A 200 días de la imposición de un régimen de excepción en El Salvador, se corre el enorme riesgo de que se normalice una vida en la que están suspendidos derechos fundamentales y no se respeten los derechos humanos. Así lo señalan investigadores y analistas consultados por GatoEncerrado.

“El régimen de excepción en estos 200 días ha tenido un impacto nefasto para la vigencia de los derechos humanos fundamentales en El Salvador. Hemos documentado decenas de casos de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, muertes en prisiones que no han sido investigadas debidamente, casos de malos tratos y procesos penales arbitrarios y abusivos donde se violó abiertamente el debido proceso”, señaló el investigador sénior de la División de las Américas de Human Rights Watch, Juan Pappier.

Al hablar de los impactos a largo plazo, Pappier destacó que esta situación puede generar un mayor deterioro en las cárceles del país.

“Que como sabemos, en el pasado han sido un centro de reclutamiento y fortalecimiento de las terribles pandillas que operan en El Salvador. Además, El Salvador corre el enorme riesgo de normalizar una vida bajo un régimen de excepción, una vida donde no se respetan y están suspendidos los derechos fundamentales y eso sería un gravísimo deterioro para la vigencia de los derechos humanos en el país”, dijo el investigador.

Astrid Valencia, directora adjunta de investigación para las Américas de Amnistía Internacional, lamentó cómo las medidas implementadas en el contexto del régimen de excepción han sumergido al país en una crisis de derechos humanos.

“El gobierno del presidente Bukele insiste en desmantelar el legado de los Acuerdos de Paz e instalar una nueva normalidad donde la violación de los derechos humanos sea la regla general”, dijo Valencia.

Reiteró que, en el marco del régimen de excepción, autoridades salvadoreñas han cometido violaciones masivas de derechos humanos, como detenciones arbitrarias, casos de tortura y malos tratos, así como muertes de personas que se encontraban bajo tutela del Estado, según han reportado organizaciones y medios de comunicación.

Ruth Eleonora López, jefa Jurídica Anticorrupción y Justicia de Cristosal, destacó cómo la excepcionalidad se convirtió en la regla para el gobierno salvadoreño. En este caso, lo que se suponía serían situaciones jurídicas extraordinarias, como la suspensión de derechos e incluso las contrataciones sin procesos de competencia y transparencia, se han convertido en una “nueva normalidad” de la gestión pública. Para López, parece haber una incapacidad para seguir las normas que garantizan los derechos de los ciudadanos, así como para seguir los procesos ya determinados.

López señaló cómo de manera paulatina se han ido restringiendo derechos y garantías de grupos poblacionales.

“A largo plazo puede preverse que esto tendría un carácter cada vez más generalizado. El avance de las vulneraciones ocurre frente a una ciudadanía que se acostumbra cada vez más a ser más vulnerada y a ceder frente al miedo como mecanismo de control social”, dijo López.

Entre los hechos más preocupantes que han ocurrido durante los 200 días del régimen, López destacó las miles de detenciones arbitrarias y las más de 80 muertes bajo custodia del Estado y también recordó las reformas a la regulación procesal que vulnera estándares y Convenciones internacionales; la actuación de los jueces sin apego a la Constitución; la anulación del sistema de protección de Derechos Humanos y la aprobación de leyes que reforman el sistema de compras públicas.

Respecto a este último punto, López recordó que las compras públicas y la gestión de recursos se rigen por reglas y regulaciones para evitar que se usen de forma irregular. A menos controles, aumentan las posibilidades de corrupción.

“Actualmente en el país, el sistema de rendición de cuentas horizontal, es decir entre instituciones; es inoperante al haber sido cooptado, por lo que solo la ciudadanía podría tener capacidad para actuar como control vertical. Sin embargo, el acceso a la información pública ha sido limitado al extremo, para evitar que la principal herramienta con la que cuenta el control ciudadano pueda ser utilizada”, dijo López.

Para López hay distintos factores que permiten que el régimen siga teniendo altos niveles de aprobación.

“En primer lugar, el daño que las pandillas han causado a los salvadoreños es muy grande, hay heridas muy profundas. El régimen, al parecer de muchas personas, podría ser la solución al exterminio de las pandillas”, dijo López y añadió que existe un amplio aparato de comunicaciones enfocado en sostener la imagen gubernamental, al mismo tiempo que se oculta información pública que evita que la población conozca los elementos básicos de la gestión de los recursos. A esto se suma el rechazo a los partidos políticos que gobernaron previamente.