Opinión
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No es nada nuevo que los presidentes utilicen la labor periodística de informar y/o desinformar a la población/sociedad civil con mensajes previamente alineados a las agendas de interés con fines de fundamentar y manipular sus opiniones respecto a las acciones ejecutadas dentro de su mandato con el objetivo de favorecer su propia imagen.
Los gobiernos centroamericanos deben poner en práctica metodologías que les permitan medir y evaluar la inversión pública en seguridad alimentaria, pudiendo usar la implementada por el Icefi como orientación.
En el primer trimestre de 2023 la Corte IDH tratará este caso, se espera que esto permita que Beatriz y su familia obtengan justicia por las grandes violaciones a sus derechos mientras esperaba que el sistema decidiera sobre su salud y su vida, pero también cómo el Estado salvadoreño incumplió las recomendaciones de la CIDH para adoptar medidas de no repetición, protección, prevención y reparación de los daños causados.
En muchas ocasiones he sentido que mis palabras no han estado a la altura de lo mucho que significaron esos momentos en los que habría deseado sentir más y pensar menos. Quizás por eso siempre vuelvo a la literatura y a la obra de Almudena.
La justicia tributaria no es una cuestión entre comunistas y anticomunistas, e impulsarla no debería generar conflictos comparables con revivir la Guerra Fría. Es una cuestión mucho más sencilla, necesaria, y también obligatoria, tal como está escrito y ordenado en la Constitución.
Los mecanismos de control, castigo y resarcimiento ante estas prácticas deben ser tales, que si alguien comete este agravio, la vergüenza quede y pese, y el dinero sea devuelto a las arcas del Estado.
Salvo Panamá que espera seguir realizando esfuerzos para recuperar al menos el nivel tributario observado en los años 2018-2019; todos los demás países de la región reflejan sendas caídas de su carga tributaria esperada para 2023.
La violencia contra las mujeres y las niñas es una de las violaciones más generalizadas de los derechos humanos en el mundo, está directamente vinculada con la desigual distribución del poder y con las relaciones asimétricas entre mujeres y hombres en la sociedad.
Exigimos un sistema de salud público que garantice la salud física y mental de las mujeres, asimismo un protocolo y un personal médico que acompañe de forma ética y humana a todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia.
El presupuesto público de Guatemala aún no prioriza de manera adecuada a las juventudes. Sin una inversión pública suficiente y de calidad destinada para este grupo etario, difícilmente se darán mejoras en sus condiciones de vida, lo cual tendrá enormes costos individuales y sociales.
Hasta la fecha, familiares víctimas de la masacre de El Mozote siguen reclamando al Estado salvadoreño justicia y acceso a esos archivos militares.
El presupuesto público de Guatemala aún no prioriza de manera adecuada a las juventudes. Es hora de que el Estado de Guatemala cuente con una legislación específica para las juventudes que les garantice el acceso a bienes y servicios públicos adecuados a sus necesidades y sus intereses.
En esta oportunidad únicamente se evaluará la cobertura de los trabajadores por los sistemas de seguridad social, que en el futuro tendrían la obligación mínima de realizar una transferencia de recursos para que los trabajadores traten de financiar su supervivencia con un nivel mínimo de calidad.