Por 200 días, desde el 27 de marzo, GatoEncerrado hizo un seguimiento a todo lo que ocurrió en el régimen de excepción aprobado en El Salvador. Este es un análisis y resumen de lo más destacado de este periodo.
A 200 días de la imposición de un régimen de excepción en El Salvador, se corre el enorme riesgo de que se normalice una vida en la que están suspendidos derechos fundamentales y no se respeten los derechos humanos. Así lo señalan investigadores y analistas consultados por GatoEncerrado.
“El régimen de excepción en estos 200 días ha tenido un impacto nefasto para la vigencia de los derechos humanos fundamentales en El Salvador. Hemos documentado decenas de casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, muertes en prisiones que no han sido investigadas debidamente, casos de malos tratos y procesos penales arbitrarios y abusivos donde se violó abiertamente el debido proceso”, señaló el investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier.
Al hablar de los impactos a largo plazo, Pappier destacó que esta situación puede generar un mayor deterioro en las cárceles del país.
“Que como sabemos, en el pasado han sido un centro de reclutamiento y fortalecimiento de las terribles pandillas que operan en El Salvador. Además, El Salvador corre el enorme riesgo de normalizar una vida bajo un régimen de excepción, una vida donde no se respetan y están suspendidos los derechos fundamentales y eso sería un gravísimo deterioro para la vigencia de los derechos humanos en el país”, dijo el investigador.
Astrid Valencia, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, lamentó cómo las medidas implementadas en el contexto del régimen de excepción han sumergido al país en una crisis de derechos humanos.
“El gobierno del presidente Bukele insiste en desmantelar el legado de los Acuerdos de Paz e instalar una nueva normalidad donde la violación de los derechos humanos sea la regla general”, dijo Valencia.
Reiteró que, en el marco del régimen de excepción, autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, casos de tortura y malos tratos, así como muertes de personas que se encontraban bajo tutela del Estado, según han reportado organizaciones y medios de comunicación.
Ruth Eleonora López, jefa Jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal, destacó cómo la excepcionalidad se convirtió en la regla para el gobierno salvadoreño. En este caso, lo que se suponía serían situaciones jurídicas extraordinarias, como la suspensión de derechos e incluso las contrataciones sin procesos de competencia y transparencia, se han convertido en una “nueva normalidad” de la gestión pública. Para López, parece haber una incapacidad para seguir las normas que garantizan los derechos de los ciudadanos, así como para seguir los procesos ya determinados.
López señaló cómo de manera paulatina se han ido restringiendo derechos y garantías de grupos poblacionales.
“A largo plazo puede preverse que esto tendría un carácter cada vez más generalizado. El avance de las vulneraciones ocurre frente a una ciudadanía que se acostumbra cada vez más a ser más vulnerada y a ceder frente al miedo como mecanismo de control social”, dijo López.
Entre los hechos más preocupantes que han ocurrido durante los 200 días del régimen, López destacó las miles de detenciones arbitrarias y las más de 80 muertes bajo custodia del Estado y también recordó las reformas a la regulación procesal que vulnera estándares y Convenciones internacionales; la actuación de los jueces sin apego a la Constitución; la anulación del sistema de protección de Derechos Humanos y la aprobación de leyes que reforman el sistema de compras públicas.
Respecto a este último punto, López recordó que las compras públicas y la gestión de recursos se rigen por reglas y regulaciones para evitar que se usen de forma irregular. A menos controles, aumentan las posibilidades de corrupción.
“Actualmente en el país, el sistema de rendición de cuentas horizontal, es decir entre instituciones; es inoperante al haber sido cooptado, por lo que solo la ciudadanía podría tener capacidad para actuar como control vertical. Sin embargo, el acceso a la información pública ha sido limitado al extremo, para evitar que la principal herramienta con la que cuenta el control ciudadano pueda ser utilizada”, dijo López.
Para López hay distintos factores que permiten que el régimen siga teniendo altos niveles de aprobación.
“En primer lugar, el daño que las pandillas han causado a los salvadoreños es muy grande, hay heridas muy profundas. El régimen, al parecer de muchas personas, podría ser la solución al exterminio de las pandillas”, dijo López y añadió que existe un amplio aparato de comunicaciones enfocado en sostener la imagen gubernamental, al mismo tiempo que se oculta información pública que evita que la población conozca los elementos básicos de la gestión de los recursos. A esto se suma el rechazo a los partidos políticos que gobernaron previamente.
Pappier expresó que las prácticas actuales del gobierno no son novedosas y son propias de gobernantes autoritarios.
“Ha sugerido que la ciudadanía debe renunciar a la separación de poderes, debe renunciar a la vigencia del estado de derecho, debe renunciar a la vigencia de derechos fundamentales y a cambio de ello se puede recibir mejoras en seguridad”, dijo Pappier, respecto a las medidas impulsadas por el gobierno del presidente Nayib Bukele.
La experiencia en América Latina ha demostrado que esta es una promesa falsa, dijo Pappier y sostuvo que, para garantizar mayor seguridad a largo plazo, es necesario fortalecer las instituciones democráticas; tener fiscales y jueces independientes, que puedan investigar imparcialmente las violaciones a derechos humanos y los abusos, cometidas por las pandillas o distintos autores. También es necesario fortalecer las instituciones.
“Desmantelar el estado derecho puede traer mejoras repentinas en el corto plazo, pero en el largo plazo es una fórmula para el desastre”, dijo Pappier.
El investigador destacó como un antecedente claro el caso de Venezuela para ilustrar lo que está ocurriendo actualmente en El Salvador. Pappier recordó que, durante el chavismo, los simpatizantes estuvieron de acuerdo con que se cooptaran los tribunales con jueces aliados, para así avanzar con la política del socialismo del Siglo XXI.
“Lo que ocurrió en el largo plazo es que todas las instituciones fueron cooptadas, no existían entidades independientes capaces de proteger a la ciudadanía cuando había abusos de poder o de garantizar justicia para los venezolanos”, dijo Pappier. Añadió que los más afectados fueron los venezolanos más pobres, quienes se suponía iban a ser beneficiados con las políticas sociales.
Para el 7 de octubre, el Ministerio de Seguridad reportó que habían arrestado ya a 54,518 personas a escala nacional. La mayoría de esas personas detenidas suelen recibir la orden de detención provisional por seis meses tras la primera audiencia, que casi siempre es de forma virtual y en grupo.
Desde el inicio del régimen de excepción, el pasado 4 de abril de 2022, Bukele dijo que había 70,000 pandilleros en el país y aseguró que los iban a detener a todos. Esta cifra ha sido retomada por diputados de Nuevas Ideas y funcionarios, para respaldar la continuidad del régimen de excepción.
Pese a que la mayoría de la población aún aprueba la medida del régimen, tal como lo reportó una encuesta elaborada por el Centro de Estudios de Opinión Pública de FUNDAUNGO, también existe desconocimiento sobre las implicaciones jurídicas del régimen y los derechos que suspende a los salvadoreños.
El hecho de que una persona pueda pasar detenida 15 días sin ser presentada a un juzgado, de que cualquiera pueda ser detenida por ser sospechosa de pertenecer a un grupo ilícito, sin orden de captura, fueron puntos desaprobados por los encuestados.
Una situación recurrente que han denunciado los familiares de detenidos durante el régimen de excepción es que las autoridades niegan información sobre el paradero de la persona detenida.
Por el momento, siguen suspendidas las garantías constitucionales de los artículos 12 inciso 2, 13 inciso 2 y 24. En otras palabras, los salvadoreños no tienen la garantía de que se presuma su inocencia antes de que se pruebe su culpabilidad conforme a la ley y en un juicio público. Tampoco tienen derecho a ser informados de sus derechos y razones de su detención. En el régimen no se respeta la garantía de que no se pueden dictar órdenes de detención o prisión si no es de conformidad a la ley y que la detención administrativa no puede pasar de las 72 horas. Actualmente pueden pasar hasta 15 días para que una persona sea llevada ante un juez.
Tampoco está vigente la garantía de la Constitución que establece que se prohíbe la interferencia y la intervención de las telecomunicaciones. La Constitución indica que solo se puede realizar de forma excepcional, bajo autorización judicial.
“La destrucción del Estado de derecho permite gravísimas violaciones a derechos humanos en una situación en la que nadie tiene protección porque no hay instituciones democráticas que puedan garantizar los derechos fundamentales”, sostuvo Pappier.
A todo esto se suma la destitución o traslado de jueces que han emitido resoluciones que no iban apegadas al régimen, la saturación de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Procuraduría General de la República (PGR). Y la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) ha adoptado una postura de validar el régimen de excepción.
“En lugar de dar una respuesta efectiva a la dramática violencia que generan las pandillas y los retos históricos de seguridad pública que enfrenta el país, las autoridades están sometiendo al pueblo salvadoreño a una tragedia y criminalizando a las personas en situación de pobreza”, expresó Valencia.
