Canjura, abogado defensor de la ex viceministra Handal y la exministra Menjívar, dijo a GatoEncerrado que la utilización de esos fondos estaba a discreción del beneficiario y que ellos no estaban obligados a declararlos. "Existía discrecionalidad por parte de la Secretaría de Asuntos Privados de la Presidencia para realizar, negociar y ejecutar estos pagos, que estaban facultados por una partida legalmente establecida de forma previa (...) Queda a discrecionalidad de la administración pública, en este caso de la Secretaría de Asuntos Privados", expresó el abogado. Recalcó que los beneficiarios no estaban obligados a reportar pagos al Ministerio de Hacienda, sino "el ente o la oficina pública que hacía esos pagos"*

El abogado defensor también mencionó que la Fiscalía ha mezclado dos procesos judiciales distintos cuando cada uno debería ser independiente. Hizo énfasis en que la Sección de Probidad de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no argumentó ningún incremento patrimonial injustificado y que se trata de una “justicia servil”. 

Sobre este punto, el abogado Gilberto Canjura, también defensor de las exfuncionarias, dijo que el procedimiento de enriquecimiento ilícito de funcionarios se sigue en la Sección de Probidad previamente y es la Corte en Pleno la que debe declarar que alguien realmente se ha enriquecido y, a partir de eso, debe proseguir la Fiscalía, lo cual significa que el proceso “es nulo” y “está muerto”.

Una fuente de la Sección de Probidad dijo a esta revista que esa área de la CSJ debió determinar los indicios de los delitos que ahora se imputan, y que se cuestiona si recibir sobresueldos es ilícito cuando la ley los autoriza. “Si es legal el sobresueldo, no se puede manejar un ocultamiento de algo legal”, indicó. 

Según fuentes cercanas al caso, la Fiscalía argumentó que, en primer lugar, los imputados no declararon ante la Sección de Probidad la existencia de esos fondos y no presentaron declaración del impuesto de la renta sobre ese dinero recibido. La misma Fiscalía aceptó que existe regulación sobre las remuneraciones del sector público bajo el término legal de sobresueldos, y se encuentra mencionado en la legislación salvadoreña.

El artículo 119 del Código de Trabajo, por ejemplo, considera “integrante del salario, todo lo que recibe el trabajador en dinero y que implique retribución de servicios, cualquiera que sea la forma o denominación que se adopte, como los sobresueldos y bonificaciones habituales”. 

El Manual de Clasificación para las Transacciones Financieras del Sector Público clasifica las transacciones financieras en el proceso presupuestario público y establece que los sobresueldos "comprenden las remuneraciones al personal de los entes públicos, adicionales al sueldo que tiene asignado en la plaza que ha sido nombrado".

La Fiscalía señaló que los sobresueldos, complementos y beneficios adicionales, están agrupados dentro de la cuenta del rubro de agrupación “remuneraciones”, mientras que los fondos que recibieron los imputados no son equiparables a los denominados sobresueldos ni otro término relacionado porque provenían de los gastos reservados, clasificados en la misma normativa como "incluye los gastos destinados a sufragar actividades especiales autorizados por la Presidencia de la República". Es decir, no provienen del mismo rubro. 

ARTÍCULOS

LOS DELITOS

Enriquecimiento ilícito

El funcionario, autoridad pública o empleado público, que con ocasión del cargo o de sus funciones obtuviere incremento patrimonial no justificado, será sancionado con prisión de tres a diez años.

ARTÍCULO 333, CÓDIGO PENAL

Lavado de dinero y activos

El que depositare, retirare, convirtiere o transfiriere fondos, bienes o derechos relacionados que procedan directa o indirectamente de actividades delictivas, para ocultar o encubrir su origen ilícito (...) será sancionado con prisión de cinco a quince años y multa de cincuenta a dos mil quinientos salarios mínimos mensuales.

ARTÍCULO 4, LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO

Wilson Sandoval, coordinador del Centro de Asesoría Legal Anti Corrupción en El Salvador (Alac), explicó que recibir sobresueldo como tal no es un delito y que “el problema está en cuanto no hay o no existe precisamente una ley que ampare la figura” porque, si no está previamente sancionado en una ley, no puede ser sancionado. 

Sandoval considera que en el país se instaló culturalmente la idea de que dar cierto dinero a funcionarios es incorrecto y que genera un reproche social, pero nunca se ha regularizado para que fuera un mecanismo transparente. “Por eso es que hablo de que hay un tema ético; probablemente fue legal, porque sino está como un delito no lo podemos sancionar (...) Pero no fue ético”, concluyó. 

Recordó que las organizaciones civiles han promovido desde hace años la propuesta de Ley de la Función Pública para ordenar los salarios de los funcionarios públicos, porque no hay una escala salarial adecuada. En ese sentido, señaló a los funcionarios ad honorem, que reciben las mismas cantidades dinerarias con la misma lógica.

*Nota: La frase fue agregada un día después de la publicación de esta nota, a solicitud del abogado Óscar Canjura.

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