200 días de régimen

Por Xenia Oliva

Por Xenia Oliva

Melissa Paises

Melissa Paises

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Por 200 días, desde el 27 de marzo, GatoEncerrado hizo un seguimiento a todo lo que ocurrió en el régimen de excepción aprobado en El Salvador. Este es un análisis y resumen de lo más destacado de este periodo.

Xenia Oliva

Xenia Oliva

Melissa Paises

Melissa Paises

Análisis

Investigadores: El Salvador está en riesgo de normalizar el régimen de excepción

A 200 días de la imposición de un régimen de excepción en El Salvador, se corre el enorme riesgo de que se normalice una vida en la que están suspendidos derechos fundamentales y no se respeten los derechos humanos. Así lo señalan investigadores y analistas consultados por GatoEncerrado.

“El régimen de excepción en estos 200 días ha tenido un impacto nefasto para la vigencia de los derechos humanos fundamentales en El Salvador. Hemos documentado decenas de casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, muertes en prisiones que no han sido investigadas debidamente, casos de malos tratos y procesos penales arbitrarios y abusivos donde se violó abiertamente el debido proceso”, señaló el investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier.

Al hablar de los impactos a largo plazo, Pappier destacó que esta situación puede generar un mayor deterioro en las cárceles del país.

“Que como sabemos, en el pasado han sido un centro de reclutamiento y fortalecimiento de las terribles pandillas que operan en El Salvador. Además, El Salvador corre el enorme riesgo de normalizar una vida bajo un régimen de excepción, una vida donde no se respetan y están suspendidos los derechos fundamentales y eso sería un gravísimo deterioro para la vigencia de los derechos humanos en el país”, dijo el investigador.

Astrid Valencia, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, lamentó cómo las medidas implementadas en el contexto del régimen de excepción han sumergido al país en una crisis de derechos humanos.

“El gobierno del presidente Bukele insiste en desmantelar el legado de los Acuerdos de Paz e instalar una nueva normalidad donde la violación de los derechos humanos sea la regla general”, dijo Valencia.

Reiteró que, en el marco del régimen de excepción, autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, casos de tortura y malos tratos, así como muertes de personas que se encontraban bajo tutela del Estado, según han reportado organizaciones y medios de comunicación.

Ruth Eleonora López, jefa Jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal, destacó cómo la excepcionalidad se convirtió en la regla para el gobierno salvadoreño. En este caso, lo que se suponía serían situaciones jurídicas extraordinarias, como la suspensión de derechos e incluso las contrataciones sin procesos de competencia y transparencia, se han convertido en una “nueva normalidad” de la gestión pública. Para López, parece haber una incapacidad para seguir las normas que garantizan los derechos de los ciudadanos, así como para seguir los procesos ya determinados.

López señaló cómo de manera paulatina se han ido restringiendo derechos y garantías de grupos poblacionales.

“A largo plazo puede preverse que esto tendría un carácter cada vez más generalizado. El avance de las vulneraciones ocurre frente a una ciudadanía que se acostumbra cada vez más a ser más vulnerada y a ceder frente al miedo como mecanismo de control social”, dijo López.

Entre los hechos más preocupantes que han ocurrido durante los 200 días del régimen, López destacó las miles de detenciones arbitrarias y las más de 80 muertes bajo custodia del Estado y también recordó las reformas a la regulación procesal que vulnera estándares y Convenciones internacionales; la actuación de los jueces sin apego a la Constitución; la anulación del sistema de protección de Derechos Humanos y la aprobación de leyes que reforman el sistema de compras públicas.

Respecto a este último punto, López recordó que las compras públicas y la gestión de recursos se rigen por reglas y regulaciones para evitar que se usen de forma irregular. A menos controles, aumentan las posibilidades de corrupción.

“Actualmente en el país, el sistema de rendición de cuentas horizontal, es decir entre instituciones; es inoperante al haber sido cooptado, por lo que solo la ciudadanía podría tener capacidad para actuar como control vertical. Sin embargo, el acceso a la información pública ha sido limitado al extremo, para evitar que la principal herramienta con la que cuenta el control ciudadano pueda ser utilizada”, dijo López.

Para López hay distintos factores que permiten que el régimen siga teniendo altos niveles de aprobación.

“En primer lugar, el daño que las pandillas han causado a los salvadoreños es muy grande, hay heridas muy profundas. El régimen, al parecer de muchas personas, podría ser la solución al exterminio de las pandillas”, dijo López y añadió que existe un amplio aparato de comunicaciones enfocado en sostener la imagen gubernamental, al mismo tiempo que se oculta información pública que evita que la población conozca los elementos básicos de la gestión de los recursos. A esto se suma el rechazo a los partidos políticos que gobernaron previamente.

Señales de autoritarismo

Pappier expresó que las prácticas actuales del gobierno no son novedosas y son propias de gobernantes autoritarios.

“Ha sugerido que la ciudadanía debe renunciar a la separación de poderes, debe renunciar a la vigencia del estado de derecho, debe renunciar a la vigencia de derechos fundamentales y a cambio de ello se puede recibir mejoras en seguridad”, dijo Pappier, respecto a las medidas impulsadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele.

La experiencia en América Latina ha demostrado que esta es una promesa falsa, dijo Pappier y sostuvo que, para garantizar mayor seguridad a largo plazo, es necesario fortalecer las instituciones democráticas; tener fiscales y jueces independientes, que puedan investigar imparcialmente las violaciones a derechos humanos y los abusos, cometidas por las pandillas o distintos autores. También es necesario fortalecer las instituciones.

“Desmantelar el estado derecho puede traer mejoras repentinas en el corto plazo, pero en el largo plazo es una fórmula para el desastre”, dijo Pappier.

El investigador destacó como un antecedente claro el caso de Venezuela para ilustrar lo que está ocurriendo actualmente en El Salvador. Pappier recordó que, durante el chavismo, los simpatizantes estuvieron de acuerdo con que se cooptaran los tribunales con jueces aliados, para así avanzar con la política del socialismo del Siglo XXI.

“Lo que ocurrió en el largo plazo es que todas las instituciones fueron cooptadas, no existían entidades independientes capaces de proteger a la ciudadanía cuando había abusos de poder o de garantizar justicia para los venezolanos”, dijo Pappier. Añadió que los más afectados fueron los venezolanos más pobres, quienes se suponía iban a ser beneficiados con las políticas sociales.

Las garantías constitucionales que siguen suspendidas

Para el 7 de octubre, el Ministerio de Seguridad reportó que habían arrestado ya a 54,518 personas a escala nacional. La mayoría de esas personas detenidas suelen recibir la orden de detención provisional por seis meses tras la primera audiencia, que casi siempre es de forma virtual y en grupo. 

Desde el inicio del régimen de excepción, el pasado 4 de abril de 2022, Bukele dijo que había 70,000 pandilleros en el país y aseguró que los iban a detener a todos. Esta cifra ha sido retomada por diputados de Nuevas Ideas y funcionarios, para respaldar la continuidad del régimen de excepción.

Pese a que la mayoría de la población aún aprueba la medida del régimen, tal como lo reportó una encuesta elaborada por el Centro de Estudios de Opinión Pública de FUNDAUNGO, también existe desconocimiento sobre las implicaciones jurídicas del régimen y los derechos que suspende a los salvadoreños.

El hecho de que una persona pueda pasar detenida 15 días sin ser presentada a un juzgado, de que cualquiera pueda ser detenida por ser sospechosa de pertenecer a un grupo ilícito, sin orden de captura, fueron puntos desaprobados por los encuestados.

Una situación recurrente que han denunciado los familiares de detenidos durante el régimen de excepción es que las autoridades niegan información sobre el paradero de la persona detenida.

Por el momento, siguen suspendidas las garantías constitucionales de los artículos 12 inciso 2, 13 inciso 2 y 24. En otras palabras, los salvadoreños no tienen la garantía de que se presuma su inocencia antes de que se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en un juicio público. Tampoco tienen derecho a ser informados de sus derechos y razones de su detención. En el régimen no se respeta la garantía de que no se pueden dictar órdenes de detención o prisión si no es de conformidad a la ley y que la detención administrativa no puede pasar de las 72 horas. Actualmente pueden pasar hasta 15 días para que una persona sea llevada ante un juez.

Tampoco está vigente la garantía de la Constitución que establece que se prohíbe la interferencia y la intervención de las telecomunicaciones. La Constitución indica que solo se puede realizar de forma excepcional, bajo autorización judicial.

“La destrucción del Estado de derecho permite gravísimas violaciones a derechos humanos en una situación en la que nadie tiene protección porque no hay instituciones democráticas que puedan garantizar los derechos fundamentales”, sostuvo Pappier.

A todo esto se suma la destitución o traslado de jueces que han emitido resoluciones que no iban apegadas al régimen, la saturación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría General de la República (PGR). Y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha adoptado una postura de validar el régimen de excepción.

“En lugar de dar una respuesta efectiva a la dramática violencia que generan las pandillas y los retos históricos de seguridad pública que enfrenta el país, las autoridades están sometiendo al pueblo salvadoreño a una tragedia y criminalizando a las personas en situación de pobreza”, expresó Valencia.

Cronología

Principales sucesos del régimen de excepción

Marzo 27, 2022
Decretan régimen de excepción

En respuesta a los 87 asesinatos ocurridos entre el 25 y 27 de marzo de este 2022, Nayib Bukele y su gabinete de seguridad recurrió a la Asamblea Legislativa para aprobar el Régimen de Excepción por 30 días, el cual ya se ha extendido por más de seis meses.

A las personas capturadas se les eliminó el derecho a ser informadas y a tener un abogado. La presentación ante un juez pasó de 72 horas a 15 días, y se permitió la intervención de las comunicaciones.
Marzo 27, 2022
Marzo 28, 2022
Un régimen de violaciones a derechos

Tras la aprobación del régimen, vinieron las denuncias por capturas arbitrarias y la angustia de familiares, en su mayoría mujeres, que abarrotaron las bartolinas conocidas como El Penalito, en búsqueda de información de hijos, hermanos y sobrinos detenidos.

Esa misma semana, en colonias como San José del Pino, en Santa Tecla, y Montelimar, en Olocuilta, se restringió la libre circulación con cercos militares para revisar los documentos y registrar a los habitantes de esas zonas.

A escala internacional, diferentes organizaciones expresaron su preocupación por violaciones a los derechos humanos.
Marzo 28, 2022
Marzo 30, 2022
Reformas penales
En el cuarto día del régimen de excepción, a petición del gobierno, la Asamblea aprobó una serie de reformas para endurecer las penas contra pandilleros, establecer la figura de los jueces sin rostro y juzgar a menores como adultos. Además, crearon una ley para compensar monetariamente a las personas que denuncien de forma anónima.
Marzo 30, 2022
Abril 5, 2022
Censura a los medios de comunicación
Las reformas penales siguieron sumándose. La Asamblea oficialista también aprobó reformas a la Ley de Proscripción de Maras y Pandillas para sancionar con hasta 15 años de cárcel a los medios de comunicación y periodistas que informen sobre mensajes o comunicados generados por pandillas. Estas reformas fueron calificadas como “mordazas” por la Asociación de Periodistas de El Salvador.
Abril 5, 2022
Abril 8, 2022
Institucionalidad fallida

A medida avanzaba el régimen, los familiares de detenidos tocaban las puertas de distintas instituciones. Cientos de personas llegaban a la Procuraduría General de la República en búsqueda de un defensor público, una institución colapsada y con abogados agotados que poco podían hacer en los tribunales para defender hasta un centenar de detenidos al mismo tiempo.

También acudían a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y a la Corte Suprema de Justicia. En esta última instancia se disparó la cantidad de habeas corpus, que son solicitudes para que un juez revise la detención de una o varias personas y determine si fue arbitraria. Según ALAC Funde, del 27 de julio al 28 de agosto, hubo 498 solicitudes, pero de éstas, el 89 %, es decir 442, aún no habían sido resueltas.
Abril 8, 2022
Abril 19, 2022
Un mega penal para detenidos del régimen

A medida avanzaba el régimen, los familiares de detenidos tocaban las puertas de distintas instituciones. Cientos de personas llegaban a la Procuraduría General de la República en búsqueda de un defensor público, una institución colapsada y con abogados agotados que poco podían hacer en los tribunales para defender hasta un centenar de detenidos al mismo tiempo.

También acudían a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos y a la Corte Suprema de Justicia. En esta última instancia se disparó la cantidad de habeas corpus, que son solicitudes para que un juez revise la detención de una o varias personas y determine si fue arbitraria. Según ALAC Funde, del 27 de julio al 28 de agosto, hubo 498 solicitudes, pero de éstas, el 89 %, es decir 442, aún no habían sido resueltas.
Abril 19, 2022
Mayo 24, 2022
Crisis humanitaria afuera de los penales
Las calles de los centros penales reunieron a cientos de familiares de detenidos que querían tener información de sus parientes. La cantidad de personas creció tanto afuera del centro penal La Esperanza, conocido como Mariona, que las autoridades sacaron vehículos militares para ahuyentar a las multitudes que exijan respeto a los derechos humanos y liberación de los inocentes.
Mayo 24, 2022
Mayo 24, 2022
Marcha contra las detenciones
Cientos de personas marcharon desde la plaza del Salvador del Mundo hacia Casa Presidencial para exigir al gobierno la liberación de sus familiares detenidos arbitrariamente en el Régimen de Excepción.
Mayo 24, 2022
Julio 24, 2022
Régimen de expulsión

Josselyn Palacios tuvo que huir de El Salvador para resguardar su vida y libertad. El delito de Josselyn fue ser la cara más visible de las primeras marchas para exigir la libertad de los capturados arbitrariamente por el régimen de excepción, entre ellos, su hermano Gerson Palacios.

Josselyn no es la única, entre marzo y julio de 2022, Cristosal y el Servicio Social Pasionista han documentado más de 100 casos de desplazamiento forzado provocados por el régimen de excepción.
Julio 24, 2022
Agosto 23, 2022
Entregan reconocimiento a ministro de Seguridad en medio de denuncias por violaciones

Josselyn Palacios tuvo que huir de El Salvador para resguardar su vida y libertad. El delito de Josselyn fue ser la cara más visible de las primeras marchas para exigir la libertad de los capturados arbitrariamente por el régimen de excepción, entre ellos, su hermano Gerson Palacios.

Josselyn no es la única, entre marzo y julio de 2022, Cristosal y el Servicio Social Pasionista han documentado más de 100 casos de desplazamiento forzado provocados por el régimen de excepción.
Agosto 23, 2022
Muertes en centros penales

Durante el régimen de excepción, más de 80 privados de libertad han fallecido en custodia del Estado.

Entre esas personas está Adrián Solórzano, un taxista de Jucuapa, en Usulután, detenido el 18 de abril. Adrian falleció el 4 de julio en el penal de Mariona a causa de asfixia por estrangulación.

En muchos de los casos, Medicina Legal no ha reportado la causa de muerte, pero las familias han denunciado que encontraron marcas de violencia en los cadáveres o que existió negligencia al no darles la atención médica adecuada.

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