Por Karen Moreno

Al menos cuatro de los acusados pagaron de manera inexplicable préstamos y créditos de bancos con varios años de anticipación y dos de los acusados tienen resultado negativo en el total no justificado, debido a fluctuación de dinero sin bancarizar, según mencionaron a GatoEncerrado fuentes relacionadas al “caso desfalco”. Abogados defensores de los procesados y expertos consultados por esta revista argumentaron que los sobresueldos no están regulados en la legislación actual.

Los hechos fueron conocidos por la Fiscalía en 2019, cuando un exfuncionario de alto rango solicitó el criterio de oportunidad y poner a disposición los recibos originales en los que se evidenció el mecanismo de entrega de los “complementos de sueldos”, como el gobierno del FMLN le denominaba al dinero en efectivo repartido entre funcionarios de la Presidencia y de otras instituciones del Estado. La misma institución ha admitido en sus acusaciones que, de no haber obtenido la acusación del criteriado, “los hechos ilícitos continuarían ocultos en el tiempo y en completa impunidad”. 

Además del exfuncionario que solicitó ser criteriado, la Fiscalía cuenta con otro más para respaldar su acusación. Para protegerlos, solicitó en la sede judicial que el caso sea tratado bajo una declaratoria de reserva parcial o confidencialidad, específicamente en cuanto a las actas de entrevistas y resolución judicial de otorgamiento de criterio de oportunidad.

El primer funcionario que la Fiscalía logró establecer que recibió sobresueldos fue Carlos Cáceres, el 12 de enero de este año, cuando un perito sometió a análisis el primer y único recibo con fecha de julio de 2009 que el exministro de Hacienda decidió firmar y que calzó con trámites relacionados con el documento de identidad. El siguiente que se constató fue el del exministro de Obras Públicas, Manuel Quinteros, mejor conocido como Gerson Martínez, el 28 de enero. La Fiscalía asegura que verificó la participación de los ocho restantes después del 1 de mayo de este año, cuando la nueva Asamblea Legislativa (subordinada al presidente Nayib Bukele) destituyó al entonces fiscal general de la República, Raúl Melara, e impuso a Rodolfo Delgado en un proceso irregular, quien no solo tiene conflictos de interés por estar relacionado a funcionarios del gobierno de Nayib Bukele, sino que además enfrenta un proceso abierto por violencia intrafamiliar, tal como reveló esta revista.

El último funcionario que la institución comprobó como beneficiario de los sobresueldos fue el entonces presidente de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma (Cepa) y posteriormente nombrado ministro de Agricultura y Ganadería, José Gullermo Belarmino, el 2 de julio de este año. Tan solo 20 días después, cinco de los imputados fueron capturados en procedimientos marcados por violaciones a sus derechos humanos, según expertos consultados por GatoEncerrado. Entre esas violaciones, según expusieron, está la detención a manera de redada sin explicar los supuestos delitos cometidos, evitar que lograran acceder a un abogado en la sede policial y ser expuestos públicamente en una conferencia de prensa.

Cuando el proceso judicial contra los exfuncionarios del primer gobierno del FMLN inició, de manera paralela  una comisión especial de la Asamblea Legislativa fue creada para supuestamente investigar el otorgamiento de sobresueldos provenientes de los gastos reservados de la presidencia entre 1989 y 2019. Eso a pesar de que años atrás, las investigaciones del periódico El Faro y la Fiscalía han revelado la mayoría de la información que ha surgido en las sesiones de esa comisión. En una de esas reuniones, el 21 de julio de este año, compareció el expresidente Elías Antonio Saca y los nombres que desde antaño habían sido revelados, fueron utilizados por la narrativa oficial del gobierno de Nayib Bukele para crear “La verdadera lista de corruptos”, con la que el gobierno intentó desmeritar la Lista Engel, que ha surgió del Departamento de Estado de Estados Unidos y que señala por actos de corrupción a funcionarios del gobierno actual y sus aliados.

En esa comisión especial también fue citado el expresidente Alfredo Cristiani, quien fungió desde el 1 de junio de 1989 hasta el 1 de junio de 1994, y se limitó a repetir: “todo lo que hicimos en nuestro gobierno, tanto en manera de autorizar o de recibir, fue lícito“. Hasta el momento, la Fiscalía no ha acusado a exfuncionarios de los gobiernos de Arena por la repartición de fondos de la partida secreta, pero el ministro de Seguridad Gustavo Villatoro entregó una propuesta de reforma al Código Penal a la Asamblea este 27 de julio, para que los delitos de corrupción no prescriban y que, incluso, la persecución sea retroactiva para investigar a funcionarios de los últimos 30 años, lo cual ha sido criticado por juristas ya que el proyecto contradice el artículo 15 y 21 de la Constitución. 

Mientras la Fiscalía investiga los indicios de corrupción de la administración del expresidente Funes y la comisión especial entrevista a exfuncionarios de Arena por recibir sobresueldos, el fiscal general de la República impuesto por Bukele ha restado importancia a la Lista Engel diciendo que “la existencia o no de listas (de corruptos) en este momento me tiene sin cuidado”. La bancada del partido oficialista Nuevas Ideas y sus aliados, además, han concedido amnistía a casos de corrupción y mala praxis cometidos durante la pandemia por COVID-19, a través de la “Ley Alabí”, llamada así por los usuarios de redes sociales. El gobierno también ha debilitado el Instituto de Acceso a la Información Pública y esta revista publicó que en el actual gobierno de Bukele existen funcionarios ad honorem que la administración se niega a transparentar. 

En relación al proceso penal actual en contra de los 10 exfuncionarios del FMLN, se desconoce si la Fiscalía investiga a otros exfuncionarios de la administración del expresidente Funes. Sobre la acusación, esta revista recopiló algunos detalles relevantes que ha documentado la Fiscalía y que ayudan a entender cómo se repartió el dinero de fondos reservados y el patrimonio de los imputados.